Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
A.75.793 "CONTI ALBA ALEJANDRA Y OT. C/ CAJA DE PREV. SOC. ABOGADOS PROV. BS. AS. S/ PRETENSION ANULATORIA (314). --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 23 de octubre de 2019.
Los señores Jueces doctores Soria, Genoud, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Pettigiani dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno hizo lugar a la excepción de inadmisibilidad de la acción y en consecuencia desestimó la pretensión anulatoria deducida por las señoras Alba Alejandra Conti y Carolina Carla Catanzano, contra la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires por la que intentaban revertir la decisión que, en virtud del fallecimiento del señor Néstor Antonio Catanzano, esposo y padre respectivamente de las accionantes, ocurrido el 29-X-2001, dispuso la concesión del beneficio de pensión a partir del 26-VI-2003, -fecha de cancelación de la cuota anual obligatoria del 2001- y no de la fecha del deceso del afiliado, tal como perseguían.
Para así resolver, en lo que aquí interesa, coincidiendo con el magistrado de grado, el Tribunal de Alzada consideró vencido el plazo de caducidad del art. 18 de la ley 12.008 (texto según ley 13.101) basado tanto en el análisis de la decisión administrativa cuya nulidad se persigue, en la notificación del rechazo del recurso de reconsideración ocurrida el 1-X-2003, y en la fecha de la interposición de la demanda el 14-XII-2005, circunstancias que consideró correctamente ponderadas por juzgador de origen y no controvertidas por las apelantes.
Estimó, en ese sentido, insuficientes los agravios intentados por las demandantes para lograr revertir la solución adoptada en el decisorio recurrido, tales como la causal de interrupción de la prescripción prevista en el art. 3986 del Código Civil -que consideran operada con la interposición de una demanda ante el fuero nacional de la Seguridad Social con fecha 12-XI-2003 hasta el rechazo de la acción por incompetencia resuelto el 25-X-2005-. Entendió que la invocación de tal instituto tiene como finalidad hacerlo prevalecer frente a la norma adjetiva aplicada en la sentencia y con ello demostrar la inaplicabilidad al caso del plazo de caducidad.
Sostuvo la Cámara que tal embate lucía inconsistente toda vez que el mencionado término constituye una carga de habilitación de la acción contenciosa cuando con ella se pretenda, entre otras hipótesis, la nulidad de un acto administrativo expreso.
Agregó que la norma de rito no autoriza la interrupción del plazo tal como lo plantea la actora, más aún teniendo en vista que el lapso de caducidad no es más que la condición temporal de acceso para llevar a juicio al Estado en ejercicio de funciones administrativas, cuando se controvierte la presunción de legalidad de la que gozan sus actos cualquiera sea la entidad del vicio que se invoque.
Destacó que la causal invocada por las impugnantes deviene ajena a la naturaleza del término previsto en la norma adjetiva, el cual es extraño a la prescripción liberatoria y propio del ámbito procesal en que se sitúa la demanda.
Concluyó de ese modo que la resolución administrativa aparece firme y consentida por haber transcurrido a su respecto el lapso establecido en la norma de rito aplicable, sin observación por las apelantes.
II. Frente a ello, las actoras vencidas interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual esgrimen que el fallo atacado exterioriza un grave incumplimiento al sistema jurídico y legal tergiversando reglas constitucionales y del derecho de fondo derivando en una conclusión incoherente con el orden lógico formal e insostenible en la discriminación axiológica.
Continúa por invocar la violación de los arts. 16, de la Constitución nacional y 11 de la Constitución provincial así como conculcados el derecho de defensa en juicio y el debido proceso adjetivo (v. fs. 197/202).
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5827).
IV. 1. Es clara la doctrina del Tribunal, respecto de que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017, A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.077, "Sisul", resol. de 3-V-2018)).
Asimismo ha reiterado esta Corte que si la quejosa limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 73.545, "D' Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.328, "Cifuentes", resol. de 11-VII-2018, entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que, a juicio del recurrente, padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 74.627, "Cifuentes", resol. de 15-VIII-2018, entre otras).
En tal sentido, se evidencia que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la aplicación al caso del instituto de la prescripción extintiva y con ello la facultad de invocación de las causales interruptivas del mismo para con ello lograr revertir la decisión que admitió el planteo de inadmisibilidad de la demanda en razón del vencimiento del plazo previsto por el art. 18 del CCA, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
De allí cabe concluir que los agravios expresados en el escrito recursivo lucen como meras afirmaciones dogmáticas, pues no constituyen una crítica concreta a los fundamentos dados por el pronunciamiento impugnado (conf. causas A. 70.339, "Buschiazzo", sent. de 6-VIII-2014; A. 74.622, "Martínez", resol. de 20-II-2019)).
IV. 2. Para más, en punto a la vulneración de los arts. 16, de la Constitución nacional, 11 de la Constitución provincial y derechos y garantías allí receptados, la quejosa no se encarga de desarrollar adecuadamente dichos tópicos.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, no es previamente demostrado (doctr. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: So-Ge-Ko-Pe
Reg. Nº 526
Fin de la sentencia