Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72776
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 72.776, "Casón, Sebastián Enrique c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan , Pettigiani, Torres .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó la pretensión anulatoria impulsada contra la resolución 1.184/09, dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación (v. fs. 409/438).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 441/455), de los cuales fue concedido únicamente este último (v. fs. 457/458).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 475), glosado el memorial de la demandada (v. fs. 483/490) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Sebastián Casón promovió una pretensión anulatoria contra la resolución 1.184/09, por medio de la cual el Tribunal Fiscal de Apelación confirmó el acto administrativo que, en cuanto aquí concierne, estableció la responsabilidad solidaria de aquel con la firma Stop Car S.A., por el pago de gravámenes, intereses y multas.
Criticó que al determinar la deuda impositiva de la sociedad mencionada el Fisco asignara el ciento por ciento (100%) de los ingresos verificados a la Provincia de Buenos Aires, pese a tratarse de una contribuyente inscripta en el régimen de Convenio Multilateral.
Reprochó que el Tribunal Fiscal de Apelación haya tenido por desistido el recurso interpuesto por la firma, destacando que la prueba allí ofrecida había sido sustanciada y que su resultado lo favorecía, por lo que apuntó que al menos debería habérsela considerado al abordar las quejas relacionadas con la extensión de solidaridad.
Con relación a esta última, cuestionó que no fuera reconocida su naturaleza subsidiaria ni su carácter sancionatorio. Sostuvo que solo la firma contribuyente verifica el hecho imponible y que a falta de un actuar disvalioso que le sea imputable, la responsabilidad de aquella no podía serle extendida.
Denunció violación del debido proceso adjetivo, porque no se le siguió un procedimiento administrativo autónomo, sino que solo se le dio intervención en el de la misma sociedad. A su entender, para declararlo responsable debió esperarse que la determinación de la deuda principal se hallara firme.
Manifestó que en autos nada se adeudaba, advirtiendo que el juez que intervino en el concurso preventivo de Stop Car S.A. declaró inadmisible el pretendido crédito fiscal.
Asimismo, postuló que en materia sancionatoria rige el principio de personalidad de la pena, por lo que juzgó improcedente la extensión de responsabilidad por la multa impuesta a la firma mencionada. Negó verificar el elemento subjetivo necesario a tal fin.
I.2. A fs. 107/109, la Cámara actuante acumuló al proceso iniciado por el señor Sebastián Casón otro de objeto idéntico instado por el señor Enrique Casón, también declarado responsable solidario por el acto administrativo confirmado mediante la resolución 1.184/09 del Tribunal Fiscal de Apelación.
En lo que interesa, la demanda agregada contiene alegaciones sustancialmente análogas a las ya reseñadas en el punto anterior.
I.3. En uso de la facultad conferida por el art. 32 de la ley 12.008, a fs. 259/263 los actores ampliaron sus fundamentos y ofrecieron nuevos elementos de prueba.
Indicaron que la responsabilidad solidaria de los directores de sociedades se caracteriza por ser subjetiva, restrictiva, accesoria y subsidiaria y que en la actualidad dicha figura es utilizada sin observar tales principios, como una medida coactiva de obtención de recaudación espuria.
Puntualizaron que el Fisco les inició un juicio de apremio por los conceptos aquí discutidos, pese a que -a la época de esta presentación- la magnitud y exigibilidad de la misma pretensión contra la sociedad contribuyente estaba pendiente de esclarecimiento en el marco de su concurso preventivo. Aseveraron que ello agravaba la situación planteada desde la perspectiva de los principios de accesoriedad y subsidiariedad, inherentes a la responsabilidad solidaria.
II. El tribunal a quo rechazó, en instancia originaria, las acciones incoadas por los señores Sebastián y Enrique Casón (conf. arts. 2 inc. 1, CCA y 2, ley 12.074 -texto según ley 13.405-).
Para así decidir, consideró en primer lugar que el cuestionamiento al monto determinado se mostraba débil, toda vez que en autos no se propuso prueba reputada fundamental, como documentación apta para distribuir los ingresos totales de Stop Car S.A. entre las distintas jurisdicciones en que esta desarrollaba su actividad y -en especial- un informe pericial contable que demostrara que el método empleado resultaba erróneo.
Admitió que sí se ofreció el incidente promovido por el Fisco en el concurso preventivo de dicha sociedad, pero advirtió que, a su juicio, tal proceso no desvirtuaba la decisión adoptada contra los directores en sede administrativa. Restó importancia a los informes periciales producidos en aquel marco por entender que presentaban inconsistencias o carecían de rigor técnico y descartó que el importe admitido por el juez comercial condicionara sin más la suerte de las demandas de autos, diferenciando la deuda de Stop Car S.A. de la de los señores Sebastián y Enrique Casón.
Interpretó que entre tales conceptos no mediaba relación de subsidiariedad, sino que el vínculo de los directores con el Fisco es directo y a título propio. En sustento de sus dichos invocó también lo dispuesto por el art. 55 de la ley 24.522 y la doctrina sentada por esta Corte en la causa C. 96.621, "Bressani", sentencia de 29-XII-2008.
Con respecto a la solidaridad de los directores de sociedades, postuló que el Código Fiscal no contiene una regulación exorbitante o extraña al derecho común, sino que, de manera semejante a otros dispositivos legales (entre los que mencionó a la ley 11.683 y al art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales), consagra una presunción de culpa. Afirmó que de acuerdo al Código Fiscal (conf. art. 24, t.o. 2011), los actores debieron haber requerido a la sociedad los montos adeudados al Fisco para librarse de responsabilidad, lo que no consideró acreditado. Desestimó que se trate de un instituto de naturaleza represiva al que corresponda aplicarle los principios propios del derecho penal.
Descartó asimismo los agravios vinculados con la presunta violación del debido proceso adjetivo, resaltando el correcto cumplimiento de lo dispuesto por el art. 113 del Código Fiscal (t.o. 2011), que ordena un procedimiento administrativo similar al vigente en la órbita nacional. Con cita de doctrina de esta Suprema Corte, añadió que, en todo caso, los actores deberían haber mencionado cuáles fueron los argumentos o defensas que se vieron privados de presentar.
Tampoco consideró acreditados otros reparos expuestos, como la existencia de un error excusable de hecho o de derecho que eximiera de la multa impuesta y la supuesta imposibilidad de pago derivada de la apertura del concurso preventivo de la sociedad.
En cuanto a las costas, encontró mérito para establecerlas en el orden causado, de acuerdo con lo preceptuado por el art. 51 primera parte in fine del Código Contencioso Administrativo (texto según ley 14.437), en razón de que, aunque a la fecha de la sentencia la normativa aplicable había sido sustituida, toda la actividad procesal se desarrolló bajo la vigencia de la anterior ley 13.101, que con carácter general consagraba aquella distribución.
III. Mediante el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, los actores atacan la interpretación dada por la Cámara interviniente al instituto de la responsabilidad solidaria en materia tributaria, citando lo dispuesto por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2011) y cuestionando, en especial, que por esa vía se permita que el Estado provincial cobre a los directores de la sociedad contribuyente una suma varias veces superior que la reclamada a esta última por los mismos conceptos, según lo admitido en el marco de su concurso preventivo.
Pregonan que la obligación tributaria es indisponible, única e indivisible, para seguidamente invocar en su apoyo los principios constitucionales de legalidad, capacidad contributiva e igualdad.
Rechazan lo afirmado por la sentencia impugnada en el sentido de que la relación entre los directores y el Fisco sea "a título propio", advirtiendo que en rigor se trata de responsables por deuda ajena e insistiendo en el carácter accesorio de su deuda, sobre la base de lo preceptuado por el art. 523 del -hoy derogado- Código Civil.
Aseguran que la responsabilidad en cuestión exige: a) estricta consagración legal, porque a través de ella se desplaza el aspecto subjetivo del hecho imponible; b) subsidiariedad, por no enfocarse en el realizador de este último, consagrando en cambio una obligación refleja; y c) un rango de subjetividad que proscribe la atribución mecánica de responsabilidad por el solo hecho de desempeñar ciertas funciones estatutarias.
Sostienen que la solidaridad debatida constituye una sanción "anómala" o "encubierta", pero que, de todas formas, su naturaleza represiva y subjetiva resulta indiscutible.
Añaden que la procedencia de dicha figura depende siempre del incumplimiento previo de la sociedad contribuyente, cuando en el caso, al momento de reclamarse la deuda a sus directores, la de la firma ni siquiera estaba definida en la esfera del concurso preventivo, siendo luego admitida por montos notoriamente inferiores a los cuestionados en autos.
Estiman evidente que el pronunciamiento judicial que resuelve la pretensión de manera definitiva en ese ámbito posee un rango superior a la determinación administrativa, debido a la preeminencia de la jurisdicción nacional comercial en la interpretación de los asuntos vinculados con la ley 24.522 y a la necesidad de evitar el escándalo jurídico que implicaría la existencia de pronunciamientos contradictorios. De allí que, en su opinión, no tenga sentido práctico ni interés jurídico efectuar una nueva revisión de la deuda mediante pruebas periciales en este proceso, cuando ello ya fue practicado en sede concursal.
Aseveran que nada de lo anterior se ve modificado por el hecho de que el art. 55 de la ley 24.522 establezca en su última parte que el acuerdo homologado "no causa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores solidarios", en tanto aquí se discuten los efectos de una instancia previa, a saber, la verificación del crédito fiscal en el concurso de la sociedad contribuyente.
IV. El recurso prospera.
IV.1. Si bien los apelantes elaboran más acabadamente el agravio tendiente a demostrar el yerro por parte de la Cámara en prescindir de los efectos de la deuda fijada definitivamente en el concurso preventivo de Stop Car S.A. -sensiblemente inferior a la perseguida contra ellos-, entiendo que aun con falencias que no mellan su suficiencia existe un concreto planteo en lo tocante a la errónea aplicación que dicho órgano judicial habría hecho respecto de los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011). Lo expresado, al reputarlos congruentes con la legislación de fondo, o de similar funcionamiento que en la ley de procedimiento fiscal nacional, aprehendiendo un factor de atribución de tipo subjetivo. Pero en rigor -dicen- ellos han sido operados, ilegítimamente, de manera objetiva.
De prosperar esta última parcela, que cuenta con el potencial de eximir de responsabilidad a los recurrentes, el primer tópico habrá quedado desplazado. De allí que comenzaré mi análisis desde ese lugar.
Por lo demás, reparo en que el asunto fue objeto de una férrea defensa por parte de la Fiscalía de Estado, tanto al contestar la demanda como a la hora de presentar su memorial (v. fs. 297/302 vta. y 486/488 vta.). No hay así ante la instancia elementos argumentales que puedan reputarse sorpresivos (conf. doctr. causa A. 73.981, "Donadío", sent. de 5-X-2020).
IV.2. En sustancia, los actores sostienen que el arreglo normativo, tal como fue interpretado, "...infringe el principio constitucional de legalidad" (v. fs. 445, itálicas añadidas), al entender que una responsabilidad como la que se les busca endilgar requiere de "estricta consagración legal en la medida en que se trata de desplazar el aspecto subjetivo del hecho imponible". Recuerdan con cita jurisprudencial que aquella requiere del incumplimiento a título de dolo o culpa de los deberes impositivos a cargo del director o representante (v. fs. 448) y que "A nivel nacional, pero perfectamente aplicable al caso, se ha considerado que [...] '...los directores, gerentes, etc. no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto [...] por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal, como lo establece la ley'" (v. fs. 446).
Concluyen así en el "carácter 'sancionatorio' de la atribución solidaria" (v. fs. 446 vta.) consagrada en el sistema local, cuando "...se posibilita la transmisión automática y directa de la responsabilidad solidaria e ilimitada en cabeza de terceros no realizadores del hecho imponible" (v. fs. 447 vta.).
IV.3. Dejando a salvo mi pronunciamiento en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018 y los argumentos allí brindados para reafirmar las atribuciones provinciales a los efectos de regular los componentes de las obligaciones tributarias locales, considero que en la especie el agravio vinculado con la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados ha de tener acogida favorable.
Más allá de la técnica recursiva, perfectible sin dudas, es innegable que se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de normas de derecho público local, exponiéndose una serie de agravios aptos para abordar dicha cuestión.
Así como en lo que atañe a la aplicación e interpretación de las normas federales la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo que no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o de los órganos de las instancias de grado, pues le incumbe realizar la declaración correspondiente al punto debatido (CSJN Fallos: 320:1602; 323:1656; 335:168; e.o.), de manera análoga esta Suprema Corte provincial, en su calidad de Superior Tribunal de la causa, también goza de la atribución de efectuar un pronunciamiento sobre el tópico bajo controversia, incluso respecto de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas o reglamentarias implicadas, si media, en principio, oposición a ellas por parte interesada. En esta labor tampoco puede verse absolutamente constreñida por el estricto tenor de las consideraciones formuladas por los litigantes o de los motivos dados en las instancias inferiores en el proceso, en tanto decida sobre tales normas en forma congruente con el rechazo del afectado a su aplicación en el caso (arg. arts. 161 inc. 1, 57 y concs., Const. prov.).
Aclarado ello, abordaré lo sustancial de esta cuestión, replicando de aquí en adelante lo pertinente de mi voto en la causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sentencia de 23-II-2021.
V.1. El régimen de responsabilidad de los representantes legales y de los administradores de sociedades en materia de gravámenes e infracciones tributarias, en la Provincia de Buenos Aires, se estructura del siguiente modo.
A tenor de lo normado por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2011), "[s]e encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas: 1. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional. 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible".
El alcance de dicha obligación es precisado en el art. 24 del mismo cuerpo normativo (t.o. 2011), donde se prevé que "los responsables indicados [...] responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los fondos necesarios para el pago y que éstos los colocaron en la imposibilidad de cumplimiento en forma correcta y tempestiva. Asimismo, los responsables lo serán por las consecuencias de los actos y omisiones de sus factores, agentes o dependientes. Idéntica responsabilidad les cabe a quienes por su culpa o dolo faciliten u ocasionen el incumplimiento de las obligaciones fiscales. [...] El proceso para hacer efectiva la solidaridad, deberá promoverse contra todos los responsables a quienes, en principio, se pretende obligar, debiendo extenderse la iniciación de los procedimientos administrativos a todos los involucrados conforme este artículo".
Por último, el art. 113 del Código citado (t.o. 2011), en su segundo párrafo, dispone: "A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21 y 24 de este cuerpo legal, también se dará intervención en el procedimiento determinativo y, en su caso sumarial, a quienes administren o integren los órganos de administración de los contribuyentes y demás responsables, a efectos de que puedan aportar su descargo y ofrecer las pruebas respectivas".
V.2. La opción del legislador local por un sistema de responsabilidad solidaria e ilimitada por deuda ajena, que afecta a los representantes legales y los administradores de sociedades, con ser excepcional, precisamente porque desborda los límites del vínculo normal entre contribuyente y Estado, no merece necesariamente un reproche de índole constitucional. Tal como lo puntualicé al votar en la causa A. 74.007, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Arias", sentencia de 11-IV-2018, dicho régimen oficia como una suerte de reaseguro extraordinario para la recaudación de la renta pública. Se trata, por otra parte, de una responsabilidad que guarda cierta similitud con la que se regula en el campo de las relaciones jurídicas entre las sociedades y sus representantes legales y administradores (arts. 59 y 274, ley 19.550).
Sin embargo, semejante escrutinio no puede detenerse solo en esos dos factores. Una sana comprensión torna necesario ponderar si, en concreto, el contenido del régimen de solidaridad desarrollado en el sistema tributario local es razonable.
Tal como sostuve al votar en la causa A. 71.388, antes citada, en esta materia se debe diferenciar entre la cuestión relativa a la autoridad competente para regular los componentes de las obligaciones tributarias locales, de la posibilidad de controlar su contenido. Bajo esta perspectiva se valorará el planteo constitucional deducido en el sub lite .
V.3. Una interpretación discreta del texto de los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011) impide afirmar que el sistema de responsabilidad solidaria local se sustente en la culpa o el dolo del representante legal o del administrador de la sociedad. Esas normas no vinculan la responsabilidad con hechos u omisiones probados que les sean imputables. El mínimo contenido subjetivo del que da
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