Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75537
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.537 "LEGORBURU SERGIO ALEJANDRO C/ CAJA RET. JUB Y PENS. POLICIAS PROV. BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 14 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la demanda de reconocimiento de derechos deducida por el señor Sergio Alejandro Legorburu contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires por la que persigue la declaración de invalidez de la Resolución N° 98.753 de fecha 10/03/15 dictada por el directorio de la demandada, que le denegara el beneficio de incremento de su haber jubilatorio en un 10 por ciento -retroactivo a la fecha de pase a retiro- alegando un error de liquidación en los porcentajes establecidos en el artículo 36 de la ley 13.236 (v. fs. 136/140).
Para así decidir, el Tribunal de Alzada estimó que la impugnación intentada adolece de eficacia, al traducirse en el mero descontento del recurrente con la tarea del juez sin aportar al proceso datos objetivos que permitan inferir una conducta común dirigida a tal objetivo.
Sin perjuicio de ello, agregó que de los antecedentes reseñados en la causa, surgía fehacientemente acreditado que a la fecha del cese -esto es, el día 19-VII-12- el actor contaba con 28 años, 3 meses y 24 días de servicios policiales, habiendo obtenido el beneficio de retiro móvil extraordinario en los términos de la ley 13.236, con el goce del 79,90 por ciento del haber de pasividad.
Señaló que, en estas condiciones, la mera disconformidad con la normativa aplicable planteada por el recurrente, alegando que no se encuentra garantizado que los beneficiarios reciban un porcentaje proporcional a los años trabajados -como sí se preveía en el régimen ya derogado del decreto ley 9538/80-, carecía de consistencia para prosperar.
Sostuvo que si se analiza el art. 61 de la ley 13.236 que expresamente ordena aplicar la escala del art. 36 para quienes, como el caso del actor, no alcancen el mínimo de 30 años de servicios -para el rango establecido desde los 26 a 30 años efectivos en las policías-, como mediante la aplicación del artículo 36 (ya referido) que prescribe que la graduación del haber de retiro o jubilación será proporcional al tiempo de servicios de acuerdo a la escala que allí se determina, correspondía, para el caso del accionante, el porcentaje que ha sido efectivamente dispuesto.
Consideró que lo expuesto, resultaba coincidente con lo comunicado por la División de Afiliaciones y Cómputos de la Caja demandada, en cuanto informó que “… el artículo 36 es general para todos los casos y el artículo 61 solo para aquellos que cumplimenten la carrera policial con un mínimo de 30 años de servicios en la policía de la provincia de Buenos Aires…” (v. fs. 79 de autos).
Finalmente, y en atención al planteo de inconstitucionalidad efectuado, afirmó que no se observaba vulneración al derecho de igualdad, ni se advertía irrazonabilidad de las disposiciones en el análisis que realiza el magistrado de grado, ni se había demostrado qué otros casos en paridad de condiciones al suyo hayan sido tratados en el régimen normativo de un modo diferente, en su perjuicio, sino que su queja contiene enunciaciones generales relativas al sistema normativo en su conjunto, pero sin la precisión que requiere la tacha constitucional.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 136/140).
II. Frente a ello, el actor interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 143/148) por el cual esgrime que el fallo atacado no ha evaluado correctamente la ley aplicable ni las cuestiones esenciales vinculadas con el derecho que corresponde al caso.
También denuncia absurdo, cuestionamiento que no desarrolla.
Concretamente debate la interpretación que hacen tanto los jueces de la Cámara interviniente como el juez de grado, del art. 36 de la ley aplicable, sosteniendo que debieron valerse del art. 54 de la ley 13.236 que establece: “Si un asunto no puede resolverse ni por la letra ni por el espíritu de esta Ley, se aplicará supletoriamente el régimen previsional vigente en la provincia en cuanto fuera compatible con la esencia y naturaleza de la institución policial. En caso de duda sobre la aplicación de esta Ley, se estará por la norma legal que resulte más beneficiosa para el afiliado.”, invocando la aplicación a su caso de un régimen que considera más benigno, como es el que establecía el derogado decreto 9538/80, en razón de la violación del principio de no regresividad o progresividad.
Deja planteada la inconstitucionalidad del art. 36 de la ley 13.236, por entender que quiebra el mandato de igualdad ante la ley en su confronte con el art. 61 de la misma norma.
Sobre estos agravios reedita argumentos vertidos en ocasión de apelar (v. fs. 143/147vta.).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
En tal sentido, los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la normativa previsional del caso cuya aplicación considera restrictiva, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causa A. 74.493, cit. entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, entre otras).
IV. 2. Para más, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causa A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018).
IV. 3. Finalmente, la mención genérica que se formula en el recurso referida a la supuesta afectación de derechos o garantías de rango supralegal o la alusión al principio de igualdad ante la ley, contenidos en la Constitución nacional y en la provincial, no tiene eficacia si no se expresa claramente de que manera el tribunal incurrió en tal supuesta violación constitucional, extremo que tampoco se verifica en el sub examine (conf. doctr. causas A. 71.500, "Minho", de 27-VI-2012; Q. 71.256 bis, "Ceuninck", sent. del 4-8-2016, entre otras).
Quien alega la inconstitucionalidad de una norma tiene el deber de demostrar con argumentos sólidos de qué manera aquélla contraría preceptos constitucionales, evidenciando el error jurídico del fallo y no limitarse a manifestar una mera discrepancia con lo decidido. En el caso, el impugnante no ha suministrado otros argumentos capaces de acreditarlo.
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 356
Fin de la sentencia