Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74552
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo N°3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.552 "Fe, Silvia Fernanda c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada y revocó el pronunciamiento de grado que había estimado la demanda (v. fs. 647/651).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. 655/676 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 678/679.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 684), agregado a fs. 689/695 el memorial presentado por la demandada y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata admitió la pretensión anulatoria promovida por la señora Silvia Fernanda Fe contra la resolución 2.821/06, dictada por el Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual se dispuso su cese en el marco del decreto 2.555/06, que prorrogara el estado de emergencia declarado por las leyes 13.188 y 13.409.
Para así resolver, declaró la inconstitucionalidad del citado decreto, por haber invadido competencias propias y exclusivas del Poder Legislativo, estimando insuficiente su posterior convalidación por medio de ley 13.704, norma que también fuera tachada de inconstitucional.
En consecuencia, resolvió la nulidad de la resolución que dispusiera la prescindibilidad, con la consecuente reincorporación de la actora al cargo de revista desempeñado al momento del cese.
Por su parte, con respecto a la indemnización solicitada, la estimó en un 25 % de los salarios no percibidos, desestimando el resarcimiento de los restantes rubros reclamados.
II. Apelado el fallo por la demandada (v. fs. 621/625) la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata hizo lugar al recurso, revocó la sentencia de primera instancia y rechazó la pretensión anulatoria (v. fs. 647/651).
En primer lugar, consideró que el pronunciamiento del magistrado de la instancia previa había incurrido en un error de juzgamiento al declarar la inconstitucionalidad del decreto 2.555/06, como también de la ley 13.704, con fundamento en el ejercicio ilegitimo de la función legislativa por parte del Poder ejecutivo provincial. Indicó que la facultad de este órgano de dictar reglamentos de sustancia legislativa, si bien merece ser analizada mediante un escrutinio riguroso en tanto implica una alteración transitoria del sistema de división de poderes, si luego es convalidada por el órgano legislativo “… connota la impronta de una verdadera ley formal sin solución de continuidad entre su dictado y el procedimiento de convalidación respecto de los actos sucedidos y consumados a su amparo”.
En tal orden, señaló que la prescindibilidad de la agente se dictó en el marco de una ley de emergencia que había convalidado la actuación de la Administración conforme lo dispuesto en el art. 11 de la ley 13.704 (art. 11), todo lo cual brindó de marco jurídico al cese dispuesto.
Sentado ello, con fundamento en doctrina legal de esta Corte (conf. causas "D'Onofrio", sent. de 15-X-1991, "Acuerdos y Sentencias", 1.991-III-567; B. 54.824, "Vilker", sent. de 5-VII-1996; B. 55.656, "Mograbi", sent. de 8-VII-1997; B. 55.284, "Benegas", sent. de 23-VI-1998; B. 55.985, "Portela", sent. de 26-V-1999; B. 57.633, "Barrenechea", sent. de 15-III-2000; B. 57.984, "Pelaez", sent. de 9-V-2001; B. 58.914, "Berón", sent. de 18-V-2005; B. 59.733, "Lagoa", sent. de 20-VIII-2008; B. 59.981, "Fensterseifer", sent. de 18-III-2009; entre otras), referida al ejercicio de la facultad de disponer, con la debida habilitación legal, mediante norma transitoria y de emergencia, la baja de un empleado por razones de servicio y lo dispuesto por el art. 103 inc. 3 de la Constitución provincial por tratarse de atribuciones de la legislatura local, es que el Tribunal de Alzada consideró que la restricción a los derechos esgrimida por la actora no aparecía como el resultado de las actuaciones de las autoridades públicas llevadas a cabo sin cumplimentar los requisitos impuestos por el ordenamiento jurídico.
Agregó que los fundamentos en las normas generales constituyeron la motivación suficiente del acto de prescindibilidad.
Asimismo, sostuvo que la actora tampoco había enfrentado con idoneidad la carga de probar las alegaciones que esbozó en torno al desvío del fin en el que habría incurrido la Administración (conf. art. 374, CPCC y 77, CCA).
Por último, destacó que no se había planteado pretensión alguna que requiriera, por parte de la Cámara, el análisis de la procedencia de la indemnización legal prevista en las normas que regulan la prescindibilidad.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs.651/676 vta.) la actora denuncia: a) la violación a los arts. 45 y 103 de la Constitución provincial y de la doctrina legal emanada de la causa I. 1.559, "Asociación Judicial Bonaerense", sentencia de 14-X-2011; b) absurdo y arbitrariedad en la sentencia en cuanto se decide revocar el pronunciamiento de primera instancia infringiendo los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 29, 39, 45, 57, 103 inc. 12 y 169 de la Constitución provincial y los principios de debido proceso, derecho de defensa, igualdad ante la ley y estabilidad laboral; c) absurdo en la valoración de las pruebas obrantes y en la subsunción de los hechos del caso en las normativas impugnadas (ley 13.409, dec. 2.555/06 y ley 13.704) infringiendo el art. 18 de la Constitución nacional y los arts. 15 y 171 de su par local.
En lo medular de su impugnación, la recurrente se agravia de lo resuelto por la Cámara en cuanto revocó la declaración de inconstitucionalidad del decreto 2.555/06 y de la ley 13.704, formulada por el juez de primera instancia.
Considera desacertado que el Poder Ejecutivo dicte un decreto de necesidad y urgencia, cuando el órgano legislativo se encuentra sesionando, circunstancia que entiende no queda purgada aun cuando exista, como en el caso, una convalidación legislativa posterior.
Alega que el criterio sostenido en el fallo de la Cámara vulnera lo dispuesto en los arts. 45 y 103 de la Constitución provincial, como así también, la doctrina emanada del fallo de esta Corte en la causa I. 1.559, "Asociación Judicial Bonaerense" en el cual se dejó sentado que la ley de ratificación o convalidación equivale a una delegación prohibida, con efectos retroactivos, de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.
Finalmente aduce la inaplicabilidad de las reglas de la lógica y la razón ocasionadas por la valoración absurda de la prueba e incorrecta subsunción de los hechos en la normativa, impugnada contrariando lo dispuesto en los preceptos que cita (arts. 18, Const. nac.; 25 y 171, Const. prov.).
IV. El recurso extraordinario interpuesto debe ser estimado.
IV.1. Como se ha dicho, en este proceso se impugna la resolución 2.821/06 del Ministro de Seguridad, dictada en función de lo dispuesto en el decreto 2.555/06, y se reclama la declaración de inconstitucionalidad de este reglamento y de la ley que procuró convalidarlo.
A diferencia de otras contiendas en las que la cuestión constitucional había sido insuficientemente planteada porque se dejaba sin réplica el argumento centrado en la ratificación legislativa ulterior, norma que proyectaba efectos adversos sobre quien reclamaba (conf. causas A. 71.963, "Monfort", sent. de 11-VII-2018; A. 70.758, "Capra" y A. 70.768, "Mossre", sents. de 6-V-2020; A. 70.767, "Lettieri" sent. de 12-XII-2020), en la especie los agravios abastecen las cargas impugnativas de manera adecuada. En adición, el asunto constitucional ha sido tratado en primera instancia, debatido en las fases ulteriores del proceso y, en lo que aquí interesa, está articulado fundadamente en el recurso bajo estudio. Así las cosas, cabe entrar de lleno a su tratamiento por ser determinante para la suerte del remedio incoado.
IV.2. Sancionada a iniciativa del Ejecutivo, la ley 13.409 (B.O. de 16-I-2006) prorrogó por el término de seis meses (art. 1) el estado de emergencia de las Policías de la Provincia de Buenos Aires declarado por la ley 13.188, con el fin de continuar el programa de reformas al sistema de seguridad pública que, según se afirma en el mensaje de remisión del proyecto de ley, se encontraba en su fase conclusiva.
En su oportunidad la exposición de fundamentos de la ley 13.188 había hecho referencia a la complejidad de las transformaciones encaradas, señalando la necesidad de “contar con una ley que permita […] retomar el proceso de reforma del Sistema de Seguridad Pública, para una reorganización de las policías de la Provincia que abarque los aspectos de composición, funcionales, operativos y laborales, a fin de dotarlas de la eficiencia debida para atender su misión fundamental de garantizar el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales de los ciudadanos”.
Al expirar el plazo de vigencia de la ley 13.409 el Gobernador dictó el decreto 2.555/06 (B.O. de 27-IX-2006), durante el período de sesiones ordinarias de la Legislatura (art. 84, Const. prov.). Por su intermedio se habilitó al Ministerio de Seguridad a ejercer las atribuciones previstas por la ley 13.409, extendiendo de tal modo el estado de emergencia de las policías provinciales, con una aplicabilidad inmediata y una duración indeterminada, pues esa previsión habría de regir hasta tanto fuera sancionado el proyecto de ley que la declarase formalmente (art. 1°, dec. cit.).
IV.3. En el decreto 2.555/06, tras aludirse genéricamente a "la necesidad de continuar en forma ininterrumpida el proceso de reforma de las Policías…" (v. dec. cit., "Visto"), se aduce que:
i] la situación que sustentó la declaración del estado de emergencia (por la ley 13.409), respecto de la cual no dan precisiones, "no ha sido aún superada, por lo que … deviene oportuno y conveniente continuar ejerciendo las referidas atribuciones…" (énfasis agregado);
ii] se ha enviado a la Legislatura el proyecto de ley mediante el cual se declara el estado de emergencia de las policías de la Provincia por el término de un año; y,
iii] la ley de emergencia de las Policías brinda las herramientas necesarias para el fortalecimiento del nuevo esquema de descentralización policial, así como la racionalización en la asignación de personal y medios.
Esos breves considerandos se coronan con una cita de un par de antiguos fallos y de doctrina sobre los decretos de necesidad y urgencia en el orden nacional.
IV.4. Con posterioridad se sancionó la ley 13.704 (B.O. de 20-VII-2007).
Esta norma volvió a declarar el estado de emergencia de las policías por el término de un año (vigencia que fue prorrogada por sucesivas normas de igual tenor y rango; conf. leyes 13.842, B.O. de 21-VII-2008 y 14.060, B.O. de 21-X-2009).
En su art. 11, la ley 13.704 dispuso convalidar el decreto 2.555/06 "y los actos administrativos dictados en su consecuencia".
V.1. El despliegue normal de los derechos de las personas debe llevarse a la práctica de conformidad con las leyes que reglamentan su ejercicio, las que han de cuidar de no alterar el contenido esencial de las facultades implicadas, negarlas o impedirlas (arts. 14 y 28, Const. nac.). No es infrecuente que la ley introduzca modulaciones en la intensidad del goce de los derechos, en ocasiones fundadas en el cotejo de intereses en presencia o en el grado de vinculación de la materia legislativa regulada con los fines públicos comprometidos. Cuando se presentan situaciones de emergencia las limitaciones al goce o el ejercicio de los derechos, al menos temporalmente, se agravan.
Ahora bien, estas regulaciones, en cuanto establecen restricciones pronunciadas al disfrute de los bienes jurídicos amparados por las normas constitucionales (en el caso, la estabilidad del agente estatal), aparte de transitorias, razonables, proporcionadas -en función de los medios empleados y del fin público que procuran satisfacer-, deben emanar del legislador o fundarse en una ley formal (conf. arts. 14 , 14 bis y 75 inc. 22, Const. nac.; 39, Const. prov.; 7, PIDESC; XIV, DADDH; e.o.).
Con origen en la regla acuñada en el art. 19 de la Constitución nacional y, para el orden provincial, en el análogo art. 25 de su norma fundamental, el principio de reserva determina que las restricciones de derechos de esa índole sean en principio decididas por la Legislatura. Es el temperamento que rige en el sistema interamericano de protección de los derechos humanos (conf. art. 30, CADH; CIDH, opinión consultiva N°6/86).
V.2. En el presente caso, según se ha dicho, la resolución 2.821/06 fue dictada el 20 de diciembre de 2006, durante el lapso comprendido entre el vencimiento del plazo fijado por la ley 13.409 (16-VII-2006) y la sanción de la ley 13.704 (20-VII-2007), fundándose en el decreto 2.555/06 que se rotula como «de necesidad y urgencia».
V.2.a. Antes de la reforma de la Constitución nacional del año 1994, la admisión de esta clase de decretos dividía las aguas en la doctrina (en contra, entre otros, se pronunciaron: Bullrich, Rodolfo, "Curso de derecho administrativo", t. I, ps. 31/32, Bs. A., 1929; González Calderón, Juan A., “Curso de Derecho Constitucional”, Bs. As., 1950, p. 505; Linares Quintana, Segundo V., “Tratado de la Ciencia del Derecho Constitucional”, 3ª ed., Bs. As. 1988, t° IX, p. 691; Bidart Campos, Germán, “Tratado elemental de derecho constitucional argentino”, Bs. As., 1986, t° II, p. 229; Fiorini, Bartolomé A., "Derecho administrativo", t. I, Bs. As., 1976, p. 297; Ekmekdjian, Miguel A., “La inconstitucionalidad de los llamados decretos de necesidad y urgencia”, L.L. 1989-E-1296; Badeni, Gregorio, “Los decretos de necesidad y urgencia”, E.D. 138-926, “Reforma constitucional e instituciones políticas”, Bs. As., 1994, p. 392 y ss.; Ruiz Moreno, H., “Los llamados reglamentos de necesidad y urgencia” L.L. 1990-B-1026; Vítolo, Daniel R., “Decretos de necesidad y urgencia”, Bs. As., 1991, p. 68 y ss., entre otros. Y básicamente apoyados en la idea de estado de necesidad, con diversas limitaciones, a favor: Marienhoff, Miguel S., “Tratado de Derecho Administrativo”, 2ª ed., t° I, Bs. As., 1977, p. 285; Villegas Basavilbaso, Benjamín, “Derecho Administrativo”, t. I, Bs. As., 1949, p. 292; Diez, Manuel M., “Derecho Administrativo”, t° I, Bs. As., 1963, p. 447; Romero, César E., “Derecho Constitucional”, t° II, Bs. As., 1976, p. 243; Bielsa, Rafael, “Derecho Constitucional”, 2ª ed., Bs. As., p. 533; y “El «Estado de necesidad» con particular referencia al derecho constitucional y administrativo”, en Anuario del Instituto de Derecho Público, Rosario, 1940, ps. 17, 74, 83 y ss., quien los denominaba decretos leyes ; Linares, Juan Francisco, "Derecho Administrativo", Bs. As., 1986, ps. 109 y ss.; Cassagne, Juan Carlos, “Sobre fundamentación y los límites de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia”, L.L. 1991-E-1179; “Derecho Administrativo”, t° I, Bs. As., 2002, p. 189 y ss.; Comadira, Julio R., “Decretos de necesidad y urgencia en la reforma constitucional”, L.L. 1995-B-825; entre varios más).
En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, más allá de referencias tangenciales (v. Fallos: 2:88) -algunas entremezcladas con el examen de los actos de gobiernos de facto (v. Fallos: 209:390; 293:665)- y de declaraciones de abstracción o de falta de acreditación del gravamen (Fallos: 312:555, relativo al conocido decreto 1096/85), la admisión y los alcances del instituto se delinearon tardíamente, en el conocido precedente de Fallos: 313:1513, cuando la práctica seguida para afrontar las crisis recurrentes daba cuenta de una creciente utilización de atribuciones de excepción por el Poder Ejecutivo. Aquella sentencia fijó ciertos requisitos de validez (en prieta síntesis: i] la existencia de un grave riesgo social capaz de poner en peligro la existencia misma de la Nación o del Estado, ii] que demande la necesidad de adoptar medidas súbitas para afrontarlo o superarlo, iii] cuya eficacia no pueda lograrse por medios distintos a los arbitrados; y, además, iv] la convalidación por el Congreso; v. consids. 24, 25, 30, 32 y concs.). De la economía del fallo podía colegirse también que a la necesaria aquiescencia del órgano legislativo, al examen judicial de validez del acto cabría sumarle el respeto a un conjunto de notas rectoras del test de razonabilidad de toda norma de emergencia (a saber: la no privación del contenido esencial del derecho alcanzado, la proporcionalidad adecuada tanto entre los medios empleados y los fines que se procuran realizar, como entre el contenido de la restricción y su vigencia temporal).
La Corte mantuvo con matices estos parámetros en fallos posteriores. En la tarea de interpretar estas disposiciones, antes de la reforma constitucional, requirió la ocurrencia de un determinado estado emergencia, de gravedad. Debía presentarse una situación de trascendente riesgo social que tornara indispensable la aprobación de regulaciones súbitas, impostergables. En cuanto a los controles institucionales posteriores, era menester la comunicación del acto al Congreso, como recaudo necesario, pues le incumbía a ese cuerpo evaluar las condiciones en las que el titular de la administración había aprobado las disposiciones de carácter legislativo (doctr. Fallos: 321:3123; 333:1828; 343:1944). Ello, más allá de excluir ciertas materias del ejercicio de dicha potestad (v.gr., la tributaria, Fallos: 318:1154)
V.2.b. En el ordenamiento nacional se incorporó este instituto en la reforma constitucional señalada. Lo hizo en el art. 99 inc. 3 , como excepción a la regla prohibitiva que ese mismo precepto instituye (“El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”).
La Corte Suprema de Justicia ha trazado unas directrices relativas a los hechos que legitiman su pronunciamiento. Por empezar, está fuera de debate que cualquier necesidad no alcanza para legitimar su uso. Antes bien, estos actos están llamados a afrontar los riegos o las consecuencias de trastornos extraordinarios, capaces de amenazar de manera muy severa -o de afectar- el orden público, económico o social. Ha de tratarse de una situación de suma gravedad y apremiante, que deba ser conjurada con urgencia. Cuadro crítico que autorizaría a sortear la intervención legislativa inicial (la sanción de la ley declarativa y habilitadora), quedando prevista la ulterior ratificación parlamentaria.
El Alto Tribunal ha subrayado que los reglamentos de necesidad y urgencia sólo pueden expedirse bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a precisas exigencias formales (Fallos: 322:1726; 325:2394). La concurrencia de semejantes presupuestos de hecho es susceptible de revisión judicial. Escrutinio que comprende la verificación de las circunstancias invocadas para ejercer la potestad, de su magnitud, y de sus notas de excepcionalidad. De no ser así, el decreto carecerá de sustento constitucional (Fallos: 333:633; 338:1048).
Lo expuesto adelanta otra idea en torno al criterio de valoración judicial de estos actos. Si, e
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