Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75483
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.483 "LI SILVIO ADRIAN C/ MINISTERIO DE SEGURIDAD S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 14 de agosto de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez Torres dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión deducida por el señor Silvio Adrián Li contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por la que persigue obtener la anulación de la resolución n° 02784-2014 dictada por la Auditora General de Asuntos Internos en el marco de las actuaciones administrativas n° 21.100-14346/14, ISA 1050-10683/14, mediante la cual se dispuso su cesantía por encontrarlo responsable de las faltas tipificadas en el art. 205 incs. "a" y "o" del decreto n° 1050/09, esto es por habérsele atribuido que el día 18 de julio de 2012 exigió al teniente Carlos Salvador Gaglione, mediante mensaje de texto enviado a su teléfono móvil una suma dineraria a fin de relevarlo de su servicio.
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada señaló que con el remedio intentado ante aquella instancia el apelante pretendía desvirtuar el análisis efectuado por el magistrado de grado insistiendo en su argumentación sobre la insuficiencia probatoria que portaba el sumario disciplinario. Argumentaba así que tal deficiencia impedía demostrar la materialidad de la falta y su participación en el hecho, evidenciando a su criterio, la ilegitimidad de la imputación que le fuera formulada.
En ese sentido, la Cámara interviniente señaló que de una breve lectura tanto de la demanda como del memorial se extraía que el apelante reiteraba su fundamentación inicial, la cual carecía de entidad para demostrar algún error en la construcción lógica sobre la cual se cimentó el fallo de grado en tanto postulaba argumentos que no eran hábiles para acreditar la presencia de un vicio en la actuación estatal impugnada.
Ponderó para ello que el sentenciante de grado había analizado los datos relevantes que arrojaba el sumario disciplinario seguido contra el actor concluyendo que el acto en crisis no portaba el vicio denunciado, en tanto se evidenciaba en las actuaciones señaladas, el proceder regular de la Administración, quien otorgando todas las garantías procedimentales, tuvo por comprobada la falta imputada al agente a partir de la prueba colectada en la instrucción y la participación del denunciado en el hecho objeto de investigación, esgrimiendo los fundamentos por los cuales estimó que el agente Li merecía la sanción que le fuera razonablemente impuesta.
Agregó por último, que el argumento sostenido por el apelante en torno a la dispensa prestada al agente Gaglione en el marco del sumario administrativo 21.100-568.908/12 seguido contra aquél, por la cual se admitió que en carácter de imputado declarara en ejercicio de su derecho de defensa dos días después de la fecha en la cual había sido citado y sin que se aplicara la sanción de caducidad reglada en el art. 310 del decreto 1050/2009, no merecía acogida. Ello en tanto, entendió la a quo , que tal accionar estatal jamás podía ser leído como un vicio de procedimiento hábil para invalidar el acta de declaración cuyo contenido condujo al inicio del sumario 21.100-14346 seguido contra el agente Li. Consideró en cambio que la Administración con tal proceder resguardó la garantía constitucional de defensa en juicio de la que goza todo imputado, en lugar de cercenarla.
Concluyó la Cámara que el embate intentado merecía ser declarado desierto en razón de su insuficiencia.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 178/183).
II. Frente a ello, el demandante vencido interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual reedita agravios ya vertidos en ocasión del recurso de apelación a la vez que esgrime que el fallo atacado incurre en absurdo en tanto adolece de una interpretación errónea y de excesivo rigor formal en el análisis del escrito recursivo. Reprocha a su vez a la Cámara interviniente la ponderación y valoración de los hechos y las pruebas vertidas al decidir.
Alega por último la violación de principios constitucionales (v. fs. 187/195).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas Ac. 73.447; sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; A. 74.664, "José", resol. de 22-V-2019, entre tantas).
En tal sentido, los argumentos esbozados por el recurrente por los que intenta demostrar que la sanción que le fuera aplicada se encuentra desprovista de todo sustento legal resultando por tanto arbitraria y desajustada a derecho no pasan de expresar un mero criterio divergente, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018; A. 75.028, "Bruzzo", resol. de 20-III-2019, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018; A. 74.999, "Aguzzi", resol. de 19-XII-2018; A. 74.837, "Betancur", resol. de 20-III-2019, entre otras).
IV. 2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los agravios planteados en esta instancia extraordinaria respecto a la falta de legitimación que imposibilitó al actor impugnar el acta que diera origen al sumario administrativo, como la ilegalidad de la declaración del agente Gaglione en razón de haber operado el plazo de caducidad, fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una
réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561 "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Madagán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019).
IV. 3. Para más, se observa que los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 74.922, "Aguirre", resol. de 14-XI-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 74.661, "Casadei", resol. de 7-III-2019, entre muchas otras).
En tal marco, la crítica ensayada por el impugnante en punto a la titularidad del número del cual salió el mensaje de texto objeto de investigación, la pertenencia del teléfono atribuido al agente Gaglione, así como la interpretación dada por la Administración al contenido de lo que allí se expresaba, no exteriorizan más que meras discrepancias subjetivas tendientes a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 74.757, "Lucio", resol. de 21-XI-2018; A. 74.756, "Arriaga", resol. de 12-XII-2018; A. 75.005, "Olivera", resol. de 7-III-2019, entre tantas).
IV. 4. Se observa que tampoco ha sido idóneamente cuestionada por el recurrente la declaración de insuficiencia efectuada por el Tribunal de Alzada que le impidió el ingreso revisor que procuraba el apelante.
Corresponde recordar que analizar la suficiencia técnica del escrito de expresión de agravios
constituye una facultad privativa de los tribunales de apelación, la que sólo puede ser objeto de revisión en esta instancia extraordinaria si se denuncia y demuestra que la declaración de ineficacia, o la deserción en su caso, son el resultado de un razonamiento viciado por el absurdo vicio -éste último- que como se señaló no ha sido demostrado debidamente (doctr. causas A. 71.328, "Cura Grassi", sent. de 26-X-2016; A. 74.751, "Guillén", resol. de 21-II-2018; A. 74.939, "Sabater", resol. de 4-VII-2018, entre otras).
IV. 5. Por último, deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último no es previamente demostrado (doctr. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 75.149, "Gerez", resol. de 9-V-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019, entre otras).
IV. 6. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN SERGIO GABRIEL TORRES
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-To
Reg. Nº 360
Fin de la sentencia