Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75981
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.981, "Mirco de Martini, Susana contra Caja de Previsión Social para Abogados de la provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó, por mayoría, el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia.
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmó la sentencia de primera instancia.
Para decidir en ese sentido precisó que el beneficio solicitado consiste en la pensión requerida a la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires por quien invoca haber mantenido una relación en aparente matrimonio con el afiliado fallecido (art. 51, ley 6.716 -texto según ley 11.625-), petición que fuera rechazada por el organismo previsional por entender que no se encontraba acreditada dicha situación de acuerdo a las exigencias legales.
Sostuvo que la normativa aplicable al caso, ley 6.716 -régimen legal de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires-, en cuanto interesa al sub lite , establece: "Conviviente. A todos los efectos de la presente ley queda equiparada a la viuda o al viudo, la persona que hubiera vivido públicamente y en aparente matrimonio con el causante, siendo este separado de hecho, durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que se requiera a la Caja alguna prestación. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando hubiere descendencia o el causante fuera soltero, viudo, separado legalmente o divorciado [...]" (art. 51, primer párrafo).
Sobre esa base, señaló que el debate se centraba en determinar si la actora reunía los requisitos necesarios para ser beneficiaria de la pensión como concubina, es decir, si entre ella y el causante, de estado civil viudo, existió una relación de aparente matrimonio en las condiciones establecidas por la ley, durante los dos años anteriores al momento del fallecimiento del afiliado.
En este aspecto, destacó que tal como surge de las constancias administrativas (v. expte. n° 495.988/M/2011/09 agregado en autos a fs. 120), el señor Carlos Manuel Murias, afiliado a la Caja de Previsión Social para abogados, falleció el 10 de febrero de 2011 (v. certificado de defunción; fs. 124/125), suceso que generó el reclamo de pensión de la señora Susana Olga Mirco con fecha 24 de agosto de 2011 (v. fs. 120/121), invocando una relación de tipo matrimonial con el causante.
Agregó que, previa sustanciación del trámite administrativo, el reclamo fue desestimado por la Caja demandada mediante resolución del Directorio del 31 de agosto de 2012 en su reunión de los días 16 y 17 de agosto de 2012 (v. fs. 229/231), luego ratificada por resolución del día 12 de marzo de 2013, en la sesión del 21 y 22 de febrero de 2013, que rechazó el recurso de revocatoria impetrado contra ella (v. fs. 235/236 y 249/255 vta.).
Señaló así que del plexo probatorio incorporado se desprende la existencia de la relación en aparente matrimonio que mantuvo la actora con el señor Murias, habiendo residido en distintos domicilios durante el transcurso de su vida en pareja.
Sostuvo que de la documental acompañada se observa que la señora Mirco y el causante habitaron en la ciudad de Mar del Plata (v. boletas correspondientes al año 1994 a nombre de ambos al domicilio de calle Vieytes 3.568, fs. 132), así como en la localidad de Miramar, ver recibos del año 2005 a cargo de la actora en relación al edificio "Cherry" 17° "M" (v. fs. 66/67); facturas de materiales para la construcción a nombre del causante o de "Murias Sra." del año 2001 al mismo edificio (v. fs. 68/71), recibos de servicios dirigidos a ambos al mismo domicilio de calle 12 n° 993 (Edificio "Cherry") de la ciudad de Miramar durante el período 2001/2004 (v. fs. 77/79), carta documento del año 2001 dirigida por la actora desde Miramar a Telefónica Argentina, pero con dirección de remitente en calle Almirante Brown n° 3.185 de la ciudad de Mar del Plata, sitio que resulta coincidente con el que registró el afiliado como domicilio legal ante la Caja previsional (v. fs. 133/138 e informe, fs. 153).
En estas condiciones, mencionó que si bien de las constancias de la causa surge que en octubre del año 2007 la actora mudó su domicilio a la ciudad de San Pedro (v. copia de DNI a fs. 126/128), mientras que la última dirección registrada por el causante ha sido en Mar del Plata (v. certif. de defunción, cit.), las constancias obrantes en autos no son suficientes para considerar que la relación con visu marital hubiera concluido.
En este sentido, puntualizó que en el informe de fecha 21 de noviembre de 2011, emitido por la obra social "Osde binario", se ha comunicado que el señor Murias era afiliado a dicha organización desde el 1 de junio de 1990 hasta su fallecimiento, y que la actora integraba su grupo familiar, ambos con domicilio registrado en Brown 3.185, piso 4°, departamentos 10 y 11 de la ciudad de Mar del Plata (v. fs. 181). Asimismo, en el informe presentado en estas actuaciones del día 19 de noviembre de 2014 se ha expresado que la señora Mirco Susana Olga ha sido desde el 1 de junio de 1990 al 10 de febrero de 2011 socia directa en carácter de cónyuge del señor Carlos Murias, y desde el 11 de febrero de 2011, socia directa titular (v. fs. 342).
En refuerzo de lo expuesto, destacó la copia de reserva y oferta de locación por parte de la señora Mirco y el señor Murias de fecha 10 de abril de 2009, ambos domiciliados en la calle 25 de Mayo de la localidad de San Pedro, a los fines del alquiler de un inmueble sito en la calle Moisés Novillos 690 de la misma ciudad -que coincide con el último domicilio registrado en el DNI de la actora- (v. fs. 494 y 499 y DNI cit. supra).
A ello agregó que los testigos que declararon en sede administrativa han sido contestes en afirmar que la relación de pareja comenzó desde aproximadamente 20 años antes de la fecha del fallecimiento del causante (v. fs. 222, 223 y 227). En este sentido, la señora Suliban ha informado que "la solicitante nunca se instala en San Pedro. Lo que instala en San Pedro es una empresa familiar de dulces", a su vez, mencionó que la última vez que vio al señor Murias fue en el año 2010 en San Pedro "eran un matrimonio de veinte años y pico, incluso con buena relación con los hijos del causante. En la actualidad sigue muy buena la relación con los hijos y con los nietos políticos. Fueron muchos años y la consideraron su abuela" (fs. 227).
En la misma línea, procede resaltar el testimonio de la señora Natalone en sede judicial, donde manifestó que "...lo último que recuerdo es que vivían en Mar del Plata. Año 2007, 2009 y 2010, esos años estaban en Mar del Plata, pero no significa que estuvieran allí, se movían de un lado a otro. Tenían un campo en San Pedro..." (fs. 435/436 vta.). En sentido coincidente, el señor Cazalla ha informado que "Murias le compra a ella un campo en San Pedro, con plantaciones de naranjas, con las que producía sus dulces" "vivieron en distintos lugares, esa era su característica" "en un momento ella tuvo que fijar un domicilio en la localidad de San Pedro, pero fue al solo efecto de que su madre pudiera ingresar en un geriátrico que pertenecía al Estado. Eso fue una cuestión puramente formal. Ellos siguieron viviendo en Mar del Plata hasta el último momento" (fs. 447/449).
En este contexto, concluyó que la Caja previsional demandada no logró revertir la decisión que se alcanzara en la instancia de grado, en tanto el marco probatorio examinado, además de las fotografías acompañadas en las que se puede observar a la pareja en distintos períodos de su vida (v. fs. 26/55 y 59/60), permiten tener por acreditada la relación en aparente matrimonio invocada por la actora.
Estimó entonces que no había quedado desvirtuada la vigencia de la relación concubinaria, en los términos de la exigencia legal. Agregó que los datos constatados permiten afirmar que la actora mantuvo una relación de pareja con el causante durante mucho más de dos años, con los caracteres de trato matrimonial que se requieren para convertirse en causahabiente del derecho de pensión por el fallecimiento de aquel, en el régimen que nos ocupa.
Por último, en cuanto los agravios incoados por la demandada en forma subsidiaria, vinculados al pago de la deuda por aportes, que -aduce- debería acreditar la actora a los fines de comenzar a gozar de la prestación, destacó que, tal como lo expuso el juez de primera instancia, no se halla acreditada la existencia de deuda previsional por parte del causante.
A ello agregó que el art. 30 de la ley 6.716 (texto según ley 11.625), que la recurrente invoca en sustento de su postura, no supedita de ninguna manera el otorgamiento o la percepción del haber previsional a una situación de ausencia de morosidad en el pago de aportes, circunstancia que ni siquiera había sido alegada por la apelante, quien se limitó a sostener que la Caja previsional podría deducir una eventual deuda del pago de sus haberes.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Denunció absurda interpretación de la prueba y violación de la doctrina legal.
Consideró descalificable la valoración realizada por la Cámara, en cuanto se limitó a enunciar la prueba acumulada sin extraer conclusiones claras sobre las circunstancias fácticas controvertidas y omitió correlacionar los distintos medios probatorios que debieron ser motivo de análisis e interrelación.
Advirtió que el decisorio posee una única y por demás sintética referencia a la prueba documental producida y agregada en el expediente, para tener por acreditada la convivencia por el lapso legal exigido por ley, aun habiéndose comprobado que la señora Mirco de Martini cambió de domicilio a la ciudad de San Pedro en el año 2007.
Planteó que, si bien el cambio de domicilio no es determinante, sí es un hecho que debe ser desvirtuado o en su caso confirmado por las restantes pruebas rendidas en autos. Destacó asimismo que las facturas de servicios, compra de materiales, carta documento citadas por la Cámara, más allá de su validez probatoria, datan de los años 1994, 2005, 2000 a 2004 y distan en más de 10 años de la fecha de deceso del doctor Murias. Respecto a las fotografías, aclaró, no están fechadas, y las que sí lo están no se encuentran comprendidas en el periodo de los dos años anteriores al fallecimiento del causante.
Respecto de la prueba informativa planteó que el informe de la obra social OSDE Binario, que era pagada por el causante o, como dijo su hijo, por el empleador del causante -Supermercados Toledo-, aparece como una prueba aislada y solitaria para probar la convivencia en el periodo exigido por ley.
Precisó asimismo que la convivencia puede acreditarse mediante cualquiera de los medios previstos por la legislación nacional, pero nunca podrá limitarse exclusivamente a la prueba testimonial (conf. resolución n° 9 aprobada por el H. Directorio el 6-IV-1995).
Agregó que los testimonios propuestos para acreditar una cohabitación tienen que poseer la contundencia necesaria para evitar la desnaturalización de los beneficios que sus proponentes persiguen, en especial cuando la prueba documental e informativa es escasa y poco convincente.
Sostuvo que la eficacia probatoria que se les otorga en el decisorio a los testimonios brindados resulta sumamente excesiva y desatendiendo su análisis con la restante prueba que consta en el expediente.
En ese sentido planteó que todas las declaraciones aparecen parcialmente complacientes y direccionadas a desechar una residencia de la actora en San Pedro, circunstancias que aparecen contradictorias en las propias declaraciones de cada testigo.
Denunció también violación de la doctrina legal referida a la necesidad de analizar el material probatorio de manera conjunta y no aislada; respecto de las reglas de las cargas de la prueba, poniendo en cabeza de su representada la obligación de demostrar el cese de la convivencia, y en su consecuencia el incumplimiento de dicho requisito legal; y sobre la necesidad de acreditar el quebrantamiento del sostén económico de la actora por parte del causante.
Por último, en el supuesto de que se convalide la decisión en cuanto a la procedencia del derecho de pensión, peticionó se habilite la deducción de la deuda previsional mantenida por el doctor Murias de los haberes que corresponda abonar a la señora Mirco.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, se advierte que los reproches planteados por la impugnante conducen a cuestiones de hecho y prueba que por regla general resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo supuesto de absurdo (doctr. causas A. 71.956, "Carrizo", sent. de 6-IV-2016 y A. 74.556, "Descalzi", sent. de 20-XI-2019).
En este sentido, esta Suprema Corte ha tenido ocasión de señalar que establecer si se demostró o no, con la prueba aportada, la existencia de una situación de convivencia constituye una típica situación de hecho no revisable, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (doctr. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 29-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 74.648, "Candela", resol. de 8-X-2017; A. 74.407, "Andrade", sent. de 11-VII-2018; e. o.).
Tal vicio se configura ante la presencia de un error grave y ostensible que se comete en la conceptuación, juicio o raciocinio al analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos susceptibles de llegar a serlo, con tergiversación de las reglas de la sana crítica en violación de las normas procesales aplicables, de todo lo cual resulta una conclusión contradictoria o incoherente en el orden lógico formal, e insostenible en la discriminación axiológica (cfr. causas A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; A. 75.529, "Arias", resol. de 14-VIII-2019; e. o.).
En la especie, la impugnante no logra demostrar un vicio de esas características que justifique revertir lo decidido, pues su crítica no exterioriza más que una mera discrepancia subjetiva tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (conf. causa A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; entre tantas).
Por lo demás, debe tenerse presente que es facultad exclusiva de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin que constituya dicho ejercicio, por sí solo, un supuesto de absurdo (arts. 384, 456 y concs., CPCC; doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, "Olego", sent. de 26-X-2016; A. 73.076, "Cosentino", resol. de 7-VI-2017 y A. 75.392, "Procosud S.A.", resol. de 26-VI-2019).
En tal sentido se evidencia que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un mero criterio divergente respecto de la efectiva acreditación, en base a la prueba aportada en la causa y de manera fehaciente, de la convivencia invocada en los términos exigidos por la normativa aplicable, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
III.2. Por otra parte, se advierte que no resulta idónea para modificar lo resuelto la denuncia de violación de doctrina legal de esta Corte, en tanto en los precedentes invocados mediaron presupuestos fácticos distintos a los de la presente causa.
Cabe puntualizar que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar la denuncia de violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, debiéndose indicar en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. A. 73.250, sent. de 26-X-2016 y A. 73.228, sent. de 19-X-2016).
IV. Por último, tampoco mejora la suerte del recurso el planteo realizado en forma subsidiaria relacionado con la deducción de la deuda previsional mantenida por el doctor Murias de los haberes que correspondiera abonar a la señora Mirco.
Al respecto la Cámara sostuvo que no se hallaba acreditada en la causa la existencia de deuda previsional por parte del causante, agregando que el art. 30 de la ley 6.716 (texto según ley 11.625), que la recurrente invoca en sustento de su postura, no supedita de ninguna manera el otorgamiento o la percepción del haber previsional a una situación de ausencia de morosidad en el pago de aportes, circunstancia que ni siquiera había sido alegada por la apelante, quien se había limitado a sostener que la Caja previsional podría deducir una eventual deuda del pago de sus haberes. Ello, sin perjuicio del eventual éxito que pudieren tener las acciones que la Caja de Previsión Social para Abogados pudiere promover, a efectos de satisfacer las acreencias derivadas de la supuesta falta de aportes.
En ese sentido el recurrente se limita a citar la norma que considera transgredida, desentendiéndose de los fundamentos del fallo que impugna y de las razones dadas por el Tribunal de Alzada para que dicho planteo prospere en esta instancia judicial, circunstancia que obsta a su procedencia.
En base a ello, es de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que prescribe que si el quejoso limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el tribunal de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, va de suyo que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (doctr. causas A. 70.261, "Levaggi", sent. de 5-X-2011 y A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017).
V. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los agravios traídos a esta instancia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al recurrente vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al colega q
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