Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75650
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.650, "Ramellini, Mariel Elisabeth c/ Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Violini, Mancini, Carral .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó la pretensión anulatoria deducida por la señora Mariel Elizabeth Ramellini (v. fs. 164/174 vta.).
Disconforme con ese pronunciamiento, la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 30-VII-2018), el que fue concedido a fs. 179/180.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 198), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado la pretensión anulatoria deducida por la señora Mariel Elizabeth Ramellini mediante la que persiguiera la declaración de nulidad de las resoluciones 1.519/02, 1.900/03 y 97/05 dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en el marco del expediente 3001-1632/97 en el cual se impusiera, por la primera, la sanción de cinco días de suspensión en el cargo de Secretaria del Juzgado en lo Criminal y Correccional n° 4 del Departamento Judicial de Dolores; por la segunda se rechazara el planteo de prescripción y el recurso de reconsideración deducido contra la citada medida disciplinaria y; por la última se denegara el recurso de revisión, todos presentados por la demandante (v. fs. 164/174 vta.).
I.1. Tras reservar el magistrado que vota en primer término su postura acerca de la constitucionalidad del Acuerdo 1887 de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con motivo de no ser materia de agravios, abordó en primer lugar -priorizando los términos del art. 168 de la Constitución provincial- una cuestión omitida por la sentencia de primera instancia, que consideró esencial -en atención a que fuera planteada por la parte actora y denunciada también en el escrito recursivo- referida a la prescripción de las faltas imputadas, materia que -sostuvo- no aparecía desplazada o considerada implícitamente por el citado decisorio.
Seguidamente a lo allí considerado desestimó el planteo de prescripción formulado. Para ello, por un lado, señaló que el acto disciplinario fue dictado por este Tribunal Superior provincial en uso de las atribuciones conferidas por el mencionado Acuerdo, el cual no determinaba los modos de interrupción o suspensión de la potestad disciplinaria y el Acuerdo 2300 derogatorio de aquel -con vigencia a partir del 1 de enero de 1989- tampoco lo preveía.
Por el otro, expresó que la recurrente invocó la existencia de una norma posterior más benigna, la ley 27.206, que modificó el art. 67 del Código Penal, que disipaba las imprecisiones del término "secuela del juicio" y estableciera taxativamente las causales de interrupción de la prescripción.
Señaló que teniendo en cuenta que las partes coincidían en que era el Código Penal el que debía resolver la cuestión, analizó el planteo prescriptivo conforme a ese ordenamiento.
Luego de efectuar una serie de consideraciones en torno al principio de la ley penal más benigna en relación a los procedimientos administrativos señaló que la institución de nuevas normas penales o la reforma de las vigentes al momento de los hechos no pueden ser de aplicación al imputado si ellas empeoran su situación y que la prescripción de la acción penal quedaba alcanzada por ese concepto.
Precisó que el postulado mencionado plasmado en los arts. 2 del Código Penal; 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, operaba de pleno derecho y que la prescripción era un instituto de índole sustancial que no sólo influía en la duración del proceso, sino que establecía un límite a la pretensión punitiva del Estado.
Sentados tales lineamientos, sostuvo conforme lo normado por la última parte del art. 2 del Código Penal que la ley 27.206 invocada por la parte actora no era aplicable con motivo de que había sido publicada en el Boletín Oficial el 10 de noviembre de 2015 y la sanción impuesta por la resolución 1.519/02 estaba ya cumplida a esa fecha.
Luego analizó si había mediado interrupción o suspensión del plazo de prescripción.
En ese orden expresó que la interrupción se producía por actos del procedimiento que tendían a mantener la acción disciplinaria y que este Tribunal Superior provincial había entendido que se configuraba la secuela del sumario como causal interruptiva la realización de actos que hacían proseguir a aquel y que exteriorizaban la voluntad de perseguir al eventual responsable.
Agregó que el proceso judicial suspendía la prescripción de la acción.
En ese marco ponderó que de las actuaciones administrativas surgían distintos actos llevados por la Administración que permitían tener por configuradas las causales de suspensión e interrupción antes mencionadas. Entre ellos puntualizó: a) la decisión de iniciar las actuaciones sumariales del 15 de diciembre de 1997; b) el traslado preventivo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por resolución 195/98 de 11-II-1998; c) la certificación del informe producido con fecha 18 de agosto de 1999 por el señor Subprocurador General; d) las declaraciones testimoniales de fecha 17 de marzo de 1999; e) la citación de la doctora Ramellini en los términos del art. 308 del Código Procesal Penal entonces vigente y la audiencia del 14 de marzo de 2000 al efecto y su negativa a declarar; testimoniales; informe instrucción; y, f) el acto sancionatorio.
Puso de manifiesto que en el mismo sentido se había expedido el señor Subprocurador General como así también este Tribunal al rechazar el planteo de prescripción formulado por la parte actora.
Ante ese contexto señaló que durante el desarrollo del procedimiento administrativo se observaba la voluntad inequívoca de la Administración de mantener la acción, por lo que impedía considerar prescripta la potestad sancionatoria.
I.2. En otro punto desestimó la invocación del sobreseimiento posterior en sede penal en torno al uso del servicio de correspondencia oficial.
Tras efectuar la cita de doctrina de autor respecto a la independencia entre las sanciones penales y administrativas y señalar que la naturaleza de la responsabilidad en dichos ámbitos era diferente, destacó que esta Corte se había pronunciado en torno a que, aunque juzgados los actos ante la jurisdicción penal o civil, podrían suponerse improbados, atípicos o irrelevantes, ello de ningún modo obliga a igual solución en jurisdicción administrativa.
Destacó por ello que no existía a priori ningún impedimento en considerar que una misma conducta no merecía reproche desde el punto de vista penal pero sí en el ámbito administrativo, en virtud de juzgarse la conducta a través de un prisma distinto, el de la responsabilidad disciplinaria, prevista y reglada en las normas que rigen la relación de empleo público.
Sentadas tales premisas apreció que de las constancias sumariales se desprendían indicios suficientes para tener por acreditado el hecho que se le imputara a la demandante, en atención a la tutela de los valores comprometidos bajo su dependencia y consideró que no resultaba razonable trasladar el resultado de la causa penal a la conclusión del sumario administrativo, toda vez que si bien no había recibido encuadre punible en sede penal, la misma conducta evaluada en sede administrativa había merecido una sanción de cinco días de suspensión.
I.3. Por otra parte, rechazó la absurda valoración alegada de la prueba respecto de las conductas impropias del señor Marino Alejandro Cid.
Consideró que en el expediente administrativo quedó demostrado que la actora permitió el ingreso de un tercero ajeno al organismo (señor Cid), quién había desarrollado conductas frente a los empleados que no eran propias para el ámbito de un organismo jurisdiccional, sin que la doctora Ramellini ejerciera facultades correctivas, resultando irrelevante que esa persona foránea al momento de los hechos no ejerciera la profesión de abogado.
Tras referenciar los dichos de los testigos Varela y Fortini y que en igual orden declararon Barberena y García Cueva y conforme lo ponderado por la instrucción sumarial estimó que se había acreditado la imputación practicada a la demandante y, en virtud de ello concluyó que la medida disciplinaria controvertida no era inválida con motivo de que había sido dictada como resultado de un procedimiento administrativo en el que se produjeron pruebas suficientes, se las valoró por la demandada razonablemente y no habían sido desvirtuadas por la agente en la oportunidad de realizar su descargo y ofrecer las probanzas que hacían a su derecho.
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandante interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 30-VII-2018), en el que denuncia que la Cámara vulnera los arts. 18 de la Constitución nacional; 2 y 67 del Código Penal; 1 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires; 108 y concordantes del decreto ley 7.647/70; 8 apartado 2 del Pacto de San José de Costa Rica; 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14 apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
II.1. Luego de relatar los antecedentes del caso se agravia en cuanto el Tribunal de Alzada rechaza el planteo de prescripción formulado con sustento en que la ley penal más benigna 27.206 fue publicada en el Boletín Oficial estando ya cumplida la sanción impuesta.
Asevera que dicho fundamento es erróneo en virtud de que ninguna sanción está cumplida ni firme, con motivo de que goza de la presunción de inocencia desde el inicio del sumario, principio consagrado -remarca- en la Constitución nacional y en los pactos internacionales de jerarquía constitucional.
A su vez aduce que la sanción no fue cumplida porque no había quedado firme y si se hubiera cumplido los cinco días de suspensión se habría ejecutado una decisión que no se hallaba firme.
Ante ello entiende que la interpretación que efectúa la Cámara del art. 2 del Código Penal vulnera los principios de la ley penal más benigna e inocencia establecidos en los arts. 18 de la Constitución nacional; 8 apartado 2 del Pacto de San José de Costa Rica; 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 14 apartado 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las normas de fondo que regulan la prescripción de las acciones penales.
II.2. Además, alega que el fallo impugnado incurre en contradicciones con motivo de que, por un lado, afirma que la sanción disciplinaria estaba cumplida y firme y, luego analiza si habían mediado interrupciones o suspensiones del plazo de prescripción.
En ese punto expresa que la Cámara examinó la mentada cuestión con sustento en el Código Penal y en precedentes de esta Corte que considera no aplicables en virtud de ser emitidos con anterioridad a la reforma del art. 67 de dicho ordenamiento.
A la vez señala que dicho precepto modificado por la ley 27.206 que entiende aplicable, finiquitó la imprecisión del conflictivo término "secuela del juicio" y estableció taxativamente las causales de interrupción de la prescripción.
Sostiene que a la luz del nuevo art. 67 del Código Penal la acción disciplinaria se halla prescripta.
En ese orden destaca que la remisión de las cartas cuestionadas fue efectuada el día 18 de julio de 1997 -fecha del hecho que se imputaba y que se tomaba también para la segunda imputación referida a haber facilitado conductas impropias del señor Cid en el juzgado- y la demandante fue convocada a prestar declaración indagatoria el día 14 de marzo de 2000, por lo que al momento de ser citada la causa disciplinaria había prescripto al haber transcurrido los dos años del plazo de prescripción establecido.
También entiende que, si se toma como fecha de interrupción la citación a indagatoria, la resolución sancionatoria fue dictada el 29 de mayo de 2002, por lo que -esgrime- a esa fecha había transcurrido el término bienal referido.
II.3. En otro punto consideró que el fallo en crisis no valoró adecuadamente los efectos del sobreseimiento posterior en sede penal, en transgresión a los arts. 18 de la Constitución nacional y 108 y concordantes del decreto ley 7.647/70.
Aduce que en el caso no es aplicable el argumento utilizado por el Tribunal de Alzada en torno a la independencia entre el procedimiento disciplinario y penal con motivo de que se decretó una absolución en el fuero penal ante la inexistencia de los hechos imputados -decisión que había adquirido firmeza con fecha 12 de abril de 2004- y en sede administrativa se invocaron esas mismas circunstancias que se consideraron improbadas en sede judicial.
Ante esa situación entiende que el fallo impugnado rompe groseramente la unidad lógica que debe existir en la actuación de los órganos estatales; soslaya la verdad jurídica objetiva que se desprende de las actuaciones judiciales; omite el tratamiento del criterio de esta Corte que fluye de la causa B. 55.497, "Muñoz", en la que se estimó la existencia de una sentencia absolutoria en la causa penal; y hace una aplicación mecánica y ritualista de la doctrina referida a la independencia del procedimiento administrativo y penal.
Finalmente aduce que la resolución administrativa sancionatoria fue aplicada con anterioridad al dictado del pronunciamiento judicial sobre el hecho delictivo que se le endilgara y ha sido dictada vulnerando el art. 108 y concordantes del decreto ley 7.647/70 al carecer de una motivación razonable. Transcribe parte del voto en disidencia del doctor De Santis el cual comparte en cuanto se refiriera a la falta de subsunción de los hechos en la figura que se considerara aplicable.
III. El recurso no puede prosperar, en atención a la falta de sustancialidad o trascendencia de la cuestión traída a esta instancia extraordinaria (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
En efecto, conforme surge del relato de antecedentes, el tema central que se plantea a decisión de esta Corte -con independencia de los argumentos expuestos por los jueces de grado-, se vincula con la impugnación de una sanción disciplinaria de carácter correctivo -cinco días de suspensión-.
Así, analizando la naturaleza y entidad del conflicto que llega a esta instancia, es -en efecto- insustancial o carente de trascendencia para ser abordado por esta Corte, por lo que corresponde la utilización de la facultad contenida en el art. 31 bis citado y desechar, sin más, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impetrado por la parte actora (doctr. causas C. 103.088, "Campi", sent. de 13-VIII-2014; A. 73.863, "Rafaniello", sent. de 6-VI-2018; A. 72.794, "Rafaniello", sent. de 13-VI-2018; A. 74.366, "Ates", sent. de 29-V-2019; A. 75.612, "Maldonado", sent. de 26-XII-2019 y A. 75.331, "Angelini", sent. de 26-II-2020).
Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827 -texto según ley 13.812- y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Violini, Mancini y Carral , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68, primer párrafo y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20; art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/02/2022 11:06:20 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/02/2022 09:53:31 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2022 13:48:04 - MANCINI HEBECA Fernando Luis Maria - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/03/2022 12:28:26 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:05:12 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 01/04/2022 11:05:51 hs. bajo el número RS-23-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia