Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75070
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.070, "Metrogas S.A. c/ ARBA s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria deducida por la firma actora Metrogas S.A. y confirmó la resolución de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de fecha 1 de diciembre de 2015, con costas (art. 51 inc. 1 -texto según ley 14.437-, CCA; v. fs. 378/383.).
Contra tal pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 391/405 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 407 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 418), agregado el memorial de la demandada a fs. 412/417 y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó la pretensión anulatoria deducida por la firma actora Metrogas S.A. y confirmó la resolución de la Sala I del Tribunal Fiscal de Apelación, de fecha 1 de diciembre de 2015, en cuanto, por una parte, asignó a la Provincia de Buenos Aires -para el cálculo del coeficiente unificado para contribuyentes de Convenio Multilateral- los ingresos derivados de la cesión de derechos que realizara en favor de la empresa Transportadora de Gas del Sur. Consideró a tales efectos que la actividad objeto de cesión era la extracción de los componentes licuables presentes en el gas mediante un proceso que se desarrolla en la Provincia, motivo por el que denegó su atribución al lugar donde se concertó el contrato (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Por otro lado, confirmó el tratamiento dado al transporte del gas licuado, en tanto se le aplicó el art. 4 del Convenio Multilateral, rechazando la interpretación propuesta por la parte actora tendiente a que se lo considere un costo no computable para el cálculo del coeficiente indicado supra (art. 2, Convenio Multilateral).
I.1. Para así decidir, el Tribunal reseñó que el art. 2 del Convenio Multilateral establece que los ingresos brutos totales del contribuyente se distribuirán entre todas las jurisdicciones en la siguiente forma: a) el cincuenta por ciento (50%) en proporción a los gastos efectivamente soportados en cada jurisdicción y b) el cincuenta por ciento (50%) restante en proporción a los ingresos brutos provenientes de cada jurisdicción.
En función de dicha norma estimó que, para determinar la distribución de la base imponible entre las jurisdicciones implicadas, debía estarse a la ubicación del bien objeto de la cesión, para establecer así el lugar de donde provienen los ingresos brutos.
Advirtió que en autos no se encontraba controvertido (v. escrito de inicio, fs. 274 vta.) que el procedimiento por el que se extraen los componentes licuables presentes en el gas se realiza en el Complejo General Cerri de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, y que ese es el objeto del contrato de cesión de derechos. Por ello, consideró adecuada la asignación de los ingresos provenientes de dicho contrato a la Provincia de Buenos Aires, confirmando en esa parcela la decisión del Tribunal Fiscal de Apelación.
Sostuvo que, en forma coincidente, se pronunció la Comisión Arbitral en las resoluciones 25/08 y 11/11, donde también atribuyó los ingresos a la jurisdicción en la que se encontraba el bien cedido (esto es, en donde se realizaba la transmisión, conf. resol. 25/08 y donde se encontraban las parcelas, conf. resol. 11/11), prescindiendo del lugar de suscripción del contrato de cesión.
Siendo ese el criterio más reciente de los organismos especializados, corroboró su aplicación al caso de autos y restó importancia a lo resuelto por dicho organismo mediante la resolución 25/02 (que fuera citada por la actora, v. fs. 277.), por ser anterior a las resoluciones mencionadas.
I.2. En lo atinente a las erogaciones de transporte por compras realizadas por la empresa actora y si ellas resultan -o no- computables a los fines del coeficiente unificado del Convenio Multilateral, estimó que tampoco le asistía la razón a la recurrente.
Al efecto, señaló que esta última reconoció -en su escrito- que dicha erogación debía ser vinculada con la comercialización que realiza, en los términos del art. 3 inc. "b" del Convenio Multilateral que excluye de los gastos computables a: "...b) El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización", brindando distintos argumentos en apoyo de su tesitura.
Sin embargo, estimó acertada la solución adoptada por los organismos de aplicación del Convenio Multilateral (resols. Comisión Arbitral 5/15, 14/15 y 29/16, e.o. y Comisión Plenaria 1/16), que entendieron que el gasto de flete -o transporte- por compra se encuentra comprendido entre los "gastos" incluidos en la parte genérica del art. 3 del Convenio aludido (y no en los costos excluidos mediante los incisos de esa misma norma, como alegara la recurrente), por lo que concluyó que resultaban computables para el cálculo del coeficiente unificado.
En ese entendimiento, restó trascendencia a la distinción efectuada por la actora respecto de los conceptos contables de "gasto" y "costo", pues -más allá del tratamiento que merezca en la contabilidad de la empresa- el gasto de transporte por compra resultaba computable en los términos del art. 3 citado (el destacado me pertenece).
Señaló, a su vez, que la Comisión Arbitral entendió que la erogación por flete de compra resultaba un gasto que debía ser soportado en las jurisdicciones entre las cuales se realizaba el transporte, tal como lo prescribe el art. 15 de la resolución general 3/16 (con fuente en resol. gral. 7/06 y al reglamentar el art. 4 in fine , Convenio Multilateral), por partes iguales para cada una de ellas.
Con ello advirtió que la previsión normativa contenida en el art. 4 in fine del Convenio Multilateral, al expresar que "Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible", no solo se refería a los gastos de transporte por ventas, sino que también incluía a los realizados por compras (a diferencia de lo afirmado por la actora en su demanda, v. esp. fs. 279 y vta.).
Sobre la base de las consideraciones efectuadas, concluyó que la demanda no podía prosperar.
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la parte actora sostiene que la sentencia resulta arbitraria, denunciando la errónea aplicación del Convenio Multilateral y de las resoluciones que dictaran sus organismos de aplicación.
II.1.a. En primer lugar, aduce que el Tribunal traslada el momento de la consumación de la cesión al de la extracción de los componentes del gas licuado (actividad pura y exclusivamente a cargo de Transportadora de Gas del Sur -TGS-) y pierde de vista el núcleo del contrato, que es la cesión de derechos en un momento anterior, que precede a la actividad de extracción.
Alega que los ingresos vinculados a la posterior separación de componentes que realiza Transportadora de Gas del Sur son los que corresponde atribuir a la Provincia de Buenos Aires, pero que son ingresos que derivan de un momento posterior a la cesión de derechos y que declarará en su base imponible esta última empresa.
Con ello sostiene que los ingresos por la cesión corresponden a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y solo los ingresos por la venta de los productos obtenidos en el proceso de separación corresponderán a la Provincia, con lo que manifiesta que se confunde el objeto del contrato y la realización misma del procedimiento sobre los hidrocarburos.
Insiste con que la cesión de derechos es consensual y sus efectos jurídicos se agotan en el lugar de concertación (art. 1.444, Cód. Civ. vigente al momento de la cesión), por lo que concluye que el ingreso de Metrogas S.A. no proviene de la Provincia de Buenos Aires sino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicción -esta última- en que el contrato agotó sus efectos.
II.1.b. Denuncia que las resoluciones de la Comisión Arbitral a las que hace referencia la Cámara interviniente no son aplicables al caso de autos.
Indica que la resolución 11/11 (sobre cesión a los clientes de los derechos a perpetuidad de la parcela en un cementerio privado), no se ajusta al caso de autos en tanto, en este supuesto, la actividad de separación de los componentes licuables no la realiza la contribuyente, sino que forma parte de un proceso industrial posterior, en cabeza de otro sujeto alcanzado por el impuesto.
Respecto de la resolución 25/08, alega que tampoco sería de aplicación por cuanto allí no hubo una auténtica cesión, puesto que la empresa local transmitía por cuenta y orden de otra empresa, por lo que claramente el ingreso de esta correspondía a la jurisdicción donde en definitiva se realizaba la transmisión.
Por ello advierte que debió aplicarse la solución contenida en la resolución 25/02, conforme la cual el lugar donde se lleva a cabo la actividad de cesión de derechos es el lugar que da sustento territorial y donde se realiza efectivamente el ejercicio de la actividad. Criterio que -advierte- fue confirmado por la resolución 4/03 de la Comisión Plenaria.
II.2.a. A continuación, se agravia de que se considere que el flete o transporte de compra se encuentre incluido entre los gastos mencionados en el art. 3 del Convenio Multilateral (y no entre los excluidos por esa misma norma).
Señala que el ordenamiento citado regula los gastos computables y los costos no computables y que, en ese esquema, su actividad -que consiste en el transporte de gas por tubería desde el productor (en pozo) hasta el punto de entrega en la red de distribución sin comprender la entrega al usuario-, no resultaría uno de los supuestos contemplados en la norma.
Denuncia que la sentencia recurrida resta trascendencia a la diferencia entre gasto y costo.
Seguidamente transcribe los arts. 3 y 4 del Convenio Multilateral y aduce que de ellos se desprende que los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible, siendo solo computables los gastos, pero no así los costos.
Asimismo alega que la Cámara omite considerar la normativa federal que regula la licencia de la actividad que realiza, de la que surge que el transporte vinculado a la compra del gas es un verdadero costo inherente a la actividad misma de distribución, con cita de la ley 24.076 y su reglamentación, de lo que concluye que el transporte de gas en los términos establecidos por la ley federal forma parte de la actividad misma de distribución, por lo que entiende que se impone la aplicación de la norma prevista en el inc. "b" del art. 3 del Convenio, que le asigna carácter de costo del servicio, no computable.
II.2.b. Acusa que la inclusión del transporte como gasto radica en el carácter general y enunciativo receptado por el art. 3 inc. "a", que admite interpretar que involucra también el flete, pero advierte que, en el caso particular, su aplicación queda desplazada por efecto del tercer párrafo del art. 4, que específicamente considera cómo debe efectuarse la atribución del gasto de transporte.
Sostiene que por esa norma se atribuyen los gastos de transporte en partes iguales entre las jurisdicciones en las que se realice el hecho imponible. De esa manera, interpreta que la norma está asignando al gasto de transporte que se vincula exclusivamente a la venta de los bienes o servicios, siendo esa la interpretación imperante en doctrina y la que surge de los precedentes de la Comisión Arbitral (lo que no sería aplicable a su actividad en tanto no vende bienes ni servicios).
Cita, para fundar su interpretación, la resolución 18/04 por la que se consideró que el gasto de flete es el correspondiente a operaciones de venta, siendo computable con los efectos que prevé el art. 4 y por ende no aplicable a su caso.
III. El recurso no prospera, en atención a su insuficiencia (art. 279, CPCC).
III.1. Ante todo, advierto que el presente caso exhibe similitud con el tratado y resuelto por esta Corte en la causa A. 74.904, "Metrogas S.A.", sentencia de 16-XII-2020 en el cual adherí al voto del doctor Pettigiani.
Con relación al primer agravio, cabe advertir que lo postulado por la recurrente no logra conmover lo resuelto por el Tribunal.
En efecto, recordemos que tras citar el art. 2 del Convenio Multilateral, la Cámara estimó que debía estarse a la ubicación del bien objeto de cesión a los efectos de establecer el lugar de donde provienen los ingresos brutos, pues proceder en forma contraria desvirtuaría -justamente- su finalidad. Tras señalar que no se encontraba controvertido (v. escrito de inicio, fs. 274 vta.) que el procedimiento por el que se extraen los componentes licuables presentes en el gas (que constituyen -estos últimos- el objeto del contrato de cesión de derechos), se realiza en el Complejo General Cerri de la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, apreció adecuado asignar a la Provincia los ingresos provenientes de dicho contrato, atendiendo al objeto allí contemplado. Señaló que en forma coincidente se había pronunciado la Comisión Arbitral (resols. 25/08 y 11/11), por las que (de igual manera) se atribuyeron los ingresos a la jurisdicción en la que se encontraba el bien cedido.
En sustancia, la recurrente reitera, tal como lo hizo ante el Tribunal interviniente, que los ingresos por el contrato de cesión son atribuibles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y que la separación que realiza Transportadora de Gas del Sur en la provincia resulta un proceso posterior, concluyendo que debió aplicarse la resolución 25/02 de la Comisión Arbitral, conforme la cual el lugar donde se lleva a cabo la actividad de cesión de derechos es donde se produce el sustento territorial, criterio que reseña confirmado por la resolución 4/03 de la Comisión Plenaria.
Queda en evidencia, entonces, que el núcleo de la impugnación apunta a controvertir el criterio sustentado en la sentencia cuestionada en orden a establecer el lugar de donde provienen los ingresos brutos: mientras para el recurrente éste es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (pues allí se celebró y consumó la cesión de derechos), la Cámara decidió que debe estarse a la ubicación del bien objeto de cesión (procedimiento de extracción que se realiza en el Complejo General Cerri de la ciudad de Bahía Blanca), pues proceder en forma contraria desvirtuaría -justamente- la finalidad del Convenio Multilateral. La impugnante cuestiona que la Cámara haya convalidado el criterio de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que equívocamente sitúa a la cesión "...en el lugar de ubicación del bien objeto de la operación (Provincia de Buenos Aires)", insistiendo en que no hay un bien cedido, sino que la cesión es de ciertos derechos (v. fs. 397).
Tales aspectos se revelan como típicas cuestiones de hecho, propias de los jueces de mérito, las que -por regla- se hallan exentas del control por vía del recurso extraordinario, salvo que se invoque y se demuestre el absurdo (conf. causas A. 69.592, sent. de 6-V-2009; A. 70.673, sent. de 31-VIII-2011; A. 70.822, sent. de 25-II-2015 y A. 70.932, sent. de 4-V-2016). El señalado vicio, que habilita la revisión de la valoración de los hechos y la prueba efectuada por los tribunales inferiores, exige la demostración del error grave, grosero y fundamental cristalizado en una conclusión incoherente y contradictoria en su aspecto lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (conf. causas L. 73.205, sent. de 10-IV-2001; C. 101.224, "Dillon", sent. de 26-VIII-2009; L. 97.473, "Aguirre", sent. de 23-III-2010; entre muchas otras).
Esa conclusión se refuerza si se aprecia que, según sostiene el recurrente, para fijar el lugar de procedencia de los ingresos resulta decisivo determinar el objeto del contrato, pues tal faena, según ha dicho la Suprema Corte, constituye una típica cuestión de hecho cuya apreciación resulta ser materia propia y privativa de las instancias de grado, encontrándose en principio detraída del ámbito de análisis casatorio, salvo denuncia y condigna demostración de absurdo en el razonamiento seguido por el tribunal (causa C. 121.718, sent. de 20-II-2019).
En sus fundamentos la recurrente no denuncia absurdo, ni abastece tal carga impugnatoria en los términos antedichos, lo que sella la suerte adversa del agravio (art. 279, CPCC).
III.2. Por otra parte, el Tribunal actuante apuntó que fracasaba el intento de la parte actora tendiente a reputar los gastos de transporte como un costo no computable en los términos del art. 3 inc. "b" del Convenio Multilateral y a ese respecto expuso que, en el caso, lucía acertada la solución brindada por los organismos de aplicación del Convenio Multilateral (resols. Comisión Arbitral 5/15, 14/15 y 29/16, e.o. y Comisión Plenaria 1/16), quienes entendieron que el gasto de flete -o transporte- por "compra", se encuentra comprendido entre los "gastos" incluidos en el art. 3 del Convenio aludido, por lo que resultaban computables para el cálculo del coeficiente unificado (conf. art. 2).
Señaló también que la Comisión Arbitral entendió que la erogación por flete de compra resultaba un gasto que debía ser computado entre las jurisdicciones en las cuales se realizaba el transporte, tal como lo prescribe el art. 15 de la resolución general 3/16 (con fuente en resol. gral. 7/06 al reglamentar el art. 4 in fine , Convenio Multilateral) debiendo repartirse por partes iguales para cada una de ellas, conforme la previsión normativa contenida en el art. 4 in fine , la que consideró que no solo se refiere a los gastos -de transporte- por ventas, sino que también incluye a los realizados por compras, a diferencia de lo afirmado por la actora en su demanda (v. fs. 279 y vta.).
Pues bien, en su crítica contra esta parcela del fallo, la actora denuncia que corresponde la aplicación del art. 3 inc. "b", en cuanto establece que no se computará como gasto en los términos del art. 2 inc. "a": "El costo de las obras o servicios que se contraten para su comercialización" y agrega, en esa inteligencia, que el gasto computable es solo el incurrido en la venta de bienes o servicios.
Los reproches de la impugnante volcados en tales términos no son de recibo por cuanto, si bien insiste en que resulta un costo no computable, omite mayor desarrollo argumental para evidenciarlo.
Tampoco se ocupa de rebatir de modo directo lo argumentado por la decisión impugnada acerca de que los gastos de trasporte no son solo por ventas sino también por compras, conforme el art. 15 de la resolución general 3/16, junto con lo normado por el art. 4 in fine del Convenio Multilateral, cuando establece que "Los gastos de transporte se atribuirán por partes iguales a las jurisdicciones entre las que se realice el hecho imponible", sin siquiera denunciar la norma actuada y omitiendo toda crítica respecto de la aplicación de los precedentes de la Comisión Arbitral y de la Comisión Plenaria citadas por la Cámara, que se pronunciaran en el mismo sentido.
III.3. En suma, las conclusiones a las que arribó la Cámara no han recibido un reproche eficiente que demuestre un error palmario y fundamental en su apreciación que la condujera a conclusiones incongruentes o contradictorias con las
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