Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74833
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A 74.833, "Boscarol, Haydée y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan , Pettigiani, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los accionantes y en consecuencia, confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia que declaró abstracta la pretensión interpuesta contra la Municipalidad de General Pueyrredón (v. fs. 308/322 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 327/346 vta.) el que fue concedido (v. fs. 347 vta.).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 352), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por los actores, agentes de la Municipalidad de General Pueyrredón, confirmando el fallo de primera instancia en cuanto fuera materia de agravio, con costas en orden causado (v. fs. 308, 322 vta.).
Para así decidir:
I.1. Expuso en el relato de antecedentes que la demanda articulada perseguía a) la anulación de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/06 (mediante los cuales se dispuso la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo escalafón del personal de la comuna, una nueva escala salarial en función del mencionado escalafón y un nomenclador de cargos), del art. 57 de la ordenanza 17.732 (que convalidó el nomenclador de cargos aprobado por el mencionado dec. 1.485/06); como así también del decreto 1.451/07 (que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por los anteriores), con fundamento en que el escalafón del año 2006 representaba un "reencasillamiento indebido" del agrupamiento profesional, en tanto perjudicaba los derechos a la remuneración y a la carrera administrativa, a la igualdad, a igual remuneración por igual tarea y al derecho de propiedad; b) el reconocimiento de los actores a ser debidamente encasillados con la consecuente condena para que la Municipalidad dicte los actos necesarios para que el grupo ocupacional profesional al que pertenecen sea correctamente encasillado, manteniendo la debida equidistancia con los restantes agrupamientos; y c) consecuentemente, se le abonen las diferencias salariales que surjan como consecuencia de la nulidad del esquema escalafonario del año 2006.
I.2. Hizo referencia a las denuncias de hechos nuevos efectuados por los accionantes: a) a fs. 99/100 oportunidad en la que se acompañaron dos (2) actas de la reuniones mantenidas por la comisión de representantes del Departamento Ejecutivo Municipal y del Sindicato de Trabajadores Municipales, advirtiendo que de la segunda de dichas actas surgía un acuerdo alcanzado sobre la elevación de los niveles correspondientes a los Profesionales de Carrera Menor y Mayor, la descripción de tareas para ciertos cargos del agrupamiento profesional y la necesidad de adecuar el régimen vigente para el acceso a nuevos cargos; b) a fs. 106/112, ocasión en que se hizo referencia al dictado de los decretos municipales 989/12 y 991/12 mediante los cuales se dispuso la modificación del escalafón del grupo ocupacional profesional vigente, con la recategorización de la totalidad de sus integrantes, con retroactividad al mes de marzo de 2012.
Puntualizó que los actores alegaron que con la nueva normativa finalmente se hizo lugar a su pretensión de debido reencasillamiento, pero que continuarían con su reclamo por las diferencias devengadas desde la aplicación de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/06 hasta la percepción de la remuneración producto del nuevo escalafón del año 2012.
I.3.a. Consideró que los decretos municipales 989/12 y 991/12 implicaban el reconocimiento del derecho de los actores, tal como estos lo manifestaran, coincidiendo con el juez de grado en que dicha pretensión debía considerarse abstracta. Para ello tuvo en cuenta la manifestación de la parte actora obrante a fs. 108 vta. Sobre su falta de interés en obtener un pronunciamiento judicial sobre un asunto "...ha dejado de ser controvertido...", sin perjuicio del mantenimiento de la pretensión al cobro de las diferencias salariales que se devenguen desde la aplicación de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/07 impugnados en autos y hasta que los agentes perciban la remuneración producto del escalafón del año 2012.
Puso de manifiesto que contrariamente a lo denunciado por los apelantes, el juez de primera instancia no omitió pronunciarse sobre el pedido de nulidad por vicios de ilegitimidad e inconstitucionalidad de los decretos suscriptos por el señor Intendente Municipal individualizados con los números 1.485/06 1.486/06 y 1.487/06. Por el contrario, sostuvo que dicho magistrado ponderó puntualmente la expresa reserva que hicieron los actores en perseguir el cobro de las diferencias salariales devengadas desde la aplicación de los decretos mencionados precedentemente y hasta la percepción de lo producido con el nuevo escalafón del año 2012 (v. punto 7 fs. 106/112). En ese orden, observó que el juez de primera instancia analizó el régimen escalafonario adoptado en el año 2006 (decs. 1.485/06, 1.486/06, 1.487/06 y art. 17, ord. 17.732), considerándolo legítimo y, a partir de esa conclusión, se pronunció rechazando la pretensión accesoria de reconocimiento de las diferencias salariales.
Advirtió que la única pretensión que el sentenciante considero abstracta (y por ello no trató), fue aquella respecto de la cual los propios demandantes manifestaron haber perdido todo interés, es decir, la del reconocimiento del derecho a ser debidamente encasillados y su consecuente retribución monetaria; la cual fue satisfecha extrajudicialmente -tal como lo reconocen los actores- con el dictado de los decretos municipales 989/12 y 991/12. Concluyó este tópico señalando que el magistrado abordó la pretensión anulatoria del esquema escalafonario del año 2006 y que fue el resultado adverso a tal cuestionamiento lo que lo llevó al rechazo de la pretensión de condena de pago de las diferencias salariales, sobre las cuales los actores mantenían su interés.
I.3.b. Respecto de la denunciada ilegitimidad de los actos impugnados (escalafón, escala salarial y nomenclador de cargos, de la cual se desprendería el alegado "reencasillamiento indebido"), sostuvo que los elementos probatorios arrimados al proceso no acreditaban que el esquema escalafonario pergeñado en el año 2006 por la Administración municipal haya violentado garantías constitucionales y alterado la correcta equidistancia que corresponde al grupo ocupacional profesional con los restantes agrupamientos.
Recordó que el "escalafón", en tanto norma reglamentaria del estatuto del empleado público municipal (v. art. 104, ley 11.757 -por entonces vigente-) tiene por objeto delinear las condiciones para el ascenso, de las modalidades de la promoción, los sueldos, las asignaciones complementarias y la forma de encasillar al personal. Agregó que, en tal marco reglamentario, la autoridad municipal estructura la carrera administrativa y puede implementar su política de personal y de salarios.
Aseveró, con relación a ello, que es inveterada la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que pregona que este tipo de decisiones (en el caso, modificación en el régimen de personal o su reemplazo) son adoptadas sobre la base de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, y que solo corresponde a los jueces controlar la legitimidad del obrar de las autoridades administrativas sin estar facultados para sustituirlas en la valoración de circunstancias ajenas al campo de lo jurídico.
Esgrimió que la prerrogativa para modificar o, en su caso, derogar y sustituir por uno nuevo el esquema escalafonario -tal como ocurriera en la especie al aprobarse el correspondiente al año 2006-, reconoce límites que no pueden ser infringidos so riesgo de comprometer el inequívoco contenido de cláusulas de raigambre superior que asisten a los agentes públicos, tales como que las modificaciones sean para el futuro, que importen alteraciones razonables en la composición del salario, no lo disminuyan, ni impliquen la desjerarquización respecto del nivel alcanzado (cita doctr. de la Corte nacional).
Estimó que, en el caso, las circunstancias denunciadas por los actores impiden censurar el modo como se ha implementado la política pública personal y salarial llevada a cabo por el municipio, en tanto, sea que se coteje el esquema escalafonario del año 2006 con su anterior o con el implementado por los decretos municipales 989/12 y 991/12, la retrodegradación y desjerarquización denunciada no luce acreditada.
Reparó en el marco del acta-acuerdo suscripta entre el municipio y el Sindicato de Trabajadores Municipales de fecha 31 de mayo de 2004 (en la que se asumió el compromiso de implementar un nuevo escalafón personal), se fijaron el nomenclador de cargos (dec. municipal 1.485/06), las definiciones correspondientes al escalafón municipal (dec. municipal 1.486/06) y la escala salarial correspondiente al nuevo escalafón (dec. municipal 1.487/06).
En este sentido agregó que, tal como surge del Anexo I del decreto municipal 1.486/06, el grupo ocupacional es el conjunto de cargos y actividades afines, y está constituido por los agentes que realizan actividades similares conforme a la índole de sus tareas. El mentado agrupamiento ocupacional (jerárquico, profesional músico, técnico administrativo, obrero, servicios de computación) a la vez se ordena en niveles de distinta complejidad y responsabilidad, los que se denominan "clases". Cada una de estas clases se corresponde -finalmente- con una categoría salarial.
Puntualizó que el Anexo III del decreto municipal 1.486/06 define al grupo ocupacional profesional como aquel que comprende al personal con título universitario que desempeña funciones propias de su incumbencia profesional. Asimismo, establece que según los años que demande la obtención del título, diversa será la clase a la que pertenecerá el agente.
Adunó que el Anexo I del decreto municipal 1.485/06 respecto del grupo ocupacional profesional previó la existencia, dentro de ese agrupamiento, de cinco clases diversas y, finalmente, mediante el decreto municipal 1.487/06 se estableció una nueva escala salarial en la que "de 30 categorías representadas en el nomenclador de 2005 se establece una escala simple y actualizada de 22 categorías" (v. cons. 3°, acto cit.).
Esgrimió que, en ese contexto, la reforma introducida en el esquema escalafonario, consensuada con los representantes de los trabajadores municipales (en los años 2004/2006) no permite inferir, por la sola circunstancia de haber introducido modificaciones al régimen anteriormente vigente, la existencia de una arbitraria e irrazonable distinción respecto del grupo ocupacional profesional, ya que, habiéndose adoptado bajo criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, mal podría reprocharse el modo en como la autoridad municipal distribuyó dentro de su agrupamiento de personal las distintas clases, cargos y su respectiva escala salarial (citó doctr. causa B. 63.394, "Carbonel", sent. de 20-V-2015).
Expresó que el hecho de que se hayan incorporado dentro del agrupamiento profesional nuevas clases y cargos y que a tenor de esas previsiones se complejizara la carrera administrativa -a partir de la incorporación de niveles y categorías por los que antes no debía transitarse- no porta sesgo alguno de irrazonabilidad, sino más bien la concreta adopción de una política de personal que tuvo en cuenta las incumbencias de los agentes con título universitario, en tanto integren el agrupamiento profesional.
Recordó que la garantía de la igualdad jurídica (conf. arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov. y cita de fallos de la Corte de Nación y de la Cámara) no debe ser interpretada rígidamente, en tanto importa consagrar un trato legal igualitario a quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstancias. Así, las modificaciones introducidas por el escalafón del año 2006 en la carrera administrativa lo fueron respecto de la totalidad del agrupamiento profesional por lo que no puede considerarse consumado el trato diferencial o discriminatorio que los profesionales denuncian.
Aseveró que realizar un análisis comparativo de la mayor o menor complejidad que el desarrollo de la carrera administrativa pudiera exigir según se pertenezca a uno u otro agrupamiento de personal de los previstos en el escalafón -tal como lo intentan los actores- traduce una notoria complejidad, ya que las distintas clases, categorías y niveles que pudiera la Administración fijar con relación a un agrupamiento (v.gr. jerárquico), difícilmente puedan tener correlación con las establecidas para otro agrupamiento diverso (v.gr. obrero o profesional) justamente por ser diversas y variadas las misiones, funciones y responsabilidades que a cada uno de estos grupos de agentes se les asigna.
Dedujo, entonces, que los actores no pueden sostener que los nuevos niveles y categorías implementados por el escalafón 2006 en su comparativo con el otrora vigente en el 2005 o, en su caso, en el puesto en vigor por los decretos municipales 989/12 y 991/12, desjerarquizara o produjera por la sola circunstancia de introducir variantes, un retroceso en su carrera administrativa.
Afirmó, además, que la Municipalidad, en ejercicio de la prerrogativa con la que cuenta para delinear la política de personal, pudo encontrarse en la necesidad de fomentar la cobertura de diversas funciones (v.gr. salud, docencia, informática, etc.) y a partir de tal contingencia fijar políticas particulares o especiales con relación a uno o algunos de los agrupamientos de personal que componen el escalafón, tales como una escala salarial más beneficiosa o, en su caso, niveles de categorías que permitan el tránsito por la carrera administrativa de modo más lineal. Tal habilitación reglamentaria aleja la posibilidad de postular que las modificaciones implementadas por el escalafón del año 2006 con relación al agrupamiento profesional hubieran alterado de manera irrazonable la equidistancia con los restantes agrupamientos, pues esa revalorización que se efectuara respecto de otros agrupamientos de personal -distinto al de pertenencia de los actores- era una opción que válidamente podía implementar la Administración y que solo podría censurarse por la jurisdicción en caso de acreditarse su arbitrariedad, extremo que -aseveró- no ocurre en la especie.
Interpretó que tampoco se podía sostener que la circunstancia de que el municipio haya dictado los decretos municipales 989/12 y 991/12 -escalafón municipal que hiciera efectivo un nuevo encasillamiento del agrupamiento profesional acorde a los intereses de los actores- tradujera per se que su similar del año 2006 (conformado por los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/06) resultara ilegítimo. Consideró que el razonar propuesto por los recurrentes devenía impropio, pues siguiendo la lógica que esgrimen, se arribaría al absurdo de tener que predicar la ilegitimidad a todo aquel esquema reglamentario que pudiera verse reemplazado o modificado por la autoridad administrativa.
I.3.c. Sostuvo que el hecho de que la Administración haya acordado efecto retroactivo al nuevo escalafón del año 2012, tampoco permite proyectar la automática ilegitimidad del régimen escalafonario del año 2006, máxime cuando la autoridad administrativa limitó la proyección hacia el pasado de los decretos municipales 989/12 y 991/12 hasta el mes de marzo de 2012 y no más allá de ese puntual hito temporal. Reparó en que la eficacia retroactiva de un marco reglamentario además de ser excepcional, exige una expresa declaración de la autoridad que, si bien en el caso ha existido, no lo fue con el alcance que, impropiamente, predicaron los recurrentes.
Tuvo en cuenta también que los actores arguyeron que el esquema escalafonario del año 2012 mantiene idénticas misiones, funciones y responsabilidades respecto del escalafón del año 2006 aunque reconociéndole una escala salarial superior y que ello constituiría -en visión de los actores- un reconocimiento de la ilegitimidad del esquema de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/06, empero juzgó que tal razonar importaría desconocer, sin otro argumento que la sola disconformidad, las indiscutidas atribuciones que posee el Intendente para reglamentar el escalafón y la nómina salarial en su Municipalidad (art. 104, ley 11.757; citó doctr. causa B. 58.880, "Arias", sent. de 13-IX-2000).
I.3.d. Resaltó que el contexto analizado en autos difiere del que se ventilara en la causa C-4103-BB1 "Araya" (sent. de 12-XI-2013) en tanto que en dicho precedente se le había reprochado a la Administración la implementación de un mecanismo de ajuste salarial -aumento por monto fijo- que de manera indirecta, desbalanceaba la proporción que debía observarse según el art. 19 inc. "a" de la ley 11.757.
Aclaró que, en el caso bajo examen, en cambio, lo que ha ocurrido es la implementación, no ya de una modificación o alteración indirecta en el escalafón y en la escala salarial correspondiente a cada agrupamiento de personal, sino la implementación de un nuevo esquema escalafonario que diseña su propia escala salarial. Aseveró que de la lectura del decreto municipal 1.487/06 se constata que la autoridad municipal estableció -como consecuencia de los informes elaborados por la Comisión de Estudio para el nuevo escalafón creada por el decreto municipal 1.718/04 y de la que se desprende la necesidad de implementar un sistema más simple y actualizado- una nueva escala salarial (reemplazando el viejo esquema de treinta categorías salariales por otro de veintidós) y fijó equivalencias de cargos del nomenclador del año 2005 con el del año 2006 (v. Anexo I, acto cit.).
Postuló entonces, que no es aplicable al caso la doctrina del precedente "Araya" y que la implementación del esquema escalafonario del año 2006 no importó la violación de la garantía constitucional de propiedad y de igual remuneración por igual tarea, máxime cuando la autoridad municipal dispuso, al fijar la nueva escala salarial -reduciendo las categorías salariales de treinta a veintidós- la implementación de una garantía salarial a fin de dar cobertura a todos aquellos agentes que, con independencia del agrupamiento de personal a que pertenecieran, pudieran en el nuevo esquema fijado haber sufrido una eventual reducción en sus haberes ( v. cons. 9°, dec. municipal 1.485/06).
Respecto de la garantía de igual remuneración por igual tarea, aseguró que no fue afectada, en tanto ninguna de las constancias probatorias de autos permiten inferir que el nuevo esquema salarial fijado por el escalafón del año 2006 hubiera resultado arbitrario o irrazonable en lo que se refiere a su implementación respecto de los agentes que integran el grupo de personal profesional. No resultaron acreditados ni la desjerarquización, ni el retroceso en la carrera o la reducción en los salarios; sino más bien, una mera disconformidad con la política de personal y salarial fijada por la comuna en el año 2006 sin entidad como para patentizar la irrazonabilidad del esquema escalafonario impugnado.
I.3.e. Aseveró que en tanto los actos impugnados no resulten ilegítimos, como lógica consecuencia debe rechazars
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