Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76000
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.000, "Sotelo, Ramona Itatí c/ Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Pettigiani, Torres, Kogan, Soria, Violini.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó el recurso de apelación articulado por la demandada y confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora Ramona Itatí Sotelo contra el Ministerio de Seguridad (v. fs. 569/582).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante mediante resolución de fs. 586/587.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 589) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, desestimó el recurso de apelación articulado por la demandada, y confirmó la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda interpuesta por la señora Ramona Itatí Sotelo contra el Ministerio de Seguridad, anuló la resolución 694/10 y reconoció el derecho de la actora a que le otorgue la baja a los fines de su jubilación por invalidez, todo ello previo dictamen de rigor (v. fs. 569/582).
II. Contra el aludido decisorio la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, denunciando los siguientes agravios:
a) Violación de la ley 13.982 en sus arts. 61 y 64 inc. "c", con apartamiento de la solución legal aplicable.
b) Inaplicabilidad del decreto 1.050/09, específicamente de su art. 147 y concordantes.
c) Prescindencia de las reglas procesales sobre la carga de la prueba y de la sana crítica (arts. 77 inc, 1 del CCA y 384, CPCC)).
d) Transgresión de las normas constitucionales relativas a la competencia de cada uno de los poderes del Estado, al imponerle a la Administración, luego de declarada la nulidad de la resolución 694/10, el cumplimiento de un actuar determinado sin suficiente respaldo probatorio.
e) Arbitrariedad en la decisión por omitir el reenvío de las actuaciones administrativas para su reexamen.
f) Indebido reconocimiento indemnizatorio en concepto de salarios caídos y daño moral.
g) Violación de la doctrina legal aplicable al caso.
III. El recurso extraordinario prospera parcialmente (art. 279, CPCC).
III.1. Los agravios esgrimidos por la recurrente contra la nulidad de la sanción disciplinaria confirmada por la sentencia impugnada, no logran conmover los argumentos centrales expuestos por el Tribunal de Alzada por los cuales resolvió que en el caso no es posible dar de baja a la agente Sotelo, por exceder el tiempo máximo de licencias por enfermedad, cuando no resulta viable el retiro por incapacidad y sin haber contemplado la posibilidad de asignarle tareas acordes a su nueva realidad.
El Tribunal confirmó la ilegitimidad de la resolución 694/10 con sustento en la ausencia de la conformación de una Junta Médica en forma previa a la baja dispuesta, sin contemplar otras posibles soluciones a la situación de empleo de la agente de acuerdo al marco normativo aplicable -art. 25 del decreto 1.050/90-.
Sostuvo que los informes médicos obrantes en el expediente administrativo de ningún modo pudieron sustituir el dictamen de la Junta Médica integrada a los fines del art. 147 del decreto 1.050/90, pues estas evaluaciones médicas solo tuvieron por objeto la justificación de las sucesivas licencias, resultando la última el antecedente sobre el que, a pedido del Departamento de Legales medicina funcional, se informó que la agente Sotelo se hallaba en reposo ambulatorio terapéutico e incursa en las previsiones del art. 147 segunda parte del decreto 1.050/09.
En efecto, la Cámara comenzó por realizar un racconto de la normativa aplicable, con cita textual de los preceptos involucrados, en particular de los arts. 25 y 147 del decreto 1.050/09 y así recordó en primer lugar lo dispuesto por el segundo de los enunciados, el cual establece: "La baja por incapacidad física será dispuesta previo dictamen de una junta médica, que determine si el personal ha perdido las condiciones indispensables para permanecer en el empleo en las proporciones que determina la Ley de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía y la correspondiente al Subescalafón Personal Civil. Igual procedimiento se adoptará cuando se trate de baja por haber agotado el personal policial el máximo de licencia que por razones de enfermedad establece esta reglamentación".
Por su parte el art. 25 de ese mismo decreto que citó la Cámara, refiere a la posibilidad de disponer el pase del agente al subescalafón que corresponda en tareas acordes a su nueva capacidad psicofísica.
Ahora bien, de conformidad con las particularidades de la causa y por aplicación de estos preceptos, el Tribunal de Alzada resolvió, con cita expresa de precedentes de este Tribunal en el punto, que la resolución de la autoridad policial que ordenó la baja de la agente, luego de casi dos décadas de prestar servicios en los cuadros de la policía bonaerense, sin que se haya contemplado la posibilidad de asignarle tareas acordes a su disminuida capacidad laboral y no pudiendo tampoco acogerse a los beneficios jubilatorios, vulnera el régimen jurídico aplicable que la propia autoridad ministerial invoca, al dictar un acto segregativo sin realizar la evaluación médica allí prevista -arts. 25 y 147 del decreto 1.050-.
Como anticipé, esta estructura argumental no ha sido abordada y criticada con la suficiencia requerida por esta Corte para la procedencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. El Tribunal ha sostenido que es insuficiente el recurso de inaplicabilidad de ley que no cuestiona los fundamentos esenciales del fallo que impugna y que en cambio ha elegido elaborar su crítica sobre la base de una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo (conf. causas A. 70.823, sent. de 4-V-2016 y A. 73.761, sent. de 19-IX-2018), a punto tal -agrego- que, en el caso particular de autos, el recurrente se ha limitado prácticamente a reiterar los planteos realizados oportunamente a la Cámara.
Así la recurrente insiste con la aplicación aislada de los arts. 61 y 64 de la ley 13.982 en cuanto regulan la baja del agente cuando se han excedido los tiempos de licencia por enfermedad, pero sin hacerse cargo de los fundamentos por los cuales el Tribunal de Alzada estimó -por aplicación e interpretación del conjunto de la normativa, esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09- que en el caso resultaba ilegítima esta decisión básicamente por no haber contemplado -previo dictamen médico de rigor- la posibilidad de que la agente realizara tareas acordes a su nueva realidad, o el acceso al beneficio por incapacidad. Y ello no por prescindencia de las disposiciones aplicables, sino por una interpretación armónica de éstas.
Tal como tiene dicho este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario que se limita a reiterar los argumentos expuestos en el recurso de apelación. Ello pues, tal actitud importa prescindir de formular una crítica concreta y directa a las motivaciones sobre la que asienta el pronunciamiento, déficit técnico que impide a este Tribunal expedirse sobre el acierto o error de lo decidido en la instancia (conf. causa A. 70.823, cit.).
Para más, el recurrente no evidencia violación jurídica o errónea aplicación de las normas específicamente actuadas por la Cámara -en particular los arts. 147 de la ley 13.982 y 25 del decreto 1.050/09- y que constituyó el núcleo central de la argumentación fáctica y jurídica en que se sustentó la sentencia.
En efecto, se ha desentendido del iter lógico seguido por el Tribunal, discurriendo sobre puntos y normas que no han sido los determinantes para resolver la causa, sin hacerse cargo de impugnar concretamente los fundamentos medulares sobre los cuales se estructura el fallo. Esta circunstancia resulta suficiente para su rechazo pues, como tiene dicho esta Corte, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que ha elegido elaborar su impugnación sobre una serie de razonamientos que se desentienden de aquellos que dotan de contenido al fallo, a punto tal que en la pieza recursiva ni siquiera se denuncian violadas las normas actuadas por el órgano jurisdiccional de grado (conf. causas L. 104.897, sent. de 13-VII-2011 y A. 71.328, sent. de 26-V-2016).
Ello constituye una de las causales de insuficiencia señaladas por esta Corte desde antiguo en atención a la clara y estricta manda del art. 279 del CPCC.
III.2. Tampoco es de recibo el agravio relativo a la procedencia del daño patrimonial determinado por la Cámara (v. pto. V.b. del recurso en análisis).
Este Tribunal tiene dicho que la fijación de los montos indemnizatorios constituye una típica cuestión de hecho y prueba que incumbe a los jueces de grado y solo puede ser revisada en instancia extraordinaria en el supuesto de absurdo (cfr. causas A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; e.o.), vicio lógico que no ha sido alegado y mucho menos acreditado en la especie.
Si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura a la revisión del material fáctico de la causa en casación, a ella solo es posible acudir en situaciones que bien pueden calificarse de "extremas". Ello es así, en el entendimiento de que no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado dicho vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito (cfr. causas A. 71.518, "Boada", sent. de 19-X-2016; A. 73.283, "Troncoso", sent. de 13-XII-2017; A. 74.228, "Lacaze", sent. de 4-VII-2018 y A. 74.410, "Acosta", sent. de 24-VI-2020).
En adición, la recurrente basa sus argumentaciones en fallos de la Corte Suprema de la Nación (v. pto. V.b.i., tercer párr.), los que, según entiende, la Cámara debió aplicar a los fines de determinar la procedencia del pago de la indemnización en el lapso en el cual la agente no prestó servicios por encontrarse cesante.
Cabe recordar que la doctrina legal, cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que resulta de las decisiones de la Corte Suprema de la Nación, como la invocada por la impugnante (conf. causas A. 73.656, "Solay", sent. de 6-IX-2017; A. 72.826, "Actis Goretta", sent. de 16-VIII-2017; A. 71.004, "Tórtora", sent. de 6-VIII-2014; A. 70.316, "Trejo", sent. de 9-V-2012; A. 71.928, "Sioville", sent. de 1-IV-2015 y A. 69.977, "R., E.", sent. de 30-XI-2011).
Por otra parte, en lo que el mencionado punto refiere, se advierte que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de la doctrina legal de esta Corte efectuada en el punto V.b.ii., en tanto en los precedentes allí citados mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
En tal sentido, este Tribunal ha sostenido que no puede alegarse la violación de aquella doctrina que ha sido elaborada sobre la base de normas y hechos distintos a los verificados en el caso bajo análisis (conf. causa A. 73.190, "Galván", sent. de 31-VIII-2016).
Asimismo, la impugnación traída a esta instancia -en este aspecto- se halla ausente de fundamento bastante y adecuado. Ello en cuanto a la base sobre la cual la Cámara actuante ha estimado la magnitud del daño actoral, esto es el porcentaje de invalidez reconocido en sede laboral del setenta por ciento (70%) de la total obrera (v. fs. 525, cons. 4°, pto. "a").
Tal extremo sirvió para acreditar, en la sentencia enjuiciada, la imposibilidad de trabajar durante el período de cese con motivo de una patología de naturaleza psiquiátrica y de allí el porcentaje de los salarios dejados de percibir.
III.3. Por último, es de recibo el agravio de la recurrente con relación al absurdo en el que incurre la sentencia al reconocer la indemnización por daño moral, sin que la actora demostrara su existencia.
El daño moral tiene lugar cuando se agravia un bien extrapatrimonial o derecho de la persona digno de tutela jurídica. Se justifica porque la tranquilidad personal es dañada en una magnitud que claramente sobrepasa las molestias o preocupaciones tolerables (cfr. causa B. 58.475, "Petrini", sent. de 16-IV-2014).
He de allí que la exigencia de invocarlo y mensurarlo se compadece mejor con el debido resguardo de la garantía de la defensa en juicio de la parte demandada a quien no podría válidamente impedírsele controvertir un planteo resarcitorio incorporado a la litis huérfano de datos objetivos que permitan evaluarlo razonablemente.
Entiendo que evitar la adopción mecánica de la presunción in re ipsa de daño moral en modo alguno implica desconocer que, en supuestos de gravedad, la existencia de esta clase de detrimento pueda ser establecida sin mayores dificultades. Mas ello no exime, a quien demanda la reparación, de aportar pautas o criterios concretos que permitan calibrar la existencia y envergadura del perjuicio reclamado. En esta misma inteligencia, sin mengua del prudente arbitrio judicial, se ha supeditado el monto del daño, ya sea moral o material, a la demostración que sobre su magnitud efectúe quien lo demanda, y en tal caso, a la prueba en contrario de la demandada.
Tal debe ser el punto de partida a falta de una previsión genérica sobre la aplicación presunta del daño moral a cualquier hipótesis de acto ilícito, lo cual tiene relevancia en materias como la aquí analizada, cuyo contenido, evidentemente, no es homologable al de otras en que el ordenamiento jurídico, al incorporar ciertas presunciones (v.gr. arts. 622, 656, 1.078, 1.084 y 1.085, Cód. Civ. entonces vigente), hace que algunos rubros queden dispensados de cabal probanza.
Ante una resolución administrativa expulsiva inválida, el hecho de no partir de la presunción de daño moral significa que el perjuicio a esa esfera personal del agente no ha de reputarse como un efecto necesario de la puesta en práctica del acto referido. Es necesario que en el proceso sea objetivada la lesión o repercusión negativa sobre aquella esfera vital invocada por el demandante. Ello, sin ánimo de excluir, según las circunstancias, casos en que sea razonable inducir y predicar, así como tener por determinada, una lesión extrapatrimonial indemnizable que se acumule al resarcimiento del daño material.
Es posible que, en razón de las especificidades de cada litis a tal resultado se arribe merced al uso correcto de la presunción hominis . Pero, en general, la condena indemnizatoria ha de depender de la suficiente alegación que del perjuicio formule el reclamante (arg. arts. 50 incs. 6 y 27 último párr., CCA y 330 inc. 6, CPCC) como de la prueba que lo corrobore, sumado a ello la prudente valoración judicial fundada en las particulares circunstancias de la controversia y en la sana crítica (arts. 77 y 78 inc. 3, ley 12.008, conf. modif. ley 13.101 y 163 inc. 5, 375 y concs., CPCC). Es que, más allá de la innegable dinamicidad con que en el proceso se distribuyen las cargas probatorias, se encuentra subsistente el criterio orientador que exige la prueba del daño -en el que se comprende al daño moral, dado su carácter resarcitorio y no punitivo- a quien lo alega. (conf. mi voto en minoría, causa A. 71.710, "M., E. M.", sent. de 11-V-2016 y causa A. 74.410, "Acosta", sent. de 24-VI-2020).
He de allí que resulta inadecuado el razonamiento de la Cámara que estimó prudente su reconocimiento a partir de la intranquilidad y angustia generada por el período de incertidumbre laboral, frente a la incapacidad de orden psíquico y los testimonios producidos que dieron cuenta de los padecimientos que transitó la actora. Son atendibles en este aspecto las críticas de la recurrente dirigidas contra aquella premisa del fallo en crisis, que tuvo por demostrado el daño moral por la declaración de dos testigos, sin ningún otro elemento que aporte certeza sobre su existencia.
En virtud de lo expuesto, no habiendo el demandante acreditado debidamente el daño moral invocado (arts. 375 y 384, CPCC y 77 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-), corresponde hacer lugar en esta parcela al recurso de inaplicabilidad de ley y revocar en este punto la sentencia impugnada (art. 289 inc. 2, CPCC).
IV. Por las razones expuestas corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto por la demandada y revocar la sentencia de Cámara solo en cuanto hizo lugar a la indemnización del daño moral y confirmar la decisión del aludido tribunal en las restantes cuestiones (arts. 279 y 289, CPCC).
Con ese alcance, voto por la afirmativa.
Las costas de esta instancia extraordinaria deberán distribuirse en un ochenta por ciento (80%) a la recurrente y en un veinte por ciento (20%) a la parte actora, en atención a la forma en que progresa el recurso (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 68 segunda parte, 71 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
Adhiero al voto del distinguido colega, doctor Genoud, excepto en lo que hace al embate vinculado con la indemnización derivada del daño moral.
Al respecto, la representación fiscal comienza indicando que en este aspecto el decisorio luce arbitrario dado que "...no existen pruebas que acrediten los extremos de tal perjuicio" y, por ende, resultaría indebido presumir su existencia.
Sin embargo, y más allá del acierto o error de esa afirmación, cabe apuntar que el a quo , al momento de evaluar el reconocimiento del mentado rubro indemnizatorio, lejos de presumirlo por el mero hecho antijurídico -tal como se infiere del discurso del quejoso- hizo puntual referencia a que con los testimonios obrantes en la causa (cuyo contenido, por lo demás, no ha sido concretamente criticado por el impugnante) podía tenerse por acreditados los padecimientos de la actora, en tanto reveladores de intranquilidad y angustia generada por la ilegítima desvinculación (v., en particular, apdo. IV.5., voto del doctor Spacarotel, sobre el cual la doctora Milanta prestó expresa aquiescencia).
También corresponde descartar los argumentos subsidiarios introducidos por el recurrente, y según los cuales, sin efectuar mayor desarrollo, se consigna que la suma de cincuenta mil pesos ($50.000) reconocida por el a quo por daño moral resultaría excesiva y nominalmente superior a la que habría otorgado este Tribunal en precedentes dictados hace más de veinte años.
Es que, como ha sost
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