Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72528
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 72.528, "Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Kogan, Soria, Torres, Borinsky, Violini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397 y desestimó la demanda interpuesta (v. fs. 134/140).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 144/153 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 155/156).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 175), agregado el memorial de la demandada (v. fs. 166/174) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397 y desestimó la demanda interpuesta.
I.1. Para así decidir, señaló en primer lugar que, en la causa "Filcrosa" (CSJN, sent. 30-IX-2003), cuya doctrina fue receptada por este Tribunal en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta Limitada", sentencia de 30-V-2007, se sostuvo la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Indicó que los antecedentes descriptos demarcaron un nuevo giro en la cuestión debatida en autos, que no se limitaba a la aquiescencia del plazo prescriptivo contenido en el Código Civil, sino que proyectaba su exégesis a todo el sistema de prescripción (incluidos los supuestos de suspensión e interrupción), asignándole preeminencia a la legislación de fondo en la materia tributaria local, por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente el entonces art. 119 del Código Fiscal (actual art. 158, t.o. resol. ME 39/11).
I.2. Asimismo, recordó que en numerosas causas había dispuesto que la novación, como instituto de derecho común regulado en el Código Civil, constituía la sustitución de una obligación que se extingue por otra destinada a reemplazarla, que difería de la primera por algún elemento nuevo, no siendo presumible la intención novatoria, la que requería que la voluntad de las partes se manifestase claramente. Sostuvo que para acreditar la novación debía acompañarse el instrumento del que surgiera tal manifestación de voluntad, ya que, en caso contrario, debía estimarse que no había existido (conf. arts. 812 y concs., Cód. Civ. -ley 340-).
Razonó que ante la falta de esa intención no se extingue la primitiva obligación, subsistiendo con todos sus atributos y efectos. Agregó que tampoco podía un eventual reconocimiento de imposibilidad de pago operar como novación de la deuda, la que en tal caso continúa sometida al mismo término de prescripción.
Consideró que, para que exista novación objetiva, las obligaciones sustitutivas en cierta medida deben ser diferentes de las anteriores o innovar en determinadas modalidades del vínculo obligacional, requiriéndose -entre otros elementos- la existencia de la intención o voluntad de novar, la que debe ser clara y no se presume, resultando improponible la novación unilateral efectuada ministerio legis por el Estado (conf. arts. 801, 944, 812, 874 y doctr. 2.567, Cód. Civ.), puesto que es necesario un expreso acuerdo de partes que guarde relación con la obligación originaria (conf. art. 812, Cód. Civ.).
Agregó que un temperamento contrario importaría reconocer en el Estado la permanente atribución de alongar los plazos prescriptivos, a expensas de su solo arbitrio, vulnerando el principio de estabilidad de las relaciones jurídicas y las previsiones contenidas en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Indicó también que, por imperativo de supremacía constitucional, debía prevalecer la aplicación de la mentada norma sustantiva (art. 801, sigs. y concs., Cód. Civ.) frente a la pretensión de considerar novada la obligación fiscal por imperio de un precepto local (art. 48, ley 12.397) que, en tanto no respondía a la configuración de los presupuestos de la novación contemplados por el derecho común como medio de nacimiento de una nueva obligación, quedaba desplazado en su aplicación.
Con ello afirmó que la novación consignada en los arts. 48 y siguientes de la ley 12.397 constituía una invasión a la materia legislativa propia del Estado federal, en tanto el cumplimiento de las obligaciones es una cuestión contemplada por el Código Civil, reservada a la Nación y ajena a las Provincias, resultando aquella previsión legal incompatible con la Constitución nacional, conforme lo establecido por la Corte nacional en la causa "Filcrosa".
Concluyó que la manda legal del art. 48 de la ley 12.397, en tanto acto unilateral del estado, en su aplicación al caso, no reunía ninguno de los mentados caracteres que tipifican una hipótesis de novación, sino que resultaba inconstitucional, por lo que entendió verificado plenamente el transcurso del plazo de cinco años y, en consecuencia, operada la prescripción liberatoria de las obligaciones fiscales por los períodos 1995 y 1996, tal como lo resolviese el Tribunal Fiscal de Apelación y lo confirmase el juez de grado.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación del art. 48 de la ley 12.397.
II.1. Señala que esta normativa propició una consolidación de las deudas tributarias al 1 de enero de 2000 a través de la figura de la novación y -simultáneamente- el establecimiento de un régimen que permitiera la regularización de las situaciones morosas, en idénticos términos a la normativa que estuvo en vigencia durante el año 1999, lo que resulta compatible con el principio de reserva de ley aplicable en la materia tributaria.
Advierte que para las deudas que resultaron consolidadas al 31 de diciembre de 1999 se previó un nuevo régimen de facilidades, por el que, comunicada la deuda o reconocida espontáneamente, se recalculaba y reemplazaba el costo por mora que disponía el art. 75 del Código Fiscal, por un interés del 6% anual no acumulativo, no siendo por tanto el fin de la ley prorrogar el plazo de prescripción exclusivamente.
II.2. Denuncia indebida aplicación del régimen de novación previsto en el Código Civil y alega que este resulta compatible con el previsto en la norma local declarada inconstitucional.
Plantea que es innecesario un acuerdo de voluntades para la novación de una deuda tributaria, de modo que no es este un fundamento válido para sustentar su inconstitucionalidad. Aduce que la obligación tributaria no se perfecciona mediante un acuerdo de voluntades tradicional, sino que surge de la ley y -por ende- que no se puede exigir válidamente la voluntad como elemento y condición sine qua non para su extinción y renacimiento.
Sostiene que, si bien el legislador utilizó un instituto que en el derecho civil tiene regulación propia, ello no significa que deba aplicársela en las relaciones de derecho público, sino que debe admitirse su adaptación a esta materia.
II.3. Alega que el propio Congreso nacional, en materia de novación de deudas estatales, admitió la posibilidad de disponerla en forma unilateral por el Estado. Así señala que sucedió con la ley 23.982, que en su art. 17 disponía la novación, como también con la ley 25.344.
Aduce que en la causa "Cabe Estructuras S.C.", sentencia de 2-XI-2004, y en otras similares, la Corte nacional sostuvo que la consolidación de deudas importaba la novación de la obligación original.
II.4. Asimismo, manifiesta que en la causa "Barreto", sentencia de 21-III-2006 (Fallos: 329:759), el Máximo Tribunal nacional resolvió que no debía sustanciarse en el ámbito de su competencia originaria la responsabilidad extracontractual por la presunta falta de servicio de la Provincia de Buenos Aires, por no tratarse de una causa civil, en los términos del art. 24 inc. 1 del decreto ley 1.285/58, ya que se trataba de una materia de derecho administrativo local. Agrega que surge de allí que aun cuando ante la ausencia de reglas propias del derecho público deban aplicarse subsidiariamente las disposiciones del Código Civil, estas pasan a integrar el plexo de normas provinciales.
Deduce que, en materia de los gobiernos locales, la regulación legislativa no se encuentra subordinada a las normas del Código Civil, sino que estas últimas integran el ordenamiento provincial solamente ante la falta de disposiciones propias.
II.5. Expresa que la novación prevista se enmarca en el derecho público del poder legislativo provincial, como un mecanismo directamente vinculado con los dispositivos de percepción impositiva, para los casos en que se haya constatado un incumplimiento a las obligaciones tributarias.
Entiende que la norma local resulta una manifestación del poder público enderezado a la debida y oportuna percepción de la renta, conforme el modelo del régimen federal argentino.
En esta línea argumental, indica que en materia tributaria los estados provinciales regulan las formas y los mecanismos para el cobro y la adecuada percepción de los impuestos, que no fue delegada por las provincias a la Nación (conf. arts. 5, 123 y 126, Const. nac.), dado que ellas solo delegaron la legislación de fondo (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Al igual que en la causa A. 72.295, "Yell", sentencia de 23-II-2021, sustancialmente análoga a la presente, he de recordar que en los autos A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos" , sentencia de 16-V-2018, tuve oportunidad de ratificar la prevalencia de las normas de la legislación de fondo por sobre las del Código Fiscal provincial en materia de prescripción, según la línea argumental que la mayoría de este Tribunal sostuviera en la causa C. 81.253, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Incidente de revisión en autos: Cooperativa Provisión de Almaceneros Minoristas de Punta Alta Ltda. s/ Concurso Preventivo", sentencia de 30-V-2007, como así también en las causas C. 82.282, C. 84.445, C. 84.976 y C. 87.124, en sentido concordante con el criterio fijado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), más allá de mi opinión personal, volcada en los precedentes referidos.
Sostuve en la causa A. 71.388, recién citada:
"...el thema decidendum en autos desborda la mera disputa referida a la potestad legisferante en materia de fijación de los plazos prescriptivos, para centrarse en lo atinente al momento de su inicio y a las causales de suspensión e interrupción, en cuanto éstas pudieran implicar el alongamiento de los fijados en el Código de fondo.
[...] Liminarmente habré de señalar que es clara la doctrina, aunque no pacífica, que dimana del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en mayoría, 'Filcrosa S.A. s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación de Municipalidad de Avellaneda', sentencia de 30-IX-2003, en cuanto allí sostuvo: '...la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias -ni a los municipios- dictar leyes incompatibles con lo que los códigos de fondo establecen al respecto ya que, al haber atribuido a la Nación la facultad de dictarlos, han debido admitir la prevalencia de las leyes del Congreso y la necesaria limitación de no dictar normas que las contradigan [...] Del texto expreso del art. 75 inc. 12 de la Constitución deriva la implícita pero inequívoca limitación provincial de regular la prescripción y los demás aspectos que se vinculan con la extinción de las acciones destinadas a hacer efectivos los derechos generados por las obligaciones de cualquier naturaleza. Y ello pues, aun cuando los poderes de las provincias son originarios e indefinidos y los delegados a la Nación definidos y expresos [...] es claro que la facultad del Congreso nacional de dictar códigos de fondo, comprende la de establecer las formalidades que sean necesarias para concretar los derechos que reglamenta y, entre ellas, la de legislar de manera uniforme sobre los aludidos medios de extinción...'.
Este criterio, convalidando la tesis civilista, fue confirmado en los precedentes 'Casa Casmma S.R.L. s/ Concurso Preventivo s/ Incidente de verificación tardía (promovido por la Municipalidad de la Matanza) s/ Recurso de Hecho', sentencia de 26-III-2009; en 'Municipalidad de Resistencia c/ Lubricom S.R.L. s/ ejecución fiscal', sentencia de 8-IX-2009 y 'Bruno, Juan Carlos c/Buenos Aires, Provincia de s/ acción declarativa', sentencia de 6-X-2009; entre otros.
En particular, en relación al tema tratado en el embate que nos ocupa, también la Corte Suprema de Justicia se ha expedido, en mayoría, en la causa 'Fisco de la Provincia c. / Ullate, Alicia Inés - ejecutivo - apelación - recurso directo', fallada el 1-XI-2011, dilucidando si el Código tributario local podía disponer un momento distinto para el inicio del cómputo del plazo de prescripción que el previsto por el legislador nacional de manera uniforme para toda la República, que se halla regulado en el art. 3.956 del Código Civil, remitiendo al dictamen del Procurador y sosteniendo, como lo había hecho en una causa sustancialmente análoga (Fallos: 326:3899), que si las provincias no tienen competencia en materia de prescripción para apartarse de los plazos estipulados por el Congreso nacional, tampoco la tendrían para modificar la forma en que éste fije su cómputo.
Asimismo en el precedente M.804.XLVIII, 'Municipalidad de Corrientes c/ Hermann, Alejandro Enrique s/ Apremio', sentencia de 11-II-2014, el Máximo Tribunal sostuvo en el considerando sexto: 'Que la prescripción de las obligaciones tributarias locales, tanto en lo relativo a sus respectivos plazos, como al momento de su inicio, y a sus causales de suspensión e interrupción, en virtud de lo dispuesto por el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional, se rigen por lo estatuido por el Congreso de la Nación de manera uniforme para toda la República y, ante la ausencia de otra norma nacional que la discipline, su solución debe buscarse en el Código Civil, pues, la prescripción, no es un instituto del derecho público local sino un instituto general del derecho (confr. «Filcrosa» -Fallos: 326:3899-, doctrina reiterada en precedentes posteriores -Fallos: 332:616, entre otros-, a cuyos fundamentos cabe remitir, en lo pertinente, por motivos de brevedad)...'".
A su vez, la doctrina aludida ha sido ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903).
III.2. Si bien en su oportunidad he dejado a salvo mi opinión respecto de la mencionada doctrina legal, lo cierto es que al presente el cimero Tribunal nacional, intérprete final de la Constitución nacional y de las atribuciones y competencias en ella otorgadas, no ha variado su posición, así como tampoco han cambiado las normas de aplicación al sub lite (conf. art. 7, Cód. Civ. y Com.), por lo que no encuentro que sea procedente dejarla de lado, máxime si como en el caso esta Corte provincial ha adecuado su criterio a aquella y la legislatura local volvió a unificar los plazos prescriptivos con los del Código Civil entonces vigente a partir de la misma.
III.3. En la especie, la Cámara fundó la declaración de inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397, toda vez que, a través de la novación en cuestión, vino a interrumpirse el cómputo del plazo de prescripción de la obligación tributaria ya determinada, en clara contradicción con la línea jurisprudencial antes mencionada, la cual fue incluso expresamente referenciada por el fallo puesto en crisis.
Tal circunstancia sella desfavorablemente la suerte del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora, correspondiendo -por ende- confirmar la sentencia recurrida.
Voto por la negativa.
Costas a recurrente vencida (conf. arts. 60.1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Adhiero a la solución propuesta por el colega que inicia el acuerdo, por los argumentos que expondré a continuación.
II. Si bien en la causa C. 103.620, "Sirhome", sentencia de 24-IX-2014, sostuve -adhiriendo al voto del doctor Negri- la inconstitucionalidad de la novación contemplada en el art. 48 de la ley 12.397, un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los preceptos del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me convence de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer que deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo (conf. mi voto en la causa A. 71.388, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Recuperación de Créditos", sent. de 16-V-2018).
Por ello resulta necesario efectuar un nuevo análisis de la norma cuestionada, descartando el criterio propiciado en aquella oportunidad, que dé prevalencia a las normas provinciales en la materia, evaluando su validez constitucional.
Al respecto, considero que la novación dispuesta por la ley 12.397 resulta irrazonable, en tanto lejos de cumplir con la finalidad para la que fue dispuesta, pretende dar nacimiento a una nueva obligación tributaria, que no se diferencia de aquella que en forma simultánea viene a extinguir, limitándose a alongar los plazos de prescripción (conf. causa A. 72.295, "Yell-Meller Comunicaciones y ot.", sent. de 23-II-2021, voto del doctor Soria -al cual adherí-).
En la causa recién señalada ("Yell"), mi colega el doctor Soria sostuvo, en lo sustancial, que conforme surge de lo establecido por el segundo párrafo del art. 48 de la ley 12.397, en su remisión al procedimiento señalado por el art. 50, la novación implicaría que la deuda se expresara en un único importe; circunstancia que serviría para sanear la base de datos del Fisco provincial (atento la finalidad señalada por el Poder Ejecutivo en el mensaje de elevación del proyecto de ley), lo cual, en rigor de verdad, no parece haber sido determinante.
Indicó que ni siquiera existían constancias de que se hubiera dictado la resolución prevista en el art. 50 de la ley 12.397, a través de la cual la deuda no prescripta al 1 de enero de 2000 debía ser consolidada en un único monto, y que resultaba claro que la novación que establece esta ley tributaria consagra la extensión de los plazos de prescripción aplicables, justamente porque no fue acompañada de otras disposiciones que atemperen el efecto por el que se extiende el plazo en varios años, lo que juzgó irrazonable.
Agregó que se trataba de una disposición que intentaba simplificar la base de datos del Fisco provincial y facilitar la actividad de la agencia tributaria, pero para ello adoptó una medida no justificada, que desbordaba la relación de racional adecuación con el fin público esgrimido; máxime si se tenía en cuenta que la resolución que dispusiera la consolidación en un único monto ordenada en la ley ni siquiera se había dictado, motivo por el cual aquel objetivo declarado (relacionado, para más, con una mera cuestión de administración interna)
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.