Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75713
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.713, "Fanello, Carlos Eduardo c/Ministerio de Seguridad s/Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Pettigiani, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión deducida.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por el mencionado tribunal.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por el señor Carlos Alberto Fanello, declarando la nulidad de la resolución 242/15 (dictada en el marco del expte. adm. 21.100-130.515/14) y reconoció el derecho del actor a percibir el subsidio dispuesto por la ley 13.985, desde la fecha del reclamo (8 de octubre de 2012) y mientras dure la incapacidad y las condiciones dispuestas por la normativa, ordenando a la demandada que liquide los importes correspondientes adeudados, con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (30) días prevista para las operaciones electrónicas, devengados en cada período de vencimiento y hasta su efectivo pago. Por último, impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación deducido por la demandada y confirmó la sentencia cuestionada, con costas a la recurrente vencida (arts. 51 inc. 1, 55, 56, 58, 59 y concs., CCA).
Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte por la que se sostuvo que el reclamo de la indemnización laboral no resulta incompatible con el subsidio mensual a cargo del Estado para auxiliar las desavenencias ocasionadas en ejercicio de la función de la policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (causa B. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10, apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Acusa que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el principio non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocer el derecho a percibir un mal llamado subsidio policial (el de la ley 13.985) que, afirma, resulta incompatible con la indemnización civil por daños y perjuicios que fuera reclamada y percibida judicialmente por el actor por el mismo accidente, en el marco de la causa "Fanello, Eduardo Carlos c/Gobierno de la Provincia de Buenos Aires-Fiscalía de Estado s/accidente de Trabajo. Acción Especial", en trámite por ante el Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que la normativa citada establece que dicho subsidio resulta incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el subsidio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización civil por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en donde se entendió que la finalidad del mal llamado subsidio, es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio, resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Insiste en que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la que entiende vigente en la materia- por la que se estimó que el subsidio responde a una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual es -por tal motivo- incompatible con la indemnización integral. Cita causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Por último, solicita que esta Suprema Corte revise y ajuste su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso no prospera.
El tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite, lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (conf. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009 y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme", sentencia de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E. y ots", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sentencia de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; criterio reiterado en las causas L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020 y A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020; esta Suprema Corte propició la procedencia de la acumulación de ambos beneficios.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha ley es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80- pone en crisis los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC).
Voto por la negativa .
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Pettigiani y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 11/05/2021 11:20:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 12:18:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 13:24:06 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/05/2021 20:37:04 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/05/2021 13:49:07 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia