Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76303
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.303, "Ballarini, Héctor E. y ots. c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que al caso interesa, rechazó los recursos de apelación interpuestos por las partes actora y demandada y confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto: a) hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 5.678 contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, declarando en ese trance la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 25, 55, 56, 57 y 67 de la ley 11.761 y su inaplicabilidad a los actores comprendidos en aquel régimen legal, aunque desestimando el planteo de inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761; y, b) respecto de aquellos accionantes que adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 rechazó la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida mediante la cual solicitaran el reajuste de sus haberes previsionales con base en adicionales que se reputaban "remunerativos", así como la invalidez del citado art. 21 inc. "e" del mencionado cuerpo legal (v. fs. 966/972 vta.).
Disconformes con dicho pronunciamiento los accionantes que obtuvieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 (v. escrito electrónico de fecha 2 de octubre de 2019, 3:58:29 p.m.) y la demandada (v. escrito electrónico de fecha 10 de octubre de 2019, 11:02:52 a.m.) interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 977/978.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 980), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por los accionantes mediante presentación electrónica de fecha 2 de octubre de 2019, 3:58:29 p.m.?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la demandada en soporte electrónico de fecha 10 de octubre de 2019, 11:02:52 a.m.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata desestimó el recurso de apelación deducido por los señores Héctor Eduardo Ballarini, Valentín Segundo Unsain, Virginia Alicia Mansferrer, Jorge Raúl Quintana, Graciela Susana González, Amanda Susana Molina, Sara Matilde López de Penedo, Bartolomea Jesusa Candela de Urturi, Roberto Hourcade, Nelly Adelfa Estrada de Lespada, Mario Baldonmero Trejo y Graciela Mónica Bahlche, quienes adquirieron su beneficio previsional bajo la vigencia de la ley 11.761 y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que desestimó la pretensión de reconocimiento o restablecimiento de derechos promovida contra la Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires, por la cual solicitaran el reajuste de sus haberes en relación a los aumentos que hubiere obtenido el personal activo bajo los rubros no remunerativos y la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 (v. fs. 966/972 vta.).
Para así decidir, señaló que correspondía remitir al criterio sentado en casos análogos resueltos por la propia Cámara.
Reprodujo los fundamentos consignados en tales precedentes y puntualizó que los apelantes se desentendían de un principio general en materia previsional de rigurosa aplicación conforme al cual el régimen legal aplicable al beneficio es el vigente a la fecha de cese (cfr. arts. 53, dec. 9.650/80 y 25, ley 13.364, entonces vigente), y de igual modo, del carácter contributivo del sistema, en función del cual deben interpretarse los alcances de las prestaciones reconocidas determinadas al momento del otorgamiento y que carecían de variable modificatoria en lo sucesivo, pues la extensión de los beneficios así alcanzados siempre guardaba relación directa con los requisitos de acceso.
Consideró que la ley 11.761 resultaba de aplicación a un bloque que incluía la base de cálculo del haber y el porcentual correspondiente, sin perjuicio de la movilidad, ésta sí fuera de los alcances de esa consolidación por tratarse de una derivación siempre abierta a modificaciones futuras (cfr. art. 39 inc. 3, Const. prov.).
Desde esa óptica, estimó que la diferencia de texto -en relación con los conceptos comprendidos en la determinación de la base de cálculo (cfr. arts. 34 y 35, ley 11.761 y 54, ley 13.364, entonces vigente)- no suponía un trato diferente para una exigencia contributiva que siempre se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
Concluyó que el pronunciamiento de primera instancia no padecía error de juzgamiento, en la medida que receptaba la aplicación de principios generales sobre los cuales se vertebran, no sólo el derecho a las prestaciones sino también el sistema contributivo en su totalidad, impidiendo que las situaciones consumadas al amparo de un régimen puedan sufrir impacto futuro por disposiciones que modificaren la concepción integral, para un mecanismo que debía comprenderse en su totalidad.
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto los accionantes alcanzados por ese decisorio denuncian violación de la doctrina legal sentada por esta Corte en las causas I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009; B. 54.929, "Bardi", sentencia de 30-V-1995; B. 56.123, "Sarandria", sentencia de 12-V-1998; entre otras. También acusan vulneración de los derechos de defensa en juicio y propiedad, la garantía del debido proceso y el principio de igualdad ante la ley, consagrados en los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional (v. escrito electrónico de fecha 2 de octubre de 2019, 3:58:29 p.m.).
A su vez aducen que la Cámara transgrede la resolución 74/07 dictada por la Caja previsional demandada y los arts. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También alegan que se apartó del principio de progresividad previsional y de las leyes 20.744 -por lo dispuesto en el Convenio Colectivo de Trabajo 18/75- y 11.761 -modificada por las leyes 13.364 y 13.873-.
II.1. Esgrimen que con las constancias agregadas a la causa se ha acreditado que el art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 es confiscatorio para los recurrentes, en tanto su aplicación produce que el beneficio no supere el 67% del sueldo que percibe un activo en igual categoría que la que hubieren tenido los accionantes a la fecha de su cese, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009 y, por tal situación, se vulnera el derecho de propiedad garantizado por los arts. 10 y 31 de la Constitución provincial y el principio de progresividad previsional consagrado en los tratados internacionales que poseen jerarquía constitucional.
II.2. En otro orden, aducen que la Caja previsional demandada por acta de fecha 19 de mayo de 2008 aprobó la reducción del aporte al 2% a cargo de los beneficiarios de la ley 11.761 y que tal rebaja ya se había dispuesto en la resolución 74/07 para todos los jubilados y/o pensionados -hubiesen iniciado o no juicio-, a partir del 1 de agosto de 2007.
II.3. Por otro lado, respecto al reajuste del haber previsional en relación a los aumentos que hubiere obtenido el agente en actividad bajo los rubros "no remunerativos", se agravian porque la Cámara rechazó dicha petición con sustento en que no se demostró que se aplicaron indebidamente, a pesar de que la prueba pericial contable estableció que fueron abonados al personal activo en forma mensual, normal y habitual durante el período comprendido entre diciembre de 2003 y mayo de 2009.
Esgrimen que su haber jubilatorio se liquida conforme a un sistema arbitrario establecido en el art. 57 de la ley 11.761 que prevé para su cálculo el promedio de los diez últimos años de salarios percibidos tomando sólo en consideración los rubros con aportes, excluyéndose los códigos no remunerativos acreditados en esta causa. Destacan además que se ha demostrado que se abonaron al sector activo suplementos no remunerativos -códigos 1.123, 1.124, 1.133, 1.225 y 1.289- en forma habitual y regular desde el mes de mayo de 2004 hasta el mes de mayo de 2009, que no se han trasladado en sus haberes previsionales, llegando el perjuicio al 33,05% en dicho período.
II.4. Además, expresan que la Cámara omite el tratamiento de cuestiones que considera esenciales como la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo 18/75, el reconocimiento del Acta de Acuerdo Salarial de fecha 29 de mayo de 2009 y del decreto 392/03 e incurre en un exceso formal en la interpretación de las resoluciones dictadas por la Caja demandada. A ello agregan que el tribunal tampoco analizó si éstas fueron aplicadas en contradicción con la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.5. Por último, denuncian la existencia de fallos contradictorios.
Alegan que el Tribunal de Alzada en el caso "Anca, José Luis y otros c/ Caja de Jubilaciones, Subsidios y Pensiones del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión de restablecimiento o reconocimiento de derechos" confirmó el pronunciamiento de primera instancia en cuanto reconoció el reajuste de los haberes previsionales a quienes se jubilaron bajo la ley 11.761 por considerar que los aumentos salariales otorgados durante el período diciembre de 2003 a febrero de 2009, como códigos no remunerativos, revestían incrementos en los sueldos de los activos.
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia, tal como este Tribunal lo señaló a propósito de impugnaciones estructuradas en forma muy similar a la aquí analizada y que involucraban similares agravios (art. 279, CPCC; conf. causas A. 75.730, "Blanco", sent. de 23-IX-2020 y A. 74.774, "Bringas", sent. de 22-XII-2020).
III.1. En primer lugar y en punto a la inconstitucionalidad del art. 21 inc. "e" de la ley 11.761 -y su modificatoria, art. 21 inc. "d" de la ley 13.364- el escrito en el que se interpone y funda el remedio procesal en estudio no constituye una réplica idónea a las motivaciones esenciales de la sentencia atacada.
En efecto, como quedara expuesto en el relato de antecedentes, la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que, a su turno, había expuesto en apoyo del rechazo de tal planteo de inconstitucionalidad la doctrina legal de esta Corte que fluye de la causa I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
Asimismo, el pronunciamiento de primera instancia había descartado el carácter confiscatorio del porcentaje de descuento, el cual no se había acreditado que superara el límite del 33% sobre las remuneraciones de los activos en la determinación del haber de los pasivos, no afectando así las normas que garantizan el derecho de propiedad.
Esta parcela del pronunciamiento no ha sido objeto de impugnación idónea por los recurrentes, quienes se limitan a reiterar consideraciones anteriormente formuladas que, como se ha visto, tuvieron respuesta desfavorable ya en el pronunciamiento de primera instancia -acerca de la inconstitucionalidad de los arts. 21 inc. "e" de la ley 11.761 y 21 inc. "d" de la ley 13.364-, insistiendo sobre la aplicación de resoluciones administrativas que establecieron la reducción del aporte a cargo del beneficiario y en la vulneración del derecho de propiedad y del principio de progresividad previsional, mas sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por los jueces de grado para desestimar su pretensión.
Tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias del proceso, disímil al del órgano juzgador sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador y cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas como ocurre en el caso, lo que conlleva el rechazo de los reproches desplegados (doctr. causas A. 72.350, "Ojeda", sent. de 21-X-2015; A. 73.816, "Moyano", sent. de 21-II-2018; e.o.).
III.2. Con respecto a la alegación de que "la sentencia resulta arbitraria" por no considerar la prueba producida en autos respecto de los aumentos dispuestos en favor del personal activo como rubros no remunerativos, para justificar su insuficiencia basta con señalar que la Cámara confirmó el pronunciamiento de primera instancia que sobre el punto había señalado que el Directorio del Banco Provincia estaba facultado para fijar retribuciones expresamente liberadas de aportes y reseñando, a su vez, diversos pronunciamientos jurisprudenciales que determinaron que los pasivos no tenían derecho a computar en su haber jubilatorio las sumas resultantes de asignaciones calificadas como no remunerativas.
En esa línea, el a quo consignó que la ley 11.761 resultaba de aplicación para la determinación de la base de cálculo del haber inicial y su porcentual, basado en un sistema contributivo que se reporta a componentes remunerativos y cuya derivación no puede ser otra que la de imponer la carga de aportar.
De tal modo, el planteo del impugnante queda desplazado pues en el entendimiento de la Cámara lo dirimente no es el carácter mensual, normal y habitual de los suplementos sino el régimen legal vigente a la fecha de cese para establecer el aplicable al beneficio que obtuvieron los accionantes y en la realización de aportes sobre componentes remunerativos, sin perjuicio de la movilidad de la prestación.
III.3. Tampoco merece acogida la alegada violación de la doctrina legal de este Tribunal.
Si bien el recurso enuncia la violación de precedentes de esta Corte, omite desarrollar de qué manera han sido erróneamente aplicados o transgredidos y cómo ellos se relacionan con la supuesta decisión ilegítima de la Cámara, incumpliendo de ese modo la exigencia básica que establece el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la doctrina de este Tribunal que se reputa violada o erróneamente aplicada.
Es que la cita de los pronunciamientos de esta Corte debe ser claramente explicitada en su relación material con los hechos aquí debatidos y en el caso, por el contrario, se anuda en forma genérica y desvinculada de todo dato objetivo de la causa.
Para más, conforme ha expresado este Tribunal, deviene ineficaz la mención de doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho que difieren a los propios que se presentaron en el caso en juzgamiento (v. mi voto en la causa A. 71.538, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Saranitte", sent. de 16-VIII-2017 y doctr. causa A. 74.467, "Gagliero", sent. de 28-XI-2018; e.o.).
III.4. En punto a la violación de diversos preceptos legales y constitucionales el embate no pasa del mero enunciado.
Cabe recordar que quien denuncia una violación así, anticipa una premisa cuya demostración debe luego llevar a cabo, desde que la frustración de esta exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (doctr. causas C. 116.804, "Acuña", sent. de 12-III-2014; C. 119.524, "Micucci", sent. de 15-VI-2016; e.o.).
A ello agrego que tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a denunciar la infracción de normas constitucionales y tratados internacionales, sin demostrar de qué manera el pronunciamiento colisiona con las presuntas garantías y derechos conculcados, tarea específica a cargo del recurrente que no puede ser suplida por la Corte (doctr. causas C. 106.410, "Baigorria", sent. de 9-IX-2009 y C. 117.138, "Banco de la Pampa", sent. de 26-III-2014).
III.5. Por último, la denuncia de fallos contradictorios efectuada por los recurrentes, al señalar que la misma Cámara actuante ante reclamos iguales dictó pronunciamientos diferentes -más allá de exigir un desarrollo circunstanciado tendiente a acreditar tal cuestión (que ha sido omitido)-, constituye una típica cuestión de hecho que, en principio, no resulta pasible de revisión, en instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de absurdo, vicio que no ha sido invocado y menos, demostrado en esta parcela (doctr. causa A. 72.942, "Larrumbe", sent. de 24-IV-2019).
IV. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a los actores recurrentes vencidos (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 primer párrafo y 289 in fine, CPCC).
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero a la solución propuesta por el doctor Pettigiani.
Sin perjuicio de ello, me aparto del punto III.5. pues considero que con lo fundamentado hasta el punto III.4., inclusive, basta para el rechazo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante la evidente insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara confirmó la decisión de primera instancia que hizo lugar a la demanda promovida, declarando la inconstitucionalidad de los arts. 22 segundo párrafo, 25, 55, 56 segundo párrafo, 57 y 67 de la ley 11.761.
Para decidir de ese modo, en primer lugar, señaló que los argumentos esgrimidos por la Caja previsional demandada respecto a la aplicación de esas disposiciones no constituían una crítica eficaz para enervar los fundamentos basados en un criterio judicial referido a la ley aplicable al momento de ocurrido el hecho fuente -ley 5.678- y a la incorporación al patrimonio de los beneficiarios.
En ese contexto, siguió la doctrina sentada por este Tribunal, por mayoría, en las causas I. 1.985, "Gaspes", sentencia de 26-V-2005; I. 1.904 "Martín", sentencia de 8-III-2006 e I. 2.024, "Velurtas", sentencia de 10-VI-2009.
II. En el marco del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto la Caja demandada denuncia que la movilidad fue calculada conforme el sistema del art. 57 de la ley 13.364, entonces vigente y no el previsto en la ley 11.761, y aquella no fue cuestionada por la parte actora.
Explica que el decisorio recurrido se sustentó únicamente en lo resuelto por esta Suprema Corte en casos análogos -causas I. 1.904, "Martín" e I. 2.024, "Velurtas"-, y que la accionante no logró acreditar que analizada la acumulación de aumentos que tuvo entre los años 2004 y 2014 resulte confiscatoria.
Expresa que la garantía de la no confiscatoriedad en la reducción de haberes previsionales o de no afectación de la referida movilidad, sólo puede determinarse y decidirse en la medida que se acredite una privación patrimonial que supere el guarismo que esta Suprema Corte fijó en un 33%, extremo que no ha sido acreditado en autos.
Finalmente, denuncia gravedad institucional y alega que la decisión adoptada por el Tribunal de Alzad
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