Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75566
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.566, "Maycar S.A. c/ ARBA y ot. s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Genoud, Kogan, Soria, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria deducida por la actora; dejó sin efecto la sentencia 2.306 de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación, en cuanto había confirmado la determinación de obligaciones fiscales y la extensión de responsabilidad solidaria resueltas mediante la disposición delegada n° 1.966/12, dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA); declaró la prescripción de la deuda reclamada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente a los períodos comprendidos entre el 1/2005 y el 3/2006; ordenó la devolución del importe abonado en cumplimiento del requisito de pago previo, con más un interés desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días; e impuso las costas a la demandada, en su calidad de vencida (v. fs. 248/253).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 257/271), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 273/274).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 280), presentado el memorial de la actora (v. presentación electrónica de fecha 29 de octubre de 2018) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que interesa destacar, la Cámara interviniente declaró la prescripción de la deuda reclamada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente a los períodos comprendidos entre el 1/2005 y el 3/2006, que había sido determinada mediante la disposición delegada n° 1.966/12, parcialmente confirmada luego por la sentencia 2.306 de la Sala II del Tribunal Fiscal de Apelación.
Para así decidir, adujo que el caso debía regirse por las disposiciones del Código Civil (ley 340), debido al principio de irretroactividad de las leyes y en virtud de no configurarse el supuesto previsto en el art. 2.537 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), sin perjuicio de la posterior entrada en vigencia de este último cuerpo normativo.
Recordó que según lo establecido por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo dispuesto por los códigos de fondo.
Añadió que en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión de Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, entre otras, esta Suprema Corte provincial adhirió a la doctrina de la causa "Filcrosa", pronunciándose a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Razonó que, con arreglo al art. 3.956 del Código Civil, el término de prescripción quinquenal de obligaciones como las aquí controvertidas, que deben pagarse por años, comienza a correr desde el día 1 de enero siguiente al año en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
De allí extrajo que el plazo atinente al período 2006 (el más reciente de los discutidos en autos) debe computarse desde el día 1 de enero de 2007 y que feneció el día 1 de enero de 2012, motivo por el cual consideró que, al momento de dictarse y notificarse la disposición delegada n° 1.966/12, las obligaciones fiscales controvertidas ya se encontraban prescriptas.
Manifestó que no alteraba lo expuesto la invocación del art. 161 inc. "c" -último párrafo- del Código Fiscal (t.o. 2011), debido a que la utilización de la causal de suspensión allí regulada implicaría una extensión indebida del plazo de prescripción regulado por el Código Civil.
Por las razones constitucionales antes mencionadas, entendió que quedaban desplazados los arts. 159 y 161 inc. "c" -último párrafo- del Código Fiscal (t.o. 2011), en beneficio de la subsunción del caso en las referidas reglas del derecho común.
II. Mediante el recurso de inaplicabilidad interpuesto, la Fiscalía de Estado denuncia la violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y 5, 121 y 123 de la Constitución nacional. Alega, asimismo, errónea aplicación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y -como consecuencia de todo lo anterior- de los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Luego de reseñar los antecedentes del juicio, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (CSJN Fallos: 326:3899), en especial debido a las implicancias de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, que -en su visión- demuestran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Plantea que, además, aquella conlleva la facultad de establecer el modo de computar los términos y sus causales de suspensión e interrupción.
Concluye que los arts. 159 y 161 del Código Fiscal resultan constitucionales, que el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso el poder de legislar sobre relaciones de derecho privado y no público como en el caso y que los arts. 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil resultan por lo tanto inaplicables en la especie.
Al abordar lo que denomina "Las específicas circunstancias fácticas ocurridas en autos que demuestran que las potestades fiscales no han prescripto" (fs. 266/268), analiza de manera particularizada lo dispuesto por el art. 161 incs. "a" y "c" -último párrafo- del Código Fiscal (t.o. 2011).
Apunta que, de acuerdo con lo previsto en la segunda de dichas disposiciones, la notificación de la decisión de inicio del procedimiento, practicada el día 14 de noviembre de 2011, suspendió el curso de la prescripción por ciento veinte días, de manera tal que, al momento del dictado de la resolución determinativa, las facultades del Fisco se encontraban plenamente vigentes.
Añade que, a tenor de lo dispuesto por la primera de las normas citadas, el plazo de prescripción queda suspendido también por la notificación de ese acto determinativo y que esta situación se extiende hasta noventa días después de que la autoridad de aplicación reciba las actuaciones administrativas, lo que en el caso se hubiera producido el día 24 de abril de 2017. De allí extrae que, a la fecha de promoción de la demanda (20 de febrero de 2017), no habían fenecido aún las acciones para reclamar el período más antiguo (enero de 2005) ni los posteriores.
III. Por los fundamentos que a continuación expondré, considero que el recurso no prospera.
Recientemente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108 y 332:2250 (e.o.), haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en ese supuesto -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. CSJN Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires", Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada ut supra .
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad deducido por la Fiscalía de Estado, con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto de mi distinguido colega, doctor Torres, sobre la base de las siguientes consideraciones.
En la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, esta Suprema Corte, por mayoría que integré, entendió aplicable la doctrina legal emergente de la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, a los aspectos complementarios del plazo de prescripción de las obligaciones tributarias provinciales. En virtud de ello, el caso fue subsumido en las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no en lo dispuesto por el Código Fiscal local.
Esta tesis, por lo demás, sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Filcrosa", ha sido ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (CSJN Fallos: 342:1903).
Sobre la base de lo decidido en la antes mencionada causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sustancialmente análoga a la presente, a la que remito para evitar repeticiones innecesarias, se impone en la especie descartar los agravios de la Fiscalía de Estado relacionados con la aplicación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011).
Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
En tal sentido, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Disiento con los votos que me preceden pues entiendo que corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, dado que encuentro configurada la denunciada violación de las normas locales contenidas en el Código Fiscal en torno a la prescripción de las obligaciones tributarias provinciales.
Tal como he señalado en numerosos precedentes, si bien mi postura anterior era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional, a través de un renovado estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales y a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), he modificado ese criterio para establecer que en la materia deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo. Ello en virtud de los argumentos que detenidamente se desarrollan en el voto del doctor Soria recaído en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L. s/ Apremio provincial", sentencia de 16-V-2018, al que en su momento adherí y adonde corresponde remitirme en honor a la brevedad.
Las mismas razones que llevaron en aquel caso a concluir que el Código Civil -ley 340- no regía el modo de cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local conducen en el presente a adoptar idéntica decisión con respecto a la causal de suspensión alegada, por cuanto también esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado en las disposiciones tributarias de esta Provincia (conf. mi voto, causa A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020).
II. Por otro lado, en consideración a la referencia que efectúan mis colegas con relación a determinados precedentes, recuerdo que -tal como he indicado en otras oportunidades- las sentencias que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación no resultan vinculantes (conf. causas C. 110.813, "Puñet", sent. de 16-IV-2014; C. 117.220, "Guidi", sent. de 26-VI-2013 y C. 98.403, "Uriz", sent. de 9-VI-2010).
III. Por lo expuesto, considero que corresponde hacer lugar al recurso articulado por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, deberá devolverse este expediente a las instancias anteriores a los efectos de dictar un nuevo pronunciamiento conforme a lo previamente establecido.
Atento el modo en que se resuelve, las costas del proceso deben imponerse por su orden (conf. art. 68 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Habré de acompañar la solución propuesta por la doctora Kogan, quien ha tenido la deferencia de citar mi voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA" (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "...noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor Juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
I.3. Consecuentemente, por aplicación de los arts. 159 y 161 incs. "a" y "c" del Código Fiscal (t.o. 2011), y tal como lo señala la doctora Kogan, corresponde acoger el recurso y ordenar que se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción con relación a la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a la firma Maycar S.A.
II. Sin embargo, dado lo precedente, cobra virtualidad a través del instituto de la apelación adhesiva el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte actora a fs. 168 y siguientes de la demanda, que fuera desplazado por la forma en la que resolvió la Cámara (conf. causas C. 102.197, "Dukart", sent. de 8-VIII-2012; A. 74.278, "Bunzel", sent. de 28-VIII-2019; A. 75.163, "Coria", sent. de 23-XI
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