Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76042
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 76.042, "Larrondo, María Verónica c/ Municipalidad de Bahía Blanca s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el pronunciamiento de primera instancia y -en consecuencia- admitió la demanda entablada (v. fs. 157/170).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6-V-2019), el que fuera concedido por la Cámara interviniente a fs. 174.
Dictada la providencia de autos a fs. 191 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocó el pronunciamiento de primera instancia y -en consecuencia- admitió la demanda entablada, declarando la inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, regulada en el art. 258 y subsiguientes de la ordenanza fiscal de la Municipalidad de Bahía Blanca del año 2012. Impuso las costas de ambas instancias a la comuna en su calidad de vencida (conf. arts. 274, CPCC; 51 inc. 1 y 77, CCA).
I.1. Para así decidir, sostuvo que la tasa siempre se corresponde con una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado que, si bien tiene una estructura jurídica análoga a la del impuesto, se diferencia de este por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado.
Agregó que, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en miras el interés general (CSJN Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; e.o.) y que su cobro se debe corresponder siempre a una concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio, relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (CSJN Fallos: 236:2; 251:222; 259:413; 312:1575; 329:792 y causa Q.20.XLVII "Quilpe S.A.", sent. de 9-X-2012, entre muchos otros).
Desde esta conceptualización, afirmó que la autoridad municipal necesariamente debe brindar, con relación al sujeto obligado al pago, el servicio por el cual grava la actividad que constituye el hecho imponible descripto en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declamatoria de la Administración (tal como sería postular que el servicio se encuentra organizado, pero sin constancia alguna que acredite que efectivamente se prestó al contribuyente reclamante); y que tampoco podría la comuna pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio con relación a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada.
Luego de repasar doctrina de autores coincidente con lo expuesto, distinguió entre dos categorías de tasas, las que se cobran para solventar los servicios que se prestan uti universi y las que se persiguen para retribuir las actividades que se materializan uti singuli . Adujo que en las primeras -que son aquellas que se brindan a toda la población-, resulta suficiente que el servicio se encuentre organizado y se preste -efectivamente- para que sea exigible el pago de la contraprestación (conf. doctr. de esta Suprema Corte in re I. 1.270, "Blanco", sent. de 18-IV-1989; I. 1.286, "Papelera Juan V. F. Serra S.A.C.I.F.", sent. de 18-VI-1991; B. 51.937, "Nobleza Piccardo", sent. de 28-XI-1995 y B. 56.454, "Pecom Energía S.A.", sent. de 17-XII-2003). A diferencia de ello, apuntó que los servicios uti singuli serían aquellos que resultan prestados a los sujetos en razón de su requerimiento, como el caso de la tasa de actuación administrativa que debe abonar todo aquel que voluntariamente inicie un trámite o gestión ante el ente público. Añadió que en estos casos la voluntad del sujeto en recibir la prestación es condición sine qua non para el cobro de la tasa.
I.2. Siguiendo tales lineamientos, se dispuso a elucidar la validez de las normas cuestionadas en cuanto instituyen en el ámbito de la Municipalidad de Bahía Blanca la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios.
Apuntó que el art. 258 de la ordenanza fiscal de 2012 establecía que "...se abonarán las tasas que fije la Ordenanza Impositiva anual por los servicios prestados por la Municipalidad, de carácter indivisible o indirectos, en particular los destinados al ordenamiento y control del tránsito y señalización vial, promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural, atención a la minoridad y problemática social, defensa civil, atención y resolución de situaciones de emergencia. Comprende también el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación, y su conservación y/o mantenimiento. Asimismo comprende el desarrollo y conservación de la red vial y/o vía pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública".
Explicó que los obligados al pago estaban determinados en el art. 260 de la ordenanza citada, según el cual "...son contribuyentes y/o responsables de esta tasa las personas físicas o jurídicas con residencia permanente o transitoria en jurisdicción municipal, o que por cualquier circunstancia tengan el uso o goce, real o potencial, de alguno de los servicios directos e indirectos prestados y/o disponibles en el Municipio, o utilice y/o usufructúe infraestructura o bienes municipales o de dominio público situados en jurisdicción municipal que para su existencia, utilidad o mantenimiento demanden la intervención de la Municipalidad. En particular, supone vinculación con el hecho imponible la posesión de bienes registrables radicados en jurisdicción municipal... ".
Descripto el marco normativo, el Tribunal de Alzada identificó los hechos indubitados de la causa: i) que la actora, por su condición de propietaria o poseedora de un bien inmueble ubicado dentro del barrio cerrado "Club de Campo Bosque Alto", sito en la ciudad de Bahía Blanca, resultaba sujeto pasivo de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios; ii) que, en cambio, la actora no exhibía la condición de sujeto pasivo de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, regulada en los arts. 71 y siguientes de la ordenanza fiscal de 2012 -en tanto tales servicios no son prestados por la comuna dentro del barrio cerrado-; y iii) que el acceso al barrio cerrado -en el que se encuentra enclavado el inmueble de la actora- se concreta a través de un tramo de la antigua traza de la ruta n° 33 que ahora integraría la red vial municipal (conf. convenio con la Dirección Nacional de Vialidad del año 2008, agregado a fs. 60 y sigs.).
Así definidos los aspectos jurídicos y fácticos, indicó que lo dirimente para la solución del caso resultaba precisar si la Municipalidad prestaba a la accionante (en su carácter de propietaria o poseedora de un inmueble registrable radicado en la jurisdicción municipal) esos servicios municipales que refiere el hecho imponible de la tasa en cuestión.
Advirtió en tal sentido la existencia de una estructura tributaria en la que el municipio justifica la obligación creada a partir de "los servicios indivisibles o indirectos" que dice prestar y que luego describe e identifica de manera particular, enumerándolos en la norma.
En el citado contexto, juzgó que la comuna no logró acreditar el aspecto central que justificaría la pretensión de hacerle pagar el tributo al actor, en tanto no explicó cómo esos servicios se vincularían con una prestación que beneficiase directamente al propietario o poseedor del inmueble enclavado en la urbanización cerrada, vínculo jurídico a partir del cual se estructura la tasa (refirió en tal sentido que el art. 260 de la ordenanza fiscal de 2012 establece que "...supone vinculación con el hecho imponible la posesión de bienes registrables radicados en jurisdicción municipal").
Sin desconocer que la demandada arguye prestar todos los servicios enumerados en el art. 258 de la ordenanza fiscal, señaló que -para justificar la percepción de una contraprestación- la autoridad municipal debe necesariamente hacer efectivo con relación al sujeto obligado al pago (en la especie, el propietario o poseedor de un inmueble ubicado en el barrio cerrado o club de campo) el servicio que configura el hecho imponible, no siendo suficiente para validar la pretensión tributaria que dicho servicio se encuentre organizado, ni que se preste con relación a otros contribuyentes, ajenos a la relación tributaria que examina en autos.
En esta línea argumentativa advirtió que no podía inferirse, de las constancias arrimadas al pleito, que la actora fuera receptora de las actividades estatales que -de manera genérica- describe el art. 258 de la ordenanza fiscal de 2012.
Asimismo, explicó que la técnica legislativa utilizada por la autoridad local al abordar de manera indiscriminada múltiples servicios -todos ellos constitutivos del hecho imponible-, atentaba contra la posibilidad de individualizar con la precisión exigible en la materia, cuál o cuáles se concretaban con relación al demandante.
No obstante haber postulado la demandada que la actora recibe o se beneficia de servicios individualizables tales como el mantenimiento, bacheo, señalización y conservación de la calle pública que lleva hasta el acceso al barrio privado, de los servicios de recolección y transporte de residuos, entre otros (v. contestación de demanda, a fs. 78/87 vta.), y de servicios indirectos que la alcanzan en su vida diaria cuando sale del barrio privado y se acerca al centro de la ciudad (v. fs. 83 vta. y 84), el Tribunal de Alzada consideró que esas prestaciones no se vinculaban de manera directa e individualizada con el inmueble de su titularidad.
Por el contrario, sostuvo que los servicios municipales genéricamente dispuestos, estructurados como indirectos o indivisibles, no habilitaban el cobro de una tasa a los propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal. Entendió que no eran ellos quienes debían costear exclusivamente esa genérica actividad, direccionada a toda la población sin distinciones, por cuanto -insistió- aquella no se enlazaba de manera directa o concreta con los mentados sujetos pasivos de la gabela, lo que daba cuenta de la desnaturalización de la especie tributaria bajo examen.
Estimó que justamente esa falta de vínculo o ligazón entre el sujeto pasivo de la tasa y la prestación estatal con relación a aquel es lo que pone en evidencia el vicio que exhibe la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios.
No obstante lo expuesto, apuntó que aun cuando ciertamente podría darse el caso de que alguno de los inmuebles ubicados en el interior de un barrio cerrado pudiera beneficiarse, por ejemplo, con alguna tarea de control de plagas (esto es, uno de los hechos imponibles que describe el art. 258 de la ordenanza fiscal 2014) efectuada por la comuna, no resultaba menos cierto que el modo como se estructuró la tasa traducía una elasticidad impropia frente al principio de legalidad tributaria, en tanto no sería la discriminada condición de "propietario o poseedor de un bien inmueble" -tal lo que sucede en la especie- la que autorizaría a facturar la tasa en estudio sino, en todo caso, esa prestación de servicio efectiva e individualizada respecto de alguno de las inmuebles que conforme sus particularidades propias, de zona o región, se viera alcanzado por la actuación pública que se materializase.
En similar línea, indicó que cabía preguntarse si los "...servicios de promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural, de atención a la minoridad y problemática social..." -siguiendo el amplio abanico de servicios constitutivos del hecho imponible descripto por el art. 258 de la ordenanza fiscal- eran efectivamente brindados con relación a la actora o si, por el contrario, se dirigían de manera indiscriminada a la totalidad de los habitantes del municipio, fueran estos propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal, dentro o fuera de urbanizaciones cerradas, simples tenedores -inquilinos- u ocasionales visitantes de la ciudad.
Con ello señaló que no existía nota o trazo alguno que diferenciase a la actora de los restantes sujetos supuestamente beneficiados por el servicio estatal y afirmó que absolutamente todos, por fuera de ser propietarios o poseedores de un inmueble radicado en esa jurisdicción, eran alcanzados por ese genérico servicio, sin caberles distinción alguna que permitiera identificar un concreto, individualizado y diferenciado beneficiario, único a quien podría exigírsele una retribución mediante el cobro de una tasa.
Manifestó asimismo que lo expuesto no significaba desfinanciar ni, menos aún, desconocer que tales genéricas prestaciones tienen un costo; empero, estimó que ello no justificaba la desnaturalización de la tasa, indicando que, en todo caso, otra debería ser la fuente de la que provengan los recursos económicos necesarios para solventarlas.
Siguiendo el esquema descripto, advirtió que la tasa en cuestión también comprendía -como hecho imponible- "...el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos, y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación y su conservación y mantenimiento..."; todos servicios que no se vinculaban con los actores, pues nada podía hacer la comuna en el interior de la urbanización privada sobre espacio público alguno. Añadió que los inmuebles a los que se pretendía vincular con el mentado servicio, ninguna mejora del entorno recibían como consecuencia de esa actividad pública local.
Seguidamente indicó que si lo que pretendía la comuna era estructurar una obligación tributaria que retribuyera el genérico servicio de conservación de espacio públicos, mal podía valerse de la categoría tributaria "tasa", cuando no individualiza ni concreta esa prestación con relación a la actora, más allá de que esta decida utilizar o usufructuar, en ocasión de salir de la urbanización privada, un espacio del dominio público tal como una plaza o un parque, cuyo uso no le está vedado a los meros tenedores de inmuebles ni a los simples transeúntes que ocasionalmente visiten el partido.
Mención aparte hizo de "...los servicios de defensa civil y resoluciones a las situaciones de emergencia...", respecto de los que tampoco entendió viable el tributo, en tanto el municipio no explicó -y menos aún acreditó- de qué manera esa prestación beneficiaba o se materializaba con relación a la accionante en su carácter de titular dominial de una parcela en un barrio privado.
Afirmó que lo dicho no importaba desconocer que tales servicios (defensa civil, resolución de situaciones de emergencia, líneas telefónicas de asistencia) se encontraban organizados y puestos a disposición de toda la población en general; sin embargo, insistió en que nada permitía visibilizar que se materializara o prestara a los contribuyentes de autos en forma individualizada. Y agregó que si bien era cierto que frente a cualquier contingencia que ameritase el auxilio de la autoridad comunal (v.gr. inundación o vientos que amenazaran riesgos) seguramente podría echarse mano al servicio, no lo era menos que esa prestación se encontraba latente para la totalidad de las personas que residan (sean o no propietarios de inmuebles) o circunstancialmente se encontrasen de paso en jurisdicción de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Posteriormente, reseñó que quedaban dentro de ese plexo de servicios que se describían como integrantes del hecho imponible de la tasa los identificados con "...el ordenamiento y control del tránsito y señalización vial [...] el desarrollo y conservación de la red vial y/o pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública...".
Como punto basal para analizar este segmento de servicios, estimó indubitado que ninguno de ellos se prestaba de manera concreta e individualizada con relación al inmueble de la actora, en tanto esas primarias tareas del municipio no eran ejecutadas puertas adentro del barrio cerrado.
Manifestó que ello no importaba desconocer que la actora utilizaba la red vial municipal para acceder al barrio privado, mas evaluó que, de por sí, atendiendo al modo como se describe el hecho imponible de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios, tampoco lo expuesto habilitaba la pretensión tributaria del municipio.
Indicó que, en todo caso, bien podría la comuna ejercer su indubitable prerrogativa tributaria (conf. arts. 5, 123 y concs., Const. nac.; 190, 192 inc. 5 y 193 inc. 2, Const. prov.) y, de considerarlo oportuno, crear un tributo específico en el que (tal como sucede con la Tasa por Uso y Conservación de Caminos Rurales, en la que el hecho imponible radica en la apertura y el mantenimiento de un camino público que permite la vinculación con el inmueble del contribuyente) se describa -desplegando una adecuada técnica legislativa- el hecho imponible de modo tal que permita justificar la pretensión de cobro a los propietarios o poseedores de inmuebles enclavados en un barrio cerrado, por la comunicación que obtiene el emprendimiento en su conjunto con el entramado de calles públicas diagramado, construido y conservado por la autoridad local.
Sostuvo que el hecho de que los propietarios o poseedores de inmuebles registrables enclavados en barrios privados o clubes de campo no debieran abonar la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, no justificaba que la comuna les reclamase el pago de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, en la medida en que esta estructuraba un hecho imponible que además de genérico e impreciso, no permitía visibilizar cómo los servicios retribuidos se prestaban de modo concreto e individualizado con relación a los inmuebles de los actores.
Finalmente declaró, en el caso, la inconstitucionalidad de las normas de la ordenanza fiscal que crean y regulan la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, por afectación del principio constitucional de legalidad en materia tributaria (conf. arts. 17 y 19, Const. nac.; 25 y 31, Const. prov.).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la demandada denuncia errónea aplicación de la ley y vulneración del principio de legalidad. Asimismo, aduce violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte.
II.1. Luego de repasar los alcances doctrinarios del principio de legalidad, sostiene que la tasa tiene como hecho generador la prestación de un servicio público individualizado al contribuyente y que su recaudación y posterior erogació
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