Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75692
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.692, "Aguas de la Costa S.A. c/ Municipalidad de La Costa s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Pettigiani, Kogan, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata no hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia que rechazó la demanda promovida contra el municipio (v. fs. 792/817).
Contra dicho pronunciamiento Aguas de la Costa SA interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante presentación electrónica de fecha 10 de julio de 2018, el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 828 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 834) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. En lo que al recurso interesa, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con sede en Mar del Plata, luego de sintetizar los agravios blandidos por la actora a fs. 708/723, sostuvo que la apelación presentada, pese a su extensión, resultaba rayana con la deserción, por no cumplir técnicamente con lo dispuesto por los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial, los cuales exigen a quien apela exponer una crítica concreta y razonada de las partes del fallo que considera equivocadas (v. fs. 806).
Manifestó que los cuestionamientos relativos al dogmatismo y la errónea interpretación de los hechos que motivaron el inicio de la causa B. 62.302, no pasaban de ser una declaración de disconformidad con lo resuelto, que careció del debido anclaje con los precisos argumentos en que se asentaba la sentencia.
Señaló que la pretensión anulatoria intentada por la actora se sustentó en los incumplimientos que endilga al municipio concedente, entre ellos, la no convalidación de los certificados de deuda, la falta de readecuación del contrato a lo dispuesto en la ordenanza 2.285/00 y al marco regulatorio provincial, la suspensión del plan de obras original, extremos todos que entiende fueron acreditados en autos.
Indicó que en la causa B. 62.302, radicada ante esta Corte -más de nueve años antes de promovido este proceso-, la actora demandó que se le ordene al Municipio de La Costa garantizar el cobro de los importes por falta de pago de las facturas emitidas por la prestación del servicio, con los perjuicios que ello conlleva, como así también que se readecue la ecuación económico financiera del contrato, a fin de continuar con la concesión, declarándose la nulidad de la ordenanza 2.285/00 y del decreto 770/00, con más la recisión del acuerdo y la reparación integral de los daños causados por el municipio.
Precisó que los argumentos traídos en este proceso para fundar la pretensión anulatoria contra el acto administrativo que rescindiera la concesión por su exclusiva culpa, eran de similar tenor a los expuestos en la causa antes citada, lo que remitía a la ponderación de los antecedentes fácticos y probatorios existentes en aquella.
Destacó lo expresado por el señor juez de primera instancia al precisar que únicamente fue la actora quien había impugnado la ordenanza 2.285/00 a través del pleito iniciado ante esta Suprema Corte, el que fue instado alargando innecesariamente el proceso hasta ser apercibida de decretarse la caducidad de instancia, para finalmente solicitar su extinción por haberse tornado abstracto, todo ello con anterioridad al dictado de la sentencia en esta causa.
Advirtió que las críticas esbozadas por la recurrente, no lograban derribar el fundamento que subyace en el pronunciamiento dictado respecto a que, además de no haber activado en su momento el proceso judicial en el que debían necesariamente acreditarse los incumplimientos por ella adjudicados al municipio demandado y dirimir así la culpabilidad en la rescisión allí entablada, tampoco en este proceso acreditó que tales incumplimientos hubieran incidido directa y preponderantemente en los que a la postre la Municipalidad le enrostrara a través de los actos aquí impugnados (v. fs. 808 vta. y 809).
I.2. Por otra parte, con relación a los agravios relativos a aquellos tópicos que, en su criterio, son demostrativos de la culpa del municipio concedente en la ruptura del vínculo contractual, la Cámara hizo propio los dichos del señor juez a quo cuando, en referencia a la morosidad en el pago de la tarifa por parte de los usuarios y la falta de entrega de los certificados retenidos como justificativo de sus incumplimientos, desechó tal postura ante la total ausencia de prueba que pudieran acreditarlos.
Indicó que esta circunstancia fue avalada por el perito actuante al contestar los puntos propuestos por la demandada, al responder que "Se ha considerado toda la documentación, testimonios e informes obrantes en la causa, como así también se solicitó a cada una de las partes de toda otra documentación ampliatoria y/o aclaratoria [...] Como así también el aporte de terceros en esa oportunidad y, en particular el aporte documental como es el Órgano de Control (Decreto Nº 935/96) y el 'Informe de Evaluación y Diagnóstico Prestación del Servicio de Agua y Saneamiento' elaborado por la Subsecretaría de Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires..." (fs. 538 y vta.), informando adicionalmente -al referirse a aquellos incumplimientos relevados por el Órgano de Control hacia el año 2006- que se tuvieron en cuenta "...todas las circunstancias que están aportadas..." (fs. 810 y vta.).
I.3. Sentado lo anterior, analizó los incumplimientos que el señor juez de grado tuvo por probados y con entidad bastante para justificar la rescisión de la concesión por responsabilidad de la actora. Tales como la falta de construcción del espesador de barros respecto del cual se agravia por la falta de pruebas técnicas que lo acredite, la baja presión del agua y la calidad del suministro, respecto de lo que responsabiliza al municipio por la inacción en readecuar el contrato al marco regulatorio provincial y propiciar un acuerdo con el concesionario para la finalización de las obras proyectadas (v. fs. 811).
I.3.a. Con relación al primero de los agravios, sostuvo que el dictamen del perito ingeniero dejó establecido que la mayoría de los intercambios y comunicaciones entre la autoridad concedente y la concesionaria se relacionan con la falta de espesador de barros y playas de secado, falta de adecuación del tablero eléctrico y anomalías detectadas en el servicio con cita del Informe de Evaluación y Diagnóstico del Servicio de Agua y Saneamiento del mes de octubre de 2007 donde se consigna que la concesionaria no construyó la playa de secado de barros ni el espesador y concentrador de barros previsto en la ingeniería básica y de detalle, sin que a la fecha se observara ningún tratamiento para el barro efluente, que es derramado de manera deliberada al campo lindante, incumpliendo en un cien por ciento lo comprometido.
Añadió que el relevamiento de las órdenes de servicio remitidas entre las partes, sumado a las conclusiones de la pericia, daban cuenta de las advertencias dirigidas a la concesionaria para que realizara la obra desde el año 1999 hasta el momento de la rescisión sin que la cumpliera, extremo este grave, puesto que se trataba de una obra esencial para la prestación de un adecuado servicio.
Sobre todas estas circunstancias rechazó la eximición de responsabilidad invocada por la apelante como defensa, por la no readecuación del contrato, ni por el acta acuerdo suscripta entre las partes a mediados del año 1999, ante la morosidad en el pago de tarifas, menos aún por la sanción de la ordenanza 2.285/00. En consecuencia, consideró acertada la decisión rupturista de la Administración concedente ante los acreditados incumplimientos de Aguas de La Costa, con base en el art. 13 inc. 4 del contrato de concesión.
I.3.b. En relación con el otro incumplimiento reprochado y base de la rescisión consistente en la baja presión de agua y falta parcial del suministro, la Cámara sostuvo que la recurrente no ha hecho otra cosa que reiterar justificaciones ya expuestas y desestimadas, tal la inacción del municipio de readecuar el contrato al marco regulatorio provincial y a partir de ello propiciar un acuerdo para finalizar las obras proyectadas.
En este aspecto, consideró desierta esta parcela de agravios, por haber omitido atacar lo medular del fallo dictado por el a quo para sostener la legitimidad de la rescisión, como la normativa que imponía la prohibición del corte total y absoluto del suministro de agua para evitar riesgos sanitarios al tiempo que le imponía garantizar un abastecimiento mínimo vital del servicio, documentalmente probado mediante las órdenes de servicio obrantes en el expediente administrativo y corroborado por el dictamen pericial, cuando el experto refirió razonable lo actuado por el órgano de control, entre los días 2 y 15 de enero, por ser ese preciso momento en donde la calidad y cantidad de abastecimiento debe estar al cien por ciento, más un margen de seguridad ante imprevistos.
Asimismo, agregó el experto luego de señalar que las faltas de presión de agua constatadas por el órgano controlante no pueden ser consideradas por la concesionaria como hechos puntuales y aislados (v. fs. 813 vta. y 814).
I.3.c. Finalmente, y con relación al agravio esgrimido contra el rechazo de la indemnización por daño emergente, lucro cesante y daño moral que la recurrente peticionó con base en el art. 64 del pliego de bases y condiciones que prevé esta posibilidad para los casos de la extinción anticipada del contrato.
En tal orden, destacó que la sinrazón de este pedido emerge de la propia norma, cuando supedita su procedencia a casos donde la conclusión del contrato antes de su vencimiento sea en forma unilateral, quiebra antes de tiempo o, cuando por actos u omisiones de la concedente, el concesionario se viere privado de ejecutar las obras previstas o cumplir con las prestaciones debidas. Circunstancias que lejos están del caso, donde nos hallamos frente a una declaración jurisdiccional que refrenda la voluntad rescisoria del municipio.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, la actora denuncia errónea aplicación del régimen legal instaurado por la ordenanza 2.285/00; los arts. 45, 48, 49 y siguientes de la ordenanza general de Obras Públicas Municipales 165 y el decreto 878/03, ratificado por la ley 13.154.
Alega que la decisión de la Cámara infringe los derechos y garantías contempladas en los arts. 16 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 24 del Pacto de San José de Costa Rica y 11 de la Constitución provincial, en cuanto todos ellos garantizan la igualdad ante la ley, no admitiendo los tratamientos discriminatorios. Y, por ende, la protección del derecho de propiedad (art. 17, Const. nac.) y del debido proceso (art. 18 y concs., Const. nac.).
Denuncia, también, la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte, referida a la garantía de igualdad ante la ley y la violación de ley procesal aplicable por el cual incurrió un desvío lógico al valorar las pruebas producidas y arribó a conclusiones absurdas.
Reitera la argumentación basada en que el hecho de alterar del plan original de obras obedeció fundamentalmente a actos unilaterales del municipio, entre los que vuelve a señalar la imposibilidad de iniciar juicios ejecutivos para obtener el pago de las tarifas pese a la altísima morosidad de los usuarios, incidiendo en el normal desenvolvimiento del contrato de concesión y alterando la ecuación económica financiera del contrato por ser la única retribución a percibir por la concesionaria.
Afirma que la Cámara incurrió en una absurda valoración de la prueba, al fundar su sentencia solamente en parte de las conclusiones a las que arribó el perito ingeniero en su dictamen, al tiempo que prescindió de otras probanzas documentales e informativas y en especial de la causa B. 62.302, que inició ante esta Corte.
Aduce que el fallo se sustenta en afirmaciones dogmáticas y que la causa citada acredita una serie de incumplimientos contractuales en que incurrió el municipio concedente, que motivaron luego los suyos y que fueron soslayados en ambas instancias, entre los que enumera la imposibilidad de hacerse de los créditos por deudas de los usuarios, que fue lo que, entre otras circunstancias que enumera en el punto III.2.1. del recurso lo que le generaron serios desequilibrios entre activos y pasivos.
Resalta especialmente el desconocimiento de los incumplimientos contractuales del municipio y la errónea interpretación sobre las consecuencias de la suspensión de las obras.
Reitera que las desavenencias entre las partes acerca de las obligaciones formales, como la presentación del seguro y los estados contables, no pueden justificar la idea de un incumplimiento total de dichas obligaciones y porque además estas no han influido en la prestación del servicio.
Aduce arbitrariedad en el razonamiento de la Cámara, en cuanto tuvo por probada la culpa exclusiva del concesionario por la no construcción del espesador de barros, de las cámaras de desagües y válvulas de aire en su momento previstas, al igual que la ausencia de pozos de extracción, la falta de conclusión de la obra para el tratamiento del agua y la baja presión y la interrupción del suministro.
Cuestiona la valoración realizada en torno a los incumplimientos contractuales endilgados por la comuna a los fines de invocar la ruptura contractual con culpa.
Reitera los agravios en cuanto a que se omitió considerar la negativa del municipio concedente a readecuar el contrato de concesión al nuevo marco regulatorio para la prestación de los servicios públicos de provisión de agua en la Provincia de Buenos Aires.
Agrega que tampoco se ponderó el derecho a la reparación de los daños y perjuicios que según aduce le causo la ruptura anticipada del contrato. Esto basado en que en nada influyó en el caso el hecho de que la rescisión se hubiere dispuesto solo por culpa del concesionario.
Finalmente se agravia por la errónea e inconducente interpretación de los hechos que motivaron el inicio de la causa B. 62.302, contra el Municipio de La Costa, ante esta Suprema Corte y su posterior desistimiento por haberse tornado abstracta la cuestión.
III. El recurso no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (art. 279).
III.1. Conforme surge del relato efectuado precedentemente, el argumento de la Cámara para confirmar el pronunciamiento de primera instancia se asentó en señalar que el recurso de apelación ordinaria deducido por la actora no había cumplido con los recaudos exigidos por los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial, lo cual justificaba el rechazo de tal impugnación.
Empero, en el recurso extraordinario bajo análisis no se cuestiona la insuficiencia reprochada por la Cámara a la expresión de agravios del recurso de apelación, al punto que ni siquiera se mencionan los preceptos citados en el párrafo precedente, que fueron los actuados por el a quo para desestimar en parte la apelación ordinaria.
Y ello sin perjuicio de recordar que esta Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades que la apreciación de la suficiencia del escrito de expresión de agravios constituye una típica cuestión de hecho, ajena, en principio, a su conocimiento y solo susceptible de ser revisada mediante denuncia y demostración de absurdo (doctr. causas A. 70.126, "Trillo", sent. de 21-V-2010; A. 71.558, "González", sent. de 4-VIII-2016; A. 72.095, "Rodríguez", sent. de 17-V-2017 y A. 74.085, "Tarchini", sent. de 29-VIII-2018).
En suma, pese a que la misión del impugnante consistía en alegar -y demostrar- el desvío lógico de lo que fuera determinante en la decisión puesta en entredicho en este aspecto, así como la suficiencia del recurso ordinario que oportunamente interpusiera, esbozó similares fundamentos a los vertidos al formular su apelación ordinaria, centrando su enfoque en las cuestiones de fondo, sin criticar la conclusión del sentenciante respecto a los defectos de la técnica argumentativa desplegada.
Ha dicho este Tribunal que para tener éxito en el intento de revisión de una sentencia que declara desierta la apelación oportunamente deducida, es menester identificar los pilares argumentales del decisorio de primera instancia, precisar las parcelas de la expresión de agravios que permiten derribar dichos argumentos dirimentes y finalmente acreditar que la conclusión de la Cámara sobre el punto es fruto de un razonamiento absurdo, única hipótesis en la que puede esta Corte entrar a conocer en agravios vinculados a tales cuestiones.
Para más, el desarrollo de los agravios a la luz de los arts. 56 inc. 3 del Código Contencioso Administrativo y 260 del Código Procesal Civil y Comercial supone, como carga procesal, una exposición jurídica en la que mediante el análisis razonado y crítico del fallo impugnado se evidencie su injusticia. Requiere así una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia -punto por punto- y una demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (doctr. causas A. 72.633, "P. M.", sent. de 18-X-2017 y sus citas; A. 75.479, "Anca", sent. de 27-VIII-2020; A. 74.799, "Presa", sent. de 27-VIII-2020; A. 75.689, "Alvarado", sent. de 23-II-2021; e.o.).
III.2. Lo expuesto pone de manifiesto la imposibilidad de esta Corte para ingresar en el análisis de los agravios ahora ensayados, lo que es suficiente para justificar el rechazo del recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto, lo que implica confirmar la sentencia de Cámara en lo que fue materia de agravio (cfr. arts. 279 y 289, CPCC).
III.3. Sin perjuicio de lo antes expuesto, con relación al razonamiento del señor juez de primer grado que la Cámara compartió en punto a tener por probados los incumplimientos que justificaron la recisión del contrato por responsabilidad de la concesionaria para rechazar íntegramente la pretensión anulatoria, remite indefectiblemente al modo en que fueron apreciados los hechos y se valoró la prueba rendida, circunstancias sobre las que esta Corte tiene dicho que son ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto no se demuestre la existencia de absurdo (conf. causas Ac. 96.025, sent. de 19-IX-2007; C. 97.127, sent. de 18-II-2009 y C. 95.666, sent. de 2-IX-2009), lo que debe ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (doctr. causas A. 101.626, sent. de 11-II-2009; C. 101.243, sent. de 7-X-2009 y C. 110.476, sent. de 24-IV-2013), carga que no aparece cumplida por el impugnante.
Por cuanto para tener por configurado el absurdo, es necesario demostrar la concreta desinterpretación de la prueba, de modo que las razones de los juzgadores aparezcan como un dislate, no siendo suficiente para abrir la vía extraordinaria la exteriorización de un punto de vista discrepante con el del sentenciante y acorde con el personal enfoque del material probatorio efectuado por el recurrente (arts. 279 y 384, CPCC; causas C. 92.282, sent. de 7-II-2007; C. 95.273, sent. de 15-X-2008; C. 98.890, sent. de 11-II-2009 y A. 71.095, sent. de 9-V-2012).
III.4. No mejor suerte correrá la denuncia de errónea aplicación de la ley formulada, pues también evidencia insuficiencia.
En efecto, si bien la quejos
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