Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77115
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.115, "Cortazzo, Néstor Omar c/ Instituto de Previsión Social s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó la sentencia de grado estimatoria del pedido de reajuste de la pensión ante el Instituto de Previsión Social, la cual había sido limitada por aplicación del tope previsto en el régimen nacional (v. sent. de fecha 2-XI-2018).
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15 de diciembre de 2020), que fue concedido por la Cámara interviniente mediante auto de fecha 27-IV-2021.
Dictada la providencia de llamamiento de autos para resolver (v. auto de fecha 7-V-2021), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 de La Plata hizo lugar al pedido de revisión de la resolución que aplicara el tope establecido en la ley nacional al haber jubilatorio del actor.
Para así resolver, el juez de grado sostuvo que no existen en la norma local –decreto ley 9.650/80- topes máximos o límites en cuanto al monto del haber y que el art. 44 de dicho cuerpo legal -cuya aplicación por analogía se pretende- está dirigido expresamente a los trabajadores que han prestado servicios autónomos, situación que no es la configurada en autos.
Afirma, asimismo, que al encontrarse la condición del beneficiario expresamente regulada por el art. 41 del decreto ley 9.650/80 –70% de la remuneración mensual asignada al cargo del que era titular el afiliado- y no resultar contemplada por la regulación que rige en la especie la apuntada restricción del haber jubilatorio del actor, no corresponde la aplicación analógica de la normativa nacional.
Señala, en ese orden, que no es pertinente para la finalidad perseguida por la demandada realizar una interpretación extensiva y analógica de una ley nacional, cuando existe una norma provincial aplicable al caso. Para más añade que los topes previstos en las normas nacionales han sido declarados inconstitucionales por la Corte nacional, por la desproporcionada reducción de haberes que conllevan. Y concluye que la presunción a favor del jubilado que establecen las normas involucradas, genera en la contraparte la carga procesal de demostrar que la situación financiera no permite garantizar el derecho legalmente acordado.
Este decisorio fue apelado por la demandada (v. presentación electrónica de fecha 20 de mayo de 2019).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto y confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la demanda entablada contra el Instituto de Previsión Social. Las costas las impuso a la demandada en su condición de vencida.
Para así decidir, el tribunal -con expresa remisión a los precedentes A. 71.627, "Vázquez", sentencia de 6-IV-2016; A. 71.971, "Ciccone", sentencia de 22-VI-2016 y A. 71.691, "Álvarez", sentencia de 28-IX-2016- consideró que la normativa provincial no contempla la aplicación de los topes establecidos en la ley nacional, por el contrario, en la jurisdicción local rige el principio de movilidad del haber jubilatorio. Entendió que lo que se persigue en autos no se trata de un reajuste, sino que se pretende una liquidación de acuerdo al acto de otorgamiento en el 70% de la remuneración asignada al cargo desempeñado en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y al 42% del desempeñado en la Universidad Nacional de La Plata.
a) Esgrime que no es válido aplicar analógicamente el tope previsto en el régimen nacional. Sostiene que el decreto provincial no contempla la limitación que establece la ley nacional y que esta no puede derivarse del hecho de que se trate de un cargo de afiliación a aquel sistema, pues en el régimen de reciprocidad rige el principio de igualdad de trato de los servicios extraños como de los propios, por parte de la caja otorgante de la prestación que impone considerar todos los servicios y la totalidad de las remuneraciones percibidas como prestadas y devengadas bajo su propio régimen (art. 7, dec. ley 9.316/46).
Aduce que, de otra manera, los principios de proporcionalidad y movilidad que gobiernan el sistema provincial dejarían de regir cuando el cargo regulatorio del beneficio se desempeñó con afiliación al régimen nacional.
Al igual que en los precedentes antes invocados, afirma que el método de la analogía no es bastante para lograr la integración al derecho local de normas limitativas previstas en el ámbito de la caja nacional.
b) Por otra parte, argumenta que carece de consistencia la cuestión de los aportes y la relación con el beneficio que se otorgue, toda vez que no existe real transferencia de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) al Instituto de Previsión Social (IPS), sino compensación, por lo que se trata de una alegación genérica y, en cierta medida, abstracta.
Además, tampoco se corresponde con exactitud con el caso, el hecho alegado en el procedimiento previsional, acerca de la correlación que debería existir entre los aportes efectivamente realizados y la prestación consecuente, cual si los hubiese ingresado por importes menores por aplicación de los topes en cuestión, cuando no se encuentra demostrado que en ese entonces estuviesen vigentes.
Destaca, a su vez, que, en función de la solidaridad previsional, no puede tratarse de una ecuación estricta e individual entre los aportes y los montos a percibir.
c) Finalmente, el tribunal entiende que, si en el mejor de los casos se tratara de un tema opinable o dudoso, de admitirse su falta de expresa regulación, la normativa constitucional en materia de seguridad social ordena escoger la interpretación que favorece al trabajador, art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial.
III. Contra este pronunciamiento la demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 15 de diciembre de 2020) en el que esgrime los siguientes agravios:
1. Errónea aplicación dada por la sentencia de Cámara a los arts. 41 y 44 del decreto ley 9.650/80; 9 y 158 de la ley 24.241; 1 de la ley 26.222 y 8 del decreto ley 9.316/46. Sostiene que la Cámara lo obliga a pagar un haber con prescindencia de las normas que regulan su quantum .
Se agravia de que el art. 41 es aplicado de modo automático, desnaturalizándose con ello el principio de reciprocidad.
Lo mismo respecto del art. 44 porque entiende que no se puede emplear analógicamente.
2. Sostiene que existió un indebido soslayo de la relación que debe existir entre servicios, aportes y su traslado, lo que también conduce -a su criterio- a la alteración del sistema de reciprocidad.
3. Reserva el caso federal, por entender que existiría violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. A modo de síntesis he de señalar que la controversia se basa en la pretensión del actor de que la demandada reconozca su derecho a jubilación en la suma que le corresponde sin aplicar el tope previsto en el régimen nacional.
IV.2. La resistencia del Instituto de Previsión Social demandado se sustentó en que la prestación del actor deriva de un mayor cargo en el ámbito nacional, por lo cual entiende que deben aplicarse los topes de la ley que rige en esa esfera, aun cuando optó por la caja otorgante provincial donde no existen tales limitaciones.
IV.3. En primera instancia se hizo lugar al pedido de revisión de la resolución que aplicara el tope establecido en la ley nacional al haber jubilatorio del actor, decisión que luego confirmó la Cámara.
IV.4. Entiendo que la solución dada por el tribunal actuante evidencia una correcta aplicación de la normativa que rige el caso, tal como ya lo ha resuelto esta Suprema Corte en las causas análogas A. 71.627, "Vázquez"; A. 71.971, "Ciccone" y A. 71.691, "Álvarez", ya citadas. Estamos frente a una cuestión de interpretación estricta de la norma que corresponde al tribunal resolver y que, ante la duda que presenta el caso, decide optar por la aplicación del principio constitucional que así lo avala, esto es la interpretación a favor del trabajador en materia de seguridad social (art. 39 inc. 3, Const. prov.; conf. doctr. causas B. 60.683, sent. de 9-V-2007; B. 57.941, sent. de 29-II-2012 y B. 66.410, sent. de 5-IX-2012).
No debemos perder de vista que, si bien nos encontramos ante un caso no previsto expresamente en la ley, este ha de encontrar su marco legal dentro de las previsiones generales que contempla la legislación provincial -arts. 41, 48, 50 y 53 del decreto ley 9.650/80-.
Así pues, en virtud del convenio de reciprocidad vigente y de los arts. 41, 48, 50, 53 y concordantes del decreto ley 9.650/80, así como por aplicación del principio del art. 39 inc. 3 de la Constitución provincial, la Cámara -al confirmar la sentencia de grado- entendió que se debe liquidar el haber jubilatorio del actor en base al 70% del cargo regulatorio de prestación previsional, con retroactividad al 1 de julio de 2010, es decir sin aplicación de los topes de la legislación nacional (v. sent. de Cámara y de primera instancia).
En la interpretación de la ley debe comenzarse con la ley misma y adoptando como pauta hermenéutica a la sistemática, confrontando el precepto a interpretar con el resto de las normas que integran el ordenamiento jurídico. No debe olvidarse la presunción de coherencia que reina en el sistema de normas. La interpretación debe efectuarse de tal manera que las normas armonicen entre sí y no de modo que se produzcan choques, exclusiones o pugnas entre ellas (causas Ac. 32.771, sent. de 21-IX-1984 en DJBA 128, 147 –"Jurisprudencia Argentina" 1985 I, 593– "Acuerdos y Sentencias", 1984-II-11; Ac. 32.770, sent. de 7-VIII-1984 en DJBA 127, 382 "Acuerdos y Sentencias", 1984 I, 381; Ac. 46.992, sent. de 15-III-1994 en DJBA 146, 214 –"El Derecho" 163, 100 "Jurisprudencia Argentina", 1996 I, 534- "Acuerdos y Sentencias", 1994 I, 290; Ac. 55.689, sent. de 28-II-1995; Ac. 50.866, sent. de 17-II-1998; Ac. 67.487, sent. de 14-II-2001 y Ac. 87.609, sent. de 13-IV-2005).
Corrobora el criterio sostenido la circunstancia de que durante mucho tiempo el IPS ha mantenido la liquidación dentro de tales normas y luego, por un cambio interpretativo, ha decidido aplicar los topes establecidos en la ley nacional.
Asimismo, refuerza la hermeneútica favorable al actor el hecho advertido por el tribunal actuante en relación a que en el caso no se halla acreditado que los aportes efectivamente realizados lo sean por importes menores por aplicación de los topes en cuestión cuando en ese entonces no estaban vigentes.
IV.5. Para finalizar, observo que si bien la recurrente realiza una réplica concreta de los fundamentos estructurales del fallo (doctr. causas Ac. 73.447, sent. de 3-V-2000; Ac. 72.204, sent. de 15-III-2000; Ac. 81.965, sent. de 19-III-2003; Ac. 90.421, sent. de 27-VI-2007; C. 93.712, sent. de 12-X-2011; C. 108.037, sent. de 23-V-2012 y C. 116.804, sent. de 12-III-2014), la cuestión controvertida ha sido resuelta por el Tribunal de Alzada en base a una estricta interpretación de la normativa aplicable.
Por todo ello, la crítica recursiva no importa más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por la Cámara , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos: las razones tendientes a demostrar en qué medida tal interpretación importa una violación de la norma aplicada o de la doctrina legal elaborada por este Tribunal en torno a ella, resulta ineficaz a los fines del recurso extraordinario (conf. doctr. causa C. 114.340, sent. de 6-XI-2013).
Es decir que la demandada, más allá del esfuerzo argumentativo puesto en su libelo recursivo, no ha logrado demostrar que en el caso se encuentre violada o erróneamente aplicada la normativa que lo rige (art. 289, in fine , CPCC).
V. Por los motivos expuestos, no cabe reproche a la interpretación efectuada por el tribunal de alzada ni a las consecuencias que de ella extrajo.
En razón de ello, juzgo que corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Costas al recurrente en su condición de vencido (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al relato de antecedentes, razonamiento y solución que propone mi distinguida colega, doctora Kogan.
Como lo sostuve en anteriores oportunidades, ante la ausencia de una regulación expresa que contemple la traslación de componentes limitativos de los beneficios previsionales definidos en el sistema nacional al ámbito provincial (topes), en la especie, impuestos por los arts. 9 y 158 de la ley 24.241; sumado a los márgenes de interpretación que ante esta laguna confieren, de un lado, lo dispuesto en el art. 8 del decreto ley 9.316/46 en consonancia con el art. 44 del decreto ley 9.650/80 en pos de la extensión, y del otro, los arts. 7 del decreto ley 9.316/46 y 41 y 50 del decreto ley 9.650 en procura del rechazo; flexibilidad que a la postre se ve corroborada con el cambio de criterio del propio IPS sobre la materia (al promediar el año 2006, v. mi voto en la causa A. 71.627, "Vázquez", sent. de 6-IV-2016); la decisión al caso planteado en el sub lite ha de encontrarse en la aplicación de los principios rectores del sistema previsional provincial (arts. 41 y 50, dec. ley 9.650 y 39 inc. 3, Const. prov.).
Circunstancia que no obsta, por cierto, a que la Provincia dicte la legislación necesaria para modular esta convergencia en el marco del régimen de reciprocidad, dado que la incidencia aquí analizada (topes) resulta posterior al decreto ley 9.316/46 (conf. mis votos causas A. 71.627, "Vázquez", cit. y A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016).
Por estos fundamentos, voto por la negativa.
Costas al recurrente en su condición de vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de mi distinguida colega la doctora Kogan, doy el mío por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El conflicto presenta ribetes sustancialmente análogos a los decididos en autos A. 71.627, "Vázquez", sentencia de 6-IV-2016; A. 71.971, "Ciccone", sentencia de 22-VI-2016 y A. 71.691, "Álvarez", sentencia de 28-IX-2016, en los cuales mi opinión resultó minoritaria.
De tal modo, siguiendo con la doctrina legal emanada de tales precedentes, dejando a salvo mi opinión al respecto, corresponde rechazar el recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 279 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:13:33 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 11:32:47 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:46:06 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 13:45:28 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/11/2021 14:15:25 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 26/11/2021 14:20:11 hs. bajo el número RS-201-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia