Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75639
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, con costas al recurrente en su calidad de vencido (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.639, "Ceballos, Rosario Lujan c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Justicia y de Seguridad). Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani , Torres , Kogan , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte demandada y de ese modo revocó la sentencia de grado que acogiera la pretensión promovida.
Disconforme con ese pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante mediante resolución de fs. 240/241.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 243), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, hizo lugar a la acción contencioso administrativa promovida por el señor Rosario Lujan Ceballos, declaró la nulidad de las resoluciones 123 y 240 dictadas por el Ministerio de Justicia en el marco del expediente administrativo n° 21.211-842362/09 y reconoció su derecho al ascenso al cargo de Inspector General desde el 1 de enero de 2009 hasta el 26 de mayo de 2011.
De ese modo ordenó la modificación de la situación escalafonaria y el pago de las diferencias salariales existentes entre las citadas jerarquías, con más el interés equivalente a la tasa que pague el Banco Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días.
II. Apelada la sentencia por la representación fiscal, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a dicho recurso y revocó el fallo impugnado.
Para así decidir, estimó que le asistía razón al Fisco cuando alegó que, para tener derecho al ascenso y el consiguiente cobro de las diferencias salariales, resultan insuficientes las circunstancias consideradas por el juez de grado para estimar cumplidos los requisitos para obtener el ascenso, pues conforme la normativa vigente al momento de su solicitud, esto requiere además un procedimiento de selección y un acto administrativo que así lo disponga.
Indicó, con cita de normas estatutarias y doctrina de este Tribunal, que la situación acreditada por el actor (esto es antigüedad en el cargo inferior, propuesta del jefe de servicio y promedio diez), no conlleva a la promoción automática ni presupone la existencia de un derecho adquirido, ya que para que esto se concrete resulta necesario que el titular del Poder Ejecutivo (o el Ministro por delegación) dicte el acto respectivo pues es quien evalúa, en definitiva, la existencia de vacantes, las necesidades de servicio y el mérito entre todos los potenciales candidatos.
III. Contra el aludido decisorio la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando los siguientes agravios:
a) Incorrecta aplicación de régimen legal regulado por el decreto ley 9.578/80 para el Personal del Servicio Penitenciario Bonaerense y su decreto reglamentario 342/81.
b) Aplicación errónea de la doctrina legal, en referencia a los arts. 54 y 71 del decreto ley 9.578/80.
IV. El recurso extraordinario no prospera atento a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
En el caso, esta deficiencia radica en la omisión por parte del recurrente de impugnar concretamente y de manera fundada los argumentos centrales de la sentencia de alzada mediante los cuales resolviera por interpretación de la totalidad de las normas aplicables -esto es, decreto ley 9.578/80 (arts. 67 a 69) y su decreto reglamentario 342/81 (arts. 74 a 114)- como así también por derivación de doctrina de este Tribunal, que en este supuesto no es posible otorgar el ascenso peticionado.
En efecto, el a quo , tras reseñar el marco normativo involucrado en autos, destacó que el decreto ley 9.578/80 en sus arts. 67 a 69, al regular lo atinente al régimen de los ascensos del Servicio Penitenciario y, en particular, el acceso al cargo que aquí se trata, no instauraba un sistema automático, en tanto la promoción se encontraba condicionada a un mecanismo de selección supeditado a las necesidades del servicio, a la existencia de vacantes y al orden de mérito respectivo.
Puntualizó, asimismo, que el decreto reglamentario 342/81 regula en los arts. 74 a 114 el sistema de calificación anual de los agentes con que el jefe del servicio determina el orden de mérito y eleva la propuesta de ascenso al Poder Ejecutivo (art. 115), recordando que es este quien decide, para cada escalafón y grado, según las necesidades particulares del servicio y la existencia de vacantes (art. 118), aquellos que progresarán en la carrera en cada oportunidad.
Por ello concluyó que para que el ascenso se concrete deben cumplimentarse una serie de condiciones, pues este no opera automáticamente ni en razón de la antigüedad ni de la calificación ni de la propuesta que pueda elevarse, sino que se halla supeditado a otros presupuestos legales y reglamentarios. La existencia de un derecho subjetivo al ascenso a favor de un agente concreto, depende del cumplimiento de todos y cada uno de ellos.
Contra dicha sentencia se agravia el recurrente argumentando la incorrecta aplicación de los arts. 54, 67, 68, 69 y 71 inc. "c" del decreto ley 9.578/80 y 74 a 119 del 342/81 e insistiendo que reúne los requisitos exigidos a fin de obtener el ascenso escalafonario pretendido, pero sin rebatir frontalmente las razones esgrimidas por la Cámara para determinar que el actuar administrativo no había resultado ilegítimo.
En este orden de ideas, el quejoso se limita a señalar que si bien es cierto que para el cargo pretendido es necesario que el ascenso se concrete mediante un acto expreso, tal decisión debió efectuarse en "tiempo oportuno" y no luego de transcurridos tres años desde el pedido de promoción.
Sin embargo, en ese trance, el actor no identifica cuáles serían las normas legales que otorgarían respaldo a su reclamo por el hecho de haber existido una demora en la toma de decisión por parte de la Administración ni, tampoco, rebate las razones insertas en los actos administrativos de agravio que justificaron el rechazo de la pretensión en sede administrativa.
Por lo demás, el quejoso denuncia como violadas normas que no han sido siquiera actuadas por el Tribunal, tal como el art. 54 del decreto ley 9.578/80 que regula lo referido al retiro de los agentes.
Finalmente, no resultan de recibo los razonamientos mediante los cuales el demandante pretende distinguir su situación de las que mediaron en los precedentes de este Tribunal rememorados por el a quo en orden a justificar la desestimación de la pretensión.
Y es que, a contrario de lo expuesto en el recurso bajo examen, existe reiterada doctrina de este Tribunal -recaída en hipótesis muy semejantes a las aquí suscitadas- en punto a señalar que el régimen legal aplicable no le confiere a los agentes penitenciarios el derecho a ascender por la sola circunstancia de haber sido calificados aptos para una promoción cuando estaban en servicio activo, máxime cuando en el intermedio ellos pasaron a situación de pasividad (v.g. causas B. 67.200, "Elizondo", sent. de 11-III-2009, citada por el a quo o la más reciente A. 76.273, "Colombo", resol. de 19-II-2020, e.o.).
En este escenario, se aprecia que la argumentación del recurrente no contiene una idónea impugnación de los fundamentos que estructuran la sentencia del Tribunal de Alzada, desentendiéndose de su verdadera línea argumental a través de un criterio personal distinto en orden a la interpretación de las disposiciones invocadas como así también citando normas no actuadas, sin conseguir demostrar que haya existido errónea aplicación de la ley (conf. causas A. 70.135, sent. de 6-IV-2011; A. 70.286, sent. de 17-VIII-2011 y A. 70.673, sent. de 31-VIII-2011).
Sobre el punto esta Corte tiene dicho que es requisito ineludible de una adecuada fundamentación, la impugnación concreta, directa y eficaz a las motivaciones esenciales que contiene el pronunciamiento objetado, tarea que no se cumple cuando el recurrente se limita a exhibir, como sucede en este caso, su discrepancia con el criterio del sentenciante (conf. causas A. 69.344, sent. de 4-VI-2008; A. 70.613, sent. de 17-VIII-2011 y A. 71.152, sent. de 12-IX-2012, A. 72.843, "Basualdo", sent. de 21-VI-2018)
Por las razones expuestas, debe rechazarse el recurso interpuesto. Costas de la instancia extraordinaria a la recurrente vencida (cfr. arts. 279, 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani , votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso de inaplicabilidad de ley deducido, con costas al recurrente en su calidad de vencido (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Registrada bajo el N° :
Firmas
Funcionario Firmante: 24/08/2021 13:40:35 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/08/2021 16:24:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/08/2021 19:37:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:58:58 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 12:37:00 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia