Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76116
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.116, "Los Lagartos Country Club S.A. c/ ARBA s/ Pretensión Anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal que rechazó la pretensión anulatoria deducida por la actora contra la disposición de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) que, a su turno, le denegó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos en relación a la actividad "Servicios de Asociaciones n.c.p.", con imposición de costas en su calidad de vencida (v. fs. 176/181).
II. Disconforme con tal pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal mediante presentación electrónica de fecha 1-VII-2019, el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 186.
III. Dictada la providencia de autos (v. fs. 189) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia del Tribunal Fiscal que rechazó la pretensión anulatoria deducida por la actora contra la disposición 110D000308/2014, por la que ARBA denegó la exención del impuesto sobre los ingresos brutos, en relación con la actividad "Servicios de Asociaciones n.c.p.".
Para así decidir, por mayoría, advirtió que en el caso no concurrían los elementos subjetivo y objetivo requeridos por la norma (art. 207 inc. "g", Cód. Fiscal, t.o. 2011 y concs. de años anteriores), que exige la dispensa del tributo.
Al efecto, para descartar el cumplimiento del aspecto objetivo, remite al estatuto societario y reglamento interno que en su art. 3, refiere que las actividades de la contribuyente se destinan a quienes se incorporen al club de campo mediante la adquisición de una parcela dentro de este.
Señaló que la circunstancia de que la actora mantenga la titularidad de dominio sobre los espacios de uso común y las prestaciones que sobre estos se reserva, se limita a sus socios como destinatarios excluyentes de la organización, fomento y dirección a su cargo.
Consecuente con ello, dijo que la gestión de los espacios comunes que se atribuye y con la que intenta la eximición del impuesto que reclama -servicios de asociaciones NCP, código 919900- escapa a todo interés general para situarse dentro de un límite que se conforma con los propietarios de parcelas individuales del club de campo.
Sostuvo que los agravios encaminados a ese conjunto no prosperan. Ello pues, concluyó que la misma solución corresponde para el factor subjetivo, sobre el que la demandante edifica la variable de impugnación que es relativa a la forma societaria adoptada, procurando la posibilidad de incluirla entre los sujetos de derecho alcanzados por la exención legal.
Por otra parte, desestimó el intento extensivo del art. 180 inc. "g" del Código Fiscal (texto según ley 14.333) pues carecía de consistencia, en la medida que cualquiera sea la motivación de los socios para la adopción del tipo societario elegido (sociedad anónima), lo cierto es que este ofrece el común denominador de la participación en las pérdidas y las ganancias, como es natural a esa forma de unión (arts. 1, 3, 13, 17, 163, 224 y concs., ley 19.550, texto según ley 26.994).
Observó que el lucro se ofrece, pues, como nota distintiva para establecer el hecho imponible.
Así las cosas, por ambosángulos considerados, adujo que la pretensión carece de recibo posible, en la medida que deja a la vista un tipo societario que, entre otros caracteres, parte del beneficio económico por definición.
También por unos alcances siempre limitados a sus socios.
Advirtió que la consecución del objeto societario carece de interés social, más allá de que la sociedad tampoco quede comprendida en la enumeración legal.
Indicó que ese escenario obsta al código de actividad con el que la actora procura la exención.
Concluyó, entonces, en que la sentencia del Tribunal Fiscal reportaba componentes suficientes de motivación con arreglo a lo narrado precedentemente, informando su fuente causal en la norma legal citada y en el propio estatuto social.
Afirmó así que la decisión impugnada se ofrecía válida, sin que el entendimiento prodigado a la situación que ventila el caso se muestre contrario a la ley o a la regla de razonabilidad.
II. Contra tal pronunciamiento la actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 1-VII-20l9).
Denuncia que la sentencia debe reputarse inconstitucional por discriminar de la exención a las asociaciones civiles con forma de sociedad anónima, lo que, a su entender, importa una afectación a las competencias que el art. 75 inc. 12 reserva para el Congreso de la Nación y a la garantía de igualdad en el reparto de las cargas públicas.
Entiende que es irrazonable afirmar que la adopción de una forma societaria por parte de una asociación civil la desnaturaliza y la priva de su condición de entidad sin fines de lucro. Esgrime que la forma jurídica adoptada no implica que la sociedad persiga fines de lucro ni modifica el objeto social ni la realidad económica de la actividad de la sociedad.
Explica que en el caso de los clubes de campo la forma societaria facilita su funcionamiento y administración, y a modo de ejemplo invoca que la condición de miembro de una asociación civil no se transmite mortis causa , circunstancia que con la adopción de la forma societaria, frente a la muerte de un accionista, el título representativo de dicha condición se transmite de pleno derecho junto con la propiedad del inmueble del Club a los herederos, evitando los problemas de admisión como miembro o socio del club. La misma lógica aplica para las transmisiones entre vivos; la forma societaria adoptada, no da lugar a la posibilidad de que la asamblea de la entidad bloquee el acceso de nuevos propietarios socios del club, circunstancia que en el caso de una forma no societaria dejaría cada operación de venta a merced de la voluntad de la asamblea.
Insiste en que la sentencia de Cámara viola los principios de igualdad y capacidad contributiva, al descartar la aplicación de la exención por la forma jurídica adoptada y desentenderse de la realidad económica del caso, en el que se halla fuera de discusión su condición de entidad sin fines de lucro, que tiene vedado distribuir utilidades y hasta remunerar a sus administradores, debiendo el producto de su eventual liquidación entregarse a Caritas Argentina (v. pto. VI.5.2.).
En definitiva, afirma que el pedido de reconocimiento de la condición de exento de un contribuyente tiene por objeto procurar que los sujetos con los cuales contrata no le practiquen retenciones ni percepciones a cuenta de un impuesto como es el de ingresos brutos y que su representada no debe ingresar. Atento que sostiene que de lo contrario se generaría un saldo a favor cuyo crecimiento constante, equivale a un empréstito forzoso a ARBA, sin interés y durante muchos años.
III. El recurso no prospera atento la insuficiencia técnica que porta (art. 279, CPCC).
III.1. El Tribunal de Alzada ponderó acertada la sentencia del Tribunal Fiscal por la que se confirmó la disposición SEFSC n° 110D000308/2014 dictada por la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA), que denegó la solicitud de exención del impuesto sobre los ingresos brutos, en relación con la actividad "Servicios de Asociaciones n.c.p.".
Para ello indicó que, conforme el estatuto y reglamento interno, la contribuyente se encontraría autorizada a desarrollar actividades distintas a las declaradas en la solicitud de exención, cual es, la de "servicios inmobiliarios".
Asimismo, destacó que las actividades deportivas y demás que realiza y promueve, conforme fue admitido a fs. 86 del expediente administrativo n° 2360-132568/14, se limitan a sus socios, destinatarios excluyentes de la gestión de organización, fomento y dirección a cargo de la sociedad.
Finalmente, agregó que la forma jurídica de organización adoptada (sociedad anónima) fue eliminada de la lista de exenciones del art. 180 del Código Fiscal (t.o. 2004) por la ley 14.333 (ley impositiva 2011).
En consecuencia, señaló que el código NAIIB 99 (919900) no comprende las actividades a cargo de la actora conforme se desprende de su estatuto societario.
De ello se infiere que el cometido societario (art. 3 del estatuto) no incluye la variable de actividad con la que la contribuyente intentara lograr la eximición que solicita (servicios de asociaciones, NCP, código 919900), pues lo cierto es que la actividad de gestión de los espacios comunes que se atribuye escapa a todo interés general, o a los cometidos de organizaciones asociativas de interés social (art. 189 inc. "g", Cód. Fiscal).
A mayor abundamiento, se señala al respecto que ya el Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires indicó que la normativa exige para el otorgamiento de la exención dos condiciones, una de ellas de carácter subjetivo, que requiere que el sujeto haya adoptado alguna de las formas jurídicas establecidas en ella, reconocida por autoridad competente y sin fines de lucro; y la otra de carácter objetivo, que atañe a la actividad desarrollada por el solicitante, establecida por la ley impositiva que resulte aplicable, debiendo, además, sus ingresos ser destinados al objeto social y no distribuir suma alguna entre asociados y socios.
Sostuvo asimismo que "Los Lagartos Country Club Sociedad Anónima", no obstante hallarse inscripta en la actividad de "servicio de asociaciones", la que efectivamente desarrolla es de "servicios inmobiliarios". Al efecto transcribe el art. 3 del estatuto social y reglamento interno, del que se deprende que, valga la redundancia, la actividad desarrollada excede ampliamente el declarado asociacionismo del NAIIB 99, código 919900, que expuso en la solicitud de exención.
Específicamente indicó que la promoción y fomento de las actividades deportivas se limita a sus asociados, sin que surja de las constancias acompañadas que personas que no revistan tal calidad puedan acceder a la realización de estas. Extremo que no se corresponde con la intención perseguida por el legislador en oportunidad de diseñar la dispensa impositiva, donde debe primar un manifiesto interés social como se desprende de la enumeración de entidades del art. 207 inc. "g" del Código Fiscal, que exceda el mero interés de los miembros asociados.
Agregó que en tanto es el apelante el que menciona la forma jurídica de organización adoptada (art. 3 de la ley 19.550), cabe señalar que fue la ley 13.313 - impositiva para el año 2007- la que incorporó en el inc. "g" del art. 180 (Cód. Fiscal, t.o. 2004) a las sociedades del art. 3 de la ley 19.550. Posteriormente la ley 14.333 -impositiva para el año 2013-, con el objeto de reordenar las exenciones subjetivas, eliminó las sociedades comerciales del art. 3. También identificó taxativamente las actividades que se considerarán exentas para las asociaciones sin fines de lucro incorporadas.
Dicho lo anterior, advierto que la pieza recursiva debe ser rechazada en tanto sus argumentos solo importan una mera disconformidad con lo resuelto en la sentencia que ataca, y omite rebatir los fundamentos centrales del decisorio.
Esta Corte tiene dicho que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 72.293, "Gómez", sent. de 6-V-2015; e. o.).
De este argumento, central de la decisión atacada, la recurrente no se ha hecho cargo y por tanto llega firme a esta instancia extraordinaria.
III.2. La facultad revisora de esta Corte está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006 y L. 87.394, "V. de C.", sent. de 11-V-2005). De allí que el éxito de la postulación recursiva dependa de que se baste a sí misma para que, de su lectura, pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal (causas L. 79.507, "Saravia", sent. de 1-III-2004 y L. 73.381, "Nespeca", sent. de 4-IV-2001). Ello exige, entonces, una crítica concreta, directa y eficaz de las conclusiones definitorias y argumentos en que se funda el fallo recurrido (causas L. 80.274, "Magnoni", sent. de 20-VIII-2003 y L. 89.439, "Lescano", sent. de 10-XII-2008).
III.3. En relación al contenido de los agravios ligados a la irracionalidad en el rechazo de la exención fiscal que reclama, violación al principio de legalidad y capacidad contributiva, cuadra destacar que no es más que la reiteración de argumentos ya esgrimidos, debidamente abordados y, a la postre, rechazados en las instancias intervinientes.
Es doctrina consolidada de esta Suprema Corte que esa clase de reiteraciones, que se ponen de manifiesto cuando quien recurre se limita a insistir con su propia postura sin hacerse cargo de la conclusión que lo perjudica y demostrar su desacierto, llevan necesariamente a la declaración de insuficiencia del remedio extraordinario (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017; A. 72.375, "Mazza", sent. de 12-VII-2017; A. 75.082, "Manzolini", sent. de 13-XI-2019; A. 74.914, "Di Salvo", sent. de 27-VIII-2020; e. o.), lo que así se declara en esta parcela (art. 279 in fine , CPCC).
III.4. En otro orden, respecto a la denuncia de inconstitucionalidad, el recurso se limita a afirmar que el rechazo de la exención afecta las competencias que el art. 75 inc. 12 reserva para el Congreso de la Nación, sin siquiera intentar explicar por qué y de qué modo se produjo esa vulneración, ni expresar cuál es la vinculación que tiene con el agravio expresado.
Esta Corte tiene dicho que la cita genérica de que se habrían quebrantado preceptos constitucionales y legales no tiene eficacia si no se expresa claramente de qué manera el tribunal incurrió en tales supuestas violaciones (conf. doctr. Ac. 94.316, "F., E. A.", sent. de 21-VI-2006; A. 71.159, "Tosetti", sent. de 28-VIII-2013; A. 72.358, "Ferella", sent. de 24-IX-2014 y A. 76.231, "Nievas", sent. de 22-XII-2020).
III.5. Por último y para más, cabe recordar que, en materia de exenciones tributarias, es constante el criterio conforme al cual ellas deben resultar de la letra de la ley, de la indudable intención del legislador o de la necesaria implicancia de las normas que las establezcan (Fallos: 277:373; 279:226; 283:61; 284:341; 286:340; 289:508; 292:129; 302:1599) y su interpretación debe practicarse teniendo en cuenta el contexto general de las leyes y los fines que las informan (Fallos: 285:322; e. o.), ya que la primera regla es dar pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 330:2892).
Como lo ha sostenido reiteradamente esta Suprema Corte, las exenciones deben interpretarse restrictivamente, en tanto importan una limitación a los principios de generalidad y de igualdad en la tributación, razón por la cual son de interpretación estricta y deben resultar de la letra de la ley o de la indudable intención del legislador (doctr. causas B. 51.296, "Sarlo", sent. de 7-II-1989; B. 50.873, "Bemberg", sent. de 3-XI-1992; B. 61.397, "Sociedad Española de Socorros Mutuos de Tres Arroyos", sent. de 8-VII-2008 y B. 62.587, "Martindale Sur Country Club S.A.", sent. de 10-XI-2010).
IV. En función de lo expuesto, estimo que la impugnación es insuficiente y corresponde su rechazo, voto por la negativa .
Las costas de esta instancia se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Más allá del acierto o error de la Cámara al leer ciertos requisitos implícitos dentro de la exención impositiva prevista en el art. 207 inc. "g" del Código Fiscal -texto ordenado 2011- (v.gr., la satisfacción de un interés general que exceda al de los propietarios del barrio cerrado, etc.), o de lo conducente de las indagaciones en torno al código de actividad aplicable y la realidad económica, lo dirimente aquí y que sella la suerte adversa del intento impugnativo es que la recurrente no logra desarticular la conclusión a la que en definitiva se arribó desde un punto de vista estrictamente subjetivo.
Eso es, que al haber adoptado la asociación actora la forma de una sociedad anónima en los términos del art. 3 de la Ley General de Sociedades, no podía obviarse que la reforma operada a la exención de referencia por el art. 138 de la ley 14.333 -vigente a la fecha de la correspondiente solicitud ante la ARBA- deliberadamente había eliminado la mención de semejantes entidades al fijar el beneficio impositivo (conf. art. 54 inc. 4, ley 13.613, que había incorporado al otrora art. 180 inc. "g" del Cód. Fiscal -t.o. 2004- a las "sociedades civiles y sociedades comerciales constituidas de conformidad con el art. 3 de la Ley N°19.550").
Siendo así, a pesar de los esfuerzos argumentativos desplegados por la apelante tendientes a demostrar que la constitución de una asociación civil bajo dicho ropaje no debería desnaturalizar su calidad de tal, ellos ciertamente presentan los defectos a los que alude el ponente en el punto III.1. in fine de su opinión, por lo que dejan incólume un fundamento del fallo que le da sustento bastante (doctr. causa A. 75.947, "Pedersen", sent. de 28-V-2021) y, por lo tanto, resultan insuficientes para revertirlo a la luz de los criterios interpretativos tradicionalmente aceptados en esta materia y a los que refiere el punto III.5. del voto al que acompaño.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres, con las consideraciones efectuadas en el voto del doctor Soria. Voto también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Del mismo modo que la señora Jueza doctora Kogan, comparto las razones dadas por el señor Juez doctor Torres, en cuanto a la insuficiencia impugnatoria desarrollada por la actora, a las que añado las señaladas por el señor Juez doctor Soria.
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:13:23 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/202
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.