Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75872
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.872, "Rodríguez, Jesús Natividad c/Provincia de Buenos Aires - Fisco Provincial s/Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada; en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia por medio de la cual se hizo lugar a la pretensión entablada por la actora.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Conforme surge del expediente administrativo acompañado como prueba, por resolución 1.070 suscripta por el señor Ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, el 17 de junio de 2013 se denegó a la señora Jesús Natividad Rodríguez el otorgamiento del subsidio previsto en el art. 2 de la ley 13.985.
La denegatoria se sustentó en que se produciría una duplicidad de pagos por idéntica causa, pues la señora Rodríguez había obtenido un fallo favorable en un juicio de daños y perjuicios en el que se le había otorgado una suma dineraria en concepto de daño material, moral y psicológico y, por lo tanto, la Administración consideró que no podía percibir también el subsidio previsto por la ley 13.985.
I.1. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda promovida por la señora Jesús Natividad Rodríguez y declaró nula la referida resolución 1.070.
En consecuencia, reconoció el derecho de la actora a percibir el subsidio previsto en el art. 2 de la ley 13.985 con retroactividad al día 8 de septiembre de 2010 (fecha de petición del subsidio en sede administrativa), con intereses.
Finalmente, impuso las costas del proceso a la demandada vencida.
I.2. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de San Martín confirmó la sentencia dictada.
I.2.a. Para así decidir tuvo en cuenta que del expediente administrativo 21100-978958/10 surgía que el 25 de enero de 1989 el Jefe de la Policía Bonaerense había dictado una resolución en la que, dados los acontecimientos que tuvieron lugar en el Regimiento 3 de Infantería General Belgrano de La Tablada el 23 de enero de ese año, resolvió ascender post mortem al grado inmediato superior al sargento José Manuel Soria, perteneciente al Cuerpo de Infantería La Matanza.
Que en el mes de abril de ese año se otorgó a la señora Jesús Natividad Rodríguez y sus hijos menores el beneficio de pensión por el fallecimiento del señor José Manuel Soria.
Que en autos "Rodríguez, Jesús Natividad c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y Perjuicios", en trámite por ante el Departamento Judicial de Morón, la Provincia demandada fue condenada a pagar una indemnización civil en favor de la actora y sus hijos menores de edad.
En ese contexto transcribió los arts. 1, 2 y 6 de la ley 13.985 (B.O. de 27-IV-2009) referidos al subsidio mensual y destacó que, conforme surgía de los propios fundamentos de la norma, se trataba de una prestación cuyo objetivo era paliar los daños sufridos por los derechohabientes por el fallecimiento del agente policial que proveía la totalidad o parte del sustento familiar.
Un subsidio que pretende "...dar contención a todo el grupo familiar de aquellos que han ofrecido su vida en aras del bien común y que en definitiva han abrazado la profesión con hondo sentido de vocación..." y aclaró que teniendo en cuenta el espíritu de la norma serían analizadas las cuestiones planteadas.
Desestimó el planteo de prescripción efectuado, indicando que la misma ley 13.985 establece expresamente que el nuevo subsidio se aplica a casos anteriores a su sanción sin un límite temporal pero reconociendo el derecho al subsidio solo "...desde el momento de la solicitud del beneficiario a partir de la vigencia de la presente Ley..." (conf. art. 6, ley supra cit.).
Respecto del agravio del recurrente referido a la inaplicabilidad temporal de la ley 13.985 en virtud de que no se encontraba vigente al momento de los hechos adujo que no podía prosperar ya que también en este punto el argumento caía por su propio peso con la sola lectura de la norma bajo análisis.
Expresó que el presente caso difiere del antecedente citado por el apelante ya que en dicha causa la cuestión a decidir giraba en torno a si la ley aplicable era la 13.201 o su sucesora la ley 13.982, razón por la cual dicho precedente no era aplicable al caso de autos.
Aclaró, que el decreto reglamentario 149/10 de la ley 13.985 establece en su art. 10 que "...la percepción del subsidio resultará incompatible con otro de la misma naturaleza, sin que resulte excluyente de indemnizaciones contempladas en la legislación vigente...", por lo que mal podía sostenerse su incompatibilidad.
I.2.b. En cuanto al agravio del recurrente referido a la incompatibilidad del subsidio pretendido en autos (ley 13.985) con el reclamado ante el fuero civil consideró que el recurso no podía prosperar porque no se rebatían los argumentos expuestos por el juez de primera instancia en su sentencia.
Además, hizo mérito de la actual doctrina de esta Suprema Corte entendiendo que el beneficio especial para los casos de fallecimiento o incapacidad total y permanente de los agentes policiales (art. 116 inc. "e" apdo. 3, dec. ley 9.550/80), es acumulable a la indemnización basada en las leyes de accidentes de trabajo o en el derecho común, porque tienen distinta causa y naturaleza y responden a distintos presupuestos condicionantes, lo que impide considerar que se trata de una doble reparación por un mismo hecho, o que haya una indebida acumulación de indemnizaciones y, asimismo, que el reclamo de la indemnización laboral no resulta incompatible con el subsidio a cargo del Estado para reparar los daños padecidos en función de la policía de seguridad que dispone la ley 13.985 y el decreto 149/10 (cita causas B. 63.730, "Vandamme", sent. de 18-IV-2011; L. 110.774, "A., E. E.", sent. de 15-X-2014 y A. 60.833, "Noriega", sent. de 8-IV-2015).
En cuanto a la compensación de acreencias que solicita la demandada consideró que no podía prosperar en razón de que la indemnización otorgada en sede civil distaba de la naturaleza del subsidio reconocido por la ley 13.985.
Agregó que no debía soslayarse para la decisión por el rechazo del recurso, la índole de los derechos en juego ni los principios que rigen la materia (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. prov.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la demandada deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal en el que denuncia que el Tribunal de Alzada violó y aplicó erróneamente los arts. 116 inc. "e" apartado 3 (art. 112 en su primigenia numeración) del decreto ley 9.550/80; 1, 2 y 6 de la ley 13.985; 4.027 del anterior Código Civil y 10 del decreto 149/10. Aduce que la Cámara se ha apartado de la doctrina legal y de criterios sentados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos al presente.
Asimismo, alega absurdo y la afectación de garantías constitucionales. Denuncia que en el caso existe un supuesto de trascendencia, gravedad institucional y notorio interés público, con vulneración del derecho de propiedad y el non bis in idem (arts. 17 y 18, Const. nac.). Cita fallos de la Corte nacional.
II.1. Plantea que existe una incompatibilidad legal entre la indemnización prevista en el decreto ley 9.550/80, art. 116 (art. 112 en su primigenia numeración) inc. "e" apartado 3, temporalmente aplicable al hecho de autos, y la compensación de la ley 13.985 (arts. 1 y 2).
Afirma que a la fecha del accidente del sargento Soria, año 1989, la normativa aplicable era el decreto ley 9.550/80, donde ya se contemplaba el pago de una indemnización por fallecimiento en ejercicio de la función de policía de seguridad, equivalente a un monto de treinta veces el sueldo nominal sujeto a aportes previsionales que, por todo concepto, percibía un comisario general del agrupamiento comando a la fecha del deceso. Y que su percepción era incompatible con cualquier otra indemnización, subsidio o beneficio similar que se otorgara a los agentes por la misma causa.
Según su entender, dicha incompatibilidad no alcanza solo a beneficios derivados de normas vigentes en esa época, sino que se extiende a cualquier otra compensación establecida en normas posteriores regulatorias de la materia, dato decisivo para excluir la aplicación de la posterior ley 13.985 (que no se hallaba vigente en el año 1989).
Agrega que en tanto la indemnización del decreto ley 9.550 y el subsidio de la ley 13.985 tienen la misma naturaleza resultan incompatibles y alega que cada accidente policial debe regirse por el subsidio de la ley vigente al momento del hecho que lo justifica (en este caso por dec. ley 9.550/80), no pudiendo aplicarse retroactivamente las nuevas normas legales a hechos pretéritos, ni acumular beneficios.
Infiere que si en su momento la parte actora requirió la indemnización prevista en el decreto ley 9.550/80 por el fallecimiento del sargento Soria, ello obsta a la percepción del subsidio sobreviniente de la ley 13.985, por resultar incompatible (art. 2); y si aquella, en cambio, no efectuó dicho requerimiento en su oportunidad, entonces a la fecha habrá caído en un supuesto de prescripción, sin que el advenimiento del nuevo régimen de la ley 13.985 resulte aplicable y pueda hacer renacer el derecho a una nueva compensación policial.
Sostiene que el art. 6 de la ley 13.985 no habilita la aplicación retroactiva del subsidio del art. 2 de la ley 13.985 y, que no puede interpretarse en contradicción con la incompatibilidad de percepción de subsidios que prevé el art. 1 de dicha ley.
Considera que la aplicación retroactiva de la indemnización respecto de hechos pasados debe interpretarse de manera moderada, de modo de proteger solo la situación jurídica de aquellos derechohabientes que no hubieran estado alcanzados por regímenes de indemnizaciones como los referidos en el decreto ley 9.550/80, es decir, solo para quienes no pudieron contar con una compensación protectoria similar a la prevista por la ley 13.985.
Estima que es absurdo considerar "...que quien accedió (o al menos pudo acceder) a una indemnización..." equivalente a treinta veces el sueldo nominal, veinte años después de producido el deceso se encuentre habilitado a acceder a otra compensación, aunque esta vez equivalente al haber que por todo concepto percibe un teniente primero del régimen de la ley 13.201 de policías de la Provincia de Buenos Aires, mientras dure la condición de beneficiario previsional. A todo lo cual se agregaría una indemnización en sede judicial.
Solicita entonces que se determine la aplicación temporal del decreto ley 9.550/80 (art. 112 inc. "e" apdo. 3) al hecho de autos; la incompatibilidad de la indemnización por fallecimiento en acto de servicio prevista en este último con su similar del art. 2 de la ley 13.985 y que esta última no le sea reconocida a la actora.
II.2. Entiende que la acción para reclamar en el año 2010 una indemnización derivada de un hecho acaecido en el año 1989 prescribió.
Aduce absurdo en el pronunciamiento de la Cámara, porque -según su criterio- aunque se interpretara que el art. 6 de la ley 13.985 habilita el otorgamiento indiferenciado del subsidio en favor de todos los derechohabientes, sin considerar si estos fueron o no alcanzados previamente por otros regímenes de indemnizaciones, sería necesario fijar un límite temporal respecto de los hechos a considerar hacia el pasado.
Se agravia de que se haya interpretado que la norma habilita traer como causas justificantes del subsidio hechos que datan de veinte, treinta o quizás más años anteriores a la vigencia de la ley 13.985.
Entiende que hay que contemplar las consecuencias que proyectan sus decisiones de cara a la razonabilidad de la interpretación jurídica. Cita doctrina de autores.
Resalta que el art. 6 de la ley 13.985 solo admite considerar hacia el pasado hechos (fallecimiento) que se registren dentro de un plazo de prescripción razonable que en este caso no es otro que el quinquenal del art. 4.027 inc. 3 del Código Civil por tratarse de sumas de devengamiento mensual.
II.3. Expresa que la solución de la Cámara desvirtúa y viola el sentido de la ley aplicable, al reconocerle al actor el derecho a percibir un mal llamado subsidio (el de la ley 13.985) que resulta incompatible con la indemnización civil por daños y perjuicios percibida judicialmente, en el marco de la causa "Rodríguez Jesús Natividad c/Provincia de Buenos Aires s/Daños y Perjuicios", ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial n° 1 de Morón.
Asevera que el subsidio policial tiene una finalidad compensatoria, tal como surge de los fundamentos de la ley 13.985 y que dicha normativa establece la incompatibilidad con cualquier otro beneficio de la misma naturaleza que se otorgue por la misma causa (art. 1, ley 13.985), lo cual es reafirmado por el art. 10 del decreto reglamentario 149/10. Reitera que solo se puede reclamar el subsidio policial si no se percibió la indemnización civil integral del accidente.
Insiste en que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vigente en la materia, que tiene el criterio de considerar al subsidio como una medida resarcitoria y no meramente asistencial, la cual es incompatible con la indemnización integral. Cita causas "Rudaz", "Delgado", "Leston" y "Goyenechea".
Agrega que el tribunal ha aplicado una doctrina legal desajustada imponiendo doble indemnización, acumulación de beneficios, pago de lo indebido y enriquecimiento sin causa.
Por último, solicita que esta Suprema Corte revea su doctrina legal en tanto -en su parecer- resulta contraria a lo que emerge del art. 1 de la ley 13.985 y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por otra parte se agravia de que se aplicara el denominado subsidio del art. 2 de la ley 13.985 respecto de hechos pretéritos, anteriores a la vigencia de la citada norma, sin límite de tiempo (o prescripción) alguna, consolidando el "doble reclamo" patrimonial y una "doble indemnización" por el mismo accidente policial, con aplicación de una condena de magnitud significativa para la Provincia, teniendo en cuenta además el universo de casos análogos vinculados a accidentes de servicios del personal policial (con el efecto contagio que el fallo conlleva), obligándose con ello al Fisco a pagar "dos veces" el mismo infortunio, en detrimento de la intangibilidad del erario, provocando un pago de lo indebido y un enriquecimiento sin causa, en violación a las garantías constitucionales que protegen el derecho de propiedad, y el non bis in idem , entre otras (cfr. arts. 384 y concs., CPCC; 17, 18 y concs., Const. nac.).
III. El recurso intentado no puede prosperar en razón de su insuficiencia (conf. doctr. art. 279, CPCC).
III.1. En efecto la resolución 1.070, cuya nulidad fue decretada en las instancias de grado, fue dictada por la Administración con un único sustento: la incompatibilidad de la indemnización civil percibida con el subsidio de ley 13.985 solicitado.
Sin embargo, la sentencia de la Cámara abordó los distintos tópicos que fueron traídos a la instancia jurisdiccional por la demandada, sin darles favorable recepción.
Ahora bien, con relación a los agravios referidos a qué normativa debe aplicarse en el caso, si es la ley 13.985 y su decreto reglamentario 149/10 o el art. 112 inc. "e" apartado 3 del decreto ley 9.550/80 en tanto este último es el que se hallaba vigente a la fecha del fallecimiento del señor Soria; no se advierte que la recurrente cumpla con una réplica concreta directa y eficaz de todos los fundamentos del fallo, por lo que se evidencia la insuficiencia impugnatoria que, en este aspecto, deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal.
Corresponde señalar que, en especial, la recurrente, omite toda referencia a los argumentos del a quo respecto a los fundamentos de la ley 13.985 (v. cons. 6° y los derechos constitucionales; v. cons. 8° in fine ).
Tal déficit exhibe la pieza recursiva en la cual se denuncia errónea interpretación y aplicación de la ley 13.985, decreto 149/10 y decreto ley 9.550/80, en la que se evidencia una reiteración de consideraciones anteriormente formuladas acerca de los alcances que correspondería efectuar de los conceptos legales allí vertidos, sin abordar adecuadamente las razones argumentales expresadas por el Tribunal de Alzada.
Sobre dicha cuestión tiene dicho esta Corte que resulta insuficiente el remedio procesal deducido que se limita a insistir en un enfoque legal de las circunstancias de autos, disímil al del Tribunal de Alzada sin otro sustento que el afán de hacer prevalecer su propio criterio reiterando objeciones expuestas en la expresión de agravios que fueron clara y correctamente desechadas por el juzgador, cuyas motivaciones esenciales no son rebatidas, siendo ello lo acontecido en el caso y que conlleva al rechazo del agravio desplegado (conf. causas C. 102.615, sent. de 11-II-2009; C. 103.395, sent. de 4-VIII-2010 y C. 108.697, sent. de 15-VI-2011).
III.2. Respecto de la prescripción planteada por la recurrente, cabe observar que son argumentos ya expuestos por ella misma en anteriores presentaciones y resueltos desfavorablemente y que las circunstancias a las que apunta remiten necesariamente al análisis de cuestiones de hecho y prueba, ajenas en principio a la competencia revisora de esta Suprema Corte.
Este Tribunal ha señalado que la determinación del plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. doctr. causas A. 70.623, "Ortega", sent. de 9-XI-2011; A. 70.905, "Caselli", sent. de 30-V-2012; A. 71.567, "Zapata", sent. de 4-V-2016; A. 72.609, "Caparrotta", sent. de 31-V-2017; entre muchas otras); circunstancia que no ha sido acreditada en el presente caso.
III.3. Por último y en cuanto a la acumulación del subsidio de la ley 13.985 y la indemnización de naturaleza civil, el tema ha sido objeto de tratamiento por este Tribunal en casos sustancialmente análogos al sub lite , lo cual en el punto, resulta suficiente para dar respuesta al presente (art. 31 bis, ley 5.827, modif. por su similar ley 13.812).
En efecto, en la causa L. 84.498, "C., A. y otros" (sent. de 14-X-2009) y en fallos posteriores, tales como los recaídos en las causas B. 63.730, "Vandamme" (sent. de 18-IV-2011); L. 110.774, "A., E. E. y otros" (sent. de 15-X-2014); A. 71.426, "Rodríguez" (sent. de 10-VIII-2016); A. 72.573, "Espeche" (sent. de 18-IV-2018); A. 74.199, "Galeano" (sent. de 6-V-2019); L. 120.561, "Blanco de Castro" (sent. de 11-IX-2019) y, más recientemente, L. 119.756, "Goitea" (sent. de 10-VIII-2020); A. 75.480, "Melgarejo" (sent. de 23-XI-2020) y A. 75.63
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