Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75859
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC). El Tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 870/02).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.859, "Pacheco Golf Club Asociación Civil c/ ARBA s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la pretensión anulatoria deducida contra la disposición de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que le denegó la exención del impuesto inmobiliario para las partidas números 057-115056-4 y 057-10469-8, con imposición de costas de ambas instancias en su calidad de vencida (v. fs. 331/335).
II. Disconforme con tal pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante la presentación electrónica de fecha 8 de noviembre de 2018, el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 348.
III. Dictada la providencia de autos (v. fs. 350) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, rechazó la pretensión anulatoria deducida contra la resolución 617/14, por la que ARBA denegó la exención del impuesto inmobiliario para las partidas números 057-115056-4 y 057-10469-8, que le fueron cedidas a la actora en usufructo gratuito para la práctica deportiva.
Para así decidir, el Tribunal de Alzada advirtió que la circunstancia de que el bien se encuentre afectado al régimen de propiedad horizontal, no modifica el hecho de que se trata de un club de campo que destina las parcelas a la práctica del golf, lo que no encuadra en la exigencia del art. 177 inc. "i" del Código Fiscal (t.o. 2011).
Destacó que, de la cláusula tercera de la constitución del derecho real de usufructo, surgía que el derecho de uso y goce debía ser ejercido conforme los límites impuestos por el reglamento de copropiedad y administración, siendo decisión exclusiva de los condóminos (que integraban el consorcio) la afectación a la práctica deportiva, más allá del mantenimiento del espacio como área verde y recreación que igualmente se establecía.
Este cuadro de situación demuestra que la actividad deportiva se desarrolla dentro del marco general del reglamento que rige al inmueble y, por lo tanto, sin autonomía; resultando un servicio complementario y de uso común para los titulares de las unidades funcionales, sin que cobre relevancia la condición de dominio de las parcelas afectadas a ese uso común, que administra y gestiona la actora.
Así determinada la situación de las parcelas objeto del impuesto debatido en autos, consideró que estas no cumplían con los requerimientos del tipo legal para beneficiarse con la exención tributaria, puesto que la misma fue concebida para la promoción de actividades deportivas de alcance comunitario y general.
Con relación a la alegada vulneración del principio de legalidad, indicó que la recurrente propició una interpretación distinta de la sostenida por el a quo , sin acreditar la conculcación al principio constitucional alegado ni invocar las normas fundamentales que estimó relegadas en el tratamiento brindado por la señora jueza de grado; por lo que rechazó sin más el agravio.
En cuanto a la denunciada errónea aplicación de la doctrina legal emergente del precedente "Martindale", el Tribunal de Alzada consideró irrelevante la distinta naturaleza jurídica de la asociación civil demandante respecto de la empresa que promoviera ese caso antecedente (Sociedad Anónima), en la consideración de que la condición jurídica de la organización institucional que reclama la exención no modifica la solución aplicable al caso, en tanto lo central de la controversia radica en la configuración de la actividad que, en cualquier caso, puedan prestar.
Asimismo, al tratar el agravio vinculado a la existencia de informes técnicos de la Agencia de Recaudación que reconocerían el beneficio a otros sujetos en similar situación que la actora, señaló que conforme los términos del art. 110 del Código Fiscal (t.o. 2011), la situación fiscal de cada contribuyente debe ser evaluada y ponderada en forma particularizada por la Autoridad de Aplicación, a los fines de reconocer o denegar el beneficio solicitado.
De este modo, concluyó que los informes del organismo fiscal vinculados a otros contribuyentes no resultan de aplicación automática al caso, el que debe decidirse atendiendo específicamente a las circunstancias del requirente, según lo ha hecho la Autoridad de Aplicación en el sub lite .
Al respecto indicó que, aun cuando la Agencia de Recaudación hubiere reconocido el beneficio a otros contribuyentes y ello resultare indebido, tal circunstancia no puede ser invocada por la actora sobre la base del principio de igualdad. Expresó así, con base en sus propios precedentes -con cita de la Corte nacional-, que "...la garantía consagrada en el art. 16 de la Constitución es la de la igualdad ante la ley. Si la desigualdad no está en la ley sino en el hecho de que el poder administrador la aplica a unos y no a otros habría, en todo caso, arbitrariedad administrativa pero no materia para la declaración de inconstitucionalidad que se procura. Teniendo ésta, como tiene, por objeto asegurar la preeminencia de la Constitución sobre todas las leyes, nacionales o locales, dictadas en su consecuencia (art. 31), debe recaer sobre una norma legal y no sobre un procedimiento ejecutivo de aplicación en los casos concretos que crea, de hecho, excepciones no establecidas por la norma en cuestión. Si la norma es constitucional, aquel a quien se la aplica no puede oponerse a ello en razón de que en los hechos sólo a él le fue aplicada. El modo de hacer efectiva la responsabilidad del poder administrador que omite imponer a algunos el cumplimiento de una ley que los comprende no puede ser, evidentemente, liberar del debido cumplimiento a quienes les fue requerido" (causa n° 15.969, "Federación Bioquímica de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 3-XII-2015, con cita de CSJN causa "S.A. La Martona", Fallos: 202:130, sent. de 25-VI-1945).
Por último, en materia de costas, también desestimó el agravio con el argumento de que la condición de vencida en el caso para la actora es la plataforma para imponerle las generadas en el proceso, de conformidad con la norma adjetiva de aplicación (art. 51, ley 12.008, t. segundo, ley 14.437).
II. Contra tal pronunciamiento la actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 2 de noviembre de 20l8).
Denuncia que la sentencia es arbitraria al desconocer que Pacheco Golf Club ha sido desarrollado bajo el régimen de propiedad horizontal -ley 13.512- y que, en consecuencia, las parcelas involucradas no pueden ser tratadas como un área común vinculada a un country , en el que los espacios destinados a recreación y deporte no tienen entidad propia, sino que resultan accesorios de las partidas correspondientes a vivienda.
Sostiene que la sentencia de la Cámara, que ratifica la decisión de primera instancia, resulta irrazonable al considerar que da lo mismo uno u otro sistema cuando los inmuebles integran las áreas comunes, sin analizar las diferencias entre el régimen de propiedad horizontal y el de geodesia regulado por el decreto 9.404/86.
Insiste en destacar que las dos partidas -objeto de autos- conforman la cancha de golf por lo que no integran las áreas comunes y que pertenecen a Agrolinks S.A., quien se las cede en usufructo.
En ese sentido, advierte que en autos no se encuentra controvertido el aspecto subjetivo de la exención, que regula el art. 177 inc. "i" del Código Fiscal, en tanto Pacheco Golf Club es una entidad sin fines de lucro que tiene por finalidad la realización de actividades deportivas, en especial la práctica de golf. Afirma asimismo que la norma fiscal no hace distinción alguna por el lugar en el que se encuentre emplazado el inmueble objeto del beneficio, como contrariamente entiende ha hecho la Cámara cuando restó toda trascendencia al hecho de que la actividad deportiva se rige por el reglamento del club, pudiendo utilizarlo quienes sean socios, se trate o no de consorcistas del country , puesto que no se trata de un servicio más que presta el emprendimiento a sus condóminos, sino que la cancha es abierta a terceros.
Esgrime también que la sentencia incurrió en el error de considerar que todo el predio se rige por el reglamento de copropiedad del consorcio, sin distinción alguna, soslayando que solo los aspectos edilicios y de administración se hallan sometidos a aquel, mientras que la actividad deportiva cuenta con el reglamento del club.
Manifiesta que no modifica el objeto principal de la exención la circunstancia de que la cancha de golf se encuentre inserta en un country , lo que no fue debidamente analizado por la sentencia impugnada.
Denuncia la vulneración del principio de legalidad consagrado en los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional. Para ello aduce que la restringida interpretación efectuada por ARBA del art. 177 del Código Fiscal, condujo a prescindir del texto de la ley, desconociendo los efectos perseguidos por quien legisla, esto es favorecer el desarrollo de todos los deportes.
Insiste en que la aplicación al caso de la doctrina emanada de la causa "Martindale", resulta errónea y arbitraria ante la distinta naturaleza jurídica de la asociación civil demandante respecto de la empresa que promoviera el caso antecedente -sociedad anónima-; máxime frente al carácter de las partidas que en aquel integraban el área común y en autos pertenece a un consorcista particular, no restringiéndose el acceso al club a quienes sean consorcistas del barrio privado, sino para quienes revistan la calidad de socios.
Finalmente se agravia de la imposición de costas a su cargo.
III. El recurso extraordinario interpuesto no prospera atento la insuficiencia que porta (art. 279, CPCC).
III.1. El recurrente centra su embate en el injustificado apartamiento de lo normado por el art. 177 del Código Fiscal, al excluirlo de la exención allí prevista.
Al respecto y, en primer lugar, debe señalarse que tanto la señora magistrada de primera instancia como el Tribunal de Alzada desplazaron la aplicación de esa última norma en el entendimiento de que más allá de la afectación del bien al régimen de propiedad horizontal, de la escritura de constitución del derecho real de usufructo, se desprende que el derecho de uso y goce de las parcelas destinadas a la práctica deportiva debe ser ejercido conforme a los límites del reglamento de copropiedad y administración, y también que la afectación a aquella práctica es posible conforme a la decisión de los condóminos que integran el consorcio, independientemente del mantenimiento del espacio como área verde y recreación que igualmente se establece.
Es así que la señora jueza de primera instancia estimó que las circunstancias del caso muestran a la actividad deportiva sujeta al estatuto que regula todo el complejo y, en consecuencia, dichas parcelas no pueden ser tratadas como independientes dado que forman parte de un todo inescindible, sin que la incorporación de terceros como asociados modifique lo expuesto, toda vez que su destino continúa limitado por la reglamentación general del club de campo o barrio privado y su existencia se encuentra principalmente supeditada al beneficio de los habitantes del complejo. De este argumento central de la decisión atacada la recurrente no se ha hecho cargo; por tanto, llega firme a esta instancia extraordinaria.
III.2. La facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006 y L. 87.394, "V. de C.", sent. de 11-V-2005). De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004 y L. 73.381, "Nespeca", sent. de 4-IV-2001). Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003 y L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008).
III.3. Dicho esto, advierto que el contenido de los agravios ligados a la arbitrariedad e irracionalidad en el rechazo de la exención fiscal que reclama, la violación del principio de legalidad y la errónea aplicación de la doctrina emanada de la causa "Martindale", no es más que la reiteración de argumentos ya esgrimidos, debidamente abordados y, a la postre, rechazados en las dos instancias intervinientes.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que esa clase de reiteraciones, que se ponen de manifiesto cuando quien recurre se limita a insistir con su propia postura sin hacerse cargo de la conclusión que lo perjudica y demostrar su desacierto, llevan necesariamente a la declaración de insuficiencia del remedio extraordinario (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; A. 75.082, "Manzolini", sent. de 13-XI-2019; A. 74.914, "Di Salvo", sent. de 27-VIII-2020; e.o.), lo que así se declara en esta parcela (art. 279 in fine , CPCC).
III.4. Por último y a mayor abundamiento, cabe recordar que, en materia de exenciones tributarias, es constante el criterio conforme al cual ellas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan (CSJN Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129 y 302:1599) y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (CSJN Fallos: 285:322; e.o.), ya que la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador (CSJN Fallos: 330:2892).
Como lo ha sostenido reiteradamente esta Suprema Corte, las exenciones deben interpretarse restrictivamente, en tanto importan una limitación a los principios de generalidad y de igualdad en la tributación, razón por la cual son de interpretación estricta y deben resultar de la letra de la ley o de la indudable intención del legislador (doctr. causas B. 51.296, "Sarlo", sent. de 7-II-1989; B. 50.873, "Bemberg", sent. de 3-XI-1992; B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008 y B. 62.587, "Martindale Sur Country Club S.A.", sent. de 10-XI-2010).
IV. En función de lo expuesto, que estimo suficiente para rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad intentado, voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Me permito únicamente agregar, complementando el desarrollo efectuado por el colega en el punto III.1. de su opinión, que el estudio efectuado por la señora jueza de grado y la Cámara sobre las escrituras del usufructo gratuito y la constitución de la asociación civil "Pacheco Golf Club" -de las cuales se extrajo un sometimiento de las parcelas gravadas a los reglamentos de copropiedad y administración del consorcio del barrio privado y la prioridad de los residentes permanentes a la hora de conceder membresías para el uso de las canchas de golf- trató una típica cuestión de hecho y prueba.
Siendo ello así, como ha reiterado este Tribunal, su análisis resulta una tarea reservada a los magistrados de mérito y, por regla, exenta de control por vía del recurso extraordinario salvo que se invoque y demuestre el absurdo (conf. doctr. causas A. 70.932, "Guardiola", sent. de 4-V-2016; A. 73.672, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 13-III-2019; A. 74.470, "Agco Arg. S.A.", sent. de 11-IX-2019; A. 76.171, "Balalva S.A.", sent. de 23-XII-2020; e.o.).
Como nada de eso se ha hecho, el recurso es -en efecto- deficiente desde el punto de vista técnico y no logra revertir las conclusiones a las que llegó el Tribunal de Alzada con sostén en el precedente de la causa B. 62.587, "Martindale Sur Country Club S.A.", sentencia de 10-XI-2010 (art. 279 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, con el agregado efectuado por el doctor Soria.
Voto, también, por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Presto mi adhesión a los fundamentos y a la solución que propone el señor Juez doctor Torres, con las consideraciones adicionales que destaca el señor Juez doctor Soria.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido (art. 294, CPCC). El Tribunal a quo deberá dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 870/02).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medio electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2021 13:08:58 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 14:03:22 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2021 15:53:00 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/08/2021 13:31:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/08/2021 14:15:08 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia