Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75704
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.704, "Vallejos, Mario Gustavo contra Municipalidad Vicente López. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Kogan, Soria, Violini, Natiello, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso de apelación deducido por la demandada y parcialmente al incoado por la actora. En consecuencia, en lo que a la impugnación extraordinaria interesa, declaró la ilegitimidad del acto administrativo que dispuso el cese del demandante en el empleo, rechazó la pretensión de resarcimiento del daño material, acogió el pedido de daño moral y confirmó la sentencia de grado en cuanto dispuso denegar el pedido de reincorporación al cargo (v. fs. 394/411).
Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 423/440 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 442/443.
Dictada la providencia de autos (v. fs. 447), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Mario Gustavo Vallejos contra la Municipalidad de Vicente López, mediante la cual solicitó la nulidad del decreto 5.165/13 que dispuso su cese como agente de la Dirección de Educación municipal, el restablecimiento del derecho tutelado y el resarcimiento de los daños y perjuicios.
En consecuencia, condenó a la comuna a abonar la suma equivalente al resarcimiento previsto en el art. 24 inc. 2 de la ley 11.757, computando a tales efectos el período que corrió entre el nombramiento de Vallejos en la Dirección de Educación municipal y su egreso, con más intereses. Por otra parte, rechazó la reincorporación y la indemnización por daño moral pretendida.
II. Apelada la sentencia de primera instancia por ambas partes (v. fs. 348/355 y 356/358), la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar al recurso impetrado por la parte demandada y, parcialmente, al interpuesto por el actor (v. fs. 394/411).
Así, declaró ilegítimo el decreto 5.165/13 dictado por el señor Intendente de la Municipalidad de Vicente López que dispusiera la baja del agente Vallejos en su empleo, reconociéndole un resarcimiento en concepto de daño moral con más intereses.
Por otra parte, confirmó lo decidido por la jueza de grado respecto al rechazo de la reincorporación al cargo en las mismas condiciones anteriores al acto de cese, y revocó dicho pronunciamiento en cuanto otorgó una indemnización en los términos del art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 por daño material.
Para resolver de esa forma, sostuvo que el actor se desempeñó como personal de planta temporaria, en calidad de interino, en la Dirección de Educación de la comuna demandada, de conformidad al régimen establecido por la ley 11.757 -Estatuto para el Personal de las Municipalidades, por entonces vigente- y por la ordenanza 4.676/82 -reglamento general para los Servicios Educativos de la Municipalidad de Vicente López-.
Además, entendió que, según se desprendía de los decretos de designación y de la normativa municipal referida, la relación de empleo que unió a las partes bajo la modalidad señalada se mantuvo durante la totalidad del vínculo, durante el cual el demandante ejerció diferentes funciones -horas cátedra interinas, asesor letrado y jefe docente-.
De este modo, consideró que por el encuadramiento del agente como personal de planta temporaria en carácter interino debía descartarse la procedencia de la pretensión de reincorporación al cargo. Pues señaló, de conformidad con la doctrina de esta Suprema Corte vertida en las causas "Gundín", "Villafañe", "Pace", entre otras, que el accionante no pudo haber adquirido estabilidad si las distintas designaciones fueron efectuadas en forma interina para desempeñar temporariamente distintas tareas.
En ese contexto, entendió que si se atribuyera la condición de empleado permanente a quien -según constancias de la causa- no fue incorporado a los cuadros de la administración municipal con los recaudos y medios de selección previstos para ello, se estaría alterando el régimen normativo aplicable.
Para más, destacó que de las probanzas de autos y en línea con lo expresado por este Tribunal en la causa B. 64.513, "Sacerdote", sentencia de 21-VI-2018, entre otras, no surge que el actor haya cuestionado o impugnado los sucesivos actos de designación que rigieron su labor; y señaló, además, que la incorporación como personal con estabilidad no reviste carácter automático, pesando sobre el demandante la carga de acreditar la existencia del acto por el que se dispuso su ingreso a la planta permanente.
Paralelamente, ponderó que el decreto 5.165/13, mediante el cual se ordenó la baja, no contenía una adecuada fundamentación. En consecuencia, indicó que la responsabilidad de la Administración se originó por la invalidez del decreto que estableció la baja del agente en el empleo y allí es donde radica el fundamento del resarcimiento. Así, consideró que si hipotéticamente dicho acto hubiese sido legítimo no le hubiere correspondido al actor indemnización alguna.
Sobre esa base, concluyó, de un lado, que correspondía revocar la sentencia de grado en cuanto concedió una indemnización en los términos del art. 24 inc. 2 de la ley 11.757 por haber incurrido en incongruencia al hacer lugar parcialmente a la demanda en base a pretensiones y argumentaciones que no fueron formuladas por el actor -verbigracia desvío de poder- y que tampoco correspondía el reconocimiento de los haberes dejados de percibir en concepto de daño material por no haberse configurado una relación de empleo estable.
Sin embargo, tomando en cuenta que el cese dispuesto infundadamente por la administración municipal, luego de la relación de empleo reseñada, pudo haber provocado intranquilidad y sufrimiento en el agente, estimó procedente reconocer la suma de $40.000 por la afectación moral padecida, adicionando los intereses desde la fecha de interposición de la demanda hasta su efectivo pago, siendo la tasa de interés aplicable la fijada por esta Suprema Corte en la causa B. 62.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016.
III. Contra dicho decisorio la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 423/440 vta.), en cuyo marco denunció la violación y errónea aplicación de diversas normas del Estatuto para el Personal de las Municipalidades (ley 11.757), del reglamento general para los Servicios Educativos de la Municipalidad de Vicente López (ord. 4.676/82), del Código Contencioso Administrativo, así como el apartamiento de la doctrina legal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación adoptada en el caso "Cerigliano" (Fallos: 334:398) y la sentada por esta Suprema Corte en la causa B. 31.217, "Acuña", sentencia de 23-IX-1947.
Adujo también que el pronunciamiento impugnado vulnera los arts. 14 bis y 16 de la Constitución nacional; y 103, inc. 12, de su par provincial .
III.1. Inicialmente, señaló que la Cámara, si bien declaró la ilegitimidad del decreto 5.165/13 que dispuso el cese en el empleo, no hizo lugar a la reincorporación al cargo ni al pago de los haberes caídos. Por ello, incurrió en errónea interpretación de los arts. 12, 50 y 73 del Código Contencioso Administrativo.
III.2.a. Consideró que habiendo sido efectuada su designación como personal docente en carácter interino en el marco del régimen específico previsto por la ordenanza 4.676/82 -reglamento general para los Servicios Educativos de la Municipalidad de Vicente López-, esta fue erróneamente interpretada pues las funciones asignadas en dicha calidad -según consideró- fueron permanentes de conformidad a dicho ordenamiento, hasta tanto apruebe el examen de aptitud psicofísico y la calificación para ser confirmado como titular (art. 57 inc. "b" ord. 4.676/82).
Al mismo tiempo, entendió que, al declararse la invalidez del acto administrativo de cese, cobraron vigencia los decretos de designación 3.226/11 y 640/12 -anteriores a aquel acto-, mediante los cuales al no haberse previsto plazo de finalización en las funciones atribuidas -30 horas cátedra interinas-, estas resultaron de carácter permanente, otorgándole estabilidad en la relación de empleo.
A su vez, indicó que el fallo de Cámara estaba desprovisto de argumentación al imputarle al recurrente no haber cuestionado ni impugnado los sucesivos actos de designación precitados, lo cual resultaba violatorio del derecho constitucional de igualdad consagrado en el art. 16 de la Constitución nacional.
Por otra parte, insistió en que, a partir del dictado de tales decretos sin consignar plazo de vencimiento del vínculo, el agente adquirió estabilidad, y por tanto, debió respetarse la garantía consagrada en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 103 inc. 12 de su par provincial, ordenándose la reincorporación para satisfacer la estabilidad propia.
III.2.b. Por su parte, señaló que la Cámara soslayó que en el escrito de demanda se introdujo -como parte de la argumentación- la desviación de poder de la administración comunal y, para ello, añade que invocó la aplicación de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en la causa "Cerigliano".
III.3. Por último, adujo que la decisión impugnada no ordenó abonar los salarios caídos, siendo esta la consecuencia ineludible por imperio del art. 73 inc. 1 "c" del Código Contencioso Administrativo, al haberse declarado la ilicitud del cese del agente.
Finalmente, plantea el caso federal.
IV. El recurso extraordinario prospera.
IV.1. A fin de comprender la cuestión, hago notar que la sentencia de primera instancia, al determinar el encuadre de las normas que resultaban determinantes para resolver el caso, especificó -en una definición que no fue luego controvertida por las partes- que como el señor Vallejos prestaba "servicios educativos en el ámbito de la Municipalidad de Vicente López" resultaba de aplicación el "Reglamento General para Servicios Educativos de Vicente López (ord. 4.676/82)" el cual se adecua -sin desconocer la competencia legislativa local- al "Estatuto Docente de la Provincia de Buenos Aires (ley 10.579)" (ver apdo. II del decisorio en cuestión).
Empero, a pesar de haberse efectuado esa precisión y de constatar que las designaciones del nombrado habían tenido carácter interino (v. fs. 66 y sigs.), con posterioridad ni la jueza de primera instancia ni el a quo abrevaron en la normativa recién aludida a fin de conceptualizar el sentido y alcance de la categoría del docente interino.
Por el contrario, en la tesis sustentada por ambas instancias de grado, el carácter "interino" de los nombramientos debía entenderse como "temporario" en los términos de la ley 11.757 (art. 12, 92, sigs. y concs. de dicha norma).
Obsérvese, en este orden de ideas, que el a quo , tras detallar la carrera del actor, señaló que "debe tenerse presente que la Ley Nº 11.757 regula el derecho a la estabilidad, clasificando la norma en dos grupos claramente diferenciados al personal en ellos comprendido -permanente y temporario-, determinando en cada caso, tanto los derechos que le asisten, como las condiciones y modalidades de ingreso" (este resaltado, así como los que se indican a continuación, me pertenecen; considerando 8°) para luego rememorar la doctrina de esta Corte en virtud de la cual "el art. 7º de la ley 11757 requiere un acto de designación expreso para desempeñar un cargo de planta permanente [...] previo cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y luego del procedimiento establecido al efecto (arts. 4 y 5 norma citada), amén de condicionar el dictado de dicho acto a la existencia de la vacante correspondiente" (considerando 8°).
Sobre tal base, la Cámara concluyó que no se había demostrado que se "hubiese dado cumplimiento con los requisitos necesarios para el ingreso del agente a planta permanente (conf. art. 4 de la ley 11.757)" (considerando 8°) y, por ende, estimó de aplicación la reiterada doctrina de esta Corte en virtud de la cual esa categoría de agentes "tienen, en lo sustancial, un régimen distinto del aplicable a la generalidad del personal -en particular, la planta permanente-, hallándose incorporados por consecuencia, a una situación excepcional que los aparta de las normas por las que se rigenéstos, no poseyendo más derechos que los que surgen del acto de designación y, obviamente, de los preceptos específicos" (ver por todos, causa B. 61.426, "Pevida", sent. de 20-XI-2013 y sus citas, aunque con especial referencia al régimen de la ley 10.430).
Tal definición, aunada a la circunstancia de que -según la interpretación del a quo - en el escrito de inicio no se había planteado la existencia de desvío del fin (a la luz de las pautas sentadas por este Tribunal a partir de las causas A. 69.913, "Villafañe", sent. de 13-XI-2012; B. 65.699, "Pace", sent. de 11-III-2013; B. 62.793, "Maza Vergara", sent. de 29-X-2014; e.o.) selló desfavorablemente la suerte de la pretensión.
IV.2. Sentado lo que antecede, cabe destacar que el argumento central del impugnante estriba en que, a fin de resolver la litis, la Cámara debió tomar en consideración las específicas reglas sentadas por la ordenanza 4.676/82 de la Municipalidad de Vicente López -la cual fija el régimen de los docentes comunales- y no las previsiones de la entonces vigente ley 11.757.
A tal efecto, el quejoso denuncia como infringidos, entre otros preceptos, los arts. 2 de la ley 11.757 -que excluye del sistema general a los agentes municipales incluidos en regímenes especiales- así como los arts. 57 y 75 de la mentada ordenanza 4.676/82, que regulan la figura de los docentes interinos.
Y ello sin perjuicio de efectuar otras consideraciones adicionales en orden a sustentar su pretensión.
IV.3. Delimitada así la cuestión, conviene detenerse en los términos de la ordenanza 4.676/82, en tanto -conforme con acierto se indicó en la sentencia de primera instancia- es el principal cuerpo normativo que ha de aplicarse a fin de delimitar los derechos del actor.
En primer lugar, el art. 57 de la ordenanza 4.676/82 (agregada a fs. 2 y sigs. en cuerpo separado del principal) reza que el personal docente ha de ser designado en cargos vacantes con el siguiente carácter:
" a) TITULARES cuando resulte de un concurso de títulos y antecedentes y/o títulos, antecedentes y oposición.
b) INTERINOS cuando sea el resultado de un concurso de títulos y antecedentes -Listado de Aspirantes-, y hasta tanto apruebe el examen psico-físico de aptitud y quede calificado, para ser confirmado como titular.
La calificación deberá efectuarse durante el año lectivo en que fuere designado, si su antigüedad en el desempeño del mismo no fuere inferior a tres (3) meses, caso contrario deberá realizarse en el año inmediato siguiente, la calificación obtenida no podrá ser inferior a ocho (8) puntos.
Los docentes que no reúnan estos requisitos cesarán automáticamente en el cargo.
c) SUPLENTES: se designarán de acuerdo a lo previsto en el Capítulo VIII del Reglamento de Licencias, Asistencia, Puntualidad, Responsabilidad y Régimen de Suplencias para el Personal Docente Municipal y a este Reglamento para cargos jerárquicos ".
Por su lado, el art. 74 de la ordenanza 4.676/2 consagra el derecho a la estabilidad en forma expresa para los docentes titulares -remitiendo a tal efecto a las pautas muy abiertas sentadas por la ordenanza general 262/80 (ver art. 4, inc. "a" de esta última norma)- consignando, en el artículo siguiente, los supuestos en que esa estabilidad se pierde, los cuales no presentan particularidades destacables en comparación con otros regímenes estatutarios y, en particular, con la ley 10.579 (v. su art. 18).
Así, el art. 75 de la ordenanza 4.676/82 prevé la pérdida del empleo por motivos disciplinarios (incs. "a" y "b") o por agotar el máximo de licencias (inc. "c"), o a causa de reestructuraciones (inc. "d" y art. 79) o por reunir los recaudos para acceder a un beneficio previsional (inc. "e"), o por ocultar impedimentos de ingreso (inc. "f"), o por gestionar ascensos o nombramientos contrarios a las disposiciones vigentes (inc. "g") o, finalmente, por obtener calificaciones negativas (inc. "h"; v. en este mismo orden de ideas).
Del juego de las normas antes mencionadas se desprende que la situación del docente interino en el régimen de la ordenanza 4.676/82 es muy diferente al del personal interino o temporario de los regímenes genéricos de empleo público (leyes 10.430 y 11.757) sobre cuyas pautas esta Corte edificó la doctrina antes referenciada, al predicar que aquellos, como regla, no gozan de más derechos que los que surgen de su designación y, en concreto, que la Administración Pública puede prescindir de sus servicios cuando ya no medien las transitorias circunstancias que motivaron su designación en tal carácter.
Y es que, evidentemente, esas pautas podrían ser en su caso aplicadas al antes mencionado personal suplente, cuyo desempeño sí se encuentra caracterizado por las normas como eminentemente transitorio, al no poder extender su desempeño más allá de la licencia de un docente titular o interino o, alternativamente, la finalización del ciclo escolar (v. Anexo II de la ordenanza 26.997 a fs. 148 y sigs. del cuerpo que corre por cuerda).
Por el contrario, ya se ha visto que el docente comunal interino ha de ser designado previo concurso de títulos y antecedentes, requiriéndose la existencia de un cargo vacante y, además, se encuentra naturalmente destinado a convertirse en titular, previa corroboración de su idoneidad al superar el examen psicofísico de aptitud a fines de "ser confirmado" en este último carácter.
De tal forma, esa categoría de agentes indudablemente gozan de estabilidad, bien que -a diferencia de los docentes titulares- se encuentran compelidos a transitar un trámite de calificación para consolidar ese derecho, el cual reemplaza al mecanismo tradicional -y más discrecional- del "período de prueba" (v. por ej., art. 7, ley 11.757), en el cual el empleador puede evaluar el desempeño de un agente de planta recientemente designado y, en caso de no encontrarse satisfecho con su rendimiento, disponer su cese.
IV.4. Por lo demás, un esquema muy similar al antes descripto es el que rige en sede provincial, ya que la ley 10.579 -a cuyos términos puede recurrirse por razones de analogía a efectos de interpretar el régimen de la ordenanza 4.676/82- distingue entre el personal docente titular, titular interino, provisional y suplente, habiendo destacado este Tribunal que también los "titulares interinos" (cuya caracterización es muy similar a la del docente "interino" de aquella ordenanza; v. art. 65, ley 10.579) gozan del derecho a la estabilidad en el cargo (conf. causas B. 66.569, "Esteinberg", sent. de 14-VIII-2013 y A. 73.189, "Santucci", sent. de 16-VIII-2017) y a diferencia de lo que sucede con los docentes "provisorios" y "suplentes", pues "del análisis del mentado cuerpo normativo surge que" su designación responde "a necesidades y urgencia en la cobertura de cargos, de naturaleza transitoria" (causa B. 66.569, cit.).
IV.5. De todo lo expuesto se infiere que el señor Vallejos -en tanto docente "interino"- no podía ser segregado de la relación de empleo sin med
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