Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75729
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.729 "FUENTES MIGUEL ANGEL C/ MUNICIPALIDAD DE NECOCHEA S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 25 de septiembre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Genoud, Pettigiani y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la demanda promovida por el exagente Miguel Angel Fuentes contra la Municipalidad de Necochea, por la que perseguía obtener la anulación de los decretos municipales 161/13, que rechazó el reclamo por el que había solicitado el pago de presentismo y puntualidad desde el año 2011; y 162/13 que lo declaró cesante por encontrarse incurso en la causal de abandono de cargo (v. fs. 305/309).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada puntualizó liminarmente que el accionante hizo foco en dos agravios centrales con el fin de atacar la sentencia de grado. Así, por un lado el señor Fuentes sostuvo que existió una mala interpretación de los términos del art. 65 de la ley 11.757 (vigente durante el tiempo en que se desarrolló la relación laboral), por exigirle la presentación de un certificado médico que justifique las ausencias y la existencia de un acto administrativo que se expida al efecto; y por el otro, que no se hubiera considerado la enfermedad profesional que dice aquejarle y que oportunamente habría denunciado ante la empleadora, con inicio de una demanda ante el Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Necochea que, a su vez, produjo la suspensión de un procedimiento sancionatorio en su contra.
Señaló en tal sentido que, el primer agravio se desvanece ante la declarada improcedencia de la admisión de los certificados acompañados a fs. 10/11 y, junto a tal falencia probatoria, la falta de toda mención de dichos certificados en el descargo del actor efectuado el 04-10-2012 (v. fs. 8/9), incluso en el acto administrativo de cesantía, de lo que surge que las ausencias de Fuentes a su puesto de trabajo no pudieron ser justificadas en los términos exigidos por el art. 65 de la ley 11.757.
Adujo asimismo que, la novedosa temática propuesta ante la Cámara como segundo agravio, se presentaba como el fruto de una reflexión tardía que, como tal, resultaba inhábil para sustentar el agravio articulado en cuanto el actor alegó que, hasta tanto no se dicte sentencia en los autos que tramitan en el fuero laboral, su empleadora no podía considerar injustificadas sus ausencias y, por ende, tampoco decretar el cese en los términos del art. 65 de la ley 11.757.
Sostuvo finalmente que, aún cuando el accionante ofreció dichas actuaciones jurisdiccionales en su escrito postulatorio lo cierto es que, ese solo ofrecimiento, no podía suplir el vacío de razonamiento impugnativo de que adolecía el escrito de inicio, ni podía convalidar la impertinencia de proponer ante la instancia revisora fundamentos que, al tiempo de la traba de la litis , no fueron dados a conocer a la contraria.
II. Frente a ello, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley denunciando la violación o errónea aplicación del art. 375 del CPCC, el art. 65 de la ley 11.757 y la doctrina legal emanada del fallo que cita (v. presentación electrónica de fecha 1-11-2018), que fue concedido a fs. 313.
En su presentación el accionante denuncia una absurda valoración de la carga de la prueba con violación del art. 375 del CPCC, pues entiende que ha probado debidamente que una vez intimado a presentarse a trabajar, al día siguiente de recibida la notificación, presentó el descargo correspondiente, acompañando los certificados que así lo manifestaban.
Señala que, para demostrar la ilegitimidad del acto administrativo produjo pruebas, que han sido descalificadas en forma inoportuna por ambas instancias de grado, mientras que la Municipalidad sólo se limitó a negar su existencia, sin diligenciar prueba alguna que demuestre la mendacidad de las afirmaciones de su parte, tomándose por ciertas las negativas de la contraria.
Aduce, como segundo agravio, una incorrecta aplicación del art. 65 de la ley 11.757, pues el mencionado texto legal nada indica en cuanto a cómo debe justificarse la inasistencia. Desarrolla los principios que entiende violentados, de primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador, sosteniendo que la Cámara se expresó a través de una decisión un tanto parcial, porque sólo tomó en cuenta lo manifestado -y no probado- por la demandada.
Con cita de doctrina legal, puntualiza que el abandono del trabajo debe configurarse con una actitud del agente municipal de no concurrir, en forma deliberada y expresa, a cumplir con sus funciones, lo que no se dio en el presente, por lo que no existieron motivos para configurar dicha figura jurídica.
III. El remedio no debe prosperar, atento la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto a que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.082, "Delgado", sent. de 20-V-2015; A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "Gonzalez", resol. de 21-II-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causa A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, A. 73.960, cit., e.o.).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos traídos por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de las motivaciones que tuvo la Administración al disponer su cesantía por considerarlo incurso en la causal de abandono de cargo, según lo prescribe el art. 65 de la ley 11.757 (régimen actualmente derogado pero aplicable al caso).
IV.2. El razonamiento elaborado por la Cámara interviniente, tampoco logra ser desvirtuado por las alegaciones del accionante en cuanto a la presunta violación de la carga de la prueba -según lo prescribe el art. 375 del CPCC.-, pues se trata de una crítica que no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (cfr. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
El concepto de absurdo, tal como ha ido elaborándose por esta Suprema Corte, hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o a una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Inversamente, no cualquier error, ni la apreciación opinable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo, requiriéndose la demostración de un importante desarreglo en la base del pensamiento, una anomalía extrema, una falla palmaria en los procesos mentales, de manera que se evidencie la irracionalidad de las conclusiones a las que se ha arribado (doctr. causas C. 104.616, "Pronar", sent. de 27-VI-2012; A. 71.980, "Lanusse", sent. de 28-XII-2016; A. 72.490, "Cocconi", sent. de 14-VI-2017, e.o.).
En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo, vicio que como quedó evidenciado, el recurrente no ha logrado demostrar (conf. art. 279, CPCC; Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007; A. 71.274, "Claros", sent. de 7-IX-2016).
IV.3. Por lo demás, tampoco es de recibo el agravio referido a la violación de la doctrina legal que el recurrente intenta fundar con la trascripción de un sumario jurisprudencial de esta Corte, pues para demostrar su existencia no basta identificar el precedente del Tribunal que contiene la doctrina que se denuncia como violada, sino que debe plantearse la similitud o analogía con la plataforma fáctica de la causa (conf. causa A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015).
IV.4. Lo expuesto, alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
LUIS ESTEBAN GENOUD HILDA KOGAN
EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-Ge-Pe-Ko
Reg. Nº 453
Fin de la sentencia