Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76328
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n°3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.328, "Oricchio, María Adela Isabel c/ Poder Judicial -Procuración General- s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Genoud, Torres, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que -a su turno- hizo lugar a la demanda deducida por la doctora María Adela Isabel Oricchio contra la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 10.999, anuló las resoluciones impugnadas y reconoció los años de ejercicio de la profesión de procuradora acreditados por la actora a los efectos del cómputo de la bonificación por antigüedad (v. fs. 212/217).
Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15-XI-2019), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 221/222.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 228), agregada la memoria de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 12-III-2020) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La jueza de Primera Instancia a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la demanda promovida por la doctora María Adela Isabel Oricchio contra la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 10.999 -modificatorio del art. 1 de la ley 10.724- en su aplicación concreta al caso y anuló la resolución 650 de fecha 12 de septiembre de 2017, dictada por el Procurador General de la Suprema Corte, y la anterior de fecha 27 de junio de 2017, emanada del Secretario General de la Procuración.
De ese modo, reconoció a favor de la parte actora los años de ejercicio de la profesión de procuradora acreditados (desde el 29-VIII-1966 al 23-VI-1969), a los efectos del cómputo de la bonificación por antigüedad liquidada en los haberes que percibe como agente fiscal de la Procuración General, como así también con relación a las otras bonificaciones sobre las que incida dicho suplemento por antigüedad, desde el día 12 de abril de 2012, con más intereses a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Finalmente impuso las costas a la vencida (v. fs. 179/186 vta.).
Para así decidir, efectuó las siguientes consideraciones:
I.1. De modo liminar, circunscribió el thema decidendum a dilucidar la legitimidad de las resoluciones administrativas que denegaron a la actora el reconocimiento de la bonificación por antigüedad por el período que ejerciera la procuración, antes de su ingreso al Ministerio Público en el que revista como agente fiscal, a cargo de la UFI n° 8 del Departamento Judicial de Quilmes.
I.2. Seguidamente, sostuvo que los elementos probatorios obrantes en autos acreditaban el presupuesto de hecho invocado en la demanda y resultaban suficientes a los fines del cómputo del rubro antigüedad, ello con base en lo resuelto por esta Suprema Corte en la materia (causa A. 71.972, "Saulquin", integrada por miembros del Tribunal de Casación Penal, sent. de 10-VIII-2016).
I.3. En ese contexto -y al encontrarse acreditado que la demandada no abonaba el rubro en cuestión por el periodo en el que la actora ejerció la procuración- estimó necesario abordar el planteo de inconstitucionalidad efectuado por la accionante sobre la norma actuada para denegar su reclamo (ley 10.724 y su modificatoria ley 10.999).
En ese cometido, señaló que en los fundamentos de la citada ley el legislador, ante la incompatibilidad que crea la asunción del cargo de juez, estimó justo y equitativo contemplar en el concepto de antigüedad los años de ejercicio profesional que los magistrados pudiesen acumular en su foja de servicios a partir de la fecha de inscripción en la matrícula respectiva, no obstante lo cual advirtió que la norma finalmente sancionada, no contempla el ejercicio de la profesión de procurador regulada por la Ley de la Profesión de Abogado y Procurador 5.177.
Luego, realizó un análisis del articulado de la referida ley 5.177 y concluyó que la norma otorga igualdad de tratamiento a las profesiones de abogado, procurador y escribano, circunstancia que -según sostuvo- no se encuentra reflejada en la ley 10.999, dado que ésta solo contempla el ejercicio de la profesión de abogado y escribano, excluyendo de su ámbito a los procuradores.
A tenor de lo expuesto, ponderó que la exclusión que se deriva de la norma legal en crisis, confrontada con el ordenamiento constitucional y tratados internacionales de igual jerarquía (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac. y 11, Const. prov.), no lograba superar el test de constitucionalidad, pues al excluir de su ámbito de aplicación los años de ejercicio de la profesión de procurador, confería un tratamiento desigual con relación a la profesión de abogado, sin que se advirtiera una causa objetiva y razonable que sustentara tal criterio, el cual -concluyó- resultaba inconciliable con el principio de igualdad y no discriminación consagrado en diferentes tratados internacionales con jerarquía constitucional, como así también iba en contra del criterio sentado en la citada causa "Saulquin".
Como corolario de los fundamentos brindados, declaró la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 10.999 -modificatorio de la ley 10.724- en su aplicación concreta al caso, anuló las resoluciones cuestionadas y reconoció los años de ejercicio de la profesión de procuradora acreditados por la actora.
I.4. Finalmente, en torno al planteo prescriptivo, resolvió aplicar -ponderando la fecha de formulación del reclamo administrativo el 12 de abril de 2017- el plazo quinquenal previsto en el art. 2.560 del Código Civil y Comercial de la Nación. En virtud de ello, condenó a abonar las diferencias devengadas -así como otras bonificaciones sobre las que incide el suplemento por antigüedad- desde el día 12 de abril de 2012.
II. A su turno, la Cámara de Apelación del fuero con asiento en la ciudad de La Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de grado. Las costas de esa instancia fueron impuestas a la recurrente vencida (v. fs. 212/217).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada consideró que el fisco recurrente no logró acreditar el error de juzgamiento que alegó configurado en el fallo impugnado.
II.1. En primer lugar, descartó el agravio dirigido a rebatir la conclusión de la iudex , en cuanto tuvo por acreditado el presupuesto de hecho normativo -efectivo desempeño como procuradora de la actora durante el período reclamado- a los efectos del cómputo de la bonificación por antigüedad. Pues, señaló que la ley 10.724 -y su modificatoria 10.999- habilitan a tener por acreditado tal recaudo con la mera inscripción en la matrícula.
II.2. Luego, se abocó al tratamiento de la cuestión de fondo, atinente a la pretendida inconstitucionalidad de la citada normativa, en cuanto no incluye en forma expresa el desempeño profesional como procurador, cuando sí contempla los de ejercicio de la abogacía o escribanía.
Al respecto, sostuvo que dicha cuestión fue resuelta por esta Suprema Corte -si bien con Tribunal integrado- en la causa "Saulquin", en la que se coligió que la distinción que formulaba la norma -de manera indirecta- entre dos momentos diferentes de la carrera profesional en cuestión -etapa de procuración y de abogacía- y la consecuente exclusión de los años de ejercicio profesional de la procuraduría -para el cómputo de la bonificación por antigüedad- lesionaba el principio constitucional de igualdad.
Posteriormente, realizó consideraciones generales sobre la declaración de inconstitucionalidad de las leyes y refirió que en el sub judice se debía realizar un control judicial para determinar la validez de una norma que mereciera la tacha de irrazonable y discriminatoria por omitir incluir los años en el desempeño de la profesión de procurador.
En ese contexto, estimó que resultaban aplicables al caso las pautas interpretativas en las que se estructuró el precedente "Saulquin", más allá de la integración de esta Suprema Corte al momento de dictar dicha sentencia, y ponderó -a todo evento- cuanto se explicitara en dicho precedente, en torno a lo manifestado por este Tribunal en ocasión de intervenir en sede administrativa, en el marco de la resolución del recurso jerárquico oportunamente articulado.
Asimismo, valoró que la normativa cuestionada, contempla los años de prestación de servicios en cualquier cargo de la Administración Pública nacional, provincial y/o municipal para el cálculo del beneficio en cuestión, a pesar de que al tiempo de su ocupación no contare el agente con título profesional alguno (art. 1, ley 10.724 y modif.).
A tenor de lo expuesto, juzgó que la jueza de grado formuló una correcta ponderación de las circunstancias particulares del caso y efectúo una recta y adecuada exégesis normativa, motivo por el cual confirmó la sentencia en crisis.
III. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia: a) violación y errónea interpretación del art. 1 de la ley 10.999, modificatorio de la ley 10.724; b) vulneración del art. 16 de la Constitución nacional y diversas normas de jerarquía constitucional; c) absurdo en la valoración de la prueba y d) violación de la doctrina legal que cita.
III.1. En primer lugar, la recurrente insiste en alegar que la actora no acreditó debidamente el efectivo desempeño de la profesión de procuradora y que ello le impide acceder al reconocimiento de los años que pretende para incrementar su bonificación por antigüedad.
Critica que la Cámara acuda a una suerte de presunción para sostener en su sentencia que la mera inscripción en la matrícula permite tener por probado el ejercicio efectivo de la procuración, cuando -según postula- la matriculación es un acto distinto al ejercicio de la profesión y en la normativa aplicable no rige ninguna presunción de este tenor ni existe doctrina legal de esta Suprema Corte al respecto.
Alega -en consecuencia- que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo valorativo al tener por acreditado el presupuesto fáctico de la demanda sin que medien pruebas que hayan corroborado específicamente dicha circunstancia.
III.2. Seguidamente, manifiesta que en la especie existe violación de la normativa aplicable, producto del erróneo confronte entre los arts. 1 de la ley 10.999 y 16 de la Constitución nacional y diversas normas de jerarquía constitucional.
En ese sentido, descarta la incompatibilidad normativa que juzgó la Cámara para declarar la inconstitucionalidad del art. 1 de la ley citada, puesto que niega la existencia de un quebrantamiento del principio de igualdad y no discriminación derivado de que la norma excluya a la profesión de procurador para el cómputo de la bonificación por antigüedad.
Señala que si bien existe doctrina legal con relación a la inconstitucionalidad del citado precepto legal, sentada en la causa "Saulquin", dicha circunstancia no impide insistir en la defensa de la norma y postular una decisión judicial distinta en punto a su constitucionalidad, en base a la atingencia de los fundamentos que alega y también por la posible variación de los integrantes de esta Suprema Corte, dado que en aquel precedente estuvo integrada por miembros del Tribunal de Casación Penal.
Luego, efectúa una reseña sobre los alcances que la jurisprudencia de la Suprema Corte nacional y provincial le ha ido asignando al principio de igualdad y no discriminación del art. 16 de la Constitución nacional, y destaca que este no impone una igualación ciega o mecánica, sino que eventualmente habilita un trato diferenciado ante circunstancias diferentes.
En dicho marco, postula que en el presente caso no hay un supuesto agravado de discriminaciones sospechosas -vinculadas a cuestiones de sexo, raza, religión o color- que permitan presumir la inconstitucionalidad de la ley, sino un supuesto habitual en el que el legislador establece clasificaciones que se presumen razonables y constitucionales, hasta tanto se demuestre lo contrario por la parte interesada.
A partir de allí, sostiene que el test de constitucionalidad efectuado en la especie, debió haberse realizado ponderando la presunción de constitucionalidad que rige respecto de la norma cuestionada, como así también teniendo en cuenta la existencia de una causa objetiva y razonable para diferenciar la profesión de procurador respecto de las de abogado y escribano, que viene dada por el hecho de que aquella -a diferencia de las otras dos- no resulta suficiente para acceder al cargo de magistrado.
Refiere que la regulación normativa prevista en el art. 1 de la ley 10.999 importó el establecimiento de un régimen singular y de excepción en la materia en análisis, que encierra una elección de política legislativa -al considerar únicamente al ejercicio profesional de la abogacía y de la escribanía a los fines de la bonificación por antigüedad- que se asienta en un criterio objetivo y razonable, que consiste en que solo estas profesiones habilitan para el ejercicio de la magistratura.
Afirma que la sentencia en crisis omitió ponderar esta diferencia central, existente entre la profesión de procurador y las admitidas por la ley para el pago del rubro en cuestión, y solo hizo base en la simple coincidencia de ser actividades afines para derivar de ello que en el caso existe un trato discriminatorio de profesiones similares.
En virtud de lo expuesto, descarta en la especie cualquier afectación al derecho de igualdad, como así también el reproche de irrazonabilidad formulado por la Cámara respecto a la opción de política legislativa plasmada en la norma objeto de debate.
III.3. Finalmente, se opone al plazo de prescripción quinquenal establecido por la jueza de primera instancia por aplicación del art. 2.560 del Código Civil y Comercial, denunciando que la Cámara no efectuó un "un abordaje específico" del punto, por lo que debe tenerse por descartado tácitamente dicho agravio.
Sobre el tópico, postula la aplicación del plazo de prescripción de dos años previsto en el art. 2.562 inc. "c" del citado cuerpo legal, que así lo establece para extinguir las obligaciones periódicas -como son las salariales de empleo- con la finalidad de acortar la mayor extensión que se derivaría del término general de cinco años previsto en su art. 2.560.
En base a dicho temperamento, sostiene que la decisión de los magistrados de grado, de aplicar un plazo de prescripción más largo con relación a un reclamo salarial de empleo público, genera consecuencias gravosas para el fisco provincial y representa un privilegio indebido para la actora.
IV. Me anticipo a señalar que, por las razones que en adelante expondré, en mi parecer el recurso merece acogida.
IV.1. Previo a ingresar en el desarrollo de los fundamentos que justifican tal decisión, creo oportuno, liminarmente, expedirme sobre la objeción formulada por la recurrida, en cuanto postula la inadmisibilidad del recurso extraordinario impetrado por entender que el valor del litigio no supera el monto mínimo establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentación electrónica de fecha 12-III-2020).
Sobre el tópico, resulta menester destacar que el inc. 2 del art. 60 del Código Contencioso Administrativo establece que tal medio revisor solo será admisible cuando el valor de lo cuestionado ante la instancia extraordinaria exceda la suma fijada por el Código Procesal Civil y Comercial. Así, en el caso, en que se cuestiona la decisión del Tribunal de Alzada que reconoció los años de ejercicio como procuradora de la actora a los efectos del cómputo de la bonificación por antigüedad, se advierte que tal importe resulta ser de monto indeterminado a los fines del art. 278 citado, toda vez que su reconocimiento importaría la obligación de satisfacer prestaciones dinerarias que -además de las ya generadas- se devengarían periódicamente en el futuro, tratándose de un derecho subjetivo a una prestación sucesiva que se prolonga en el tiempo, no pudiendo conocerse de antemano el período exacto durante el cual habrían de sucederse (doctr. causas A. 73.656, "Solay", resol. de 17-VI-2015; Q. 73.940, "Nobile", resol. de 22-XII-2015; A. 73.273, "Alarcon", resol. de 4-V-2016; A. 73.990, "Brunz", resol. de 24-II-2016 y Q. 75.499, "Falabella", resol. de 2-V-2019).
IV.2. Ingresando ahora al tratamiento del recurso extraordinario interpuesto y conforme surge del relato de antecedentes, en sustancia el recurrente sostiene la constitucionalidad del art. 1 de la ley 10.999, considerando que dicha norma -que habilita para el cómputo de la antigüedad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial los años de ejercicio en las profesiones de abogado y escribano, sin contemplar la de procurador-, lejos de establecer un trato discriminatorio y contrario a la igualdad, encuentra fundamento en un criterio objetivo y razonable, cual resulta ser que solo estas profesiones habilitan para el ejercicio de la magistratura.
A partir de allí, argumenta que de ningún modo se ven afectados los principios de igualdad y razonabilidad, sino que tal distingo encuentra fundamento en razones de política legislativa.
IV.3. La atenta lectura del art. 1 de la ley 10.999 deja en evidencia que el haber ejercido la profesión de "abogado o escribano" es condición necesaria para poder computar esos años de profesión liberal dentro del concepto de antigüedad correspondiente a la función de magistrado o funcionario del Poder Judicial provincial, recaudo que viene impuesto literalmente por los términos de la norma, no surgiendo incluido en el texto legislativo ninguna otra referencia a una profesión distinta de aquellas.
Fue a partir de este primer análisis -literal- de la norma, que esta Suprema Corte -en ejercicio de la función administrativa y ante reclamos análogos promovidos por magistrados- consideró que el enunciado legal debía interpretarse con carácter estricto, concluyendo de ese modo que "...ante la claridad de la disposición normativa, la posibilidad de contar años no laborados en la magistratura o en el Poder Judicial, sino en el ejercicio profesional importa un beneficio especial que no consiente extensión analógica..." (cfr. resol. SCBA 2.955/09, la cual a la postre fuera revocada en el precedente "Saulquin"; en similar sentido, la más reciente resol. SCBA 1.018/18).
IV.4. Ahora bien, frente al reproche constitucional que formulara la parte actora -que fuera receptado en las instancias anteriores- corresponde indagar si la norma cuestionada revela una omisión legislativa discriminatoria y arbitraria que derive en una inconstitucionalidad del precepto por violación del principio de igualdad, o si, por el contrario, -como lo sostiene el recurrente- ella encuentra fundamento en algún criterio objetivo y razonable.
A tal fin, cabe recordar, que la primera fuente de interpretación de las normas positivas es su letra (Fallos: 307:2153; 312:2078 y 314:458; e.o.) y que sus palabras deben entenderse empleadas con el significado que tienen
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