Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
A.75.870 "PONTECORVO MIRIAM GRISELDA C/ DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION S/ PRETENSION ANULATORIA. --RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPL. DE LEY—"
La Plata, 23 de octubre de 2019.
Los señores Jueces doctores Pettigiani, Soria, Genoud y la señora Jueza doctora Kogan dijeron:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había desestimado la pretensión anulatoria deducida por la señora Miriam G. Pontecorvo contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por la que perseguía la anulación de la Resolución N° 647/09 de fecha 10 de marzo de 2009, por la cual se desestimó el reclamo de haberes interpuesto por la interesada, atento no constar en el sistema (actual ni archivo histórico) antecedentes como agente de la Dirección General de Cultura y Educación (v. fs. 147 y vta.).
Para así decidir, la Cámara señaló preliminarmente que de la simple lectura de la pieza recursiva se desprendía que las críticas efectuadas por la accionante traducían un mero desacuerdo con lo resuelto por la jueza de grado, que no lograba demostrar desvío en la apreciación de los elementos de juicio existentes ni, por consiguiente, en la decisión adoptada.
Señaló sin embargo que, sin perjuicio de que lo expuesto resultaba suficiente para desestimar la impugnación, la decisión adoptada en la instancia de grado no exhibía error de juzgamiento, ni el recurso tampoco lo acreditaba, ya que no se hallaba controvertido en la causa que la accionante carecía de un acto administrativo de designación emanado de autoridad competente por lo que, la pretensión tendiente a procurar su nombramiento, con la sola mención de que en el año 2005 fue contratada por la Administración –circunstancia que tampoco había logrado acreditar- y haciendo referencia a otras personas que habrían estado en su misma situación pero luego fueron designadas, no poseía mérito suficiente para que su agravio prospere.
Confirmó de ese modo el decisorio apelado (v. fs. 1137/1140).
II. Frente a ello, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 26-03-19), el que fue concedido a fs. 1146.
Concretamente, la señora Pontecorvo debate la interpretación que hacen tanto los jueces de la Cámara interviniente como la jueza de grado, de la normativa que entiende aplicable al caso y de las pruebas producidas en la causa, reeditando argumentos vertidos en ocasión de apelar.
III. El remedio no debe prosperar, atento a la deficiencia técnica que porta (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
En tal sentido, los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto a la normativa cuya aplicación considera restrictiva, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011; A. 74.493, cit., entre otras).
De ahí que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016, entre otras).
IV.2. Por otra parte, se observa que los agravios planteados en esta instancia extraordinaria fueron expresamente tratados y rechazados por la Cámara interviniente, haciendo aplicable la doctrina de este Tribunal que dispone que es insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos -y rechazados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016), como así también aquélla que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas Ac. 73.569, "Pes de Diamante", sent. de 20-IX-2000; A. 74.440, "Amarillo", resol. de 10-X-2018).
IV.3. Asimismo, es del caso señalar que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales, como en el caso, no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 74.065, "Civale", resol. de 11-IV-2018).
IV.4. Tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal ya que, cabe recordar que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como así también los de otros tribunales distintos a la Suprema Corte, no constituyen la doctrina legal a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (cfr. causas A. 69.977, "R., E.", sent. de 30-XI-2011; A. 70.316, "Trejo", sent. de 9-V-2012; A. 71.928, "Sioville", sent. de 1-IV-2015).
IV.5. Para más, en otra parcela del recurso la accionante aduce que "una prolija revisión de las constancias de autos pueden llevar a esta conclusión de absurdo", sin embargo el razonamiento elaborado por la Cámara interviniente no logra ser desvirtuado por las alegaciones de la recurrente en cuanto a la ponderación de ciertos elementos probatorios aportados.
Tiene dicho este Tribunal que la fijación de los hechos y valoración de la prueba son circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016).
Sin embargo, el absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de la existencia de tal vicio, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica de la impugnante no exterioriza más que una postura particular tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia opinión en torno a cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 74.159, "Díaz", resol. de 30-V-2018; A. 73.545, cit.).
IV.6. Lo expuesto alcanza para rechazar la impugnación articulada (conf. art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine del CPCC, art. 31 de la ley 14.967).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA LUIS ESTEBAN GENOUD
HILDA KOGAN EDUARDO JULIO PETTIGIANI
JUAN JOSÉ MARTIARENA
Secretario
Fdo.: Pe-So-Ge-Ko
Reg. Nº 543
Fin de la sentencia