Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73331
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.331, "Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G. y F. c/ ARBA s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Mancini, Borinsky, Carral, Budiño .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín hizo lugar parcialmente a la demanda entablada por Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G. y F. y -en consecuencia- declaró la nulidad de los actos impugnados, únicamente en cuanto habían rechazado la prescripción de las acciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos 1994 y 1995.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la firma actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 540/556), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 558/559).
Dictada la providencia de autos (v. fs. 573), presentado el memorial de la Fiscalía de Estado (v. fs. 578/589) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal a quo hizo lugar parcialmente a la demanda a través de la cual Sauma Automotores S.A.C.I.F.A.G. y F. solicitó que se declarara la nulidad de la resolución determinativa 622/02 -dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)- y la de la decisión adoptada por el Tribunal Fiscal de Apelación en el marco del recurso deducido contra aquella.
Acogió favorablemente la pretensión anulatoria entablada en cuanto se oponía al rechazo de la prescripción de las acciones fiscales relacionadas con el impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos 1994 y 1995, no así en lo relativo a los años 1996 a 1999 ni en cuanto al ajuste en concepto de impuesto de sellos.
Para decidir en tal sentido, la Cámara invocó precedentes propios en los cuales descartó la inconstitucionalidad del art. 157 del Código Fiscal (t.o. 2011), por no discrepar, en lo sustancial, con el plazo de prescripción establecido por el art. 4.027 inc. 3 del entonces vigente Código Civil.
A su vez, recordó que en otros pronunciamientos sostuvo la validez constitucional del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), pese a que se aparta en punto a la fijación del dies a quo de los plazos de prescripción establecido en el ámbito del derecho civil.
Negó que el punto de partida dispuesto por la normativa tributaria para el impuesto sobre los ingresos brutos fuera irrazonable y -contrariamente- destacó su practicidad.
Ponderó distintos principios hermenéuticos tradicionalmente reconocidos por la jurisprudencia, como aquel según el cual no cabe suponer la inconsecuencia o la falta de previsión del legislador, de modo que siempre debe preferirse la inteligencia que mejor armonice las normas en juego antes que la que las torne inconciliables entre sí. En similar línea, expuso que la declaración de inconstitucionalidad comporta un acto de suma gravedad que debe ser considerado como ultima ratio del orden jurídico.
Si bien dijo que esta Corte -a la fecha de la sentencia- todavía no había sentado doctrina legal sobre el inicio del plazo de prescripción en materia tributaria, declaró conocer los fundamentos por los cuales otros organismos jurisdiccionales se mostraban contrarios a la constitucionalidad del art. 159 del Código Fiscal. Pero, aun así, ratificó su postura en el entendimiento de que es la que mejor armoniza con las particularidades del tributo en cuestión, entre ellas su carácter anual.
Por otra parte, estimó trascendente para la suerte del pleito expedirse sobre la validez de la novación consagrada por el art. 48 y siguientes de la ley 12.397, toda vez que -aun bajo las pautas anteriormente reseñadas- ella repercute en algunos de los términos de prescripción aplicables.
Con el fin indicado, trajo a colación la regulación que el entonces vigente Código Civil asignaba al referido medio extintivo de las obligaciones, resaltando que para que este se produjera era necesario que, de común acuerdo, el acreedor y el deudor dieran por finiquitada una obligación pendiente y convinieran en sustituirla por una nueva. Como de los términos de la ley 12.397 no surgía -ni expresa ni tácitamente- la exigencia de voluntad de "novar" por parte del sujeto pasivo del tributo, sino que se trataba de una imposición unilateral del legislador, tachó a dicha preceptiva de inconstitucional sobre la base de los mismos fundamentos que llevaron a algunos miembros de esta Corte a descalificar la validez de los plazos de prescripción contenidos en el Código Fiscal, así como la de algunos actos de interrupción, en cuanto diferían de los previstos en el ordenamiento civil. En refuerzo de dicha conclusión, citó sentencias de otros órganos judiciales y el voto del doctor Negri en la causa C. 107.387.
Sentado lo anterior, procedió a realizar el cómputo del plazo de prescripción para cada uno de los períodos involucrados.
Estimó que la deuda en concepto de impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a 1994 y 1995 se encontraba prescripta, debido a que los términos quinquenales aplicables comenzaron a correr -respectivamente- los días 1 de enero de 1996 y de 1997, de suerte tal que habían transcurrido íntegramente al momento de la notificación de la resolución 622/02.
A la conclusión opuesta llegó con relación al período más antiguo de los restantes posteriores (es decir, 1996), en el entendimiento de que la antedicha notificación de la resolución sí llegó a producir en ese caso la suspensión, hasta el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de Apelación.
Negó a su vez que la alegada falta de causales de interrupción posteriores a la resolución de dicho organismo importara la prescripción del período 1996, por considerar que, frente al pago previo realizado en autos por la actora, el acreedor se había visto en la imposibilidad de ejecutar los conceptos adeudados, en los términos de lo dispuesto por el art. 3.980 del Código Civil.
En cuanto al plazo de prescripción del impuesto de sellos, interpretó que, de conformidad con el tercer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), comenzó a correr a partir de la exteriorización del instrumento gravado en cuestión, producida en 1996, motivo por el cual sostuvo que se encontraba vencido al producirse la notificación de la resolución 622/02.
Por último, dejó aclarado que la prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos correspondiente a los períodos 1994 y 1995 y la del impuesto de sellos comprendía la totalidad de los conceptos reclamados al señor Carlos Raúl Barón Sabattini en carácter de responsable solidario.
II. La recurrente persigue la revocación de la sentencia previamente reseñada, en lo que atañe al rechazo del planteo de prescripción del impuesto sobre los ingresos brutos, correspondiente a los períodos 01/96 a 07/99.
A tales efectos, cuestiona la violación o errónea aplicación de los arts. 31 y 75 inc. 12 de la Constitución nacional, como así también la de los arts. 3.956, 3.980 y 3.986 del entonces vigente Código Civil (ley 340). Trae a colación la doctrina legal de esta Suprema Corte expuesta -entre otras- en las causas Ac. 81.253; C. 99.094; C. 102.213; C. 106.486; C. 107.387; C. 117.028 y A. 68.999.
A mayor abundamiento, invoca distintos fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que extienden lo que denomina "doctrina de la preeminencia del Código Civil" a diversos aspectos del instituto de la prescripción, tales como el plazo, su forma de cómputo, causales de interrupción y de suspensión.
Supletoriamente, asegura que el tribunal incurrió en absurdo en la apreciación de una cuestión de hecho y en una errónea interpretación de lo normado por el art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), no siendo posible en la especie considerar como dies a quo el día 1 de enero siguiente al vencimiento de la declaración jurada anual del impuesto, sino que debía estarse sencillamente al día 1 de enero siguiente al del vencimiento de cada anticipo.
Tilda a la sentencia recurrida de contradictoria, en la medida que accedió a declarar la inconstitucionalidad del art. 48 de la ley 12.397 sobre la base de argumentos que -en su opinión- desatendió al momento de pronunciarse en torno a la validez del art. 159 del Código Fiscal.
Apunta que la circunstancia de que esta última norma resulte razonable o similar a la contenida en el art. 57 de la ley 11.683 en nada altera el hecho de que ella se aparta del inicio del plazo de prescripción dispuesto por el art. 3.956 del Código Civil, lo que entiende que no puede admitirse.
Sostiene que, de acuerdo con esa preceptiva de fondo, el término en cuestión debe comenzar a correr a partir de la fecha de vencimiento de cada uno de los anticipos mensuales del impuesto sobre los ingresos brutos que componen los períodos ajustados, por lo que solicita que se declaren prescriptos aquellos que van del 01/96 al 10/97.
Asimismo, con relación a los anticipos 11/97 a 07/99, cuestiona la aplicación de lo establecido por el art. 3.980 del Código Civil, en la inteligencia de que en autos no se verificó la condición a la cual se supedita la dispensa allí prevista. Concretamente, manifiesta que ARBA no promovió demanda judicial dentro de los tres meses posteriores al dictado de la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación que le permitió hacer valer su derecho. Resalta que ello no se ve modificado por el pago previo que la firma efectuó el día 17 de junio de 2011, tras más de siete meses de iniciadas estas actuaciones.
Advierte finalmente que el pronunciamiento atacado ni siquiera afirma que dicho pago previo haya tenido lugar antes de transcurridos tres meses desde la cesación del impedimento de hecho señalado, pero para el supuesto de que se interpretara que así fue, plantea absurdo en la apreciación de esa circunstancia.
III.1. La pretensión de la impugnante consistente en que lo atinente a la prescripción de la deuda discutida se resuelva con arreglo a los arts. 3.956 y 3.986 del Código Civil (ley 340), con sustento en que la regulación de este asunto es competencia del Congreso (arg. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.), debe ser desestimada, en virtud de los fundamentos que expusiera al votar en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa", por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí además que el contenido del actual art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011) en torno al dies a quo del plazo prescriptivo era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en el art. 57 de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Conclusiones similares fueron adoptadas en otros precedentes respecto de lo dispuesto por el actual art. 161 del Código Fiscal, precepto que extiende la suspensión de la prescripción producida por la intimación administrativa de pago en los casos en que se interpone recurso ante el Tribunal Fiscal de Apelación (v. mi voto, causas A. 73.594, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder", sent. de 29-V-2019; A. 71.949, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Andreani Logística S.A.", sent. de 23-XII-2020; e.o.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas, a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no es posible extraer la refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Tras recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa", hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor Juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en otros casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020 /CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019 /CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
IV. Atento al modo en como propongo decidir la cuestión previamente abordada, se torna pertinente oír el agravio subsidiario introducido por la recurrente, el cual parte de una premisa según la cual el impuesto sobre los ingresos brutos no se determina sobre la base de declaraciones juradas anuales, ya que estas revisten carácter meramente informativo.
Según lo planteado, tal circunstancia tornaría inaplicable lo previsto por la última parte del primer párrafo del art. 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), que establece como dies a quo el día 1 de enero posterior al vencimiento del término establecido para la presentación de la declaración jurada anual e ingreso del gravamen. En cambio, correspondería acudir a la restante regla contemplada en el párrafo citado, que remite al día 1 de enero siguiente al año al cual se refieren las obligaciones fiscales.
Al igual que lo señalara en la causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sentencia de 23-II-2021, considero que dicha interpretación proviene de un equívoco, fruto de confundir lo que durante los períodos aquí discutidos (1996 a 1999) la normativa tributaria disponía, de un lado, con respecto al impuesto sobre los ingresos brutos en sí y, del otro, acerca de la liquidación de sus anticipos (v. pto. III.1.a.i. de mi voto a la segunda cuestión, causa cit.).
El art. 167 del Código Fiscal (t.o. 1996 y concs.) aclaraba que el período fiscal del gravamen que nos ocupa "será el año calendario", sin perjuicio de exigir su liquidación e ingreso "mediante anticipo" mensual o bimestral, según el caso. A su vez, de acuerdo con el art. 168 del mismo cuerpo normativo, tales anticipos debían establecerse "...sobre la base de los ingresos correspondientes al mes o bimestre respectivo", pero "...juntamente con la liquidación del último anticipo mensual o bimestral del año" debía presentarse "...una declaración en la que se resuma la totalidad de las operaciones del período".
El hecho de que en la última oportunidad recién referida debiera darse cuenta de los ingresos ya informados al liquidar los anticipos respectivos obedecía a la sencilla razón de que para calcularlos debía tomarse, por expresa disposición legal, una base análoga a la del impuesto correspondiente -constituida, en definitiva, por los ingresos brutos devengados durante el lapso de que se tratare-. Pero de dicha circunstancia no es dable concluir sin más que una obligación de período anual como la que aquí se discute se determina en realidad a partir de declaraciones juradas mensuales o bimestrales.
Por otra parte, en su párrafo cuarto, el propio art. 168 del Código Fiscal (t.o. 1996 y concs.) diferenciaba las presentaciones relativas a "los anticipos mensuales y bimestrales" de "la liquidación de ingresos anuales", señalando que todas revestían "carácter de declaración jurada" y dejando así en claro que cada una de ellas servía para establecer una obligación distinta.
Es evidente en mi opinión que la interpretación efectuada por la Cámara no resulta errada ni absurda en el sentido denunciado por la recurrente, sino que se ajusta a la estructura y las normas que regulan la obligación tributaria de referencia, aspectos que son explicados con mayor detalle a continuación.
V.1. Sentada, por lo tanto, mi postura favorable a la vigencia plena de las reglas del Código Fiscal -lo que en lo medular sella la suerte adversa del remedio-, a todo evento y en atención a lo sostenido por la apelante a fs. 551 vta. y 555 es prudente formular una aclaración adicional.
Desde la perspectiva que ofrece la aplicación de la legislación de fondo (conf. art. 3.956, Cód. Civ.) y no la -a mi entender correcta- del art. 159 de ordenamiento tributario local, el inicio del cómputo de la prescripción en materia de impuesto sobre los ingresos brutos no podría remontarse al vencimiento de cada posición o anticipo del tributo cuando el crédito perseguido responda a la verificación del período anual completo y no al cobro compulsivo de cada uno de aquellos, considerados autónomamente (conf. art. 58, Cód. Fiscal, t.o. 2011). Lo anterior, por haberse procedido a determinar oficiosamente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.