Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73919
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.919, "Zarlenga, Marcelo Esteban c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Genoud , Torres , Borinsky, Violini , Carral , Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó el fallo de primera instancia que desestimó la pretensión anulatoria interpuesta (v. fs. 210/225 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 230/243 vta.), el que fue concedido a fs. 245/246.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 262), agregada la memoria de la parte demandada (v. fs. 277/287) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El actor inició demanda contencioso administrativa contra el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener la declaración de nulidad de la decisión de este, protocolizada en el acta n° 624, por la que se disponía la terna para la cobertura del cargo de juez de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Mar del Plata, excluyéndolo.
II. El juzgado interviniente no hizo lugar a la demanda, desestimándola y distribuyendo las costas en el orden causado.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y de este modo confirmó el fallo de primera instancia. En consecuencia, no hizo lugar a la pretensión anulatoria interpuesta por el accionante.
Para así resolver desarrolló los siguientes fundamentos.
III.1. Comenzó por señalar que a su criterio la traba de la litis estableció sus límites en el análisis de la validez del proceso de elaboración de la voluntad del Consejo de la Magistratura manifestada en el acta n° 624.
Afirmó que la parte actora dejó firme el decreto 1.929/11 del Poder Ejecutivo provincial por el que se designó a un postulante dentro de la terna en su momento confeccionada. Consideró que cualquier planteo que implique cuestionar la legalidad del citado decreto, resulta ajeno a la presente causa.
Entendió que no existe "caso" o "causa" para abordar el tratamiento, consideración y análisis de la legalidad del decreto 1.929/11, sin que a su respecto se haya alegado y probado en juicio su impugnación y posterior invalidez.
Agregó que el proceso de designación de magistrados tiene etapas independientes y diferenciables constitucionalmente y sorteada cada una de ellas, existe preclusión de la anterior. Además, entendió que, aun cuando se tratara de un acto complejo en el que la nulidad del acta del Consejo operara la nulidad del posterior decreto de designación, el actor en su demanda no pretendió ni planteó la nulidad del decreto 1.929/11.
III.2. Abordó luego la motivación del acta n° 624 del Consejo de la Magistratura afirmando que su actuación se ha desarrollado conforme el marco normativo aplicable, no evidenciando un apartamiento del bloque de legalidad que demarca y delimita su actuación en el proceso de selección de postulantes al cargo judicial. Tampoco encontró presente arbitrariedad en la decisión o vicios en el procedimiento de selección.
En tal sentido manifestó que: "Es así pues, entonces que el Acta n° 624 expresamente explicita el temperamento tenido en cuenta por los miembros del Consejo de la Magistratura para confeccionar la terna del 3-X-2011, fundado su decisión en la ponderación comparativa de los antecedentes y méritos que constan en los legajos personales de todos los postulantes..." (fs. 222).
Por tales fundamentos de la mayoría rechazó el recurso de apelación interpuesto por el actor confirmando la sentencia apelada.
IV. Contra tal pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que alega la violación de disposiciones constitucionales, de la ley de procedimientos administrativos y de la doctrina legal de esta Suprema Corte. También denuncia absurdo.
IV.1. Al desarrollar el primero de los agravios afirma que la sentencia de Cámara violó e inaplicó normas y principios en materia de motivación de los actos administrativos.
Entiende que la decisión atacada desconoce los arts. 1 de las constituciones nacional y provincial (principio republicano de gobierno), 18 y 15 de las constituciones nacional y provincial (derecho a la defensa y a conocer los fundamentos de las decisiones judiciales), 2 de la Constitución provincial y 108 del decreto ley 7.647/70, normativa que exige a las autoridades públicas la debida motivación de sus decisiones.
Afirma que tal exigencia legal no se encuentra cumplida en el acta n° 624 del Consejo por lo que no procede sostener la legalidad de tal decisión de conformación de la terna, al no expresarse en dicho acto cuál es la evaluación y cómo se compone, privando a los postulantes del derecho a conocer cuáles son las causas y cómo se valoraron.
IV.2. En segundo lugar, sostiene que la Cámara se apartó de la doctrina legal de esta Corte en materia de motivación de los actos administrativos (causas B. 62.241, "Zarlenga", sent. de 27-XII-2002; B. 64.685, "Rodríguez", sent. de 22-VIII-2012 y Q. 72.700, "Marcó", sent. de 6-VIII-2013), al sostener en su sentencia que el acta por la que se confeccionó la terna se encontraba correctamente motivada.
Dicha doctrina legal -apunta- consiste en establecer la necesidad de que el Consejo de la Magistratura de la Provincia motive adecuadamente sus decisiones.
Entiende que la Cámara desconoció tal doctrina no obstante que quedara suficientemente acreditado en autos la identidad de la presente acción con las resueltas por la Suprema Corte de Justicia provincial. Así el texto y contenido del acta n° 624 es completamente idéntico -en cuanto a su motivación- al acta del Consejo de la Magistratura respecto de la que la Suprema Corte dispuso su nulidad por falta de motivación en la causa "Zarlenga" (causa B. 62.241, sent. de 7-XII-2002).
Agrega que, además de desconocer esta doctrina legal, la Cámara confundió el alcance que le corresponde atribuir a tal decisión con una posterior intervención del tribunal -en fecha 29 de diciembre de 2009- en la que resolvió, en el marco de la misma causa, una incidencia en la etapa de cumplimiento de aquella sentencia donde se valoró una nueva decisión del Consejo de la Magistratura que cumplía con la debida motivación.
Al respecto sostuvo que "...el acta convalidada por la resolución del 29-XII-2009 de la Suprema Corte es distinta, ya que incorpora elementos de motivación que no se verifican ni en el acta 168 (anulada por este vicio en la sentencia del 7-XII-2002), ni en Acta Número 624 impugnada en esta causa" (fs. 137 vta.).
IV.3. Como tercer agravio plantea la existencia de absurdo de la sentencia al restringir el objeto de la demanda expuesto por la actora, pues sostiene que entre sus pretensiones procesales no se incluyó la de nulidad del decreto del Poder Ejecutivo de designación de otro de los concursantes ni tampoco de la prestación de acuerdo que realizara el Senado provincial. El absurdo se funda en el desconocimiento de las constancias de la causa que acreditan que la acción se encaminó a impugnar la decisión del Consejo de la Magistratura, así como también contra todo acto o procedimiento que se hubiera desarrollado como su consecuencia en cualquiera de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires.
Detalla el recurrente las oportunidades procesales en que indicó expresamente que los alcances de su acción se extendían a los posteriores actos dictados o a dictarse como consecuencia de la decisión del Consejo de la Magistratura de conformación de terna y advierte que, en momento de ampliar su demanda, incluyó expresamente dentro del objeto de la contienda, además del acta de dicho órgano, "...todo acto o procedimiento que se hubiera desarrollado como su consecuencia en cualquiera de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires".
Amplía relatando que al momento de interponer la demanda no había sido notificado de la emisión del decreto de designación del concursante elegido por el Poder Ejecutivo para cubrir el cargo en cuestión. Afirma que tampoco fue en su momento publicado por lo que se vio obligado a interponer la demanda sin hacer una impugnación concreta al decreto 1.929/11.
Puntualiza que en el incidente cautelar su parte solicitó "...la suspensión inmediata de los efectos del acto en crisis [...] que se suspenda el curso del procedimiento de designación en el estado en que se encuentre, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, como eventualmente del Poder Legislativo", peticionando que se comunique a los titulares de los poderes ejecutivo y legislativo.
IV.4. A continuación plantea el agravio enderezado a denunciar el absurdo en que incurrió la sentencia al sostener que la nulidad de un acto administrativo no se extiende a los actos que son consecuentes.
Sostiene que la doctrina y la jurisprudencia aceptan pacíficamente que un acto viciado de nulidad absoluta no puede hacer nacer o declarar derechos subjetivos, ni producir efecto jurídico alguno.
Así -continúa- la Suprema Corte ha establecido que la invalidez de una actuación estatal conlleva la de actos aplicativos posteriores, en cuanto han sido consecuencia directa y derivación de esta, todo ello con fundamento normativo en los arts. 103, 108 y 114 del decreto ley 7.647/70 y 1.050 del Código Civil y en la causa B. 62.241, "Zarlenga".
IV.5. Por último, afirma que la sentencia infringió la doctrina legal de la Suprema Corte establecida en el precedente "Decastelli" (causa A. 70.444, sent. de 1-IV-2015), referida a la interrelación de los distintos actos que conforman el complejo de decisiones emanadas de diferentes poderes públicos y que han de concurrir en la designación de magistrados.
La correcta aplicación de tal doctrina lleva en el caso a declarar la nulidad de ese complejo de decisiones, pues tales intervenciones de hallan vinculadas funcionalmente.
V. El recurso prospera con el alcance que a continuación se establece.
Conforme surge de la reseña que antecede, para fundar su decisión la Cámara de Apelación juzgó, de un lado, que el decreto de designación 1.929/11 no podía ser objeto de decisión judicial porque, al interpretar que como el actor no lo había cuestionado revisar su validez excedería los límites de la pretensión esgrimida y, del otro, que el acta n° 624/11 emitida por el Consejo de la Magistratura se encuentra debidamente motivada.
En el recurso extraordinario se rebaten ambos argumentos (art. 289 inc. 1, CPCC).
V.1. En cuanto al primer aspecto de la decisión bajo examen, es necesario recordar que el a quo estimó que en autos "...el recurrente sólo procura la invalidez de los actos emanados por el Consejo de la Magistratura, empero -concluyó- nada dice respecto al decreto en cuestión [refiriéndose al decreto 1929/11] que hubo consentido" (fs. 219).
V.1.a. Para la Cámara "...lo que se propugna es analizar la validez del proceso de elaboración de la voluntad administrativa del Consejo de la Magistratura, y en su caso el acto final por ella discernido, esto es el acta n° 624" (fs. cit.), pero -subraya- se ha "...dejado firme y consentido el decreto n° 1929/11".
Sabido es que la apreciación del contenido de los escritos de las partes en general, de las piezas que conforman el expediente, así como los límites del ámbito controversial y los tópicos que integran la relación procesal, son cuestiones en principio deferidas a los jueces de grado y exentas de censura en casación, salvo supuesto de absurdo (causas Ac. 39.175, sent. de 27-XII-1988; Ac. 45.556, sent. de 11-VIII-1992, "Acuerdos y Sentencias", 1992-III-16; Ac. 52.452, sent. de 28-II-1995; Ac. 78.251, sent. de 19-II-2002; A. 72.355, sent. de 8-XI-2017; entre muchas otras). Esta situación de excepción se configura cuando, entre otros supuestos, el tribunal incurre en un error grave y ostensible en la conceptuación, juicio o raciocinio aplicado a la valoración de las pruebas o los hechos, que implica una tergiversación de las reglas de la sana crítica (conf. causas C. 88.669, "Saladino", sent. de 11-VI-2008; C. 89.083, "Ayala", sent. de 12-XI-2008; C. 101.294, "R., A. V. y o.", sent. de 15-IV-2009; e.o.).
El recurrente denuncia que la lectura que la sentencia impugnada hace de los escritos constitutivos de la litis es fruto de una reflexión viciada de absurdo, que desvirtúa el alcance de la pretensión esgrimida "...al restringir el objeto de la demanda expuesto por la actora" (capítulo VII del recurso, fs. 238). Concretamente, entiende que "...del repaso de la demanda y de la actuación de esta parte en la causa surge expresamente una pretensión anulatoria, no sólo dirigida contra el Acta 624 del Consejo de la Magistratura por el que se elaboró la terna, sino también de los demás actos consecuentes que, apoyándose en la misma, tiendan hacia el avance y conclusión del procedimiento de selección, entre los que se incluye, sin lugar a ambigüedades, el decreto mediante el que fue designado otro de los concursantes [y] el acuerdo del Senado" (fs. 238).
V.1.b. Asiste razón al impugnante.
En el escrito de demanda se dijo en modo expreso que el reclamo perseguía la declaración de ilegitimidad de la aludida decisión del Consejo "...así como de todo acto o procedimiento que se hubiera desarrollado como su consecuencia en cualquiera de los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires..." en lo que sin duda -concluye- "...queda incluido el Decreto que al finalizar el mismo emite el Poder Ejecutivo, el acuerdo del Senado de la Provincia, y el juramento que el designado presta ante la Cámara Departamental" (fs. 238 y vta.). Varios pasajes más lo corroboran. Así, a fs. 16, al solicitar el otorgamiento de la medida cautelar el actor solicitó la suspensión del "...curso del procedimiento de designación en el estado en que se encuentre, tanto a nivel del Poder Ejecutivo, como eventualmente del Poder Legislativo"; mientras que en el punto quinto del "petitorio" (fs. 18 vta.) expresamente reclamó que "...se declare la nulidad del acto atacado, como así también todos los actos que fueron -y sean en el futuro- consecuencia de él".
Recuerda que semejante pedido "...se volvió a plantear expresamente en el escrito de esta parte del 22-II-2012 cuando, recibido el expediente administrativo del Consejo de la Magistratura, se contestó el traslado dispuesto el 14-II-2012 en los términos del art. 32 del Código Contencioso Administrativo, oportunidad en que el ordenamiento procesal acuerda al actor la posibilidad de ampliar o transformar la demanda" (fs. 238 vta.). En tal ocasión, y al amparo de la norma procesal citada, consignó que "...deberá entenderse que por la presente demanda se persigue la anulación de la decisión del 3 de octubre de 2011 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, plasmada en el Acta Número seiscientos veinticuatro, así como de todo acto o procedimiento que se hubiera desarrollado como su consecuencia en cualquiera de los tres poderes de la Provincia de Buenos aires" (fs. 35).
Por fin, pone de resalto que al tomar conocimiento acerca de la existencia del decreto en cuestión "...tanto en la oportunidad de contestar la expresión de agravios del contrainteresado contra la medida cautelar dispuesta, y también al alegar", refiere, se insistió en que la demanda "...no sólo se dirigió contra un acto intermedio en el proceso de selección, sino que su objeto son todos los actos desarrollados a consecuencia, incluyéndose el decreto indicado, que es un acto emitido a consecuencia del acta referida, y que es evidentemente alcanzado por la pretensión anulatoria incoada" (fs. 238 vta.).
Las expresiones de fs. 78/79 vta. y 158 vta./159 vta. ratifican tales señalamientos. Acaso el desdén o la inadvertencia puedan explicar la desconsideración de estos elementos de juicio.
Por ello, cabe concluir que la decisión de la Cámara de Apelación incurre en el vicio de absurdo.
V.2. Despejado lo anterior, es pertinente ingresar al segundo agravio expuesto en el recurso, que está referido a la validez de la resolución instrumentada en el acta n° 624 del Consejo de la Magistratura, a cuyo respecto se alega la violación de la doctrina legal sentada en la causa B. 62.241, "Zarlenga", sentencia de 27-XII-2002 (v. fs. 236/238).
También en este punto acierta el recurrente (art. 289 inc. 1, CPCC).
V.2.a. Apartándose de lo resuelto por el señor juez de origen, la Cámara de Apelación estimó que el acto en cuestión no tenía defectos en su motivación.
En el recurso se plantea que el acta objetada en la presente controversia, como aquella que en su hora fue anulada por esta Corte en la causa "Zarlenga" (sent. de 27-XII-2002), tienen una redacción sustancialmente idéntica (v. fs. 236 vta., en especial la nota 1 al pie de página). "De tal modo -se explica- es absolutamente nítida la aplicabilidad a la presente causa de la doctrina legal [...] [y] ello hace más que claro que el vicio de falta de motivación endilgado es absolutamente manifiesto, y surge de la sola lectura del acto impugnado, más aún cuando se lo compara con otro de idéntico contenido que el Superior Tribunal provincial consideró también que ostentaba este vicio de manera clara y notoria" (fs. 236 vta.), lo que -a su turno- "...deja en evidencia la violación de esta doctrina legal en que incurre la sentencia recurrida" (fs. cit.).
V.2.b. En el citado precedente B. 62.241, "Zarlenga" (sent. de 27-XII-2002), el Tribunal decidió, por mayoría, que el acto administrativo instrumentado en el acta cuestionada debía anularse por ausencia de motivación.
Para arribar a dicha conclusión el voto mayoritario precisó que, si bien se habían observado los requisitos formales exigibles en el procedimiento de elaboración de la voluntad del órgano, no se plasmaba el contenido de la deliberación, lo que a la postre condujo a su descalificación.
Por mi parte, al adherir al núcleo argumental que conformó la mayoría en aquel precedente, formulé unas consideraciones adicionales que reafirmaban el criterio según el cual una terna inmotivada viola el ordenamiento jurídico.
En definitiva, en aquella sentencia se hizo lugar a la demanda y se dejó sin efecto la aprobación de la terna para el cargo de Agente Fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata, decidida en la reunión del Consejo de la Magistratura, formalizada mediante el acta n° 168/00, así como el decreto 2.829/01, por el que se designó a otro aspirante -competidor del allí accionante- a ocupar el mencionado cargo. Además, se condenó al Consejo de la Magistratura a que decida sobre la terna correspondiente al citado cargo del Ministerio Público, observando el requisito de publicidad y adecuada motivación, dentro de los sesenta días de notificada la misma.
V.2.c. Años más tarde, esta Corte debió intervenir en esa misma causa a raíz de una nueva incidencia suscitada a partir de la denuncia del actor acerca de un pretendido incumplimiento de la sentencia de fondo.
V.2.c.i. En esa ocasión se expidió por mayoría -por auto de fecha 11 de marzo de 2009- disponiendo correr traslado de dicha presentación al Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, sin abrir juicio acerca del vicio denunciado.
El voto del doctor de Lázzari consideró innecesaria la sustanciación, porque a su criterio el análisis debía ceñi
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.