Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75123
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, primer párr., ley 5.827). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.123, "Galdo, Marcela Inés c/ Municipalidad de General Pueyrredón s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por los actores y, en consecuencia, confirmó la sentencia del juzgado de primera instancia que declaró abstracta la pretensión interpuesta contra la Municipalidad de General Pueyrredón y desestimó las diferencias salariales reclamadas.
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata, desestimó el recurso de apelación interpuesto por los actores, agentes de la Municipalidad de General Pueyrredón, confirmando el fallo de primera instancia en cuanto fuera materia de agravio, con costas en el orden causado.
Para así decidir:
I.1. Expuso en el relato de antecedentes que la demanda articulada perseguía: a) la anulación de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/06 (mediante los cuales se dispuso la creación y puesta en funcionamiento de un nuevo escalafón del personal de la comuna, una nueva escala salarial en función del mencionado escalafón y un nomenclador de cargos), del art. 57 de la ordenanza 17.732 (que convalidó el nomenclador de cargos aprobado por el mencionado decreto 1.485/06), como así también del decreto 1.451/07 (que rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por los anteriores), con fundamento en que el escalafón del año 2006 representaba un "reencasillamiento indebido" del agrupamiento profesional, en tanto perjudicaba los derechos a la remuneración y a la carrera administrativa, a la igualdad, a igual remuneración por igual tarea y al derecho de propiedad; b) el reconocimiento de los actores a ser debidamente encasillados con la consecuente condena para que la Municipalidad dicte los actos necesarios para que el Grupo Ocupacional Profesional -al que pertenecen- sea correctamente encasillado, manteniendo la debida equidistancia con los restantes agrupamientos y c) consecuentemente, se le abonen las diferencias salariales que surjan como consecuencia de la nulidad del esquema escalafonario del año 2006.
I.2. Hizo referencia a las denuncias de hechos nuevos efectuados por los actores: a) dos (2) actas de comisión celebradas entre los representantes del Departamento Ejecutivo municipal y los representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales, advirtiendo que de la segunda de dichas actas surgía un acuerdo alcanzado sobre la elevación de los niveles correspondientes a los Profesionales de Carrera Menor y Mayor, la descripción de tareas para ciertos cargos del agrupamiento profesional y la necesidad de adecuar el régimen vigente para el acceso a nuevos cargos y b) los decretos municipales 989/12 y 991/12 mediante los cuales se dispuso la modificación del escalafón del Grupo Ocupacional profesional vigente, con la recategorización de la totalidad de sus integrantes, con retroactividad al mes de marzo de 2012.
Puntualizó que los actores alegaron que con la nueva normativa finalmente se hizo lugar a su pretensión de debido reencasillamiento, pero que continuarían con su reclamo por las diferencias devengadas desde la aplicación de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/06 hasta la percepción de la remuneración producto del nuevo escalafón del año 2012.
I.3.a. Entendió que los decretos municipales 989/12 y 991/12 implicaban el reconocimiento del derecho de los actores, tal como estos lo expusieran, coincidiendo con el señor juez de grado en que dicha pretensión debía considerarse abstracta. Para ello tuvo en cuenta la manifestación de la parte actora obrante en autos sobre su falta de interés en obtener un pronunciamiento judicial sobre un asunto que "...ha dejado de ser controvertido..." sin perjuicio del mantenimiento de la pretensión al cobro de las diferencias salariales devengadas desde la aplicación de los decretos municipales 1.485/06, 1.486/06 y 1.487/07 impugnados en autos, y hasta que los agentes comenzaran a percibir la remuneración producto del escalafón del año 2012.
I.3.b. Respecto de la denunciada ilegitimidad de los actos impugnados (escalafón, escala salarial y nomenclador de cargos, de la cual se desprendería el alegado "reencasillamiento indebido"), sostuvo que los elementos probatorios arrimados al proceso no acreditaban que el esquema escalafonario pergeñado en el año 2006 por la Administración municipal haya violentado garantías constitucionales y alterado la correcta equidistancia que corresponde al grupo ocupacional profesional con los restantes agrupamientos.
Seguidamente realizó una detallada argumentación en base al art. 104 de la ley 11.757, por entonces vigente; la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre decisiones adoptadas sobre la base de criterios de oportunidad, mérito y conveniencia y las prerrogativas para modificar o, en su caso, derogar y sustituir por uno nuevo, el esquema escalafonario y sus respectivos límites. En ese sentido consideró que en el caso no lucía acreditado que la nueva política personal y salarial produjera la alegada retrogradación y desjerarquización. En especial, luego de analizar los decretos impugnados y sus anexos no advirtió que se hubiese cometido una arbitraria e irrazonable distinción respecto del grupo ocupacional profesional (citó causa B. 63.394, "Carbonel", sent. de 20-V-2015).
Consideró que no se consumó en el caso un trato diferencial o discriminatorio de los profesionales que vulnere la garantía de igualdad (conf. arts. 16, Const. nac.; 11, Const. prov. y cita de fallos de la Corte de Nación y de la Cámara).
Afirmó que la Municipalidad, en ejercicio de la prerrogativa con la que cuenta para delinear la política de personal, pudo encontrarse en la necesidad de fomentar la cobertura de diversas funciones (v.gr. salud, docencia, informática, etc.) y a partir de tal contingencia fijar políticas particulares o especiales con relación a uno o algunos de los agrupamientos de personal que componen el escalafón. Tal habilitación reglamentaria aleja la posibilidad de postular que las modificaciones implementadas por el escalafón del año 2006 con relación al agrupamiento profesional hubieran alterado de manera irrazonable la equidistancia con los restantes agrupamientos, pues esa revalorización que se efectuara respecto de otros agrupamientos de personal -distinto al de pertenencia de los actores- era una opción que válidamente podía implementar la Administración y que solo podría censurarse por la jurisdicción en caso de acreditarse su arbitrariedad, extremo que no ocurre en la especie.
I.3.c. Sostuvo que el hecho de que la Administración haya acordado efecto retroactivo al nuevo escalafón del año 2012 no permite desprender de ello la ilegitimidad del régimen escalafonario del año 2006, máxime cuando la autoridad administrativa limitó la proyección hacia el pasado de los decretos municipales 989/12 y 991/12 hasta el mes de marzo de 2012 y no más allá de ese puntual hito temporal. Reparó en que la eficacia retroactiva de un marco reglamentario además de ser excepcional, exige una expresa declaración de la autoridad que, si bien en el caso ha existido, no lo fue con el alcance que impropiamente, predicaron los recurrentes.
I.3.d. Resaltó que el contexto analizado en autos difiere del que se ventilara en la causa C-4103-BB1 "Araya" (sent. de 12-XI-2013).
Asimismo, entendió que no surgía de las constancias probatorias de autos que hayan sido afectadas la garantía de igual remuneración por igual tarea, como así tampoco la desjerarquización, el retroceso en la carrera o la reducción en los salarios; y que los actores plantean en el presente una mera disconformidad con la política de personal y salarial fijada por la comuna en el año 2006 sin entidad como para patentizar la irrazonabilidad del esquema escalafonario impugnado.
I.3.e. Aseveró que en tanto los actos impugnados no resulten ilegítimos, como lógica consecuencia debe rechazarse la pretensión accesoria de percibir las diferencias salariales, por el período comprendido entre los días 30 de junio de 2006 y 1 de marzo de 2012.
I.3.f. Por último, confirmó las costas impuestas por el señor juez de grado en el orden causado (art. 51 inc. 2, CCA -texto según ley 14.437-), y descartó el agravio referido a la oportunidad para regular honorarios.
II. Contra la sentencia de la Cámara, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 49, 50 y 59 del Código Contencioso Administrativo y 163 y 34 del Código Procesal Civil y Comercial; de las leyes 11.757 y 14.656; de los arts. 14, 14 bis, 17, 18, 28, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 10, 15, 31, 39, 103 inc. 12, 161 inc. 3, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (derechos de propiedad, a trabajar, a una remuneración justa, a igual remuneración por igual tarea, al escalafón y principio de razonabilidad). Además, denuncia la violación de tratados internacionales, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la Convención de la Organización Internacional del Trabajo. Invoca asimismo las causales de arbitrariedad, la "sinrazón del razonamiento e incongruencia", así como la "arbitrariedad fáctica" por prescindencia del análisis de hechos notorios obrantes en la causa y por falta de sustanciación de medidas probatorias esenciales y conducentes para la correcta dilucidación del pleito.
Entre otros argumentos que resultan reiteración de los ya planteados en instancias anteriores, afirma que la Cámara fue incongruente ya que luego de confirmar el rechazo de la producción de la pericia contable que hiciera el señor juez de primera instancia, decidió que de los elementos probatorios arrimados al proceso no se podía tener comprobado que el esquema escalafonario pergeñado en el año 2006 por la Administración municipal hubiera violentado las garantías constitucionales.
Se agravia respecto de lo dispuesto sobre la falta de retroactividad al año 2006 de los decretos 998/12 y 991/12 y fundamenta al respecto.
Por último, afirma que no se han ponderado pautas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación referidas al derecho de la remuneración de los agentes públicos.
III. El recurso es insuficiente, motivo por el cual debe ser desestimado (art. 31 bis, primer párr., ley 5.827).
Dado que la argumentación desplegada y las conclusiones alcanzadas por el a quo en la sentencia puesta en crisis, así como los agravios planteados en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley bajo análisis, resultan sustancialmente idénticos a los presentados en procesos de similares características al presente (causas A. 74.870, "Abad", sent. de 16-XII-2020 y A. 74.833, "Boscarol", sent. de 12-V-2021), por razones de economía procesal y a fin de evitar un dispendio de actividad jurisdiccional, corresponde remitir a los fundamentos y conclusiones allí expuestos.
Voto por la negativa.
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
El señor Juez doctor Torres , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 31 bis, primer párr., ley 5.827). Con costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/11/2021 11:50:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 09/11/2021 12:25:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/11/2021 08:16:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:10:19 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/11/2021 10:40:42 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 11/11/2021 11:05:34 hs. bajo el número RS-192-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia