Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74817
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.817, "Aguas Bonaerenses S.A. c/ Municipalidad de Florencio Varela s/Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Violini, Natiello.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había desestimado la pretensión anulatoria deducida por Aguas Bonaerenses S.A. contra la Municipalidad de Florencio Varela (v. fs. 422/428).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la actora interpuso recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 432/444), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 452/453 vta. y 463/464.
Oído el señor Procurador General (v. fs. 471/474 vta.) esta Corte mediante resolución de fecha 29-VIII-2018 desestimó la primera vía intentada (v. fs. 475/478 vta.).
Dictada la providencia de autos para resolver el restante recurso (v. fs. 486) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó el pronunciamiento de primera instancia que había rechazado la demanda interpuesta por Aguas Bonaerenses S.A. con el objeto de obtener la anulación del decreto 94/11 emitido en el expediente n° 4037-021816-D-2009 (legajillo 2328-A-2008) y de los actos administrativos que lo precedieron (vista n° 147 y resoluciones 1.996 y 2.014), por medio de los cuales la Municipalidad de Florencio Varela determinó y reclamó a la actora una deuda por falta de pago de la "Contribución Municipal por la venta de Servicios de Captación, Depuración y Distribución de Agua de Fuentes Subterráneas" por los ejercicios fiscales 2006/01 a 2008/09 con más sus accesorios (v. fs. 422/428).
I.1. Para así decidir, recordó que era atribución inherente al régimen municipal la de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo, contando con la facultad para crear o aumentar tributos (cfr. arts. 192 inc. 5 y 193, Const. prov. y 109 y sigs., dec. ley 6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades) y que el art. 226 de dicho marco legal enumera los recursos municipales, teniendo algunos de ellos origen en normas provinciales posteriores (v.gr. ley 13.154 de Presupuesto Anual para el ejercicio 2004; ley 14.393 de Presupuesto General para el ejercicio 2013; ley 14.449 de Acceso a la Vivienda) que incluyeron los porcentajes asignados a la Municipalidad por las leyes impositivas de la Provincia y los que le correspondan por la participación que a ésta se le otorgue sobre el producido de impuestos nacionales y derechos y multas que por disposición de la ley correspondan a la Municipalidad (cfr. incs. 27 y 28 del citado precepto).
Acto seguido reprodujo el art. 57 de la ley 13.404 -impositiva para el año 2006- que prescribió "Establécese que los prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas en jurisdicciones de concesión provincial, por las operaciones de venta con usuarios, abonarán mensualmente a las Municipalidades de los partidos respectivos, una contribución equivalente al cuatro por ciento (4%) de sus entradas brutas, netas de impuestos, recaudadas por la venta de los servicios, la que se trasladará en forma discriminada en la facturación del usuario. Dicha contribución será sustitutiva de todo gravamen o derecho municipal, inclusive los referidos al uso del dominio público, excepto que se trate de contribuciones especiales o de mejoras y de aquellos que correspondan por la prestación efectiva de un servicio no vinculado a su actividad. Los prestadores de la actividad liquidarán dentro de los quince (15) días de vencido cada mes calendario, la diferencia entre el importe de la contribución del cuatro por ciento (4%) y el de las eventuales deudas por servicios o suministros prestados por cualquier concepto a la respectiva Municipalidad. El pago correspondiente a la suma resultante de tal compensación por los prestadores o el Municipio, según correspondiera, será efectuado dentro de los diez (10) días corridos a partir del plazo establecido para compensar".
Expresó que el motivo de la sanción de ese precepto obedeció a que "En cuanto a las tasas municipales que deben abonar los prestadores de servicios de agua y cloacas, se pretende simplificar las tareas tanto de los municipios como las empresas, asegurando un régimen homogéneo que reconoce positivos antecedentes en el área eléctrica".
I.2. Luego de señalar el alcance del principio de legalidad impositiva y el criterio adoptado por la Corte federal en la causa "Hermitage S.A.", sentencia de 15-VI-2010, entre otras, respecto a la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes para que los contribuyentes puedan fácilmente ajustar sus respectivas conductas descartó que, en el caso, se cuestionara la titularidad del Estado provincial en torno a los recursos hídricos (cfr. art. 28 Const. prov. y ley 12.727) y la concesión de la prestación del servicio sanitario (cfr. ley 11.820).
Consideró que la contribución cuyo pago se reclamaba había sido instaurada por una ley provincial que especificaba los elementos básicos del tributo.
En ese orden precisó que de su texto se desprendía el hecho imponible (operaciones de venta con usuarios, mensuales), el sujeto pasivo (prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloacas en jurisdicciones de concesión provincial), la base imponible (entradas brutas, netas de impuestos, recaudadas por la venta de los servicios), la alícuota respectiva (4%), que su importe se trasladaba en forma discriminada en la facturación al usuario y que sustituía todo gravamen que cobrara la comuna a la empresa vinculado con su actividad.
Ante ello coligió que no era imprescindible para la exigibilidad de la contribución su previsión en la normativa municipal ya que el art. 57 de la ley 13.404 no requería de una regulación posterior en sede comunal.
En ese contexto consideró -sin perjuicio del nombre asignado al tributo- la legitimidad de la vista 147/09 y resolución determinativa 1.996/10 emitidas por la Municipalidad de Florencio Varela al invocar en forma expresa el citado dispositivo legal y contar en su jurisdicción con la potestad de aplicar el gravamen creado por aquella norma provincial.
I.3. En otro orden consideró que la contribución tenía vigencia desde el ejercicio fiscal 2006 y sus sucesivos, en virtud de que la ley 13.404 fue publicada en el Boletín Oficial con fecha 30-XII-2005, no contenían ninguna previsión las leyes posteriores y tampoco había sido derogada (cfr. art. 3, Cód. Civ.).
También puntualizó que atento a que el referido precepto fue incluido en el Título VI denominado "Otras Disposiciones" era aplicable la doctrina de la Corte federal que señalara la validez de la inserción de normas de carácter permanente en las leyes anuales de presupuesto, pues más allá de las objeciones a esa técnica legislativa, no se encontraba vedado por la Constitución nacional y no había sido cuestionado que haya sido sancionada en violación de las mayorías exigidas (Fallos: 318:567).
I.4. En otro punto, desestimó el agravio concerniente a la superposición tributaria denunciada, por cuanto no sólo el art. 57 de la ley 13.404 estableció la sustitución con otros gravámenes municipales vinculados al servicio que prestara la actora sino también debido a que la demandada conforme el segundo párrafo de dicho dispositivo compensó las sumas obladas por la firma prestataria en concepto de las tasas que quedarían comprendidas dentro de la contribución.
En ese orden ponderó que de las constancias de la causa -en especial de la resolución determinativa 1.996/10- se desprendía que, habiendo verificado la comuna que la actora no había abonado la contribución -sustitutiva de las tasas por Inspección de Seguridad e Higiene, por Servicios de Inspección de Motores, Generadores de Vapor, Energía Eléctrica, Calderas y demás Instalaciones, por Derechos de Publicidad y Propaganda, y por Ocupación o Uso de Espacios Públicos-, confirió vista a la demandante, quien abonó de inmediato la deuda en concepto de las tasas referidas y cuestionó el cobro del gravamen aquí debatido.
Señaló que el órgano municipal interviniente -luego de ello- y sin haber mediado expresa aceptación de los pagos realizados, determinó la deuda existente respecto de la contribución cuestionada e imputó las sumas recientemente ingresadas a las arcas municipales por dichas tasas como pago a cuenta de aquella.
I.5. También considero irrelevante el pago realizado por la actora en el marco del proceso de apremio por cuanto se efectuó respecto a períodos fiscales 2002 a 2004, los que no habían sido incluidos en el acto determinativo impugnado.
A su vez desestimó la aplicación retroactiva de la ley 13.404 en virtud de que la liquidación solo incluyó ejercicios fiscales posteriores a la vigencia de dicha norma.
I.6. Por último, sostuvo que la contribución exigida no encubría una tasa o un nuevo impuesto –ello sin perjuicio de la insuficiencia argumental del reproche formulado por la apelante debido a que se limitaba a efectuar una afirmación dogmática- al entender que la cuestión versaba sobre la creación de un tributo mediante una norma que resguardaba el principio de legalidad, con motivo del beneficio generado a raíz de la prestación del servicio sanitario en cada jurisdicción, que sustituía los gravámenes que abonaba la prestataria a la comuna vinculados a su actividad principal y cuyo pago no ocasionaba agravio, pues si bien no había sido descalificado ni acreditada su confiscatoriedad, el importe que debía abonarse se trasladaba en forma discriminada in totum a los usuarios (cfr. art. 57, ley 13.404), precepto que no había sido objeto de reparo por la empresa demandante.
II. Contra el mentado pronunciamiento la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia errónea aplicación de la ley y violación de la doctrina legal que transcribe de esta Suprema Corte (v. fs. 432/444).
Tras relatar los antecedentes del caso, formula cuatro reproches al fallo atacado.
II.1. En primer orden señala que la Cámara, en pos de avalar la contribución cuestionada interpreta de forma errónea la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, por cuanto si bien los municipios poseen la facultad de votar anualmente su presupuesto y los recursos para costearlo, esa atribución debe ejercerse conforme lo estatuido por los arts. 193 incs. 1 y 2 de la citada Carta y 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Con base a dicho marco aduce que para la fijación de una nueva tasa o contribución debe sancionarse una ordenanza por una asamblea de concejales y mayores contribuyentes, único órgano -señala- que se encuentra facultado para crear y aumentar tasas, impuestos y contribuciones en el ámbito comunal mediante un procedimiento especial, el cual se inicia en el Concejo Deliberante en el cual se deberá presentar el proyecto de ordenanza preparatoria, para luego ser aprobado en comisión, el que oficiará de anteproyecto para su tratamiento por la mentada asamblea.
Añade que el incumplimiento de lo allí establecido acarrea la nulidad del tributo exigido.
También expresa en este punto que la Cámara interpreta de modo erróneo los arts. 226 incs. 1 y 17 de la Ley Orgánica de las Municipalidades por cuanto sólo enumeran los recursos del Fisco requiriéndose para su aplicación la inclusión en ordenanzas y se aparta de la doctrina de esta Corte emergente de la causa I. 72.548, "Anaya", sentencia de 15-VI-2016.
II.2. Reprocha asimismo que la Cámara sostuvo que el art. 57 de la ley 13.404 resguardaba el principio de legalidad, pero omitió expedirse sobre la doble imposición que la actora planteara.
Alega que el municipio demandado en la vista conferida de la determinación practicada no mencionó la sustitución por la Contribución Municipal por la Venta de Servicios de Captación, Depuración y Distribución de Agua de Fuentes Subterráneas y entendió que dicho precepto no requería adhesión por la comuna a pesar de que la ordenanza fiscal que rigió a partir del mes de enero de 2009 incorporó la mentada gabela.
También aduce que la sentencia atacada desconoce que la tasa debía contar con una prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público, no contemplada tal situación en la contribución cuestionada. En ese orden es que entiende que se transgrede lo expresado por esta Corte en la causa I. 3.505, "Conciencia Ciudadana de Campana ONG", sentencia de 4-V-2016, sobre la nota distintiva de las tasas.
II.3. Asimismo, se agravia de la inexistencia de la superposición tributaria que sostuviera el Tribunal de Alzada.
Reitera que la demandada en el proceso determinativo no señaló que las tasas habían sido reemplazadas por el tributo previsto en la normativa provincial, por lo que ante ese proceder de la comuna demandada importaría que quedaran vigentes las tasas que la resolución impugnada menciona de manera conjunta con la contribución cuya deuda se reclama.
A su vez reprocha que la Cámara avaló la compensación practicada por el municipio sin haber reparado que los pagos fueron realizados catorce meses antes a la fecha de practicada la determinación impositiva y sin que la demandada haya efectuado reserva alguna al momento de recibirlos.
Aduce en esa línea, que al poseer los pagos realizados efectos liberatorios obtuvo un derecho adquirido amparado por la garantía constitucional de la propiedad, ámbito en el cual reposa el principio de la seguridad jurídica.
De allí que considera en este punto que la Cámara se aparta de la doctrina de este Superior Tribunal provincial emergente de las causas C. 115.351, "Municipalidad de Mercedes c/ Coca Cola Femsa de Buenos Aires s/ apremio", sentencia de fecha 5-IX-2012; "Cooperativa Eléctrica de Azul Ltda." -cuya letra y numeración no identifica- sentencia de fecha 6-VI-2001, y B. 69.303, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Círculo Médico de Lomas de Zamora", sentencia de fecha 7-IV-2010, sobre la validez de los recibos y los efectos liberatorios de los pagos materializados.
II.4. Finalmente, esgrime que el Tribunal de Alzada al considerar que la demandada está facultada para exigir el cobro de la contribución le reconoció el ejercicio del poder de policía sanitario, el cual en la jurisdicción provincial se encuentra de modo exclusivo y excluyente a cargo del Organismo de Control de Aguas de Buenos Aires (OCABA).
Conforme a lo señalado entiende que la Cámara vulnera la doctrina de esta Corte emergente de las causas B. 60.709, "Ford Argentina S.A.", sentencia de fecha 27-VI-2012 sobre el ejercicio del poder de policía e I. 2.257, "Rabuffetti", sentencia de 6-V-2009, en cuanto deslinda las competencias asignadas al Organismo Regulador de Aguas Bonaerenses y los municipios.
Concluye que el fallo impugnado faculta arbitrariamente al municipio a que exija el pago de la contribución sólo a los fines recaudatorios, sin que exista: i) una contraprestación de la comuna; ii) una normativa que lo respalde; y iii) una deuda debido a la existencia de pago documentado.
III. Por los fundamentos que a continuación expondré, entiendo que el recurso no prospera.
III.1. El primer reproche, atinente al incumplimiento de lo normado por los arts. 193 incs. 1 y 2 de la Constitución provincial y 29 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, no es de recibo.
En efecto, el Tribunal de Alzada atribuyó validez a la vista 147/09 y a la resolución determinativa 1.996/10 emitidas por la demandada con sustento en el art. 57 de la ley impositiva provincial 13.404 -publicada en el Boletín Oficial con fecha 30-XII-2005- por las cuales exigía a la actora el cobro de la "Contribución Municipal por la Venta de Servicios de Captación, Depuración y Distribución de Aguas de Fuentes Subterráneas" por los ejercicios fiscales 2006/01 a 2008/09, normativa que fuera dictada -señaló- conforme a lo estatuido en el art. 226 incs. 27 y 28 del decreto ley 6.769/58, que incluyen entre los recursos municipales los porcentajes asignados a la Municipalidad por las leyes impositivas de la Provincia y los derechos y multas que por disposición de la ley correspondan a la comuna.
En esa misma línea consideró la exposición de motivos de la sanción del referido art. 57, en cuanto consignara que para la creación de la contribución cuestionada se pretendía simplificar las tareas tanto de los municipios como de las empresas prestadoras del servicio sanitario a fin de asegurar un régimen homogéneo similar al del sector eléctrico.
Adunó a ello la Cámara interviniente el criterio adoptado por la Corte federal referido a la validez de la inserción de normas de carácter permanente en las leyes de presupuesto (Fallos: 318:567).
Tales fundamentos centrales no fueron mínimamente controvertidos por el impugnante, quien se limita a invocar en su primer reproche las normas que considera transgredidas referidas a la publicidad de los actos referidos a la percepción e inversión de las rentas municipales y al procedimiento previsto para crear y aumentar tasas, impuestos y contribuciones y alegar someramente la aplicación retroactiva de la ley 13.404, sin indicar en concreto, de qué modo se verifica el yerro de la Cámara, que sostuvo la validez de los actos administrativos impugnados emitidos por el municipio en ejercicio de la habilitación otorgada por el art. 57 de dicho marco legal, respecto a ejercicios fiscales posteriores a su vigencia -cuya inserción fuera admitida conforme la postura mantenida por la Corte nacional- ello sin desplazar ni enervar la competencia del municipio para crear y aumentar gravámenes mediante un trámite reglado especial y con sustento en preceptos que delimitan la competencia de la Provincia de Buenos Aires para asignar tributos que pertenecen a las comunas, ello a los fines de asegurar un régimen homogéneo para el servicio sanitario en aquella jurisdicción.
En ese orden, cabe poner de manifiesto, a mayor abundamiento, que esta Suprema Corte provincial señaló que el poder tributario comunal y su armonización con el respectivo poder de la Provincia ha sido delineado en los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al afirmar que "De acuerdo con la distribución de competencias que emerge de la Constitución nacional, los poderes de las provincias son originarios e indefinidos (art. 121), en tanto que los delegados a la Nación son definidos y expresos (art. 75)" (Fallos: 304:1186; e.o.). Dentro de este contexto, cabe entender que las prerrogativas de los municipios derivan de las correspondientes a las provincias a las que pertenecen (arts. 5 y 123; Fallos: 320:619).
También este Tribunal puso de relieve que la potestad para regular todo lo atinente a las tasas por servicios locales pertenece inequívocamente al ámbito de facultades que, por su naturaleza, son propias de los municipios. Sin perjuicio de ello, es dable reconocer que de acuerdo con la Constitución local -en la que tales facultades hallan fundamento- la aptitud de las comunas para imponer tributos está sujeta bajo pena de nulidad a los límites de las facultades otorgadas por la Legislatura provincial (SCBA causas I. 1.992, "Aguas Argentinas S.A.", sent. de 7-III-2005; I. 2.254, "Seara", sent.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.