Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 70917
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 70.917, "Videla, Miguel Ángel c/ Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Pettigiani, Soria, Torres, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás, por mayoría, hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor, declaró la nulidad de las resoluciones 2.923 de fecha 21 de diciembre de 2006 y 1.319 de 18 de mayo de 2007 emanadas del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ordenando la reincorporación del señor Videla; reconoció y fijó las sumas correspondientes a los daños material y moral, como asimismo reconoció los intereses que ese monto debería devengar hasta su efectivo pago.
Disconforme con ese pronunciamiento, el representante fiscal interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 278/287), el que fue concedido por la Cámara actuante mediante decisorio obrante a fs. 288/289.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 296) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El actor inició una acción contencioso administrativa contra el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, impugnando las resoluciones 2.923, del 21 de diciembre de 2006 y 1.319, del 18 de mayo de 2007, por las cuales se lo declaró prescindible y se rechazó el recurso de revocatoria que interpuso, respectivamente. Solicitó asimismo que se lo reincorpore y se lo indemnice por los daños y perjuicios que dice haber padecido como consecuencia de esas decisiones.
Peticionó también la inconstitucionalidad del art. 6 de la ley 13.409, en cuanto establece que el personal que no se hallare sometido a sumarios administrativos o procesos penales tenía derecho a optar entre una indemnización o reconocimiento de todos los derechos y obligaciones establecidos para el retiro obligatorio con un haber jubilatorio como mínimo igual al correspondiente al personal con 25 años de servicios; importando, dicha opción, la renuncia a todo reclamo y acción administrativa o judicial relativa a las mismas.
El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 de Junín rechazó la pretensión anulatoria de las resoluciones administrativas citadas y la indemnizatoria promovidas por el señor Videla e impuso las costas por su orden (v. fs. 192/196).
II. Apelada la sentencia por el actor, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, por mayoría, hizo lugar al planteo del recurrente, revocó el decisorio del magistrado que previno y -en consecuencia- declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas, ordenó la reincorporación del señor Videla, reconoció y fijó las sumas correspondientes a los daños material y moral, más los intereses que ese monto debería devengar hasta su efectivo pago.
Para así decidir consideró, primeramente, que en el acto administrativo cuestionado no se había dado la opción al actor, "...ello sin perjuicio de la redacción del artículo 6 de la ley 13.409 y su rechazo a la renuncia en caso de opción, tampoco se hace mención alguna en el acto de rechazo de la jubilación extraordinaria pedida y denegada" (fs. 260 vta.).
Entendió que la resolución 2.923, que declaró prescindible al actor sin otorgarle en forma previa la posibilidad de realizar la opción que resulta de la interpretación de los arts. 5 y 6 de la ley 13.409, sin perjuicio de no contar con el tiempo mínimo previsto de prestación de servicios para acceder al beneficio previsional, es contraria al ordenamiento jurídico y afecta derechos de raigambre constitucional resguardados con especial énfasis por el art. 39 de la Constitución provincial.
Por otro lado, consideró favorablemente el cuestionamiento del apelante en punto a la falta de motivación del acto administrativo que dispuso su prescindibilidad, lo que emana de las constancias del expediente administrativo agregado a los autos principales.
Manifestó que no se discute la existencia o no de la emergencia policial, las razones organizativas, funcionales, operativas y laborales para declararla, ni los objetivos tenidos en cuenta para transformar las estructuras policiales y optimizar recursos humanos y materiales, sino que ello no conlleva la exclusión del actor de los cuadros de la Policía, sin otorgamiento de opciones, sin algún nexo que vincule tal salida con los fundamentos o los objetivos de la emergencia o las previsiones que se contemplan para las situaciones previstas por la norma.
Recordó lo resuelto por esta Suprema Corte en la causa B. 59.815 "Fontana", sentencia de 26-XI-2007.
Finalmente, hizo lugar al plateo recursivo en cuanto al reconocimiento de la indemnización por los daños material y moral, fijando los criterios para practicar la liquidación del primero y estableciendo el segundo en la suma de $10.000, con intereses. Las costas las impuso por su orden.
III. Contra el fallo de la Alzada la demandada interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 279, CPCC), en el que denuncia que la Cámara ha incurrido en un claro apartamiento de la normativa aplicable (arts. 5, 6 y concs., ley 13.409 de emergencia policial).
Afirma que la decisión que se impugna fue adoptada por el Ministerio de Seguridad en el marco del estado de emergencia que estableció la ley 13.409, optándose por uno de los medios estipulados, la declaración de prescindibilidad.
Alega que el art. 5 de la ley citada resultaba inaplicable al actor por no contar con la antigüedad establecida en la norma para acceder a un retiro o una jubilación, por lo que la solución que dio a la cuestión la Alzada resulta de una indebida aplicación del artículo en cuestión.
Considera que cuando el art. 5 de la ley 13.409 veda la posibilidad de declarar prescindible al personal policial debe interpretarse que se refiere a los casos en los que pueden acceder a una jubilación voluntaria, ello es -según la demandada- el retiro o jubilación ordinaria que regula el art. 28 de la ley 13.236.
Destaca que el actor, al momento de decretarse su prescindibilidad, contaba con veintitrés (23) años de servicio, por lo que no correspondía aplicar al caso lo dispuesto en el art. 5 de la ley 13.409.
Por otro lado, afirma que no es cierto que el actor no haya podido acogerse a un retiro o jubilación o bien optar por el cobro de una indemnización, de conformidad con lo que establece el art. 6 de la ley 13.409.
Señala, finalmente, que el acto impugnado en modo alguno carece de vicio de falta de motivación que pudiera acarrear su invalidez, y su dictado se enmarca en la situación de emergencia policial, particular régimen normativo, temporario y de excepción establecida por la ley 13.409.
IV. Adelanto que el recurso debe prosperar.
IV.1. Más allá de las referencias que contiene la demanda al vicio en la motivación del acto que dispuso la prescindibilidad del actor, con fundamento en la ley 13.409; el meollo de la controversia no gira en torno a si el Poder Ejecutivo cuenta con la facultad de disponer, en situación de emergencia, la prescindibilidad de sus agentes con la mera invocación de razones de servicio o fórmulas similares.
En la especie, se cuestionó la facultad de aplicar tal solución a un agente policial que, si bien no contaba con 25 años de servicios -como expresamente lo reconoce desde su presentación inicial- considera que había cumplido "casi el tiempo del mínimo exigido para acceder a los beneficios que contempla la norma, con lo cual el actor, en pocos meses más, se encontraría amparado dentro de los límites que para el ejercicio de las facultades extraordinarias impone el artículo 5 de la ley 13.409" (fs. 24 vta.).
Tanto la sentencia de primera instancia como la de Cámara abordaron esta cuestión, aunque la resolvieron en forma disímil, rechazando la primera y haciendo lugar, por mayoría, la segunda a la pretensión del actor.
Esta última, objeto de impugnación por parte de la Fiscalía de Estado en esta instancia extraordinaria, fundó su decisión en "un criterio hermenéutico en cuanto a que las normas de prescindibilidad -por ser de emergencia y transitorias- deben ser interpretadas restrictivamente" (fs. 262), por lo que "el artículo 4 de la Ley (13.409) establece una diferencia entre la posibilidad de declarar la prescindibilidad, jubilar o pasar a retiro según el caso; se entiende que estos últimos dos (2) casos lo serán en las condiciones de emergencia, esto es, en situación diferente a la de la regulación normal prevista en la Ley 13.326, es decir, respecto de aquellos que cumplan los requisitos para los supuestos de jubilación ordinaria o retiro voluntario u obligatorio..."(fs. 263).
Entiende que la resolución impugnada es nula en tanto declaró prescindible al actor, "sin otorgarle en forma previa la posibilidad de realizar la opción que resulta de la interpretación antes efectuada de los artículos 5 y 6 de la ley 13.409, ello, sin perjuicio, de no contar con el tiempo mínimo previsto de prestación de servicios para acceder al beneficio previsional, es contraria al ordenamiento jurídico y afecta derechos de raigambre constitucional resguardados con especial énfasis en nuestra Carta Magna bonaerense...".
IV.2. Juzgo que asiste razón al recurrente en sus planteos.
El art. 5 de la ley 13.409 debe interpretarse como una limitación para declarar prescindibles a aquellos agentes que reúnan las condiciones para acceder a la jubilación ordinaria o a las prestaciones extraordinarias distintas a la reglada en el art. 25 inc. "c" de la ley 13.236, salvo que los agentes beneficiados por esta última norma expresamente hayan manifestado su voluntad de acogerse al beneficio excepcional, en cuyo caso la prescindibilidad tampoco podría ser declarada a su respecto.
Por lo tanto, como la situación del actor no encuadra en ninguno de estos supuestos, la limitación contenida en el art. 5 de la ley 13.409 no rige en el caso en examen.
En la especie, resulta aplicable el art. 6 de la ley 13.409, cuyo planteo de inconstitucionalidad no puede prosperar.
Las resoluciones del Ministerio de Seguridad no pueden estimarse ilegítimas ni reconocerse al actor el pago de indemnización alguna. El actor, luego de haber sido declarado prescindible con sustento en los arts. 1, 4 y concordantes de la ley 13.409, solicitó por ante la Caja Retiros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires que se le conceda el beneficio de retiro activo obligatorio que, si bien le fue denegado, ello se debió, tal como más adelante destacaré -infra punto d.-, al propio accionar del actor.
En un caso análogo al presente (causa A. 69.997, "De Matteis", sent. de 16-III-2011), en el que se planteó la discusión acerca de la inteligencia del art. 5 de la ley 13.409, esta Corte -por mayoría- se remitió a los fundamentos expuestos en otro precedente de configuración similar, aunque relativo a la interpretación del art. 6 de la ley 11.880 (causa B. 59.529, "Mangudo", sent. de 10-XI-2010). Allí este Tribunal se pronunció en el sentido que estos supuestos no conllevan la afectación del derecho a la estabilidad del agente. Ello con base en los fundamentos que seguidamente desarrollo.
IV.3. Si bien el derecho a la estabilidad del agente público reviste carácter fundamental en nuestro ordenamiento (arts. 14 bis, Const. nac.; 103, Const. prov.), no es absoluto ni obliga mantener bajo cualquier circunstancia en actividad al funcionario, aunque sus servicios dejen de ser necesarios por causas razonables.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, corroboró tal criterio al decidir en la causa "Madorrán, Marta Cristina c/Administración Nacional de Aduanas s/Reinstalación" (sent. de 3-V-2007). Allí puso de manifiesto que la consagración de la estabilidad del empleado público en el art. 14 bis de la Constitución nacional persiguió "poner a los servidores del estado al abrigo de la discrecionalidad de las autoridades de turno y de los vaivenes de la vida política no solo a efectos de tutelar la dignidad del agente público frente a dichas situaciones, sino también para evitar el notorio perjuicio para los administrados derivado del deterioro de la función pública" (cons. 6°); tal garantía, no significa clausurar todo supuesto de separación del agente de su cargo, sino la invalidez de las segregaciones sin invocación de "causas justificadas y razonables" (cons. 10° y 11°).
Es decir, ante una situación excepcional de emergencia, formalmente declarada, el derecho a la estabilidad del empleado público puede ser reemplazado por una indemnización o, como en el caso, por el otorgamiento de un beneficio previsional (conf. doctrina causas B. 55.956, "Pérez Demarchi", sent. de 17-V-2000; B. 57.253, "Rodríguez", sent. de 9-V-2001 y B. 57.780, "Stefancik", sent. de 11-VI-2003).
De esta manera, ningún reproche constitucional cabe efectuar a las normas mencionadas, en tanto en el caso del cese por prescindibilidad se indemniza al agente conforme las pautas de la ley aplicable y en los supuestos de jubilación con el pago de los haberes de pasividad en forma periódica (causa I. 1.232, "Zaratiegui", Acuerdos y Sentencias, 1988-III-507), aunque sea un beneficio menor al máximo previsto para la jubilación ordinaria (doctr. causas B. 55.064, "Gullini", sent. de 27-V-1997 y B. 59.532, "Chalía", sent. de 15-XII-2010).
De tal doctrina dimana que no resulta aceptable entender que quien se halle en condiciones de obtener un beneficio jubilatorio -reitero, aunque menor al máximo previsto para la jubilación ordinaria- pueda obtener dos prestaciones sustitutivas del derecho a la estabilidad: una, la jubilación ordinaria y la otra la indemnización por prescindibilidad.
IV.4. El caso en estudio tiene la particularidad de que al actor le fue rechazado el beneficio previsional que solicitó "sin renunciar al presente juicio" (fs. 205 vta.) a la Caja de Retiros de la Policía, "por carecer de los años exigidos por el artículo 40 de la ley 13.236" (fs. 209 vta.).
Tal como el propio actor lo afirma y lo reitera la Fiscalía de Estado en su presentación por ante la Cámara de Apelaciones que intervino, la denegatoria del beneficio previsional se debió a que el actor no efectuó la opción que el art. 6 de la ley 13.409 determina, renunciando a los reclamos pendientes y bajo las formalidades que esa norma establece (ver acta de fs. 161).
El artículo citado impone que el personal declarado prescindible, que no se hallare sometido a sumarios administrativos o procesos penales de los que pudiera resultar sanciones de cesantía o exoneración, tendrá derecho a optar entre: 1. El cobro de una indemnización equivalente a un (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de tres (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año; o bien, 2. El reconocimiento de todos los derechos y obligaciones establecidos para el retiro activo obligatorio, con un haber jubilatorio como mínimo igual al correspondiente al personal con veinticinco (25)años de servicios.
Para este último caso, si el personal no contare con veinticinco (25) años de servicios -situación que resulta ser la del nombrado Videla-, el Poder Ejecutivo deberá realizar los aportes y contribuciones previsionales y de la obra social, patronales y personales, con su modalidad habitual, hasta completar esa antigüedad.
La opción -según establece el propio art. 6 que estoy recordando- debía formularse bajo las siguientes condiciones: a) Manifestación por escrito y con firma certificada por el interesado, por ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia, de la opción a percibir la indemnización prevista precedentemente o de acogerse a los derechos y obligaciones establecidos para el retiro activo obligatorio; b) El ejercicio de dicha opción importará la renuncia a todo reclamo y acción administrativa o judicial relativa las mismas.
Ahora bien, si según denuncia el propio actor, el planteo por ante la Caja de Retiros de la Policía se efectuó sin acompañar la correspondiente opción efectuada en el marco del recordado art. 6 de la ley 13.409 y "sin renunciar al presente juicio", el Ejecutivo no se encontraba obligado a realizar los aportes y contribuciones previsionales que resultaban necesarias hasta llegar a los veinticinco (25) años, indispensables para obtener el retiro activo obligatorio y de allí se explica la denegatoria efectuada por parte de la entidad previsional al pedido del señor Videla.
Según surge de las constancias documentales acompañadas en su presentación de fs. 163, la Caja de Retiros de la Policía había intimado al aquí actor, en el marco del expediente administrativo 21.100-843871/07 a que acompañe a su presentación de solicitud de beneficio de retiro activo obligatorio la renuncia expresa a todo reclamo o acción administrativa o judicial relativa a la cuestión certificada ante la Escribanía General de Gobierno de la Provincia -ver fs. 161-, esto es las constancias de la opción que establece el art. 6 de la ley 13.409.
No puede de ninguna manera imputarse a la demandada las consecuencias gravosas resultantes de la omisión de formular la opción que la norma le imponía al actor, la cual de ninguna manera puede interpretarse como una opción "entre una indemnización o permanecer en las fuerzas..." (fs. 263 vta.) como entiende el voto mayoritario de la sentencia impugnada.
Lo expuesto precedentemente resulta suficiente para revocar la decisión del tribunal (art. 289 inc. 1, CPCC) en tanto no se advierte que la Administración haya incurrido en violación de las normas que regían su actuación.
IV.5. Cabe destacar por último que, tal como lo afirma el voto en minoría de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Nicolás (v. fs. 271 vta.), el presente caso no guarda similitud con los resueltos por esa Alzada en anteriores oportunidades y que, interpuestos sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, fueron tramitados por ante esta Suprema Corte -causas A. 70.758, "Capra", sentencia de 6-V-2020; A. 70.767, "Lettieri", sentencia de 27-XII-2020 y A. 70.768, "Mossre", sentencia de 6-V-2020- respecto a que sus actores alegaban encuadrase en los supuestos de los límites legales a la Administración para decretar sus prescindibilidades, en tanto poseían requisitos para acceder a distintos beneficios previsionales -según los casos-, situación que no se configura en la especie, dado que el actor solo cuenta con 23 años de servicios.
V. Atento el resultado a que se arriba en el tratamiento del remedio extraordinario, se impone abordar los restantes planteos de quien, por haber resultado ganancioso, carecía de interés para recurrir (doctr. causa C. 97.182, sent. de 19-V-2010; e.o.). Para ello me permito reproducir en su totalidad lo expresado por el doctor Soria al emitir su voto en la causa A. 70.758, "Capra" (sent. de 6-V-2020) al que presté mi adhesión.
V.1. En punto a los vicios en la motivación del acto de cese que denuncia el actor (v. fs. 27) he de recordar que es un principio re
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.