Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75840
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-, 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.840, "Peralta, Daniel Noes contra Ministerio de Justicia y Seguridad. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora y rechazó el interpuesto por la demandada, revocando la sentencia de primera instancia en lo que fuera materia de agravios con costas a la vencida.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda promovida por el señor Daniel Noes Peralta, declarando la nulidad de la resolución 113/15 y, en consecuencia, reconociendo el derecho del actor a percibir el subsidio establecido por el decreto 861/99, desde el 26-IV-2007 hasta el 28-X-2010.
Ordenó asimismo que a los importes reconocidos debía adicionársele el correspondiente a los intereses, con aplicación de la tasa pasiva digital.
Por último, impuso las costas a la demandada (art. 51 inc. 1, CCA, según ley 14.437).
I.2. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación incoado por la parte actora y desestimó el recurso interpuesto por la demandada, revocando la sentencia de primera instancia en cuanto fuera motivo de embate, reconociendo al actor el derecho al cobro del subsidio dispuesto por la ley 13.985 desde el momento en que el señor Peralta lo solicitara ante la administración (arts. 55 , 56, 58 ,59 ,77 y concs., CCA; 18, 17 ,16, 14 y concs., Const. nac.; 11, 15, 31 y concs., Const. prov.; 7, CPCC y su doctrina; arts. 1 y 6 de la ley 13.985 y 1, 2, 4, 7 y concs., dec. 149/10 y modif.), con costas a la demandada vencida (art. 51, CCA).
Para así resolver, en lo que aquí interesa, hizo mérito de la actual doctrina de esta Corte por la que se sostuvo que el reclamo de la indemnización laboral no resulta incompatible con el subsidio mensual a cargo del Estado para atender los padecimientos sufridos por el agente en ejercicio de la función de policía de seguridad que disponen los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 del decreto 149/10 (causa B. 60.833, "Noriega" sent. de 8-IV-2015 y doctr. allí citada).
II. Contra dicho pronunciamiento la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 1 de la ley 13.985 y 10 in fine del decreto 149/10 apartándose de los criterios sentados por la Corte Suprema nacional en casos análogos al presente.
Asimismo, alega que la Cámara incurrió en absurdo y violación de doctrina legal, afectando garantías constitucionales. Denuncia que existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración de la propiedad y el non bis in ídem (art. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
Entiende que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocerle al actor el derecho a percibir un mal llamado subsidio (el de la ley 13.985) el cual, afirma, es incompatible con el reclamo de reparación integral por el mismo accidente laboral que se persiguió judicialmente en el marco de la causa "Peralta, Daniel Noes c/Provincia de Bs. As. s/Accidente de Trabajo-Acción Especial" en trámite por ante el Tribunal de Trabajo nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes.
Para fundar sus manifestaciones, aduce que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985. Asimismo, plantea que dicha normativa establece que dicho subsidio resulta incompatible con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Insiste en que el único supuesto en que puede reclamarse el subsidio policial, es cuando no se haya percibido una indemnización civil por el accidente.
Expresa que se ha hecho una interpretación errónea de la normativa sobre el término "incompatibilidad". Cita fallos del Alto Tribunal nacional en los cuales se entendió que la finalidad del mal llamado subsidio, es indemnizar el accidente laboral sufrido por el agente en un acto de servicio y que, bajo sus fines, tal objetivo resarcitorio, resulta coincidente con el cobro de la indemnización integral que pudiera haberse recibido por la vía civil o laboral.
Señala que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -la que entiende vigente en la materia- por la que se estimó que el subsidio responde a una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual, es incompatible con la indemnización integral. Cita causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el Tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada y refutada por la Corte nacional, con absurda imposición de doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Solicita que esta Corte revea su doctrina legal en tanto -a su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III. El recurso no prospera.
El tema en debate ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo que resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modificada por su similar 13.812).
En efecto, en el juicio L. 84.498, "C., A. y otros" (sent. de 14-X-2009) y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011); L. 110.774; "A., E. E. y otros" (sent. de 15-X-2014); A. 71.426, "Rodríguez" (sent. de 10-VIII-2016); A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018); A. 74.199, "Galeano" (sent. de 6-V-2019); L. 120.561, "Blanco de Castro" (sent. de 11-IX-2019); y, más recientemente, L. 119.756, "Goitea" (sent. de 10-VIII-2020); A. 75.480 "Melgarejo" (sent. de 23-XI-2020) y A. 75.633, "Abraham" (sent. de 25-XI-2020); esta Corte estimó admisible que se acumulara la indemnización prevista en el régimen laboral (ley 24.557) con el beneficio dispuesto en el régimen estatutario en el supuesto de que el personal policial resulte herido en acto de servicio.
En las últimas causas señaladas se reseñó, asimismo, que si bien el art. 10 del decreto 149/10 (reglamentario de la ley provincial 13.985) establece que la percepción del subsidio previsto en dicha norma es "incompatible con otro de la misma naturaleza", seguidamente aclara que no resulta "excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente". La mentada previsión -ausente en el antiguo régimen del decreto ley 9.550/80 -pone en crisis los argumentos del recurrente, quien, por otro lado, tampoco aquí ha desplegado ninguna reflexión sobre el pasaje antes transcripto del precepto en cuestión.
IV. Por los fundamentos desarrollados, el recurso interpuesto debe ser rechazado (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-, 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Sin perjuicio de no haber participado en el debate que condujo a sentenciar las causas L. 84.498, "C., A. y otros", sentencia de 14-X-2009; L. 110.774, "A., E. E. y ots", sentencia de 15-X-2014; A. 71.426, "Rodriguez", sent. de 10-VIII-2016; A. 72.573, "Espeche", sentencia de 18-IV-2018; A. 74.199, "Galeano", sentencia de 6-V-2019 y L. 120.561, "Blanco de Castro", sentencia de 11-IX-2019; L. 119.756, "Goitea", sentencia de 10-VIII-2020; A. 75.480, "Melgarejo", sentencia de 23-XI-2020 y A. 75.633, "Abraham", sentencia de 25-XI-2020, dejando a salvo mi opinión y en razón de la celeridad y la economía procesal, he de acompañar -conforme lo dispuesto en el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias- la propuesta decisoria formulada por la señora Jueza doctora Kogan, toda vez que la misma refleja el actual criterio mayoritario de esta Suprema Corte de Justicia.
En esas condiciones, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la demandada (cfr. arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812-, 279 y 289, CPCC).
Costas al recurrente vencido (cfr. arts. 60 inc. 1, CCA, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/12/2021 17:23:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/12/2021 20:29:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/12/2021 07:55:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2021 09:03:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/12/2021 09:25:33 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/12/2021 09:34:06 hs. bajo el número RS-206-2021 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia