Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74495
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.495, "Banco Galicia y Buenos Aires S.A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud, Violini, Mancini .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata -en instancia originaria- declaró la prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos determinado con relación al período fiscal 2004 y -en consecuencia- ordenó la devolución del importe abonado en concepto de solve et repete , con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 877/884).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. presentación electrónica de fecha 19 de septiembre de 2016), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 910/911).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 917), presentado el memorial de la actora (v. fs. 921/934) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara interviniente -en instancia originaria- hizo lugar a la pretensión entablada y -en consecuencia- anuló tanto la disposición determinativa y sancionatoria 3.085/10 como el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación de fecha 11 de octubre de 2012.
Seguidamente, declaró la prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos determinado con relación al período 2004 y ordenó la devolución de lo abonado en concepto de solve et repete , con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Para así decidir, advirtió que durante el trámite de esta causa entró en vigencia el Código Civil y Comercial (ley 26.994), con una serie de diferencias relevantes en materia de prescripción, pero estimó que, como el conflicto de autos se suscitó con antelación, la solución a adoptar debía basarse en los principios del Código Civil (ley 340), sin abrir juicio sobre el nuevo ordenamiento.
Recordó el cambio jurisprudencial propiciado a partir de la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, donde la Corte nacional se pronunció a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria establecido en el entonces vigente Código Civil, por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Añadió que ulteriores pronunciamientos enmarcados en esa línea supusieron un nuevo giro en la cuestión debatida, que no se limita a la extensión del plazo respectivo, sino que proyecta su exégesis a todo el sistema de prescripción, incluidos los supuestos de suspensión e interrupción.
Sostuvo que el término de prescripción quinquenal de obligaciones como las aquí controvertidas, que deben pagarse por años, comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
De allí extrajo que el plazo atinente al período 2004 -discutido en autos- debe computarse desde el 1 de enero de 2005 y que feneció el 1 de enero de 2010, motivo por el cual consideró que, al momento de dictarse y notificarse la disposición determinativa y sancionatoria 3.085/10, las obligaciones fiscales controvertidas ya se encontraban prescriptas, sin que ninguna causal de suspensión o interrupción alterase la conclusión alcanzada.
Luego de señalar que correspondía acoger la pretensión entablada y dejar sin efecto los actos individualizados, agregó que también debía hacerse lugar a la petición de devolución de la suma abonada en concepto de solve et repete , como consecuencia directa de lo anterior y por tratarse de la solución que mejor se compadece con los principios de celeridad, economía y debido proceso.
En particular, descartó que resultase necesaria una nueva demanda de repetición. Puntualizó que la Fiscalía de Estado tuvo oportunidad de plantear sus defensas sobre el punto al contestar demanda. Negó que solo la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) se encuentre en condiciones de constatar los pagos realizados u otras circunstancias relacionadas.
II. Mediante recurso de inaplicabilidad, la Fiscalía de Estado denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y 5, 121 y 123 de la Constitución nacional. Alega asimismo errónea aplicación del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional y -como consecuencia de todo lo anterior- de los arts. 3.956 y 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340).
Tras reseñar los antecedentes del juicio, postula la necesidad de abandonar la doctrina del caso "Filcrosa" (Fallos: 326:3899), en especial debido a las implicancias de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial, que -en su visión- aclaran que la competencia para regular los plazos de prescripción de los tributos locales es de los estados provinciales. Plantea que, además, aquella conlleva la facultad de establecer el modo de computar los términos y sus causales de suspensión e interrupción.
Expone que en autos se ejecuta una deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, gravamen de carácter anual que se determina a través de una declaración cuyo vencimiento opera luego de cerrado el ejercicio respectivo y que recién después la autoridad de aplicación se encuentra en condiciones de exigir lo adeudado. Defiende por ello la razonabilidad y la aplicación al caso de la solución sobre el inicio del cómputo del término prescriptivo establecida en la última parte del primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011). Estima que, con arreglo a dicho precepto, el plazo de prescripción del período fiscal reclamado (2004) comenzó su curso el 1 de enero de 2006.
Agrega que, de acuerdo con lo establecido por el art. 161 inc. "a" del mismo cuerpo legal, el término en cuestión se vio válidamente suspendido el 25 de junio de 2010 debido a la intimación de pagoínsita a la notificación de la disposición 3.085 y que dicha situación se extendió hasta noventa días después del momento en que la autoridad de aplicación recibió las actuaciones, una vez rechazada la impugnación de la determinación practicada.
De allí extrae que a la fecha de inicio de este juicio ninguno de los períodos reclamados se encontraba prescripto. Por el contrario, indica que los montos determinados y reclamados por la autoridad de aplicación fueron abonados con anterioridad al inicio de este proceso.
Interpreta que, cuando el art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional atribuye al Congreso la facultad de dictar diferentes códigos, tan solo establece una pauta de distribución de competencia legislativa entre la Nación y las provincias respecto del derecho común, que debe respetar la regla de la autonomía de los gobiernos locales en la materia tributaria. Concretamente, afirma que esa norma no encomienda al Congreso la regulación exclusiva de la prescripción y sus plazos, sino que le atribuye el poder de legislación sobre las relaciones civiles, de derecho privado.
Puntualiza que -a su entender- el art. 2.537 del Código Civil y Comercial no resulta aplicable para decidir acerca del conflicto entre las disposiciones nacionales en materia de prescripción y las normas tributarias provinciales, por no tratarse de un plazo modificado por una nueva ley, sino del reconocimiento de la potestad local para regular en materia de plazos de prescripción, lo cual abonaría la tesis de la constitucionalidad de las normas contenidas en el Código Fiscal, vigentes desde siempre.
III. En mi opinión, el recurso prospera.
En la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, señalé que un nuevo estudio del régimen de la prescripción de los tributos locales, a la luz de los arts. 2.532 y 2.560 del nuevo Código Civil y Comercial (aprobado por la ley 26.994), me había convencido de modificar mi postura anterior que era coincidente con el precedente "Filcrosa" de la Corte nacional y establecer -en consecuencia- que en la materia señalada deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
En mérito a lo allí sostenido y por los argumentos que en la misma oportunidad desarrollara el doctor Soria, a cuyo voto adherí -con ciertas salvedades- y adonde cabe remitir en honor a la brevedad, entiendo que asiste razón a la Fiscalía de Estado en cuanto denuncia violación de los arts. 159 y 161 inc. "a" del Código Fiscal (t.o. 2011 y concs.).
Con relación a este último precepto, baste simplemente añadir que las mismas razones que llevaron en la citada causa A. 71.388 a concluir que el Código Civil -ley 340- no regía el inicio del cómputo del plazo de prescripción de una deuda fiscal local, conducen a adoptar idéntica decisión respecto de la causal de suspensión alegada, por cuanto también esta constituye un aspecto complementario del término en cuestión, previsto y regulado actualmente en el art. 161 del Código Fiscal, que guarda similitud con el art. 65 de la ley nacional 11.683 (conf. mi voto en causas A. 73.347, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Acrílicos Atlas", sent. de 16-XII-2020; A. 71.949, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Andreani", sent. de 29-XII-2020 y A. 73.474, "Fisco de la Prov. de Bs. As. c/ Necotrans", sent. de 25-II-2021).
IV. Por los fundamentos expuestos, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad interpuesto, revocar la sentencia atacada y devolver las actuaciones para que se analice lo atingente a la prescripción conforme las previsiones del Código Fiscal (conf. art. 289, CPCC).
Atento el modo en que se resuelve, las costas deben distribuirse por su orden (conf. arts. 25, ley 13.406 y 68 seg. párr., CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. Discrepo con la solución propuesta por la colega que inicia el acuerdo.
II. Por el contrario, considero que el recurso no puede prosperar.
Ello así, en tanto -recientemente- el Máximo Tribunal de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°) conducía a concluir que la cuestión debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra -.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara que -en lo medular de su voto- declaró aplicable al caso las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- y no lo dispuesto por el Código Fiscal local.
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. Adhiero al voto de la doctora Kogan.
En efecto, la impugnación ha de prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
I.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión (donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Cód. Civ. y Com., nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio, v. CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no se extrae una refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor juez Rosatti, cons. 12°, seg. párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
I.3. Consecuentemente, reiterando mi acompañamiento al voto de la ponente, corresponde acoger el recurso extraordinario y ordenar que, observando lo dispuesto en los arts. 159, 161 y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011; arts. 133, 135 y concs., t.o. 2004), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción para la deuda determinada por el impuesto sobre los ingresos brutos a Banco Galicia S.A. para el período fiscal que es objeto de controversia (art. 289, CPCC).
II. Sin embargo, cualquiera sea el nuevo resultado al que se arribe a propósito del reenvío, cobra virtualidad a través del instituto de la apelación adhesiva el planteo de inconstitucionalidad introducido por la parte actora a fs. 444 vta. y siguientes de la demanda, que fuera desplazado por la forma en la que resolvió la Cámara (conf. mi voto en causa A. 75.566, "Maycar S.A.", sent. de 28-V-2021).
Allí cuestiona la validez de la responsabilidad solidaria de los administradores societarios consagrada en los arts. 18, 21 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2004), por cuya aplicación en autos los señores Antonio Roberto Garcés, Sergio Grinenco, Enrique Mariano Garda Olaciregui, Daniel Antonio Llambías, Luis María Ribaya y Guillermo Juan Pando se vieron llamados a responder por la deuda fiscal del Banco contribuyente, para el cual habían servido en su directorio durante el período determinado.
Considera que las normas en cuestión han sido aplicadas erróneamente, de manera objetiva o refleja, prescindiendo de cualquier factor de atribución a título de culpa o dolo. En este sentido, destaca que no se encuentra probado a partir de las actas de reuniones que sus miembros hayan adoptado algún temperamento que quepa reputar negligente, ligado a lo que luego fuere objeto de reajuste impositivo.
Dice que la legislación local viola la cláusula de la supremacía (art. 31, Const. nac.), en tanto que se apartaría de las previsiones de la Ley General de Sociedades n° 19.550 (arts. 59 y 274), que fija las condiciones subjetivas para responsabilizar patrimonialmente a los administradores o representantes legales, la cual integra el derecho de fondo que le compete dictar exclusivamente al Congreso en virtud del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Destaco que tales alegaciones fueron contestadas por la demandada a fs. 502 y siguientes, defendiendo la constitucionalidad de las normas del Código Fiscal.
III. Adelanto que el planteo, preterido por la forma en la que se decidió en la instancia anterior y que ha de recobrar interés aquí -dado mi juicio favorable a la procedencia del recurso extraordinario del Fisco y la posibilidad cierta de que
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