Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75649
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.649, "Vasirani, Lucía Teresita contra Ministerio de Seguridad. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Pettigiani, Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la demandada, revocó el pronunciamiento de primera instancia y desestimó la pretensión deducida.
Disconforme con esa decisión, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I.1. La jueza de primera instancia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la pretensión deducida por la actora, declaró la nulidad de la resolución 1.823/14 del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y reconoció el pago del suplemento por riesgo especial establecido en los arts. 45 inc. "c" apartado 8 de la ley 13.982 y 61 inc. "b", apartado "d", del decreto reglamentario 1.050/09, declarando prescriptas las diferencias devengadas hasta cinco años antes del reclamo articulado con fecha 30 de diciembre de 2010 (arts. 1, 2, 12 inc. 1, 50 inc. 2, 77 y concs., CCA; 163, 384 y concs., CPCC).
Para así decidir destacó que la ley 13.982 de Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires determina en su art. 45 inc. "c", apartado 8, el pago del suplemento por riesgo especial, mientras que el decreto reglamentario 1.050/09 en su art. 61 inc. "b", apartado "d", prevé su abono para el Personal de la Dirección Prevención de Ecología y Sustancias Peligrosas que trabaje en contacto con sustancias definidas como residuos peligrosos por la ley 24.051.
Al respecto, sostuvo que eran insuficientes las alegaciones de la demandada relativas a la interpretación estricta de la ley sin poder extender sus beneficios a otros supuestos similares, a riesgo de quebrantar de ese modo el derecho constitucional de igualdad.
Concluyó que, si a una determinada área y personal se les reconoce un suplemento especial por trabajar en contacto con determinadas sustancias, y la señora Vasirani manipula aquellas, también debería corresponderle su pago (arts. 16, Const. nac. y 11, Const. prov.).
Aclaró que de las constancias de autos se encuentra justificado tal extremo, con lo cual la mera circunstancia de no pertenecer a ese sector no es una justificación razonable de su exclusión, al colocarla en un plano de desigualdad de trato frente a otros agentes que en la misma circunstancia -trabajar en contacto con sustancias que la ley 24.051 define como peligrosas-, se encuentran incluidos.
I.2. Contra esa sentencia la demandada dedujo recurso de apelación.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a dicha impugnación y, como consecuencia, revocó el pronunciamiento de primera instancia y desestimó la pretensión deducida.
Destacó que no se encuentra controvertido que el marco normativo que contempla el suplemento especial (arts. 45 inc. "c" apdo. 8, ley 13.982 y 61 inc. "b" apdo. "d", dec. regl. 1.050/09) no le resulta de aplicación a la actora.
Indicó que toda bonificación debe tener una consagración normativa (ley u ordenanza), imputación presupuestaria y especificación de la tarea subsumible, conforme la índole de las tareas desempeñadas, desde que se configura como una contraprestación que retribuye la peligrosidad de la labor realizada por los agentes comprendidos.
Señaló que en el presente caso no se cumplen los aludidos recaudos, razón por la que desestimó el reconocimiento judicial de una bonificación que no se encuentra contemplada en el marco normativo que regula la situación de la actora.
I.4. Contra el mentado pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció infracción de los arts. 16 de la Constitución nacional y 11 de la Constitución provincial por no haberse considerado la desigualdad existente en los arts. 45 de la ley 13.982 y 61 de su decreto reglamentario.
Planteó violación a la garantía constitucional de igualdad ante la ley en tanto la propia norma otorga la posibilidad de percibir un suplemento por riesgo a los agentes de la policía que ejercen funciones en la Dirección Prevención de Ecología y Sustancias Peligrosas y no para aquellos que las desempeñan en el Laboratorio Químico Pericial de la Policía Científica.
Sostuvo que de los fundamentos de la ley 13.982 surge que el espíritu del legislador fue beneficiar a los empleados en función del riesgo que implica la actividad que despliegan en la institución.
Con relación a la autorización presupuestaria necesaria a la que la Cámara hace referencia, señaló que según surge de la ley de presupuesto provincial el Poder Ejecutivo se encuentra habilitado a realizar las modificaciones necesarias a los fines de readecuar las partidas presupuestarias destinadas a pagos salariales.
A todo evento, solicitó la declaración de inconstitucionalidad en su aplicación concreta al caso de los arts. 45 inc. "c" apartado 8 de la ley 13.982 y 61 inc. "b" apartado "d" del decreto reglamentario 1.050/09, en cuanto omite considerar, para el pago de suplementos especiales del personal que trabaje en contacto con sustancias que la ley 24.051 define como residuos peligrosos, al personal que ejerce funciones en el Laboratorio Químico de la Policía Bonaerense.
Por último, planteó absurdo en la apreciación y valoración de las constancias de la causa, de las que surge que trabaja en contacto con sustancias peligrosas para la fabricación de ampollas que son utilizadas en todo el país.
II. El recurso prospera.
II.1. Como se desprende del relato efectuado precedentemente, tras analizar la prueba rendida en autos la jueza de primera instancia indicó que la accionante trabaja en el Laboratorio Químico Pericial de la Superintendencia de Policía Científica y que, en tal carácter, participa en la elaboración de reactivos para test de orientación de estupefacientes, manipulando sustancias que la ley 24.051 define como peligrosas (v. en especial, el listado obrante a fs. 43/44).
Esta definición -reitero, que la actora se encuentra en contacto con sustancias peligrosas a causa de su labor- no ha sido controvertida por la representación fiscal a lo largo del juicio, pues su tesis se basó esencialmente en que las normas en juego deben ser interpretadas en sentido estricto.
En efecto, a juicio de la demandada el suplemento ha de ser negado sencillamente porque la agente Vasirani no trabaja en el área concreta que indica el art. 61 del decreto 1.050/09 para el reconocimiento del suplemento por "riesgo especial" (en concreto, la Dirección Prevención de Ecología y Sustancias Peligrosas) sin que importe mayormente cuáles son las labores que realiza.
II.2. Sobre esa base, entiendo conveniente poner de relieve que del juego entre el art. 45 inc. "c" apartados 2 y 8 de la ley 13.982 y las pautas fijadas en la reglamentación (art. 61, dec. 1.050/09 -texto según dec. 217/11-) se desprende que son merecedores de esta bonificación el personal de los Subescalafones Comando y General que revisten como aeronavegantes, peritos en explosivos, técnicos antenistas, integrantes del "Grupo Halcón" y, finalmente, aquellos que se encuentren en contacto con residuos peligrosos.
Es evidente que este suplemento procura otorgar un beneficio diferencial al personal policial que tiene a su cargo la ejecución de tareas muy peligrosas y que, en consecuencia, se encuentra más expuesto a resultar herido como consecuencia directa de sus funciones en comparación con la generalidad de los integrantes de la fuerza.
Siendo ello así, cabe recordar que, como esboza el quejoso, reiteradamente ha dicho este Tribunal que la ley no debe interpretarse solo conforme a la literalidad de sus vocablos sino con su significado jurídico profundo, puesto que por encima de lo que parece decir, debe indagarse lo que ellas dicen jurídicamente: en conexión con el contexto del que forman parte y, respetando el espíritu y la intención del legislador (conf. causas Ac. 49.172, "Guzmán", "Acuerdos y Sentencias", 1994-I-596; Ac. 67.487, "Enrique", sent. de 14-II-2001; Ac. 55.689, "Banco Local Coop. Lto.", sent. de 28-II-1995; e.o.).
Estas pautas me llevan a coincidir con la exégesis propuesta por la jueza de primera instancia, en virtud de la cual -en sustancia- concluyó que para resolver adecuadamente el asunto resulta fundamental determinar si efectivamente la actora se encontraba o no en contacto frecuente con residuos peligrosos.
Y ello en tanto una interpretación diferente resultaría irrazonable e, incluso, podría conculcar el principio de igualdad ante la ley previsto en los arts. 11 de la Constitución provincial y 16 de la Constitución nacional.
Desde esa óptica, la circunstancia de que la agente Vasirani no se desempeñe en la repartición específicamente indicada en la reglamentación -Dirección Prevención de Ecología y Sustancias Peligrosas- no puede impedir el reconocimiento del beneficio, pues ello implicaría exacerbar la relevancia de un aspecto eminentemente accesorio (dependencia administrativa en la cual revista un empleado), dejando en la sombra el análisis de si sus tareas implican un riesgo diferencial específicamente nominado por el empleador, desnaturalizándose por completo la finalidad que anima la incorporación de este suplemento.
Bajo tales pautas el no revistar en el aludido sector podría, a lo sumo, aparejar una mayor dificultad para acreditar la especial peligrosidad de sus tareas (en el caso, manejar sustancias riesgosas) a diferencia de los empleados que sí laboran en aquella Dirección.
No debe olvidarse que en definitiva a través de la bonificación en cuestión se procura otorgar un reconocimiento a aquellos agentes policiales que se encuentran particularmente expuestos a sufrir daños en su vida, salud o integridad física, esto es, derechos fundamentales del ser humano.
Atento la relevancia de los derechos en juego, con mayor razón debe desentrañarse el sentido lógico y finalista del régimen, evitando el intérprete -como en su hora recordaba Llambías- quedar encarcelado en una miope literalidad (Llambías, Jorge J.; Tratado de Derecho Civil. Parte General , Tomo I, Perrot, Bs. As., 17ª Edición, 1997, Tomo I núm. 118).
Lo dicho resulta a mi juicio suficiente para revocar la sentencia apelada, la cual en forma lacónica y ambigua -al punto que sus términos parecieran negar la existencia misma de la bonificación por riesgo especial cuando aquí solamente se pretende determinar su real alcance- centralmente estimó que correspondía "desestimar el reconocimiento judicial de una bonificación que no se encuentra contemplada en el marco normativo que regula la situación de la actora".
II.3.a. Así las cosas, y ya en la composición positiva del litigio, procede evaluar la defensa subsidiaria planteada por la Fiscalía de Estado en la apelación ordinaria, por derivación del postulado que impone, cuando prospera una impugnación, tener en cuenta lo alegado por la ahora perdidosa en las instancias anteriores y que no fue objeto de tratamiento en virtud de que los decisorios le habían sido favorables (v. por todos, causa C. 102.197, "Dukart", sent. de 8-VIII-2012).
En este orden de ideas, en el mentado escrito la representación fiscal se quejó de que la jueza de primera instancia hubiera otorgado carácter retroactivo a la bonificación por el plazo de cinco años con anterioridad al reclamo administrativo (el cual se promovió el 30 de diciembre de 2010), de conformidad a lo establecido en el art. 4.027, inc. 3, Cód. Civ. -ley 340-).
Al respecto, la Fiscalía de Estado indicó, por un lado, que del escrito de inicio se desprendía que la manipulación de sustancias peligrosas había comenzado recién en el año 2006 y, por el otro, que las normas actuadas en la sentencia de grado habían entrado en vigencia recién en el año 2009. De tal modo, a juicio de la demandada no era posible que el retroactivo se extendiera más allá de tales fechas (v. fs. 170 y vta.).
II.3.b. Sin embargo, tales argumentos no fueron incluidos en la contestación de la demanda, ya que en esa pieza procesal el Fisco se circunscribió a señalar -aunque sin dar mayores explicaciones- que no era posible conceder ningún efecto retroactivo al hipotético reconocimiento y que, a todo evento, el lapso de prescripción debía ser el de dos años previsto en el art. 2.562 inc. "c" del nuevo Código Civil y Comercial.
Pues bien, esta Corte tiene dicho que los argumentos novedosos, que al no haber sido oportunamente planteados no han podido ser objeto de debate ni de juzgamiento en las instancias anteriores, son inabordables en esta instancia extraordinaria, toda vez que resultan ser el fruto de una reflexión tardía e inhábil para la apertura de la revisión casatoria (conf. doctr. causas C. 117.127, "Courouniotis", sent. de 22-IV-2015; C. 118.333, "Salamone", sent. de 15-VII-2015 y C. 120.499, "Bide", sent. de 21-XII-2016) en directivas que lógicamente han de trasladarse al régimen de apelación ordinaria, dado que la Cámara tampoco puede fallar sobre cuestiones no planteadas en el primer grado (art. 272, CPCC; v. por todos, Hitters, Juan C.; Técnica de los recursos ordinarios , 2da. Edición, Ed. Platense, La Plata, 2004, pág. 421).
Lo expuesto es suficiente para rechazar este embate subsidiario.
II.3.c. Más allá de lo recién señalado, cabe hacer notar que en el sexto considerando de la sentencia de primera instancia, al hacer lugar a la pretensión, se indicó que correspondía pagar a la agente Vasirani el suplemento por "riesgo especial establecido por los arts. 45 inc. 'c', apart. 8 de la ley 13.982 y art. 61, inc. 'b', apartado d) del decreto reglamentario n° 1050/09".
Sentado lo que antecede, y aun cuando es cierto que el giro luego utilizado en el decisorio en punto a que las diferencias salariales debían considerarse prescriptas "hasta cinco años antes del reclamo articulado el 30-12-2010" puede ocasionar alguna zozobra, a mi modo de ver es claro que la magistrada no ha ordenado pagar el suplemento de riesgo especial por la manipulación de residuos peligrosos antes de su expresa inclusión en el régimen estatutario policial, lo cual corresponde dejar aquí aclarado (arg. art. 36 inc. 3, CPCC).
III. Por las razones expuestas, cabe hacer lugar al recurso (art. 289, CPCC) y revocar la sentencia impugnada.
Como consecuencia, ha de prosperar la demanda con el alcance fijado por la jueza de primera instancia y con la precisión efectuada en el punto II.3.c. de este voto.
Voto por la afirmativa .
Las costas de todas las instancias se imponen al demandado vencido (arts. 51 inc. 1, 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. A diferencia de lo manifestado por el colega que me precede, en mi criterio el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
I.1. La Cámara, al revocar la decisión de primera instancia, concluyó que el marco normativo que contempla el suplemento especial (arts. 45 inc. "c" apdo. 8, ley 13.982 y 61 inc. "b" apdo. "d", dec. regl. 1.050/09) no le resulta de aplicación a la actora. Consideró que no es posible reconocer el pago de una bonificación salarial que no posee regulación administrativa que la reconozca y que se encuentra huérfana de respaldo presupuestario para su efectiva realización. Señaló que toda bonificación por riesgo profesional debe tener una consagración normativa (ley u ordenanza), imputación presupuestaria y especificación de la tarea subsumible, conforme la índole de las labores desempeñadas, desde que se configura como una contraprestación que retribuye la peligrosidad del trabajo realizado por los agentes comprendidos.
I.2. Los fundamentos que estructuran la decisión impugnada no han sido rebatidos por la recurrente. Sus alegaciones giran en torno al planteo de violación del principio de igualdad ante la ley, destacando que la propia norma otorga la posibilidad de percibir un suplemento por riesgo a los agentes de la policía bonaerense que ejercen funciones en la Dirección Prevención de Ecología y Sustancias Peligrosas y no para los agentes que las desempeñan en el Laboratorio Químico Pericial de la Policía Científica.
Sin embargo, del análisis de la pieza recursiva se desprende que la técnica empleada en el embate define, por su insuficiencia, la suerte adversa de la impugnación traída. Ello así en tanto omite confrontar adecuadamente las razones desplegadas por el Tribunal de Alzada para resolver el rechazo de la pretensión, limitándose a exponer un criterio interpretativo distinto al del juzgador.
Esta Corte ha sostenido que resulta insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona un fundamento esencial y con autonomía bastante para dar sustento al pronunciamiento (conf. causas Ac. 39.671, "Estevez", sent. de 7-VI-1988; Ac. 55.498, "De Cunto", sent. de 26-IX-1995; Ac. 73.602, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 29-XI-2000; e.o.).
El razonamiento seguido en el fallo no logra ser enervado mediante la contraposición de una línea argumental reducida a una mera expresión de disconformidad con lo resuelto (art. 279, CPCC).
Cabe recordar también que el recurso extraordinario debe cumplir la exigencia básica relativa a la indicación, en términos claros y concretos, de la ley que se reputa erróneamente aplicada, por lo que su insuficiencia resulta insalvable cuando se limita a la mera denuncia genérica sin individualización concreta, incumpliéndose de tal manera con la carga técnica que impone el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causa A. 72.466, "C.P.E y ot.", sent. de 30-X-2013 y A. 71.689, "Fontana", sent. de 30-III-2016). Esta Corte tiene dicho que no puede suplirse, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (conf. Ac. 82.961, sent. de 11-IX-2002 y A. 71.689, cit.).
Por lo demás, las deficiencias apuntadas no quedan salvadas mediante la invocación genérica de la supuesta afectación de derechos o garantías consagradas en las constituciones nacional y provincial, en la medida en que el impugnante no indica de qué manera se produjeron las transgresiones que predica, dado que sus agravios no pasan del mero enunciado (conf. causas A. 70.416, sent. de 9-X-2013 y A. 71.191, sent. de 11-III-2015).
I.3. En otro orden, la recurrente denuncia que la Cámara ha incurrido en un razonamiento absurdo. Propone que se analicen las constancias agregadas en la causa -evidencias de manipulación de sustancias peligrosas para la fabricación de ampollas- según su propio criterio, a fin de concluir que tiene derecho al reconocimiento del pago de la bonificación pretendida.
Este planteo no logra evidenciar el absurdo que pregona pues, en rigor, supone la ausencia de una réplica directa a los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada en cuanto estimó que no corresponde efectuar una interpretación analógica de la normativa aplicable y que el reconocimiento y eventual pago de la bonificación en discordia debe poseer necesariamente, para ser otorgada, una autorización legal y presupuestaria a tal fin.
Es menester recordar que el vicio de absurdo no puede sustentarse únicamente
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