Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75412
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.412, "Banco Itaú Argentina S.A. contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud, Violini, Natiello, Carral.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar -en instancia originaria- a la pretensión anulatoria entablada, dejó sin efecto los actos administrativos impugnados y condenó a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a la devolución de la suma abonada por la actora, con más sus intereses, a computar desde la fecha de interposición de la demanda de repetición y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires vigente en los distintos períodos de aplicación (v. fs. 120/124 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 127/133 vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente mediante resolución de fs. 135/136.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 138) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar a la pretensión anulatoria entablada, dejó sin efecto la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación de 3-XII-2015 que confirmara la resolución 115/13 dictada por la ARBA y condenó a dicho organismo a la devolución de la suma de $2.457.357 con más los intereses a computar desde la fecha de interposición de la demanda de repetición y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires vigente en los distintos períodos de aplicación (v. fs. 120/124 vta.).
I.1. Para así decidir, señaló que la contienda se suscitó con antelación a la entrada en vigor del Código Civil y Comercial (ley 26.994), por lo que se debían observar las reglas plasmadas en el Código Civil (ley 340) que regía en la época en la que ocurrieron los hechos relevantes, sin abrir juicio acerca de las posibles implicancias del nuevo ordenamiento en materia de obligaciones tributarias.
I.2. Remarcando que la solución del pleito transitaba por el cómputo de la prescripción, recordó que sobre el tópico había adoptado el criterio esgrimido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Filcrosa", el cual fuera de recibo por este Supremo Tribunal provincial en las causas C. 81.253, "Cooperativa Provisión Almaceneros Minoristas de Punta Alta" y C. 81.410, "Municipalidad de Monte Hermoso c/ Expreso Sud Atlántico S.R.L.", sentencias de 30-V-2007, entre otras, en las cuales se pronunció a favor de la preeminencia del plazo de prescripción liberatoria establecido en el Código Civil entonces vigente, aplicable en materia tributaria local por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal.
Puso de relieve que esos antecedentes importaron un giro en la cuestión en debate, proyectándose a todo el sistema de la prescripción, incluidos los supuestos de suspensión y/o interrupción, asignándole primacía a la legislación de fondo.
En esa línea consideró que tal prevalencia alcanzaba también a la repetición de tributos, criterio que -indicó- fuera sostenido por la Corte federal en la causa "Bruno", sentencia de 6-XI-2009 y ratificado en la causa "Arcos Dorados", sentencia de 28-XII-2010, en las que se estableció que en los casos en que se persigue la repetición de sumas pagadas a una provincia por impuestos que se tacharon de inconstitucionales, era de aplicación el plazo decenal de prescripción previsto en el art. 4.023 del Código Civil.
Ello, con el argumento de que las normas locales deben adecuarse a las leyes sustantivas dictadas por el Congreso nacional y no pueden derogarlas sin violentar las facultades de la Nación en una materia que le es privativa al estar reconocida en la categoría de legislación común (conf. art. 75 inc. 12, Const. nac.). Tal la que versa sobre los aspectos sustanciales de las relaciones entre acreedores y deudores y, en especial, los diversos modos en que ellas se extinguen.
En consecuencia, ponderó que de acuerdo con la fecha de los pagos efectuados y el momento de la interposición de la demanda de repetición, no había operado la prescripción respecto de los períodos fiscales octubre y diciembre de 2002, ya sea que se los considere abonados en noviembre de 2002 y marzo de 2003 o, a más tardar, en marzo de 2009.
Por último, dijo que correspondía la devolución de las sumas abonadas al ser una consecuencia directa de la decisión que se adoptaba.
II. Contra el mentado pronunciamiento el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad (v. fs. 127/133 vta.).
Denuncia que la Cámara de Apelación violó los arts. 157 y 159 del Código Fiscal (t.o. 2011); 5, 121 y 123 de la Constitución nacional y aplicó erróneamente los arts. 75 inc. 12 del texto fundamental y 4.023 del Código Civil entonces vigente (ley 340).
II.1. Tras relatar los antecedentes del caso, alega que el fallo impugnado aplica indebidamente la jurisprudencia derivada del precedente "Filcrosa".
Recuerda que la Cámara aclaró, de modo preliminar, que la normativa que gobernaba la controversia era la vigente al momento de los sucesos.
En virtud de semejante afirmación, aduce que debió concluirse que la cuestión -desde el inicio- estuvo regulada por los actuales arts. 157 y 159 del Código Fiscal (t.o. 2011), no siendo predicable la doctrina del precedente "Filcrosa". Ello sería así -dice- en atención a que el Código Civil y Comercial de la Nación reconoció expresamente en los arts. 2.532 y 2.560 la potestad local para regular la prescripción liberatoria en materia tributaria.
Esgrime que tales preceptos no importaron una delegación legislativa del Congreso nacional a las legislaturas provinciales, sino que lo que hicieron fue reconocer que la potestad para regular sus regímenes tributarios siempre fue un asunto deferido a las autonomías locales. En sustento de esta lectura, cita lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la causa "Fornaguera Sempé" (conf. voto del juez Lozano).
Concluye en este aspecto que las nuevas disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación reafirman la vigencia de las normas del Código Fiscal que rigen los plazos de prescripción y, por ende, la cuestión planteada debe necesariamente resolverse conforme a sus arts. 157 y 159 (t.o. 2011).
II.2. Supletoriamente, reprocha la aplicación del art. 4.023 del Código Civil y de la jurisprudencia de la Corte federal en el precedente "Bruno".
Señala que dicha causa versó sobre la repetición de un impuesto al servicio y consumo de energía eléctrica abonado entre marzo de 1992 y agosto de 1995 con fundamento en la declaración de inconstitucionalidad de los decretos leyes 7.290/67 y 9.038/78. Y que fue por esa razón que se desplazó la prescripción de cinco años prevista en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil para obligaciones a plazo, por años o períodos más breves, optándose por el término general del art. 4.023 fijado en diez años.
Siendo así, entiende que en autos no cabe acudir a dicho antecedente, toda vez que aquí los pagos provienen de una obligación tributaria que no ha sido declarada inconstitucional, resultando aplicable el plazo quinquenal establecido en el art. 157 del Código Fiscal, coincidente en todo caso con el del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil.
Sobre la base de tales fundamentos y en la inteligencia de que las sumas cuya devolución pretendió la parte actora fueron abonadas el 18 de noviembre de 2002 y el 13 de marzo de 2003 y que la demanda fue interpuesta recién el 15 de octubre de 2012, expresa que la acción se encontraba largamente prescripta a esa fecha.
II.3. Por último y a todo evento, se agravia de la tasa de interés.
Peticiona que para el caso de confirmarse el pronunciamiento impugnado, se ordene el cálculo de conformidad con lo establecido en el art. 138 del Código Fiscal para las demandas de repetición.
III.1. El recurso debe prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018 y, más concretamente para lo ventilado en el sub examine , en la causa A. 70.604, "Libertador Motors S.A.", sentencia de 23-II-2021.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, incluida la repetición de impuestos, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto en la causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019) de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no se extrae una refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Luego de recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del juez Rosatti, cons. 12°, seg. párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ 309/2020/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ 2620/2019/CS1, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
IV. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la sentencia impugnada y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata para que, observando las previsiones de los arts. 157 segundo párrafo, 159 tercer párrafo y demás preceptos relevantes del Código Fiscal (t.o. 2011; arts. 118, 120 y concs., t.o. 1999), decida nuevamente el asunto (art. 289, CPCC).
Costas por su orden (conf. arts. 60 inc. 1, CCA y 68 seg. párr., CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Recuerdo que en la causa A. 71.388, "Fisco c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, adherí al voto del doctor Soria y modifiqué mi postura anterior con relación a las atribuciones provinciales respecto de los tributos, concluyendo que deben prevalecer las normas locales por sobre la legislación de fondo.
A partir de allí, esa adhesión implica dejar de lado, por una nueva reflexión, la aplicación de una idea contraria.
II. En esas condiciones, y en virtud de lo expuesto en dicho antecedente, he de coincidir también -en este supuesto- con el distinguido colega que abre el acuerdo, excepto con lo manifestado en el punto III.2. de su exposición, en tanto los restantes argumentos por él expuestos abastecen de manera suficiente la solución que se propicia para el caso.
Con ese alcance, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Discrepo con los colegas que me preceden en el orden de votación, pues en mi opinión el recurso no puede prosperar.
I. Recientemente, el Máximo Tribunal de la Nación, en la causa "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A. c/ Provincia de Misiones - Dirección General de Rentas y otro s/ demanda contenciosa administrativa" (CSJ 4930/2015, sent. de 5-XI-2019), ratificó su inalterada jurisprudencia de Fallos: 326:3899; 332:616; 332:2108; 332:2250; entre otros, haciendo referencia a las razones por las que invariablemente había sostenido que la prescripción no era un instituto propio del derecho público local, sino un instituto general del derecho.
Para así decidir, advirtió que -en el caso- se estaba en presencia de una situación jurídica y de actos o hechos que son su consecuencia, cumplidos por el Fisco y por el particular en su totalidad durante la vigencia de la legislación anterior, por lo que la noción de consumo jurídico (cfr. doctr. Fallos: 232:490; 306:1799; 314:481; 321:1757; "Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires" Fallos: 338:1455, cons. 5°), conducía a concluir que el caso debía regirse por la antigua ley y por la interpretación que de ella había realizado ese Tribunal -en la jurisprudencia señalada supra-.
En esa inteligencia, siendo que la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación resulta relevante para los tribunales inferiores, ya sea por tratarse de temas federales donde resulta la intérprete última y más genuina de nuestra carta fundamental o, sin serlo, por aplicación de los principios de celeridad y economía procesal, corresponde confirmar lo resuelto por la Cámara en cuanto declaró aplicable al caso las normas del Código Civil -vigente a la época de los hechos debatidos- en lugar de lo dispuesto por el Código Fiscal local.
II. En virtud de los fundamentos brindados, corresponde desestimar el recurso de inaplicabilidad deducido, con costas a la vencida (conf. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Comparto la propuesta decisoria elaborada por el señor Juez doctor Torres sobre la base de los fundamentos que tuve oportunidad de señalar en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos", sentencia de 16-V-2018, sustancialmente análoga a la presente, a la que remito en razón de la brevedad.
Dichos señalamientos han sido sustentados en la doctrina de la causa "Filcrosa" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ratificada en fecha reciente por el Máximo Tribunal federal al decidir los autos "Volkswagen de ahorro para fines determinados S.A.", sentencia de 5-XI-2019 (Fallos: 342:1903).
II. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso de inaplicabilidad interpuesto, con costas a la recurrente en su carácter de vencida (conf. arts. 60 inc. 1, CCA -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Violini y Natiello, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Carral dijo:
Tal como me he pronunciado en anteriores decisiones en las que fuera convocado a integrar este Superior Tribunal (causas A. 74.469, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Koshibo S.A. y ot. s/ Apremio. Ril"; A. 74.299, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Transp. Gas del Sur s/ apremio. Ril"; e.o.) adhiero al voto del doctor Soria.
Voto por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2022 19:30:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2022 09:06:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/04/2022 09:09:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2022 18:17:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2022 11:09:15 - CARRAL Daniel Alfredo
Funcionario Firmante: 12/04/2022 12:58:15 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2022 13:52:16 - NATIELLO Carlos Angel ([email protected]) - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2022 14:34:26 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JU
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.