Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74938
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.938, "Municipalidad de Vicente López c/ Comisión Arbitral y ot. s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Genoud , Pettigiani , Torres , Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, por mayoría, hizo parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por las codemandadas Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral y, en consecuencia, revocó la resolución del señor juez de primera instancia que desestimó la excepción de incompetencia de la justicia provincial para entender en la controversia (conf. arts. 116, Const. nac.; 166, Const. prov.; 2 incs. 6 y 12, ley 48). Consecuentemente, dispuso la remisión de los actuados a la Receptoría de los Juzgados en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, a los fines de su adjudicación entre los órganos de ese fuero (conf. art. 15, Const. prov.).
Contra tal pronunciamiento, la Municipalidad de Vicente López interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 1.111/1.121 vta.), que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 1.123/1.124.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 1.126), agregado el memorial de la parte actora a fs. 1.127/1.132 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín, por mayoría, hizo parcialmente lugar al recurso de apelación interpuesto por las codemandadas Comisión Arbitral y Comisión Plenaria del Convenio Multilateral y, en consecuencia, revocó la resolución del señor juez de primera instancia que desestimó la excepción de incompetencia de la justicia provincial para entender en la controversia (conf. arts. 116, Const. nac.; 166, Const. prov.; 2 incs. 6 y 12, ley 48). Consecuentemente, dispuso la remisión de los actuados a la Receptoría de los Juzgados en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, a los fines de su adjudicación entre los órganos de ese fuero (conf. art. 15, Const. prov.).
I.2. Para decidir como lo hizo, destacó que ya había tenido oportunidad de pronunciarse al respecto en una causa similar (expte. n° 3.286/12, "Municipalidad de Moreno c/ Frigorífico Rydhans SA"). Y así, reeditando fragmentos de dicha sentencia, reafirmó la necesidad de ejercer un "control judicial suficiente" de la actividad cuasi jurisdiccional llevada a cabo por órganos administrativos -condición que asignó a la Comisión Arbitral y su plenario-, motivo por el cual confirmó el rechazo a la excepción de inadmisibilidad de la pretensión basada en el supuesto carácter irrevisable de las decisiones adoptadas por esos dos entes.
Con todo, inmediatamente advirtió que de lo anterior no se seguía que los jueces provinciales se hallaren facultados para llevar a cabo tal tarea. En efecto, dijo que "...la justicia provincial no es el ámbito adecuado para efectuar dicho control en razón de la naturaleza multijurisdiccional de los órganos administrativos que emitieron las resoluciones cuestionadas, y de que tales decisiones resultan obligatorias para la Provincia".
En tal sentido, destacó que la Comisión Arbitral está integrada "...por un presidente, un vicepresidente y siete miembros: dos representantes permanentes (Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y cinco representantes regionales que rotan bianualmente -zonas Nordeste, Noroeste, Centro, Cuyo y Sur (arts. 20, 22, 24, 31 y cctes., Conv. Mult.)" y que "...por su parte, la Comisión Plenaria [...] está integrada por las veinticuatro jurisdicciones y es un órgano deliberativo no permanente [...] Es decir, la codemandada en autos... se integra por representantes de todas las jurisdicciones interesadas (arts. 15 a 26, Conv. Mult.)".
I.3. Por otro lado, resaltó que el Convenio Multilateral es una norma de derecho intrafederal al igual que las leyes convenio de coparticipación impositiva, que hace parte del derecho público local, aunque con diversa jerarquía. Para así distinguirla, sostuvo que difiere de las leyes locales en sentido estricto por constituirse como una manifestación del federalismo, donde las jurisdicciones estaduales -en paridad de condiciones- pactaron los criterios de distribución tanto del impuesto sobre los ingresos brutos como de las tasas municipales (art. 35, Conv. Mult.), a los fines de evitar situaciones de múltiple imposición. Por ende, recordando que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha interpretado que los acuerdos derivados de convenios interjurisdiccionales constituyen derecho federal, concluyó que la materia de autos era de semejante naturaleza.
Independientemente de lo anterior, trajo a colación que la Constitución nacional determina que los asuntos en los que una o más provincias sean parte habilitan la jurisdicción originaria y exclusiva de la Corte Suprema de Justicia, simplemente por razón de las personas (conf. arts. 116 y 117, Const. nac.).
I.4. Citando doctrina de autores asegurando que "negar la jurisdicción federal en estos casos no es práctico ni correcto", añadió que el art. 24 inc. "b" del Convenio Multilateral habla del carácter obligatorio de las resoluciones de la Comisión Arbitral respecto de las partes que sometan un "caso concreto" ante ella, razón por la cual mal podría la propia Provincia como jurisdicción pactista -situación que extendió al municipio- (conf. dec. ley 8.960/77) dejar sin efecto tales decisiones a través de los poderes judiciales locales.
A mayor abundamiento, refirió que la competencia de la justicia bonaerense está contemplada en el art. 166 de la Constitución provincial, norma que al definir la materia contencioso administrativa no menciona los casos originados en la acción u omisión de órganos "multijurisdiccionales".
I.5. Finalmente, dijo que, si bien no desconocía lo fallado por el Máximo Tribunal de la Nación en las causas "Maxiconsumo SA" y "Frigorífico de Aves Soychu SAICFI", cabía considerar que tales precedentes no eran de seguimiento obligatorio en los términos de los arts. 278 y 279 del Código Procesal Civil y Comercial; además de notar que tres de los cuatro jueces que decidieron dichas causas habían dejado de integrar ese cuerpo.
Así las cosas, a los fines de asegurar la tutela judicial continua y efectiva, remitió los obrados a la Receptoría de los Juzgados en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de San Martín, para su posterior adjudicación entre los tribunales de ese fuero.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Municipalidad de Vicente López denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, absurdo y errónea aplicación de la ley.
II.1. Por cuanto concierne al primer agravio, menciona aquella relativa a la obligatoriedad de acatar los precedentes de la Corte federal por "razones de celeridad y economía procesal". Se queja porque la alzada decretó la incompetencia del fuero provincial desconociendo la doctrina de "Maxiconsumo", que atribuye competencia a los tribunales locales en esta clase de asuntos, sobre todo, cuando en autos estaría involucrada la interpretación de las ordenanzas fiscales y tributarias sancionadas por el municipio, una materia no federal.
En virtud de ello, predice que el conflicto negativo de competencia indefectiblemente ocurrirá, dilatando innecesariamente el desenvolvimiento del proceso.
Critica además que la Cámara -para apartarse del precedente de la Corte nacional- haya sopesado que tres de los cuatro magistrados dejaron de integrarla por renuncia o fallecimiento. Advierte que la doctrina se debe considerar vigente hasta tanto el órgano del cual ha emanado dicte un nuevo pronunciamiento en sentido distinto al que venía sosteniendo, algo que encuentra sustento en la necesidad de garantizar la seguridad y estabilidad jurídica, así como la confianza institucional.
II.2. Aduce absurdo e inaplicabilidad de la ley local y nacional. Para ello, reseña que la controversia versa sobre la revisión de dos resoluciones, dictadas por la Comisión Arbitral y la Plenaria del Convenio Multilateral, por las que se interpretó de qué modo debía calcularse la base imponible de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (conf. art. 35, Conv. Mult.).
Afirma que se incurrió en el apuntado vicio, en tanto el Tribunal de alzada reconoció el carácter excepcional que tiene la jurisdicción federal, pero, a pesar de ello, le asignó el conocimiento del presente caso apartándose de la normativa que la rige (conf. arts. 116, Const. nac.; 2 incs. 6 y 12, ley 48).
Dice que endilgarle a ese fuero el conocimiento de este litigio ratione personae no tiene asidero, dado que las demandadas no resultan ser ninguno de los sujetos mencionados en los referidos preceptos. Destaca que ni la Comisión Arbitral ni la Plenaria son organismos pertenecientes al gobierno nacional, ni dependientes de aquel, como así tampoco resultan ser vecinos de extraña jurisdicción. Agrega que tampoco la controversia concierne a diplomáticos, embajadores, ministros, estados extranjeros, cónsules y/o vicecónsules.
Sugiere que el carácter de "organismo multijurisdiccional" atribuido por la Cámara a las codemandadas a fin de justificar la competencia federal es inadecuado por cuanto dicha naturaleza jurídica no permite colegir que resulte equiparable a un organismo federal o dependiente del gobierno nacional, máxime cuando este último no forma parte del Convenio Multilateral.
Sostiene que tampoco se justifica la declinación de competencia en razón de la materia dado que el conflicto atañe a tributos municipales. Subraya que el caso bajo estudio no implica un conflicto interprovincial que mande al desplazamiento de la competencia local, pues la cuestión se encuentra ceñida a la determinación y cobro de una tasa.
III. Por las razones que a continuación desarrollaré, entiendo que el remedio no puede prosperar.
III.1. A los fines de su suficiencia, el recurso extraordinario de inaplicabilidad debe cumplir con la carga de individualizar concretamente la doctrina legal que se dice violada, explicar en qué consiste la alegada infracción y señalar los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar (doct. causas L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 72.762, "García", sent. de 19-X-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Si bien es cierto que el Tribunal se ha referido a la necesidad de que, por razones de economía y celeridad procesal, bajo ciertas circunstancias sea prudente adoptar el mismo temperamento sentado por la Corte federal (cfr. causa C. 99.610, "Frigorífico Mellino SA", sent. de 10-IX-2014), tal razonamiento requiere de una mayor elaboración en función de la materia sobre la cual ha recaído el pronunciamiento que se reputa de obligatorio seguimiento, aspecto que la apelante no ha precisado en la medida en que resulta menester.
III.2. He tenido oportunidad de señalar en la causa A. 71.776, "Cementos Avellaneda SA", sentencia de 16-VIII-2017, que las decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen los efectos propios que surgen de su autoridad institucional en temas federales como en aquellos que no lo son (conf. mi voto en causas A. 69.412, "P. L., J. M.", sent. de 18-VIII-2010 y A. 70.197, "C., M. P.", sent. de 4-V-2011). En el primer caso, por tratarse del intérprete último y más genuino de nuestra Constitución, ámbito en el que no se halla limitada ni por la interpretación de los jueces inferiores ni por las articulaciones de las partes (CSJN Fallos: 308:647 y 326:2880). En el segundo, en principio, razones de celeridad y economía procesal aconsejan su seguimiento en casos análogos, aunque sin perder de vista que las decisiones que involucran cuestiones regidas por el derecho público local son privativas de los tribunales provinciales (CSJN Fallos: 305:112; 324:1721, 2672; e.o.).
En ese entendimiento, se advierte que la Municipalidad de Vicente López se ciñe a apuntar aisladamente a un criterio doctrinario de ordinario concebido para analizar la aplicación de tal jurisprudencia en el supuesto de cuestiones no federales, en cuya hipótesis el principio informante bien puede ser la celeridad y la eficiencia. Limitada así, la pieza recursiva en tratamiento es insuficiente pues omite identificar y dirigir correctamente hacia la doctrina legal que habría violado la Cámara. Deficiencia técnica que mella la procedencia de este tramo de la impugnación, la que no puede ser suplida en instancia extraordinaria (art. 279 in fine , CPCC).
IV. Por otro lado, la apelante denuncia absurdo en la conclusión a la que llegó la Cámara en punto a que podía apartarse de los precedentes "Maxiconsumo" y "Frigorífico de Aves Soychu" de la Corte nacional en función de que "...tres de los cuatro magistrados que votaron en las causas que señalara el juez de grado a efectos de sustentar el fallo hoy en crisis, han dejado de integrar el Alto Tribunal nacional".
Se entiende por absurdo al error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas y procesales vigentes, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, falsa en la aprehensión fáctica e insostenible en la discriminación axiológica (doct. causas Ac. 46.287, "Martínez García", sent. de 28-IX-1993; Ac. 51.191, "Castillo", sent. de 17-V-1994; Ac. 57.691, "Banco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 20-II-1996; Ac. 55.404, "Méndez", sent. de 25-III-1997; Ac. 74.284, "Saldías", sent. de 4-IV-2001; Ac. 84.918, "D'annunzio", sent. de 3-XII-2003; e.o.).
De tal definición rápidamente se extrae que un agravio como el aquí planteado, ligado no ya a cuestiones atingentes a la ponderación fáctica de los elementos constitutivos del proceso, sino antes bien, a la vigencia efectiva de un número de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretativos del alcance de las cláusulas de la jurisdicción federal, es un asunto propio del ámbito de la inaplicabilidad o errónea aplicación de la ley. Mas no del excepcional supuesto de absurdo.
Consecuentemente, esta parcela del recurso es también insuficiente, no obstante lo que quepa analizar a su respecto más adelante (art. 279 in fine , CPCC).
V.1. Finalmente, la recurrente alega la infracción de los arts. 116 de la Constitución nacional y 2 incs. 6 y 12 de la ley 48, dado que a su entender el a quo remitió al fuero federal el conocimiento y decisión de una controversia que involucra a la Comisión Arbitral y Plenaria del Convenio Multilateral de 1977, personas no enumeradas entre las aforadas en la jurisdicción de excepción a la que mientan tales normas. Añade que tampoco concurre un supuesto de competencia federal ratione materiae , dado que la contienda versa acerca de tributos y tasas locales. Invoca también la inaplicación de los arts. 1 y 2 inc. 5 de la ley 12.008 -texto según ley 13.101- que fijan la competencia del fuero contencioso administrativo provincial.
V.2. Mucho se ha hablado en este juicio de lo resuelto en los precedentes "Maxiconsumo SA" (causa M. 921. XLII. REX) y "Frigorífico de Aves Soychu SACIFI" (Fallos: 336:443), ambos fallados el 14 de mayo de 2013 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trataba de recursos extraordinarios federales interpuestos directamente en los términos del art. 14 de la ley 48 contra decisiones adoptadas por la Comisión Plenaria, remedios que el máximo Tribunal desestimó al no dirigirse contra "sentencias judiciales [...] provenientes de los órganos permanentes del Poder Judicial de la Nación y de las provincias".
Lo que se ha destacado es la consecuencia de esto último, pues se dijo que el Convenio Multilateral formaba parte del derecho público local, carácter que cabía hacer extensivo -en principio- "...al resultado de la actividad desplegada por los organismos encargados de su aplicación -Comisión Arbitral y Comisión Plenaria- a través del dictado de resoluciones que establecen el alcance de las cláusulas del citado convenio, sean éstas generales, interpretativas o dictadas con motivo de los casos concretos sometidos a su consideración". Y así, apartándose del dictamen fiscal que recomendaba habilitar la competencia de la Corte para entender en el recurso extraordinario federal, concluyó que el contribuyente debía ventilar la cuestión por ante los tribunales provinciales competentes, dejando a salvo su eventual intervención por la mencionada vía, más adelante.
Como podrá inferirse, esta interpretación del alto Tribunal sobre un tema que atañe rigurosamente a la competencia federal luce prima facie determinante respecto al alcance que debe asignársele a las normas que aquí se denuncian infringidas (arts. 116, Const. nac.; 2 incs. 6 y 12, ley 48). Con todo, puede advertirse que en la especie concurren especiales circunstancias cuya valoración es menester realizar antes de concluir, automáticamente, que la Cámara de Apelación ha errado con su decisión.
V.3. De un lado, cabe apuntar que lo dicho en relación a la denegatoria del fuero federal no fue sino obiter dicta , en tanto el punto concreto a decidir por la Corte Suprema era, estrictamente, la procedencia del recurso extraordinario federal contra la resolución adoptada por la Comisión Plenaria.
De otro, es menester poner de relieve que en la especie se manifiestan aquellos excepcionales supuestos que habilitan a desviarse de la regla stare decisis , en tanto la experiencia reciente ha demostrado el error o inconveniencia de las decisiones recaídas en tales precedentes y, consecuentemente, la necesidad de un cambio en la regla de derecho aplicable, a lo que se añade su aparente inconsistencia con pronunciamientos posteriores (cfr. CSJN Fallos: 183:409; 329:759; 337:47; 342:533).
Lo anterior no implica desconocer que, en dos casos paralelos a éste, la Corte federal ha ratificado el señalado fundamento complementario de "Maxiconsumo" y dirimido el conflicto negativo de competencia a favor de la justicia provincial para que entienda en la pretensión anulatoria dirigida contra una resolución de la Comisión Plenaria (cfr. causas CSJ 2362/2019/CS1 y CSJ 220/2020/CS1, "Municipalidad de Vicente López c/ Comisión Arbitral del Convenio Multilateral", sents. de 6-VIII-2020 y 17-XII-2020, por remisión al dictamen de la Procuración General). Como consecuencia de ello, ambas partes se han presentado en el expediente y denunciado que la cuestión ha devenido abstracta (v. escritos electrónicos de 10-XI-2020 09:27:05 p.m. y 16-III-2021 01:35:53 p.m.).
Mas como también ha admitido dicho Tribunal, el deber de los jueces locales de conformar sus sentencias a los precedentes sentados en casos sustancialmente análogos cede cuando se aportan nuevos argumentos que bien podrían justificar la revisión de la posición sentada con anterioridad por aquél (Fallos: 342:2344). Y en cuanto a lo pedido por las partes, más allá de no configurarse un supuesto como el que plantean -pues el caso indudablemente mantiene vigencia, independientemente del criterio de la Corte federal en otras causas-, a esta altura tampoco existe disponibilidad sobre la materia tratándose de un asunto de orden público ligado a
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