Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75279
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.279, "Odisa Obras de Ingeniería S.A. c/ Instituto Provincial de la Vivienda s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, Torres, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia denegatoria de las pretensiones articuladas en autos (v. fs. 882/893).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandante interpuso recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y nulidad (v. fs. 903/922), siendo concedido por la cámara interviniente solamente el primero de ellos (v. resolución de fs. 950/951).
Habiendo articulado la recurrente queja contra la denegación del recurso de nulidad, pese a su admisión, finalmente fue desestimada (v. fs. 1.003/1.005).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 1.005) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia por la cual se rechazaron las pretensiones articuladas en autos (v. fs. 790/823).
Para así resolver precisó que debía desestimarse el recurso de apelación interpuesto a fs. 837/863 y confirmar la sentencia de grado pues, más allá del intento realizado en torno a demostrar el desacierto interpretativo o una errónea o insuficiente valoración de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas que derivaron en la denegación cuestionada, no se advertían demostrados dichos postulados.
A fin de la mejor comprensión de la cuestión a dirimir, resulta relevante formular un relato circunstanciado de lo aquí actuado.
I.1.a. De acuerdo a las posturas esgrimidas por las partes, la señora jueza de primera instancia estableció que procedía examinar: i) si correspondía declarar la ilegitimidad de las resoluciones dictadas por el Instituto Provincial de la Vivienda 2.519/08 y 2.105/11, y consecuentemente, ordenar el cumplimiento del convenio 09-485/03 celebrado entre ODISA SA y el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (IVBA), reconociendo los daños y perjuicios alegados por la ilegitimidad declarada y por la falta de escrituración de las unidades funcionales; ii) para el caso de ratificarse la nulidad del convenio 09-485/03, si correspondía ordenar el cumplimiento del convenio 09-228/99, con más los daños y perjuicios que se reclaman, y en subsidio, iii) si procedía judicialmente declarar la rescisión del convenio 09-228/99, con más los daños y perjuicios originados por su incumplimiento, que podría implicar, además, la revocación de la donación con cargo realizada al IVBA.
I.1.b. Para sostener el rechazo de la pretensión de ilegitimidad de las resoluciones dictadas por el IVBA 2.519/08 y 2.105/11 -que declararan la nulidad del convenio 09-485/03, celebrado entre ODISA SA y el IVBA- y, consecuentemente, ordenar su cumplimiento y el reconocimiento de los daños y perjuicios alegados, la magistrada de instancia señaló que el convenio 09-485/03 -a través del cual el Instituto de la Vivienda se comprometiera a realizar aportes al fideicomiso para atender las obligaciones asumidas frente a los beneficiarios (ex empleados de la empresa Odisa que no podían percibir sus indemnizaciones por la morosidad de los adjudicatarios en el pago de las cuotas)- había sido celebrado ad referéndum , es decir, supeditado a la intervención de los organismos legales y de control.
Siendo ello así, el convenio citado carecía de eficacia pues los efectos de la resolución que lo aprobara se encontraban supeditados al cumplimiento de una condición suspensiva -6la necesaria intervención de los organismos de asesoramiento y control cuando pudieren verse afectados intereses patrimoniales de la Provincia-.
De tal forma, ausente dicha intervención previa y habiéndose posteriormente planteado diversas objeciones de distinto tenor al convenio mencionado, la declaración de nulidad devenía ajustada a derecho y el reclamo indemnizatorio con base en su ilegitimidad resultaba infundado.
Agregó que tampoco encontraba asidero el cuestionamiento a la luz de lo establecido por el art. 114 del decreto ley 7.647/70, en tanto dicha manda consagra la irrevocabilidad de los actos regulares.
Sostuvo que la estabilidad del acto administrativo no puede predicarse en relación al acto imperfecto o viciado, pues la viabilidad de la potestad extintiva de la Administración opera no sólo en presencia de un acto irregular, sino que tiene cabida también cuando el acto carece de eficacia.
Afirmó que el transcurso del tiempo para acotar la posibilidad de revocar o anular las decisiones, de la mano de la equidad, cobran entidad frente a situaciones que se han consolidado regularmente.
Refirió que por más que se alegue buena fe, los hechos mencionados -que no son más que las obligaciones que la empresa tenía a su cargo en el marco del contrato celebrado-, no permiten sanear las irregularidades antes observadas y tener por válido el convenio en cuestión.
Por lo demás, advirtió que con el mismo no se resuelven la totalidad de los intereses en juego, sino particularmente las deficiencias económicas que alega la empresa, dejando a un lado el interés público comprometido que debería encontrar una solución integral, incluyendo a los adjudicatarios.
Consignó que la desproporción que se alega no se encontraba acreditada, toda vez que la Administración cumplió con la principal obligación, esto es la de realizar su aporte conforme lo pactado.
Señaló que los vicios apuntados en los elementos del acto impugnado (objeto, causa y fin) no lucían acreditados; por el contrario, entendió que la Administración valoró razonablemente los hechos que rodearon la firma del convenio, mediante los dictámenes que se produjeron previos a la anulación, al advertir que se encontraba comprometido el interés patrimonial de la provincia.
Que la actora no podía esgrimir desconocimiento de lo acontecido, puesto que en primer lugar supo desde un inicio las condiciones de celebración del convenio y, en segundo término, en tanto las reglas que instituyen la actuación de los organismos de control se reputan consabidas, es decir, la empresa debió prever que lo finalmente acontecido era una posibilidad ante la afectación y el compromiso de los intereses patrimoniales de la Provincia. De allí también -dijo- que el invocado principio de ejecución resultara relativizado, ante una operatoria a la postre objetada por violentar la juridicidad imperante.
Negó que mediara contradicción al propiciarse únicamente la anulación del convenio 09-485/03, pues no se advirtieron tales vicios en el celebrado en el año 1999.
Valoró que en el marco de la contienda carecía de entidad la indefensión alegada por no utilizarse la acción de lesividad.
En definitiva, concluyó que las decisiones adoptadas (2.519/08 y 2.105/11) resultaban legítimas pues la aprobación del convenio se encontró supeditada al cumplimiento de una condición suspensiva -necesaria intervención de los órganos de asesoramiento y control-, de modo que por carecer de eficacia no pudo acarrear consecuencias jurídicas, circunstancia que determina la desestimación del reclamo indemnizatorio fundado en su ilegitimidad.
I.1.c. Respecto a la pretensión subsidiaria de cumplimiento de las obligaciones originadas en el convenio 09-228/99 y el acto de donación con cargo que la empresa efectuara al IVBA, la magistrada que previno sostuvo que la donación de las tierras de ODISA al IVBA no era más que una obligación impuesta desde el inicio de la relación contractual; entendió que resultaba erróneo afirmar que la Administración es quien solicitara a la actora la donación del terreno en ejercicio del ius variandi , pues tal obligación surgía nítidamente del régimen licitatorio (art. 9, ley 21.581; resol. FONAVI 155/92 y cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones, que detalló).
Despejado tal tópico y en cuanto a los alcances del convenio, señaló que los créditos originados por la cobranza se reconocen en la medida de su recaudación y en los términos que surgen de la cláusula 4°.
Según esta última, la Administración se encontraba facultada para acordar estipulaciones diferenciadas con ciertos adjudicatarios que no pudieran hacer frente a sus obligaciones, teniendo derecho la empresa al cobro en la modalidad originalmente pactada. Así se dejó expresamente aclarado que " en caso de escrituración debería constituirse una hipoteca en primer grado a favor de la actora ".
Por ello, juzgó que en aplicación de una disposición tan clara como la cláusula citada se despejaba cualquier duda sobre el hecho de que la pretensión actoral carece de fundamento jurídico sobre el cual apoyarse para exigir un reclamo indemnizatorio (arg. art. 499, Cód. Civ.).
Razonó que no puede desconocerse que el "cargo" o la constitución de un gravamen hipotecario a favor de la empresa actora, se encontraba supeditada a la facultad del IVBA de otorgar subsidios a aquellas personas que lo necesitaran, y que una vez hecho efectivo se realice el acto escriturario.
Asimismo, puso de relieve que para el otorgamiento de subsidios -que no se encontraba definido originariamente en el régimen licitatorio- era necesario contar con los recursos y con la autorización de las partidas pertinentes.
Señaló, por otra parte, que al año 2003 existían viviendas ocupadas por personas distintas a los legítimos tenedores, con lo cual, por más que el IVBA asumiera la obligación de concluir con todo el proceso de subdivisión en propiedad horizontal y escrituración de los inmuebles, teniendo en vista la problemática suscitada, tampoco podría responsabilizársela por no haberlo culminado.
Indicó que la Administración procuró encontrar una solución frente a aquellos adjudicatarios que no podían cumplir con las obligaciones que mantenían con la empresa y que, por ende, aún no contaban con la escritura traslativa de dominio. Que cuando la empresa promovió juicios de desalojo por falta de pago de las cuotas convenidas, solicitó que se los suspenda para arribar a una solución coyuntural, pero que no puede afirmarse que haya sido la política social de la Provincia el motivo por el cual ODISA se vio afectada en la percepción regular de las cuotas.
Refirió que esa intervención sería una consecuencia originada por el alto grado de morosidad en el pago a ODISA por parte de los beneficiarios y ocasionado por los altos intereses devengados. En tales circunstancias, que no se hayan podido concretar los subsidios para cancelar la deuda de los adjudicatarios con ODISA y que, por ende, la Administración no haya constituido un gravamen hipotecario a su favor, no configura un daño por el cual deba responder (art. 1.068, Cód. Civ.).
Puso de manifiesto que la constitución de hipoteca a favor de ODISA era para supuestos especialmente contemplados en la cláusula 4°. La deuda de los adjudicatarios con ODISA, por más que se encontrara determinada o definida, no implicaba que el IVBA debía hacerse cargo de su inversión.
Sostuvo que de los alcances del convenio 09-228/99 surge que el IVBA reconocía a la actora sumas derivadas de aquellas obligaciones en la medida de su recaudación y, en caso de establecer modalidades especiales con los adjudicatarios, entonces sí debía reconocer el crédito de la empresa y abonarlo en las condiciones originariamente pactadas. Con lo cual, la deuda que reclama al IVBA por saldo de precio con los adjudicatarios, no ha sido originada por incumplimientos de aquel. Así, queda definido que las obligaciones de hacer frente al pago de las cuotas, vinculaban a los adjudicatarios y la empresa.
A todo evento, negó que siquiera se acreditara la existencia de un enriquecimiento sin causa en favor de la Administración, en tanto existía una obligación legalmente definida por la cual la empresa debía donar los terrenos en los que se erigiera el emprendimiento.
Señaló que los daños que entiende originados en el incumplimiento del convenio no pueden vincularse con un posible desequilibrio en la ecuación económico financiera del contrato.
Explicitó que las obligaciones del IVBA (como la de realizar a su debido tiempo el aporte financiero correspondiente) se observaban mayormente cumplidas. Manifestó que, a tenor de los convenios de adhesión suscriptos con los adjudicatarios, tampoco era cierto que se estuviera en condiciones de escriturar desde el año 1999 y que fuera la Administración quien lo impidió. Bajo tales parámetros concluyó que lucía ausente una actuación irregular de la Administración (art. 1.112, Cód. Civ.).
Tampoco advirtió la configuración de un sacrificio especial que tornara procedente la responsabilidad de la Administración por su actuación lícita.
Aclarado que la donación del inmueble al IVBA era una obligación impuesta desde el inicio del procedimiento licitatorio, consideró que la comunicación realizada mediante nota 265/01 a los adjudicatarios, en relación a la titularidad del bien, no ha significado más que poner en conocimiento de ellos lo que se encontraba legalmente previsto.
En cuanto a que la indisciplina de los adjudicatarios en el pago de las cuotas haya sido generada por la Administración, entendió que no surge corroborada por las constancias de la causa. Tampoco que el IVBA no haya adoptado medidas de administración del complejo habitacional durante la transición entre su habilitación, mensura y división por ley de propiedad horizontal y proceso de escrituración.
Por otra parte, puso de manifiesto que la actora, con fecha 5 de abril de 2002, acompañó al IVBA la lista de los adherentes que se encontraban en condiciones de escriturar, es decir, los que habían cancelado las obligaciones con ODISA. De tal forma, la falta de formalización de la escritura no podía perjudicarla, pues de sus propias manifestaciones se desprendía que " habían cancelado la totalidad de las cuotas comprometidas con la empresa" .
Recién con la lista de adherentes que tenían saldos pendientes con la empresa que ésta adjuntó, la Administración tenía que evaluar si correspondía el pertinente subsidio y una vez otorgado a favor de los beneficiarios, garantizar sus acreencias del modo convenido.
Observó que si por el incumplimiento de los adjudicatarios en abonar las cuotas, la empresa tuvo que devolver los préstamos obtenidos para financiar la obra, se le suspendieron líneas de crédito o debió recurrir a financistas particulares y al despido de su personal, comprometiendo su patrimonio, esas contingencias resultan ajenas a la actuación del IVBA, y en principio, forman parte del riesgo empresarial (art. 902, Cód. Civ.).
Tampoco advirtió la relación causal entre la actuación de la demandada y las ejecuciones hipotecarias promovidas por acreedores contra la empresa por las deudas asumidas para la construcción de la obra.
Sostuvo que sin desconocer que pudieran presentarse dificultades económicas, la falta de escrituración o "constitución de hipoteca" no constituía la causa directa del concurso preventivo de acreedores. Entendió que, si bien el síndico del concurso atribuye como causal prioritaria ese incumplimiento, tal aseveración -a la luz de las constancias de la causa- se encuentra descontextualizada de las obligaciones emergentes del régimen contractual.
Refirió que más alejada aún se encontraba la posibilidad de responsabilizar al IVBA por la supuesta falta de cumplimiento de la orden emanada de la jueza interviniente en el concurso, de que fuera inscripta en el Registro de Licitadores de la provincia, o por la advertencia del Banco de la Provincia de pedir su quiebra.
En definitiva, concluyó que no había quedado demostrada la configuración de una acción u omisión desplegada por el IVBA susceptible de generar un daño a la actora, de acuerdo a las obligaciones emergentes del convenio 09-228/99.
Además, valorando la complejidad de las actuaciones administrativas en las que intervinieron los distintos organismos frente a las numerosas presentaciones realizadas por la actora durante la tramitación, tampoco advirtió acreditada una demora en el procedimiento llevado a cabo reprochable a la Administración y susceptible de reparación (art. 384, CPCC).
I.1.d. Finalmente, respecto de declarar la rescisión del convenio 09-228/99, con más los daños y perjuicios originados por su incumplimiento -y que podría implicar, además, la revocación de la donación con cargo realizada al IVBA- la judicante de primer grado principió el análisis del tópico refiriendo que la actora en su alegato consideró que a la luz del dictado de la ley 14.715 (sancionada el 16-IV-2015 y publicada en el BO el 29-VI-2015) resultaba de imposible cumplimiento dicha pretensión, peticionando se declarara la inconstitucionalidad de dicha norma.
Seguidamente describió que la citada ley declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los créditos por saldo de precio derivados de los Convenios de Adhesión al Plan de Viviendas de "ODISA OBRAS DE INGENIERÍA" SACC e I, suscriptos entre la actora y los adjudicatarios del Barrio 824 Viviendas de la Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, de los cuales resulte acreedora, en el marco del convenio 09-228/99 celebrado por la citada empresa, en su carácter de promotora y constructora del barrio mencionado, con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (art. 1).
Luego estableció que, por más que la sentencia a dictarse deba hacer mérito de los hechos modificativos, producidos durante la sustanciación del juicio, aunque no hubiesen sido invocados en su momento como hechos nuevos (art. 163 inc. 6 apdo. segundo, CPCC), es evidente que los embates que efectúa la actora, imponen necesariamente un marco de debate que excede la presente contienda.
Sostuvo que el examen, alcance y extensión de los derechos y obligaciones que emergen de la citada norma, requieren para ello de una adecuada intervención de la contraria, recordando doctrina según la cual el alegato no es una pieza procesal apta para introducir pretensiones distintas a las articuladas en el escrito inicial.
Por otra parte, y no obstante que tal motivo resultaba suficiente para desestimar el planteo, advirtió que a través de su dictado la ley procura arribar a una solución definitiva a una problemática que lleva más de veinticinco años, derivada de los inconvenientes suscitados por la imposibilidad de los adjudicatarios de cumplir con los compromisos de pago asumidos en su oportunidad con la empresa y asimismo la del Estado provincial respecto a la cláusula 4° del convenio 09-228/99, firmado entre "Odisa Obras de Ingeniería" SACC e I y el Instituto de la Vivienda, incluyendo a aquellos beneficiarios que aún no cuentan con la escritura traslativa de dominio de sus viviendas y a su vez, a la empresa actora, al reconocer las acreencias que mantiene con los primeros, para finalmente llevar adelante el cometido escriturario, con resguardo del interés fiscal y de los restantes actores sociales involucrados.
Desde tal mirador, tampoco apreció que la norma analizada vulnere, del modo que asevera la actora, los derechos y garantías constitucionales, circunstancia que permite descartar el planteo articulado (arts. 57, Cód. Penal; 3 y concs., CCA), teniendo en consideración doctrina según la cual, siendo la declaración de inconstitucionalidad de las leyes, la última ratio del orden jurídico, requiere para su procedencia demostrar acabadamente de qué manera la norma cuestiona
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