Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74482
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de sentencia definitiva en la causa A. 74.482, "Banco Supervielle S.A. c/ Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Violini, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar -en instancia originaria- a la pretensión anulatoria entablada; dejó sin efecto los actos impugnados; declaró la prescripción de la deuda determinada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos por el período fiscal 2002 (enero a diciembre); y ordenó la devolución de lo abonado en concepto de solve et repete , con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días (v. fs. 400/409).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 418/434), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 436/437).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 447), presentado el memorial de la actora (v. 451/466) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar -en instancia originaria- a la pretensión anulatoria entablada; dejó sin efecto tanto la disposición determinativa y sancionatoria 226/08 -dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- como la resolución emitida el 14 de agosto de 2012 por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación; declaró la prescripción de la deuda determinada en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente al período fiscal 2002 (enero a diciembre); y ordenó la devolución de lo abonado en concepto de solve et repete , con más un interés a computar desde el momento del pago hasta la efectiva restitución, calculado a la tasa que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días.
Para así decidir, adujo que el caso debía regirse por las disposiciones del Código Civil (ley 340), vigente a la época en que habría nacido la obligación reclamada, debido al principio de irretroactividad de las leyes y en virtud de no configurarse el supuesto previsto en el art. 2.537 del Código Civil y Comercial (ley 26.994), sin perjuicio de la posterior entrada en vigencia de este último cuerpo normativo.
Recordó que según lo establecido por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", sentencia de 30-IX-2003, la regulación de los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores corresponde a la legislación nacional, por lo que no cabe a las provincias dictar leyes incompatibles con lo dispuesto por los códigos de fondo.
Añadió que en la causa C. 81.253, "Cooperativa Provisión de Almaceneros Minoristas de Punta Alta", sentencia de 30-V-2007, entre otras, esta Suprema Corte provincial adhirió a la doctrina de "Filcrosa", pronunciándose a favor de la aplicación en materia tributaria del plazo de prescripción liberatoria de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil (ley 340), por sobre lo dispuesto en cualquier otra norma de carácter provincial o municipal.
Razonó que, con arreglo al art. 3.956 del Código Civil, el término de prescripción quinquenal de obligaciones como las aquí controvertidas, que deben pagarse por años, comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al momento en que se produce el nacimiento de la obligación tributaria.
De allí extrajo que el plazo atinente al período 2002 -discutido en autos- debe computarse desde el 1 de enero de 2003 y que feneció el 1 de enero de 2008, motivo por el cual consideró que, al momento de dictarse y notificarse la disposición determinativa y sancionatoria 226/08, las obligaciones fiscales controvertidas ya se encontraban prescriptas.
Puntualizó que la fecha de inicio del cálculo de la prescripción fue incorrectamente determinada tanto en la disposición 226/08 como en la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación el 14 de agosto de 2012 y que ello condujo a la errónea conclusión de que las obligaciones reclamadas no se hallaban prescriptas.
Luego de señalar que correspondía acoger la pretensión anulatoria entablada y dejar sin efecto los actos individualizados, agregó que también debía hacerse lugar a la petición de devolución de la suma abonada en concepto de solve et repete , pese a que esta no había sido formulada por la actora en los escritos de demanda ni ampliación, sino en el alegato.
En sustento de dicha posición, invocó razones de economía y celeridad procesal, los efectos propios de la declaración de nulidad del acto administrativo y un precedente propio (causa n° 10.570, "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles", resol. de 1-IX-2015).
II.1. Mediante recurso de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado denuncia -por un lado- violación y errónea aplicación de las normas del Código Fiscal a través de las cuales se regula la prescripción de los tributos locales, invocando en su apoyo lo actualmente dispuesto por los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial y las facultades reservadas de la Provincia (conf. arts. 121 a 123, Const. nac.).
Concretamente, cuestiona que la Cámara interviniente no haya aplicado lo dispuesto por el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), en cuanto determina el dies a quo de la prescripción liberatoria de tributos de ejercicio anual como el impuesto sobre los ingresos brutos, cuya determinación y cuantía se establecen mediante declaraciones juradas de los contribuyentes.
Explica que el precepto citado ubica el inicio del término en cuestión el día 1 de enero del año subsiguiente al vencimiento de los plazos para presentar las correspondientes declaraciones juradas y que, en el caso, relativo al período fiscal 2002, ello conduce al 1 de enero de 2004.
Admite que según el criterio sentado por la Corte nacional en la causa "Filcrosa", adoptado luego por esta Suprema Corte provincial y en autos por la Cámara interviniente, las normas locales que regulan la prescripción en asuntos tributarios son constitucionalmente inválidas, por violar las atribuciones asignadas al Congreso de la Nación para legislar en materia de fondo (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.).
Sin perjuicio de ello, defiende las potestades provinciales para regular la cuestión, en la inteligencia de que constituyen atribuciones reservadas en los términos de los arts. 121 a 123 de la Constitución nacional. Da por reproducidos los fundamentos basados en el carácter iuspublicístico de la materia debatida y en los rasgos propios del impuesto sobre los ingresos brutos.
Asegura que su principal embate contra la sentencia impugnada se sustenta en la alteración que trajo aparejada la sanción del Código Civil y Comercial (ley 26.994). Tras negar lo sostenido por la Cámara en el sentido de que la situación de la actora quedó consolidada bajo la vigencia del anterior Código Civil (ley 340), interpreta que los arts. 2.532 y 2.560 de la nueva normativa importan una obvia reivindicación de las potestades locales en materia de prescripción tributaria, que exige una nueva ponderación de casos como el de autos, en los que no se encuentra definitivamente saldada la discusión ni consumada la liberación del crédito fiscal. En su apoyo, invoca el voto de la doctora Argibay en la causa "Casa Casmma" y lo expuesto por la senadora Giménez -de la Provincia de Misiones- durante el debate parlamentario de la ley 26.994.
Aclara que no pretende aplicar a situaciones viejas el derecho nuevo, sino las normas vigentes al momento de producirse el hecho imponible y determinarse el impuesto, más precisamente el art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), que no fue derogado por la doctrina de "Filcrosa".
Entiende que, en todo caso, los mencionados preceptos del nuevo Código Civil y Comercial reinterpretan, en contra de dicha jurisprudencia, la validez constitucional de las normas provinciales involucradas, lo que estima que descarta objeciones basadas en la presunta aplicación retroactiva de aquellos.
Cita fallos de esta Corte relativos a la finalidad de la prescripción y a la aplicabilidad de las normas locales que la regulan en una materia que considera semejante, la previsional.
Agrega que quien posee la prerrogativa de legislar sobre los plazos de prescripción, por derivación lógica tiene también la potestad de establecer tanto el modo de computarlos como las causales de suspensión e interrupción, en tanto se trata de facetas diversas de aquella misma facultad, cuya regulación debe responder a las características propias de las obligaciones tributarias.
Concluye que debe restablecerse la plena vigencia y validez del art. 133 del Código Fiscal (t.o. 2004), a tenor del cual el plazo de prescripción correspondiente al impuesto sobre los ingresos brutos devengado durante el ejercicio fiscal 2002 comenzó a correr el 1 de enero de 2004. De allí deriva que la resolución determinativa y sumarial 226/08 fue dictada y notificada en tiempo útil, impidiendo la liberación del contribuyente.
II.2. En subsidio, acusa falta de aplicación de la normativa específica que regula la devolución de impuestos provinciales (arts. 133 a 141, Cód. Fiscal -t.o. 2011-); de los preceptos que otorgan a ARBA la competencia para intervenir en dicho trámite (arts. 1 a 3, ley 13.766); y de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional, 11 y 15 de la provincial y 34 inc. 4, 161 inc. 2 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Aduce que la actora no introdujo, en el marco de su pretensión, petición alguna tendiente a obtener la devolución de las sumas pagadas de conformidad con lo dispuesto por el art. 19 del Código Contencioso Administrativo. Manifiesta que esta temática no formaba parte de la relación procesal, sino que recién se la incorporó en oportunidad de presentar alegatos. Plantea que, al expedirse sobre la cuestión, la Cámara violó los límites del principio de congruencia y lesionó ostensiblemente sus derechos de defensa y propiedad, mediante una interpretación arbitraria del ordenamiento jurídico que -a su juicio- no queda salvada por la invocación de los principios de tutela judicial efectiva y celeridad.
Razona que, de haberse realizado la petición en la oportunidad correspondiente, el Fisco podría haber controvertido el requerimiento, advirtiendo que previamente debía analizarse la situación fiscal de la firma mediante informes que acreditaran el grado de cumplimiento de sus restantes obligaciones tributarias. Más adelante cuestiona la posibilidad de ensayar sus defensas acerca de la cuestión por medio de un carril tan limitado como el recurso de inaplicabilidad.
En su apoyo, invoca lo resuelto por esta Suprema Corte en las causas B. 48.412, "Ciabasa", sentencia de 21-XII-1982 y B. 49.862, "Ciabasa", sentencia de 4-VIII-1987. Advierte que el precedente propio citado por la Cámara (causa n° 10.570, "Compañía de Radiocomunicaciones Móviles", resol. de 1-IX-2015) se encontraba pendiente de revisión a la fecha de presentación del recurso bajo análisis.
Descarta que el principio iura novit curia pueda servir en la especie para alterar la naturaleza y alcance de la pretensión promovida, supliendo de esa manera la actuación personal de la contraparte.
Estima que, en el hipotético caso de quedar firme lo decidido por la Cámara interviniente respecto de la prescripción, debería acudirse a lo dispuesto en materia de repetición por los arts. 133 y siguientes del Código Fiscal (t.o. 2011), donde se regula un trámite que permite al Fisco verificar la existencia de otras deudas en cabeza de los contribuyentes.
Arguye que ese específico procedimiento administrativo no puede ser evadido pretorianamente, por constituir un régimen especial de derecho público relacionado con la materia tributaria y con la trascendencia que para la subsistencia misma del Estado tiene el cumplimiento puntual y exacto de las obligaciones fiscales.
Expresa que en la esencia del pago previo se encuentra la necesidad de que el Estado cuente con recursos públicos para llevar adelante sus fines. Añade que -a su entender- el instituto reglado por el art. 19 del Código Contencioso Administrativo no difiere de los pagos que los contribuyentes realizan en forma libre y en cumplimiento de un mandato legal.
Indica que el procedimiento administrativo de repetición resulta de aplicación en casos como el de autos, en los que se declara judicialmente la nulidad de un acto a través del cual se determinan obligaciones impositivas. Solicita que se realice una interpretación armónica de las normas y los principios involucrados.
Sobre la base de lo establecido en la ley 13.766 y sus fundamentos, reclama asimismo que se reconozca la competencia de ARBA y que se asegure su intervención en el caso. Rechaza que la Cámara pueda verificar por sí la exactitud de los pagos ingresados al Fisco provincial, cuando tal aspecto no ha sido objeto de prueba ni discusión.
III. Por los fundamentos que a continuación expondré, considero el recurso no puede prosperar.
III.1. En lo atinente a las normas que rigen la prescripción de los tributos locales y a la incidencia que en dicha materia tendría la sanción del Código Civil y Comercial (ley 26.994), he de recordar que, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados SA c/ Provincia de Misiones Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XI-2019), la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que en la especie -al igual que en autos- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. de Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal en la jurisprudencia señalada.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta vinculante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra Carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde desestimar los agravios a través de los cuales la Fiscalía de Estado cuestiona la aplicación de las disposiciones sobre prescripción de la legislación de fondo en desmedro de lo normado por el Código Fiscal, atento que el particular discurrió bajo la vigencia del antiguo Código Civil (ley 340), hoy derogado.
III.2. Tampoco merecen acogida favorable los agravios introducidos en subsidio por la impugnante, mediante los cuales ataca la decisión de la Cámara en tanto ordenó la devolución de lo abonado por la actora en concepto de solve et repete .
III.2.a. En lo que atañe a la presunta violación de los arts. 133 a 141 del Código Fiscal (t.o. 2011), fundada principalmente en el hecho de que el trámite allí regulado permite al Fisco computar la existencia de otras deudas en cabeza de los contribuyentes, viene al caso recordar que según lo ha entendido esta Corte, el art. 137 de dicho cuerpo normativo, de acuerdo con el cual la autoridad de aplicación debe verificar el cumplimiento de la obligación fiscal y -de corresponder- la existencia de saldo acreedor, resulta aplicable a los casos de demandas administrativas de repetición, no a los supuestos de pretensiones anulatorias interpuestas en sede judicial contra actos administrativos que determinan deudas o diferencias en materia impositiva (conf. causa A. 73.356, "Mastellone", sent. de 8-V-2019).
Tales lineamientos deben ser observados en el caso de autos, donde no se ha solicitado a ARBA la devolución de tributo alguno, sino que ha sido esta quien -a través de la disposición 226/08- determinó una deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos, parcialmente confirmada luego por la Sala III del Tribunal Fiscal de Apelación, que la actora abonó en cumplimiento del requisito de admisibilidad dispuesto en el art. 19 del Código Contencioso Administrativo, para poder entablar la pretensión judicial de anulación de esos actos administrativos involucrados.
III.2.b. El criterio precedentemente expuesto conduce asimismo a descartar las críticas basadas en la necesaria intervención que -a juicio de la impugnante- los arts. 1 a 3 de la ley 13.766 conferirían a ARBA en el examen del cumplimiento de las obligaciones fiscales de la actora.
Además de lo ya dicho en torno al ámbito de aplicación de las normas del Código Fiscal que regulan la repetición de impuestos, se impone advertir que los citados preceptos de la ley de creación del organismo recaudador provincial aluden de manera general a las competencias de este último en materia tributaria, sin contemplar específicamente la situación de casos judiciales como el que aquí nos ocupa.
La referida pretensión de que lo atinente a la devolución de las sumas pagadas sea puntualmente decidido por la autoridad tributaria obliga también a recordar que, en tanto el proceso contencioso administrativo constituye un juicio de pleno conocimiento, una instancia judicial ordinaria donde las partes tienen a su disposición un ámbito de juzgamiento con amplias posibilidades de alegar y probar (conf. art. 166 quinto párr., Const. prov.), no existen mayores reparos para abocarse en él a la cuestión de fondo y decidir acerca de la pretensión actora (conf. causas B. 63.686, "Severo Frers", sent. de 7-IX-2011; B. 63.986, "Johnson", sent. de 26-X-2016 y A. 73.356, cit.).
III.2.c. En la especie, la Fiscalía de Estado alega vulneración del principio de congruencia y violación del derecho de defensa en juicio, en tanto la Cámara habría hecho lugar a la solicitud de devolución del pago previo introducida por la actora recién al momento de alegar, privándola -de tal modo- de su posibilidad de defenderse en forma oportuna.
Sin embargo, la representación fiscal no logra evidenciar que el tribunal se haya apartado del razonable equilibrio que debe respetarse dentro de la bilateralidad del contradictorio, pues la sentencia atacada se muestra atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (conf. causas A. 71.806, "Comoli", sent. de 7-IX-2016; A. 73.515, "Katz Jora", sent. de 13-IX-2017; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; e.o.), más allá de haber añadido también ciertas consideraciones vinculadas con los principios de economía y celeridad procesal, así como con los efectos que la declaración de nulidad del acto impugnado proyecta sobre el pago previo de la obligación tributaria que fuera determinada en sede administrativa.
Contrariamente a lo sugerido por la recurrente, en la consideración de esta cuestión no puede perderse de vista la especial naturaleza del instituto regulado por el art. 19 del Código Contencioso Administrativo, donde se lo tipifica como un requisito de ad
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