Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75947
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.947, "Pedersen, Enrique Martin c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Pettigiani, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (v. fs. 445/455). En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia -aunque por otros fundamentos- que había desestimado la impugnación promovida contra la resolución 1.041/15 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en los términos del art. 64 del Código Contencioso Administrativo.
Disconforme con ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29 de marzo de 2019) el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 459 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 461) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que al recurso extraordinario interpuesto interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, advirtió que su análisis se ceñiría únicamente a aquellos agravios que presentaran conexión con el marco del debate propuesto por el actor en ocasión de promover la impugnación del acto particular en los términos del art. 64 del Código Contencioso Administrativo.
I.1. Al efecto recordó que como consecuencia de lo sentenciado por esa Cámara el 27 de mayo de 2014 (conf. fs. 253/270), el Banco demandado dictó la resolución 1.041/15 -obrante a fs. 312/321- por la cual se dispuso exonerar al agente Pedersen por encontrarlo responsable de los cargos que le fueran formulados en los sumarios administrativos 11.367, 11.730 y 11.814, encuadrando su conducta en la trasgresión de los arts. 21 inc. "a" y "t" y 22 inc. "n" del Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires y de los arts. 24 inc. "c" y 25 inc. "c" del Reglamento de Disciplina, con los agravantes previstos en los arts. 11 inc. "b" -jerarquía- "c" -reiteración- y "d" y 12 del citado plexo normativo. En ese mismo acto se dispuso -de un lado- prorrogar la suspensión preventiva del agente hasta tanto quedara firme la sanción aplicada y -del otro- encomendar que se evalúe la procedencia, oportunidad y conveniencia de promover acciones contra el agente Pedersen tendientes a obtener el recupero de la suma de $278.244,05, producto de su participación culposa no excusable en el evento dañoso investigado.
En ese contexto indicó que, el 22 de diciembre de 2016, el Banco de la Provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por Pedersen contra la nueva resolución 1.041/15 (cfr. fs. 395/399). Ante ello, el actor articuló -a fs. 402/407- impugnación en los términos del art. 64 del Código Contencioso Administrativo, incidente que fue considerado tempestivamente incoado según sentencia de esa Cámara de fs. 419/422.
En su escrito, Pedersen argumentó que el nuevo acto dictado desinterpreta e inaplica el instituto de extinción y prescripción de la acción y de la pena disciplinaria, reglado en el art. 14 del Reglamento de Disciplina, en su momento esgrimido en su descargo (acompañado a autos a fs. 325/331 vta.); también, que el acto de exoneración posee vicios de procedimiento por violación de la garantía de juzgamiento en tiempo razonable.
I.2. El juez de primera instancia, en oportunidad de dictar sentencia en el incidente admitido (con fecha 27 de septiembre de 2018), luego de relatar las posturas de los contendientes en torno a la resolución 1.041/15 así como respecto del acto administrativo confirmatorio del 22 de diciembre de 2016, y tras sopesar la sentencia de fs. 253/270 emitida por la Cámara interviniente con más aquel pronunciamiento que concedió a la demandada una ampliación de ciento veinte (120) días a fin de que cumpla con lo ordenado en el fallo definitivo de fecha 27 de mayo de 2014, verificó que el Banco dictó -el día 6 de agosto de 2015- la resolución 1.041/15, que dispuso exonerar a Enrique Martín Pedersen, poniendo fin de esta forma a los sumarios administrativos seguidos al accionante.
A partir de ello, juzgó que la demandada ejerció su facultad sancionatoria mediante el dictado de la resolución 1.041/15 como consecuencia de lo ordenado por la Alzada y, por tanto, concluyó se imponía el rechazo de las impugnaciones formuladas por el actor basadas en la prescripción de la acción y de la pena, como de la lesión a la tutela efectiva en el procedimiento administrativo.
Finalmente, descartó el a quo el cuestionamiento efectuado respecto a la violación de la garantía a ser juzgado en tiempo razonable, al entender que dicha resolución fue emitida por el organismo accionado dentro del plazo concedido en autos a tal fin.
Por último, respecto a las costas, el sentenciante ponderó las particularidades del caso y las impuso en el orden causado (art. 51 inc. 1, CCA -modif. por ley 14.437-).
I.3.a. Ahora bien, adentrado a resolver los planteos efectuados por el actor, el Tribunal de Alzada advirtió que debían descartarse todos aquellos planteamientos novedosos que en esa instancia de apelación intenta introducir el recurrente, cuestiones que son producto de una reflexión tardía, inhábil para fundar el remedio interpuesto.
En efecto, si bien bajo el ropaje de su original planteo prescriptivo y/o de violación a la garantía de ser sumariado y sancionado disciplinariamente en un plazo razonable, en el escrito de apelación el actor intenta colar al debate cuestiones que permanecieron ajenas al proceso de ejecución instado bajo el molde del art. 64 del Código Contencioso Administrativo. Así, se refirió específicamente a la posible conculcación de un conjunto de derechos y garantías constitucionales que ahora denuncia con motivo del prolongado período de suspensión preventiva, temática que con solo releer atentamente el escrito de fs. 402/407, jamás conformaron el thema decidendum de esta parcela final del litigio.
I.3.b. Efectuada dicha salvedad, indicó que, en primer término, analizaría el planteo prescriptivo de la prerrogativa sancionatoria esgrimido por el agente exonerado.
Para ello, advirtió que dos aspectos merecen su atención, a saber: de un lado, si hasta el acto nulificado por esa Cámara en el procedimiento sumarial hubo acaecido o no la extinción de la prerrogativa disciplinaria; de otro, si el tiempo que insumió el proceso de la pretensión anulatoria que concluyera con la sentencia definitiva emitida por esa Alzada el 27 de mayo de 2014 no debía considerarse a los fines del cómputo de la prescripción de la prerrogativa sancionatoria.
Señaló -liminalmente- que la declaración de nulidad de lo actuado en el sumario 11.730 no tuvo ninguna influencia en el ejercicio de la prerrogativa sancionatoria ejercida por el Banco en los sumarios 11.367 y 11.814 (como bien se resaltara en el apartado II.2.e. del voto que concitara adhesión), por fuera exclusivamente de la resolución única dictada para los tres sumarios que fue anulada hasta tanto se saneara lo omitido en la investigación 11.730. Así sostuvo que el modo como fue estructurada la defensa de prescripción se desentiende de tal realidad procesal, por lo que no podría entenderse que la parcial nulidad decretada por el fallo de esa Cámara respecto del sumario 11.730 pudiera -en los términos formulados por el impugnante- poseer efectos extintivos de la facultad disciplinaria ejercida regularmente por el Banco en los sumarios 11.367 y 11.814.
Con ello sentado, juzgó que tampoco fue alcanzada por la prescripción la prerrogativa sancionatoria ejercida respecto de la falta investigada en el sumario 11.730. En esa labor señaló que, siendo que el propio actor aduce -siguiendo a la instrucción- que la falta investigada en ese procedimiento disciplinario se habría cometido el 11 de marzo de 2003, fácil resulta advertir que en la oportunidad en que esa Alzada decretó la nulidad del trámite sumarial -fs. 1.755 bis- hacía tiempo ya que había acontecido uno de los supuestos de interrupción de la prescripción, a saber: la iniciación de actuaciones sumariales (art. 14, inc. "b" del Reglamento de Disciplina).
Así, concluyó que todo el tiempo transcurrido desde la comisión de la falta y hasta el inicio del sumario (24 de marzo de 2003, v. fs. 51) quedó borrado a los fines del cómputo prescriptivo; renaciendo el plazo el día siguiente a la iniciación del sumario (esto es, el 25 de marzo de 2003). Por tanto, los cinco (5) años del plazo de prescripción no habían transcurrido al 14 de marzo de 2008 (fecha del paso procedimental anulado por esa Alzada), descartando así el principal argumento del actor en esta parcela.
Para más, advirtió que en nada modifica lo anterior el novedoso intento del actor de blandir la prescripción al tiempo del dictado de la primigenia resolución 1.267/08, del 18 de septiembre de 2008, por cuanto esa defensa no estuvo incluida dentro del arsenal impugnatorio de la pretensión anulatoria de fs. 80/94 y ampliación de fs. 104, incoada precisamente contra aquel acto de la entidad bancaria. Sostuvo que ese nuevo argumento fue alcanzado por el instituto de la preclusión procesal y no habiéndose esgrimido oportunamente, mal cabría habilitar su tratamiento en esa etapa procesal avanzada -luego de la emisión de sentencia definitiva- de aquella acción anulatoria.
I.3.c. Igual temperamento adoptó en referencia a la alegada violación al derecho de ser juzgado en un tiempo razonable, con cita de dos precedentes de la Corte Nacional.
Explicó que la resolución 1.267/08 (del 18 de septiembre de 2008), que puso fin conjuntamente a tres sumarios administrativos seguidos contra el actor, llevó siete años de procedimiento disciplinario, computados desde la apertura del más antiguo y poco más de cinco años desde el inicio del último.
Destacó que una vez dictada aquella resolución, el actor la impugnó judicialmente el 28 de abril de 2009, proceso que luego de recorrer las dos instancias ordinarias del fuero contencioso administrativo, culminó con la sentencia del 27 de mayo de 2014, abarcando un lapso de poco más de cinco años, hasta llegar a la sentencia que otorgó al demandado un plazo para que saneara el procedimiento del sumario 11.730, -pues los otros dos no tuvieron irregularidades- y dictara un nuevo acto conjunto sopesando el resultado de los tres trámites disciplinarios. Extremo que, aclaró, el banco acreditó cumplir mediante la resolución 1.041/15, un año y medio después de la sentencia de Cámara que se lo ordenaba.
Precisó que contra este nuevo acto el actor, no obstante tener habilitada la vía del art. 64 del Código Contencioso Administrativo, eligió interponer un recurso administrativo optativo que fue resuelto por el banco demandado el 22 de diciembre de 2016. De modo que, recién articuló la revisión judicial de la resolución 1.041/15 -y su confirmatoria- el 16 de junio de 2017 y obtuvo sentencia desfavorable el 27 de septiembre de 2018, esto es, transcurrido un año y tres meses de actuación jurisdiccional.
Concluyó que los antecedentes reseñados daban cuenta de que no se había quebrantado ninguno de los derechos que el agente exonerado afirmaba le habían sido conculcados.
Agregó que, formulando el cómputo más favorable al sumariado, el tránsito administrativo para investigar tres conductas diversas del ex agente, consumió en una primera etapa siete años y luego, en cumplimiento de un mandato judicial, un año y dos meses, lo que totalizaba ocho años y dos meses. A ello debían adicionarse, los cinco años del proceso anulatorio, con dos instancias judiciales y el año y tres meses del contralor judicial en el marco del art.64 del Código Contencioso Administrativo, del acto de exoneración dictado con motivo de la sentencia definitiva del proceso principal. Añadió que, aunque la sumatoria arroje un período que abarca una década y media aproximadamente, no es menos cierto que, la propia fragmentación entre de un lado el procedimiento sumarial originario y el proceso anulatorio principal, que insumieron doce años aproximadamente y, la actuación administrativa en cumplimiento del mandato judicial y revisión judicial a través del incidente de ejecución de sentencia del art. 64 del Código Contencioso Administrativo, comprendieron un total de dos años y medio, aproximadamente.
Al respecto, con base en precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sostuvo que las circunstancias de tiempo reseñadas, permitían trazar un adecuado y suficiente distingo con los escenarios sopesados en aquellas causas, en las cuales solo el sumario ante la autoridad administrativa y la intervención en única instancia de un solo órgano del poder judicial insumieron un lapso bastante superior al aquí constatado (v. fs. 455).
II. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (v. presentación electrónica del 23 de marzo de 2019), la parte actora denuncia errónea apreciación de los antecedentes recursivos y fundamentos de la pretensión que dedujera, violación de los arts. 17, 18, 19 in fine , 75 incs. 22 y 23 de la Constitución nacional; 10, 15, 31, 39, 57 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 163 incs. 5 y 6, 164, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, 59 y concordantes del Código Contencioso Administrativo, 14, 3 incs. "h" y "g" del Reglamento de Disciplina del Banco; 103 y 117 del decreto ley 7.647/70.
Afirma que se vulneró su derecho de defensa, desconociendo la extinción de la potestad disciplinaria y la garantía de juzgamiento en tiempo razonable, como así también el debido proceso legal y los derechos del trabajador.
Luego de reseñar los antecedentes de la causa, impugna la sentencia de la Alzada reiterando planteos que han sido vertidos en presentaciones anteriores (v. punto III y IV).
Discrepa con la apreciación de la Cámara de no tratar la defensa vinculada con la prescripción de la potestad disciplinaria en virtud del principio de preclusión procesal, pues argumenta que éstas fueron introducidas al promover el incidente de impugnación de fs. 402/407, cuando se refirió a que mantenía "todos los postulados en demanda y posteriores presentaciones de su parte", (v. punto VI.1.4).
Sostiene -por ello- que la Cámara se apartó de las constancias de la causa al no pronunciarse sobre tales cuestiones so pretexto de no haber conformado el "thema decidendum" de esta parcela final de litigio.
De tal modo, aduce que los términos en que fue rechazado este planteo por la Alzada impiden su concreta refutación, sin perjuicio de lo cual sostiene que resulta errado afirmar que la declaración de nulidad de lo actuado en el sumario 11.730 -a partir de la fs. 1.755 bis-, no tuvo ninguna influencia en el ejercicio de la prerrogativa sancionatoria ejercida por el Banco en los otros dos sumarios 11.367 y 11.814, en tanto el nuevo acto a dictarse pondría fin a las tres investigaciones disciplinarias.
Colige de ello que la accionada debió dictar una nueva resolución que ponga fin a los otros dos sumarios, 11.367 y 11.814, de conformidad con la declaración judicial invalidante del 27 de mayo de 2014.
Reitera que el plazo que transcurrió desde el inicio del proceso de impugnación deducido por el actor y el que insumió la acción contenciosa administrativa, no pueden tener efecto suspensivo y beneficiar a la entidad demandada en relación a la vigencia de la potestad sancionatoria.
Insiste por ello que en el caso debe declararse la extinción de la potestad disciplinaria de conformidad con lo previsto en el art. 14, en función del art. 3 inc. "h" y "g" del Reglamento de Disciplina del Banco, sobre la base de que, a su entender, la nulidad declarada por la Cámara el 27 de mayo de 2014, "porta tal efecto inhábil " (sic) a la actividad persecutoria comprendida entre el 28 de enero de 2008 al 21 de julio de 2014, representativos de 6 años, 5 meses y 23 días, tiempo que -afirma- indica la perención del poder disciplinario en dicha sede.
De tal modo entiende que la a quo no apreció debidamente el concreto embate que planteara, y señala que la resolución en crisis supone admitir procesos disciplinarios de duración y efectos interminables, opuestos al principio de legalidad y a la doctrina legal de esta Corte, que cita (v. punto VI.2.3).
Asimismo, se agravia de que el Tribunal con fundamento en el principio de preclusión procesal, desestimara la defensa de prescripción en relación al tiempo transcurrido hasta el dictado de la resolución 1.267/08, por no haber sido introducida al momento de iniciar la pretensión anulatoria y aún más, luego de emitida la sentencia definitiva de ésta misma acción, pues en su criterio, debió ser advertida por el Tribunal de oficio.
Seguidamente reedita el agravio sobre el decisorio del 2 de febrero de 2016, que declaró abstracto el recurso de apelación deducido contra la prórroga concedida en primera instancia a la entidad demandada para que dictara el nuevo acto que pondría fin a los tres sumarios en curso, pues entiende que ello importó desconocer la existencia de la cosa juzgada respecto al plazo que le había fijado anteriormente, mediante las resoluciones del 27 de mayo de 2014 y del 14 de abril de 2015.
Advierte que, esta Suprema Corte dejó abierta la posibilidad de discutir temas en la resolución dictada en la Causa Q. 74.217, cuando dispuso que la decisión en crisis no era de carácter definitivo y podía ventilarse en el trámite incidental previsto por el art. 64 del Código Contencioso Administrativo; donde expresamente se mantuvo como agravio.
Argumenta además que, en el caso se ha violado la doctrina que impone el control de oficio sobre la existencia de la cosa juzgada. Y adiciona que el fallo ha transgredido los efectos de la preclusión procesal, que impedían reabrir el debate sobre la validez o invalidez de la prórroga dictada por la instancia de grado.
Finalmente sostiene que se ha vulnerado la garantía de juzgamiento razonable, por la sumatoria de 15 años que arrojan las actuaciones sumariales y el proceso judicial. Concluye así, que el fallo recurrido no supera el test de razonabilidad.
III. El recurso no puede prosperar atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco del cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados con suerte adversa ante las instancias de grado, reproduciendo agravios que lejos están de patentizar los yerros que se le imputan al fallo y que, antes bien, se circunscriben a exteriorizar una mera disconformidad con el sentido de lo resuelto, evidenciando un punto de vista subjetivo y discrepante que intenta hacer prevalecer por sobre el de los magistrados, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura la sentencia impugnada (doctr. causa A. 73.210, "Emar Salud S.R.L.", sent. de 18-IV-2018 y A. 75.622, "Torres", sent. de 27-VIII-2020).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva, habida cuenta que los reproches que se presentan como agravios y causales de casación, no hacen más que reeditar argumentos ya desestimados en la causa, sin lograr asestar un embate preciso que permita desbaratar el razonamiento en que se funda la decisión impugnada.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.