Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75948
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.948 "URRUTIA JORGE GABRIEL C/ MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 23 de octubre de 2019.
Los señores Jueces doctores de Lázzari, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, desestimó la pretensión anulatoria deducida por el señor Jorge Gabriel Urrutia contra la Municipalidad de General Alvarado, por intermedio de la cual procuraba que se declare la ilegitimidad de la decisión que le denegó la habilitación comercial, requerida para el desarrollo del rubro “pub bailable con ejecución de música en vivo” y, como correlato de ello, que se condene a la comuna a resarcir los daños y perjuicios derivados de aquel obrar que tildó de ilegítimo (v. fs. 813/825 vta.).
Para así decidir, en lo que aquí interesa, el Tribunal de Alzada comenzó por afirmar que el simple cotejo de los argumentos traídos por el apelante, dejaba al desnudo un profundo déficit de razonamiento, omitiendo atacar estrictamente el juicio a partir del cual el juez de primera instancia rechazó las pretensiones anulatoria y resarcitoria direccionadas contra la Municipalidad demandada.
Señaló que la endeble crítica esbozada, se presentaba más como una mera discrepancia subjetiva con lo decidido, que como un embate serio encaminado a controvertir los cimientos de la decisión cuestionada.
Destacó que, como lo indicó el juez de grado en su pronunciamiento, de los antecedentes causales de los actos administrativos impugnados, surgía que la habilitación del local fue denegada tras evaluarse el impacto negativo que la puesta en funcionamiento de la actividad había tenido en el lugar, llevando adelante el municipio una serie de actuaciones que no fueron desvirtuadas por el accionante.
Finalmente estimó que, no correspondía reconocer a la parte actora indemnización alguna motivada en la denegatoria de la habilitación comercial debido a que ella resulta de una actividad lícita del municipio. Y sostuvo que, además, debía mantenerse la condena en costas.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado.
II. Frente a ello, mediante presentación electrónica de fecha 2-III-2019, el accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, que fue concedido a fs. 829 y vta.
Aduce que la sentencia de la Cámara no ha valorado debidamente las constancias de autos, efectuando un razonamiento que prescinde de la prueba producida y en ocasiones hasta la contradice, por lo cual resulta completamente arbitrario y absurdo.
Sustancialmente esgrime que el fallo atacado se aparta de la normativa y doctrina aplicables, a la vez que da por probados hechos que –a su entender- no están acreditados en autos. Sostiene que la Municipalidad demandada no tenía facultades para denegarle la habilitación comercial y que, aún si se consideran esos actos administrativos denegatorios como lícitos, corresponde la indemnización por los daños que todo ello le generó.
III. La impugnación no prospera atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
IV.1. Es clara la doctrina de este Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente y reiteratorio en cuanto a que los actos aquí impugnados son ilegales y arbitrarios, pero aún cuando no lo fueran, si causan perjuicio deben ser indemnizados al damnificado, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011, A. 73.960, cit. y A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
IV.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos del recurrente más que evidenciar un yerro de índole normativa se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, solo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, tal agravio no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
Y si bien -como es sabido- a través de la doctrina del absurdo se admite la apertura de la revisión de los hechos de la causa en esta instancia extraordinaria, no cualquier disentimiento autoriza a tener por acreditado el aludido vicio, ni tampoco puede la Corte sustituir con su propio criterio al de los jueces de mérito.
Para más, resulta aplicable la doctrina de este Tribunal que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; Ac. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 74.831, "Fontana", sent. de 8-V-2019; A. 75.726, "Magliocco", res. de 11-IX-2019, e.o.).
IV.3. Por lo demás, la denuncia de arbitrariedad efectuada por el recurrente resulta inadecuada en esta instancia (v. punto 3 del recurso), por ser una posibilidad que sólo se abre ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para sortear el valladar de la "cuestión federal" y obtener así un pronunciamiento de dicho Tribunal respecto de una sentencia que se denuncia como viciada por no ser derivación razonada del derecho positivo vigente de acuerdo a las circunstancias comprobadas de la causa. Así expuesta, la misma no resulta suficiente para habilitar la instancia extraordinaria de esta Corte, ya que no logra demostrar que la decisión en crisis está afectada por un error grave y manifiesto que deriva en conclusiones contradictorias o inconciliables con las constancias objetivas de la causa. En la jurisdicción local corresponde, para que esta Corte pueda revisar cuestiones de hecho y prueba, invocar y demostrar el absurdo, vicio que como quedó evidenciado más arriba, la parte actora no ha logrado demostrar (conf. art. 279, CPCC; Ac. 94.618, "Zarria", sent. de 11-IV-2007; A. 71.274, "Claros", sent. de 7-IX-2016; A. 75.720, "Franchetti", resol. de 18-IX-2019).
IV.4. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
EDUARDO NÉSTOR DE LÁZZARI
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: dLa-So-Ge-Ko
Reg. Nº 548
Fin de la sentencia