Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76307
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.307, "Lista, Gladys Adriana contra Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había admitido la demanda promovida por la señora Gladys Adriana Lista contra la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 225/229).
Se interpuso, por la parte demandada (v. escrito en soporte electrónico de fecha 28 de agosto de 2019, 10:56:41 hs., en el sistema Augusta), recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 244), presentado el memorial de la parte actora (escrito en soporte electrónico de fecha 6 de mayo de 2020, 16:22:15 hs., en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 de la ciudad de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por la señora Gladys Adriana Lista y anuló la resolución 91.737 dictada por el Directorio de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 24 de septiembre de 2013, en el expediente administrativo 2138-233.429/13. En consecuencia, reconoció -a partir del día 11 de enero de 2013- el derecho de la parte actora a la adecuación de su haber jubilatorio con la incorporación de los denominados "gastos de representación" previstos en los arts. 45 inc. "e" apartado 7 de la ley 13.982 y 79 de su decreto reglamentario 1.050/09; más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones electrónicas de depósito a treinta días (tasa pasiva digital o BIP). Impuso las costas a la demandada vencida (art. 51, CCA, t.o. ley 14.437).
II. Apelado dicho pronunciamiento por la representación fiscal a fs. 209/213, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso interpuesto y confirmó la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravios (v. fs. 225/229).
El Tribunal de Alzada circunscribió el thema decidendum en determinar si, para calcular el haber jubilatorio de la actora, deben computarse los "gastos de representación" previstos en los arts. 45 inc. "e" apartado 7 de la ley 13.982 y 79 de su decreto reglamentario 1.050/09.
Señaló que más allá del nomen iuris que utiliza la ley, el adicional en cuestión revela naturaleza remunerativa en función del modo en que se liquida, y de los caracteres de habitualidad y regularidad que presenta.
Recordó que de acuerdo a la doctrina legal de esta Suprema Corte debe considerarse remuneración a toda suma de dinero que perciba el activo, cualquiera fuera su denominación, siempre que se pague como retribución por servicios ordinarios o extraordinarios -salvo las horas extras exceptuadas expresamente- prestados en relación de dependencia, y que además se abonen en forma habitual y regular (conf. doctr. causas B. 54.929, "Bardi", sent. de 30-V-1995; B. 65.507, "Albina", sent. de 9-V-2012; B. 57.877, "Zonaro", sent. de 2-XI-2005; e.o.).
Indicó que el art. 79 del decreto 1.050/09 determina que los "gastos de representación" establecidos en el art. 45 inc. "e" apartado 7 de la ley 13.982 serán percibidos por el personal policial con cargo no inferior a Director o sus respectivas equivalencias, y será igual al cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico del grado requerido para ocupar el cargo.
Puntualizó, en consecuencia, que el ítem pretendido se abona en forma periódica, habitual y regular; no otorgándose en función de la conducta individual del agente, ni está sujeto a rendición alguna.
Destacó que las notas de habitualidad y regularidad del adicional en cuestión le dan sustento bastante como para considerarlo integrante de la base de cálculo a los fines previsionales, cuyo carácter remunerativo se desprende, asimismo, del modo en el cual es liquidado, sujeto únicamente a la prestación de servicios.
Expuso los motivos por los que -según su criterio- el emolumento en cuestión posee los caracteres de habitual, regular y permanente, configurando así una bonificación remunerativa (v. fs. 228).
Por su parte, señaló que la ausencia de aportes no le quita naturaleza remunerativa al adicional bajo análisis, atento a la sustancia salarial que posee, citando para fundar tal aserto jurisprudencia de este Tribunal.
Refirió al principio de movilidad y proporcionalidad que debe existir entre la situación patrimonial del jubilado y la que le correspondería de continuar en el desempeño del cargo tenido en cuenta para la determinación del haber.
Por último, hizo referencia al principio consagrado por la Constitución provincial en materia de seguridad social (art. 39, inc. 3 in fine , Const. prov.), en especial a la protección que debe brindarse a los trabajadores. Adicionó a ello el principio básico que sustenta el sistema previsional provincial, esto es el de la proporcionalidad que debe guardar el haber de pasividad y el de actividad, atendiendo a la naturaleza sustitutiva que cabe reconocer al primero respecto del segundo (arts. 14 bis y 17, Const. nac.).
III. Disconforme con la sentencia dictada por la Cámara de Apelación interviniente, la Fiscalía de Estado interpone recurso de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia: i) la inaplicabilidad de los arts. 26 y 28 de la ley 13.236; 45 de la ley 13.982 y 71 y 79 del decreto reglamentario 1.050/09; ii) la violación de la doctrina legal de este Tribunal y iii) la transgresión del art. 17 de la Constitución nacional.
Alega que el Tribunal de Alzada le dio un alcance indebido a la compensación establecida en el art. 45 de la ley 13.982 al trasladar al haber previsional de la actora una compensación que no posee los requisitos para que sea percibido por el personal en pasividad.
Señala que los "gastos de representación" previstos en los arts. 45 de la ley 13.982 y 79 de su decreto reglamentario 1.050/09, no tienen carácter remunerativo por cuanto se encuentran ligados al ejercicio de un cargo (Director o equivalente) y, en consecuencia, carecen de las notas de regularidad y habitualidad.
Puntualiza que el marco legal aplicable (ley 13.236) establece dos presupuestos a tener en cuenta en el concepto de retribución: a) el carácter regular, habitual y permanente de la asignación y b) que se hagan aportes previsionales.
En dicho entendimiento, señala que el adicional reviste un carácter especial que constituye un incentivo sólo para los agentes activos que cumplen determinada función.
Sostiene que, al confirmar la sentencia de primera instancia, el Tribunal de Alzada ha desatendido lo preceptuado en los arts. 26 y 28 de la ley 13.236 pues, no obstante reconocer que sobre el adicional no se efectuaron aportes, condenó a la entidad previsional a contemplar dicho ítem en la determinación del haber jubilatorio.
Aduce que en casos análogos al sub lite esta Suprema Corte desestimó pretensiones cuyo objeto consistía en incorporar, al haber previsional, sumas otorgadas a los agentes activos con carácter no remunerativo.
Indica, en efecto, que el régimen previsional analizado se financia -entre otros fondos- con los aportes de los empleados y empleadores.
Señala que los arts. 26 y 28 de la ley 13.236 claramente establecen que las bonificaciones que perciban los agentes policiales activos solo podrán ser trasladadas a los agentes en pasividad bajo el ineludible requisito de que se realicen aportes previsionales.
Por ello, concluye, que no corresponde integrar el haber de pasividad con un adicional que no cumple ese recaudo.
Señala que habiendo la ley especial establecido expresamente los rubros sujetos a aportes previsionales, no corresponde aplicar principios extraídos del régimen general de jubilaciones y pensiones, máxime cuando los agentes policiales en pasividad perciben beneficios previsionales con menores años que la generalidad de los agentes públicos.
Expresa que, al incluirse en el concepto de remuneración a los suplementos, bonificaciones o adicionales con carácter regular, habitual y permanente, sobre los que se hagan obligatoriamente aportes previsionales, se instituyó un sistema especial que, más allá de su acierto o conveniencia, constituye una materia específica de política legislativa que excede, en principio, los límites de la jurisdicción.
Critica la escasa consideración efectuada por el Tribunal de Alzada a los aportes previsionales, en tanto su carácter forzoso para el trabajador como para el empleador, y sobre todo por pertenecer a la comunidad de beneficiarios y estar destinados al cumplimiento de una finalidad social legalmente definida.
Afirma que es legítimo el acto administrativo de la Caja previsional ya que el adicional percibido por la actora en actividad no puede ser incorporado al haber previsional, pues solo corresponde abonar las sumas que en carácter de remuneración haya percibido al activo y sobre las que se hayan realizado los correspondientes aportes.
Destaca que, en el ámbito de la previsión social, la exigencia del aporte se justifica por el principio de solidaridad que requiere de la necesaria contribución de los activos para el mantenimiento de la estabilidad económico financiera de las respectivas cajas.
En otro orden considera que la Cámara aplicó erróneamente la doctrina de esta Corte al desconocer la validez del concepto de retribución establecido por la ley, que no solo exige el carácter regular, habitual y permanente de la asignación, sino también que sobre esta se efectúen obligatoriamente los aportes previsionales (conf. causa B. 63.006, "Barroso", sent. de 11-III-2013; y similares anteriores).
IV. Adelanto que el recurso no prospera, atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
IV.1. Preliminarmente debo recordar que en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (doctr. causas A. 74.943, "Attanasio", sent. de 29-VIII-2018; A. 74.401, "Fariña", sent. de 10-IV-2019; A. 75.414, "Mancuso", sent. de 8-VI-2020; e.o.).
Sobre esta inveterada premisa, cabe señalar que el Tribunal de Alzada tuvo por acreditado que la actora había percibió en actividad los "gastos de representación" desde el mes de enero de 2010 hasta la fecha de su cese en el mes de enero de 2013, y consideró que dicho emolumento posee, en los hechos, las notas de habitualidad y regularidad propias de una remuneración.
Desde esa perspectiva, la Cámara interviniente sostuvo de conformidad con las disposiciones que regulan la materia, que los "gastos de representación" previstos en los arts. 45 inc. "e" apartado 7 de la ley 13.982 y 79 de su decreto reglamentario 1.050/09 integran el concepto de remuneración preceptuado en el art. 26 de la ley 13.236, en el que se encuentran incluidos los suplementos, bonificaciones, adicionales, retribuciones y servicios de extensión profesional, que tengan carácter de regulares, habituales y permanentes y sobre los cuales se hagan obligatoriamente aportes previsionales.
En tal sentido, y más allá del nomen iuris asignado, explicó que este emolumento se abona de manera habitual, sin la exigencia de contraprestación alguna y sin una causal específica. Destacó, además, que se calcula en el cincuenta por ciento (50%) del sueldo básico (v. fs. 227 y vta.).
Señaló que el adicional es inherente a la función, y que la única modalidad a partir de la cual el mencionado emolumento resulta liquidado es la mera prestación de servicios. Agregó que se abona de forma permanente, por cuanto su percepción no está sujeta a ningún límite temporal.
Explicó que la falta de aportes no le quita naturaleza remunerativa, dada su clara sustancia salarial. Citó jurisprudencia aplicable, y destacó que la falta de aportes no puede ser imputable al agente retirado.
Finalmente enfatizó que debe existir una adecuada proporcionalidad entre los haberes percibidos por los agentes activos y pasivos.
IV.2. El eje central de la decisión cuestionada no ha sido atacado por la representación fiscal, lo que determina el destino adverso de la impugnación.
Por la modalidad de pago mensual sin sujeción a ningún otro requisito más allá de la prestación del servicio, el mecanismo de cálculo y la falta de sometimiento o sujeción temporal para su cobro, el tribunal consideró que el adicional en cuestión tiene naturaleza remunerativa en los términos del art. 26 in fine de la ley 13.236. Esta premisa estructural de la sentencia no ha sido refutada por el recurrente.
Tampoco mereció reproche alguno el argumento vinculado a la garantía de proporcionalidad previsional expresada por el Tribunal interviniente a fs. 228.
Siendo ello así y toda vez que, en el intento de fundamentar la pieza recursiva, la representación estatal desatiende los fundamentos en los que se apoyó el fallo, corresponde desestimar la impugnación. En efecto, en el recurso de la accionada se reitera, sin la fundamentación suficiente, que no procede trasladar la retribución o compensación que la señora Lista percibió en actividad (arts. 45 inc. "e" apdo. 7, ley 13.982 y 79, decreto reglamentario 1.050/09) a su haber previsional en virtud de no estar comprendidos en el concepto remuneración previsto en el art. 26 de la ley 13.236.
Este Tribunal tiene dicho que deviene ineficaz el recurso que no se hace cargo de la línea argumental del fallo y, en su lugar, se dedica a impugnarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes afirmaciones que le dan sustento bastante, más allá del acierto o error de la solución a la que se arriba (doctr. causa A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018).
Con esa pauta, se vislumbra que el remedio articulado prescinde de refutar el fundamento por el cual la Cámara consideró que los gastos de representación tienen naturaleza remunerativa y salarial más allá del nomen iuris que le atribuyó el legislador, además de omitir contrarrestar los argumentos basados en los principios que rigen la materia y los que expresamente están consagrados en la Constitución provincial, esbozados por el Tribunal. En tales condiciones, cabe concluir que la decisión del a quo no ha sido debidamente controvertida.
IV.3. De otro lado, y respecto al fundamento referido a la falta de aportes, cabe señalar que la Cámara, en atención a la naturaleza salarial que le asignó al adicional, con cita en un precedente de este Tribunal sostuvo que la no exigencia de los aportes previsionales para los suplementos que tengan carácter de regulares, habituales y permanentes, no puede ser imputable al agente retirado (causa B. 60.715, "Nocetti", sent. de 11-VIII-2010) .
Sin perjuicio de mi postura en aquel precedente, lo cierto es que el recurrente no se hace cargo de desbaratar el argumento de la Cámara, sino que insiste en postular que de la exégesis de la normativa aplicable surge que los "gastos de representación" no integran el concepto de remuneración por carecer de habitualidad y regularidad y porque -además- no se han efectuado los aportes previsionales.
Con su propio criterio interpretativo la Fiscalía de Estado se limita a reiterar consideraciones anteriormente formuladas en su escrito de apelación sobre la improcedencia de incorporar el adicional al haber jubilatorio de la parte actora.
En este aspecto, la recurrente no satisface de manera adecuada la fundamentación que exige el remedio extraordinario, pues reitera -ante esta instancia- las afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y que fueron adecuadamente consideradas -y rechazadas- por el Tribunal a quo ; circunstancia que obsta al tratamiento de la queja por parte de este Tribunal.
Es doctrina de esta Suprema Corte que es insuficiente -para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido- el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reiteración de argumentos esgrimidos y rechazados en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; e.o.).
IV.4. Por su parte, el agravio referido a la vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte emergente de la causa B. 63.006, "Barroso", sentencia de 11-III-2013 y sus similares y anteriores, también debe ser desestimado atento a su deficiente postulación.
En esta parcela cabe puntualizar que no basta con la mera individualización del precedente y la trascripción de un sumario para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, y que solo es suficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando se individualiza concretamente la doctrina que se dice violada y se señalan los aspectos fácticos que rodearon al caso donde esta Corte sentó el criterio que se pretende aplicar, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulta conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; e.o.).
Estos estándares no están cumplidos pues, en aquel precedente, esta Corte desestimó la pretensión por cuanto, a diferencia de lo que sucede en el sub lite , el pago del emolumento de "compensación de gastos por mantenimiento de uniformes y equipos", exigía una rendición de cuentas ante la autoridad, lo que marca una clara diferencia con la especie. Cabe señalar que ello fue específicamente abordado en la sentencia impugnada (v. fs. 228).
En consecuencia, el planteo luce insuficiente pues, además de la disparidad fáctica señalada, la recurrente omite explicar de qué manera concreta el precedente invocado ha sido erróneamente aplicado o transgredido en la sentencia (art. 279, CPCC).
V. Por los fundamentos expuestos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (art. 279, CPCC). Con costas a la recurrente vencida (arts. 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Soria.
Solo me permito agregar con relación al agravio referido a la falta de aportes que, más allá de resultar insuficiente su argumentación -en tanto reitera afirmaciones expuestas en el recurso de apelación y que fueran adecuadamente consideradas por el Tribunal-, en la causa B. 60.715, "Nocetti", sentencia de 11-VIII-2010, sostuve, con referencia a un suplemento de características similares a este, que la falta de aportes no puede ser imputable al agente retirado, sino q
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.