Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 74920
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 74.920, "Citibank N.A. Argentina contra Tribunal Fiscal de Apelación s/ Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Torres , Kogan , Genoud , Violini , Maidana , Kohan .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la pretensión anulatoria entablada (v. fs. 520/524 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 529/545), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 545/546.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 599) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Tribunal de Alzada, en lo que aquí interesa, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía de Estado y, en consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, declaró la prescripción de la deuda reclamada por el período fiscal 2002 del impuesto sobre los ingresos brutos y decretó la nulidad de la resolución dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación con fecha 13 de octubre de 2011 (v. fs. 520/524 vta.).
En primer lugar, remarcó que la demandada cuestionaba la doctrina legal aplicada por la sentencia de primera instancia para determinar el inicio del cómputo del período de prescripción relativo al tributo de referencia.
Seguidamente, sostuvo que el conflicto quedó consumado bajo la vigencia del Código Civil (ley 340) y, por ende, resultaban inaplicables los arts. 2.532 y 2.560 del Código Civil y Comercial (ley 26.994).
Dicho ello, estimó que el recurso de apelación no aportaba ningún argumento capaz de desplazar la aplicación de la doctrina sentada a partir del precedente "Filcrosa" de la Corte nacional.
Manifestó que a la luz del art. 3.956 del Código Civil, nada justificaba aplazar el punto inicial del cómputo de la prescripción al día 1 de enero del año siguiente al vencimiento de la obligación impositiva.
En ese marco, precisó que más allá del carácter de contribuyente del Convenio Multilateral que reviste la actora, para el período objeto de autos el lapso extintivo comenzó el día 1 de enero de 2003, expirando el día 1 de enero de 2008. Ello así, de conformidad con lo dispuesto por el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, sin que se demostrare alguna causal de dispensa de la prescripción a las que alude el art. 3.980 del mismo cuerpo legal.
Concluyó que con motivo de que la disposición determinativa y sancionatoria 4.904/08 fue notificada con fecha 29 de diciembre de 2008, el crédito fiscal ya se hallaba prescripto para ese entonces, sin que las actuaciones administrativas sustanciadas puedan valerse de los efectos suspensivos o interruptivos que se invocan.
II. Contra el mentado pronunciamiento el Fisco de la Provincia de Buenos Aires interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el cual denuncia que la Cámara de Apelación violó los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011) y 5, 121 y 123 de la Constitución nacional, y aplicó erróneamente los arts. 75 inc. 12 del texto fundamental y 3.956, 3.986 y 4.027 inc. 3 del Código Civil entonces vigente (v. fs. 529/545).
Aclara que la vía impetrada se ejerce a los fines de demostrar la validez del dies a quo respecto del plazo de prescripción y de la extensión de las causales de suspensión previstas en los arts. 159 y 161 del Código Fiscal.
II.1. Tras relatar los antecedentes del caso, en primer lugar manifiesta que la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación modificó sustancialmente el plexo normativo sobre cuya base se construyó la doctrina utilizada por la Cámara para fundar su sentencia.
Explica que con la redacción brindada a los arts. 2.532 y 2.560 ha sido el propio legislador nacional quien se encargó de demostrar la falsedad de las premisas de las cuales han partido los postulados de la doctrina "Filcrosa", quedando confirmado que siempre fue, es y será una facultad provincial regular los plazos de prescripción de sus tributos.
Arguye que aplicar las normas del Código Civil a las potestades impositivas provinciales conduce a sentencias que perjudican la renta pública local, atentando contra la autonomía y afectando la conservación y vigorización del federalismo.
Aduce que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció, durante casi la totalidad de su historia, que la creación de impuestos, elección de objetos imponibles y formalidades de percepción constituían la garantía directa de la autonomía de las provincias y que estas, como entidades públicas preexistentes al Estado nacional, han conservado todo el poder no delegado expresamente al gobierno federal mediante la Constitución (arts. 75 inc. 12 y 121). Y que el derecho tributario resulta ser una rama integrante del derecho público local, cuya regulación las provincias mantuvieron dentro de las facultades no delegadas (conf. arts. 121, 122 y 126, Const. nac.).
Agrega que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronunció en línea con las ideas expuestas en la causa "Fornaguera Sempé".
II.2. En cuanto al alcance de la potestad local para regular la prescripción, sostiene que si bien el art. 2.532 del Código Civil y Comercial establece que las provincias podrán regular esta última en cuanto "al plazo de tributos", considera que ello abarca todas las cuestiones atinentes a la prescripción y no solo la duración del plazo prescriptivo.
Razona que si el legislador hubiera querido limitar la potestad a la definición del lapso de la prescripción, bastaba con el plazo genérico dispuesto por el art. 2.560 de dicho ordenamiento, que en su parte final establece: "...excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local".
Alega que quien tiene la facultad para crear la obligación tributaria también está habilitado para regular la forma de su extinción, conforme el criterio de esta Corte que se desprende de la causa Ac. 58.937, "Municipalidad de Vicente López", sentencia de 21-III-1998 y del dictamen de la Procuración General de la Nación en la causa "Fisco de la Provincia c/ Ullate", de 16-V-2011.
II.3. En esa inteligencia, denuncia violación de los arts. 159 y 161 del Código Fiscal, los cuales respectivamente regulan el inicio del plazo prescriptivo y las causales de suspensión. Por consiguiente, sostiene que la acción entablada por el Fisco en las presentes actuaciones fue tempestiva.
En cuanto al primero, indica que el sistema diseñado por la Legislatura en materia de prescripción coordina cuestiones vinculadas al impuesto sobre los ingresos brutos con otros dos asuntos relevantes: el carácter anual del tributo y la cantidad de sujetos pasivos del mismo. Y que tales aspectos justifican, con un grado de razonabilidad incuestionable, que se hayan fijado vencimientos generales para todos los contribuyentes, uniformizando así tanto los plazos de cumplimiento de las obligaciones vinculadas al impuesto examinado, como el día de inicio de la prescripción de las acciones derivadas de los incumplimientos.
Por otra parte, dice que se violó el segundo, que establece la suspensión del plazo de prescripción durante el tiempo que tramita el recurso de apelación del contribuyente por ante el Tribunal Fiscal de Apelación, algo que se extiende hasta noventa días después de notificada la sentencia o de que se apruebe la liquidación practicada en su consecuencia.
Manifiesta que, en el caso de autos, el término quinquenal de prescripción de la acción del Fisco para exigir el pago de la deuda por el referido tributo correspondiente al período fiscal 2002 comenzó a correr el día 1 de enero de 2004. A partir de allí, pone de resalto que con motivo de la notificación de la resolución determinativa y sancionatoria 4.904/08, el término se suspendió desde el día 29 de diciembre de 2008 (fecha en que fuera notificada) hasta transcurridos noventa (90) días de la fecha de comunicación del fallo del Tribunal Fiscal de Apelación a la agencia de recaudación (conf. art. 161 inc. "a", Cód. Fiscal).
Entonces, afirma que a la fecha de promoción de la demanda (29 de marzo de 2012) la acción del Fisco para perseguir el cobro de la deuda determinada en la mencionada resolución no se encontraba prescripta.
II.4. Concluye que la doctrina del caso "Filcrosa" ha sido sostenida en un contexto que hoy se halla profundamente modificado, por lo que solicita su revisión y que se retome la doctrina que esta Corte sentó en la causa Ac. 81.520, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Incidente de revisión en: El Rincón de Torres s/ concurso", sentencia de 5-XI-2003.
III.1. El recurso debe prosperar en virtud de los fundamentos que expusiera al decidir en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Recuperación de Créditos S.R.L.", sentencia de 16-V-2018.
Allí sostuve, en lo tocante al plazo de prescripción en materia tributaria y sus aspectos complementarios, que debía estarse a lo regulado por la normativa provincial.
Puntualicé que la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación explicitó un criterio opuesto al sentado en el caso "Filcrosa" por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que evidenció el propósito de revertir esa línea de interpretación. Por ello indiqué que quedaba sin sostén el mantenimiento de la doctrina que emana de este precedente (v. pto. IV.3.e. de mi voto, causa A. 71.388, cit.).
Expliqué que el Congreso, como primer intérprete de sus competencias, valoró que el plazo de prescripción de tributos era un asunto de resorte local y, por ende, ajeno al art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional; lo que desbarata los argumentos tendientes a sostener la mencionada doctrina del Máximo Tribunal federal.
Advertí, además, que el contenido de la normativa tributaria local era sustancialmente idéntico al preceptuado a nivel nacional en varias disposiciones de la ley 11.683, guardando congruencia en orden a su razonabilidad (conf. art. 28, Const. nac.).
Ello, sumado al resto de las consideraciones vertidas a las que remito por cuestiones de brevedad, me convence de postular la aplicación de la legislación tributaria local al caso de autos.
III.2. No ignoro que más cerca en el tiempo una mayoría de la Corte federal se expidió en el caso "Volkswagen de Ahorro para Fines Determinados S.A." (CSJN Fallos: 342:1903, sent. de 5-XII-2019), de un modo que, a simple vista, desautorizaría la lectura normativa que vengo defendiendo. Y que desprovista de cualquier cualificación adicional o novedosa, esta última debería ceder en favor de tal criterio jurisprudencial a fin de salvaguardar la economía procesal, consistentemente con el temperamento que he seguido veces anteriores.
Pero al margen de la menor fuerza vinculante que cabría asignarle a un argumento obiter dictum por no estar directamente ligado al caso sometido a decisión -donde la sentencia apelada, por haber sido dictada con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, nunca pudo fundamentarse de un modo semejante al que aquí propicio- (CSJN Fallos: 219:583), lo concreto es que del análisis de la referida sentencia no se extrae una refutación del punto de vista aquí avanzado y que, por lo pronto, habré de mantener.
Luego de recordar las normas incorporadas a la nueva codificación de fondo que facultaron a las legislaciones locales a regular el plazo de prescripción liberatoria en materia de tributos (v. causa "Volkswagen", cons. 4°), la Corte sostuvo: "Que, sin embargo, los hechos del caso no deben ser juzgados a la luz del mencionado Código Civil y Comercial ni sobre la base del principio de la aplicación inmediata de la nueva ley [...] sino de conformidad con la legislación anterior, pues no se ha controvertido en autos que la deuda tributaria reclamada en concepto del impuesto sobre los ingresos brutos responde a los períodos fiscales comprendidos entre los años 1987 y 1997...", para luego ensayar acerca de la "noción del consumo jurídico" y concluir que "...el caso debe ser regido por la antigua ley y por la interpretación que de ella ha realizado este Tribunal" (cons. 5°).
Aun cuando pueda subyacer el propósito de desconocer su injerencia, la opinión mayoritaria no se detuvo a analizar la articulación entre la solución brindada por el legislador nacional al aprobar la ley 26.994 (v. arts. 2.532, 2.560 y concs.) y su virtualidad para desentrañar el verdadero alcance de la "legislación anterior" o "antigua ley" -como arriba se dice- en materia de potestades tributarias provinciales y municipales. Lo que hizo fue abordar tales elementos de manera aislada, reconociendo la vigencia de la nueva codificación desde el día de su vigencia -de un lado- y reiterando la doctrina "Filcrosa" hasta ese momento -de otro-. Mas no su interrelación como sí lo hizo abiertamente el voto minoritario (v. voto del señor Juez Rosatti, cons. 12°, segundo párr.).
Lo anterior no se ha visto alterado, tampoco, en los casos elevados a la Corte nacional provenientes de esta jurisdicción, en los cuales expresamente reparé en las implicancias de la nueva codificación civil y comercial en la materia. En ellos se remite, sin más, al referido precedente "Volkswagen" (CSJN causas CSJ309/2020/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Wunder" y CSJ2620/2019/CS1 "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ De Fabio", sents. de 26-XI-2020).
III.3. Por lo tanto, corresponde hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado, revocar la sentencia impugnada y devolver las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata para que, observando lo dispuesto en los arts. 159 y 161 del Código Fiscal (t.o. 2011), se proceda a realizar un nuevo cómputo de la prescripción con relación a la deuda determinada a Citibank N.A. de Argentina en el impuesto sobre los ingresos brutos para el período fiscal 2002 (art. 289, CPCC).
IV. Ahora bien, cualquiera sea el nuevo resultado al que se arribe a propósito del reenvío, cobra virtualidad a través del instituto de la apelación adhesiva el planteo de base constitucional introducido por la parte actora a fs. 32 y siguientes de la demanda, que fuera desplazado por la forma en la que se resolvió (conf. mi voto, causa A. 75.566, "Maycar S.A.", sent. de 28-V-2021).
Allí cuestiona la validez de la responsabilidad solidaria consagrada en los arts. 21, 24 y concordantes del Código Fiscal (t.o. 2011), por cuya aplicación en autos el señor Juan José Bruchou se vio llamado a responder por la deuda fiscal del banco contribuyente para las posiciones 11/02 y 12/02, en su carácter de representante legal y apoderado.
Considera que las normas en cuestión han sido aplicadas erróneamente, de manera objetiva o refleja, prescindiendo de cualquier factor de atribución a título de culpa o dolo. En este sentido, destaca que no se encuentra probado que el señor Bruchou, cuyas tareas se focalizaban en temas "estratégicos" de la empresa, haya tenido alguna injerencia o actuado con negligencia en los asuntos tributarios, que eran delegados a departamentos especializados o profesionales externos.
Dice que la legislación local viola la cláusula de la supremacía (art. 31, Const. nac.), en tanto que se apartaría de las previsiones de la Ley General de Sociedades n° 19.550 (conf. arts. 59 y 274) que fija las condiciones subjetivas para responsabilizar patrimonialmente a los administradores o representantes legales, la cual integra el derecho de fondo que le compete dictar exclusivamente al Congreso en virtud del art. 75 inc. 12 de la Constitución nacional.
Destacó que tales alegaciones fueron contestadas por la demandada (v. pto. 5 de su escrito, fs. 366 vta. y sigs.) defendiendo la constitucionalidad de las normas del Código Fiscal.
V. Adelanto que el planteo, preterido por la forma en la que se decidió en las instancias anteriores y que ha de recobrar interés aquí -dado mi juicio favorable a la procedencia del recurso extraordinario del Fisco y la posibilidad cierta de que se considere que la deuda no prescribió-, merece acogimiento.
V.1. En su embate contra los arts. 21 y 24 del Código Fiscal (t.o. 2011), la parte actora introdujo, oportunamente, un intento de extender la jurisprudencia sentada por la Corte Suprema in re "Filcrosa", al caso de autos. En este supuesto, alegando la prevalencia de la Ley General de Sociedades por sobre aquellas normas provinciales que pretenden innovar en materia de responsabilidad de los administradores societarios (conf. arts. 31 y 75 inc. 12, Const. nac.).
Como puede apreciarse, se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de normas de derecho público local, exponiéndose una serie de agravios aptos para abordar dicha cuestión.
Así como en lo que atañe a la aplicación e interpretación de las normas federales la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene desde antiguo que no se encuentra limitada por los argumentos de las partes o de los órganos de las instancias de grado, pues le incumbe realizar la declaración correspondiente al punto debatido (CSJN Fallos: 320:1602; 323:1656; 335:168; e.o.), de manera análoga esta Suprema Corte provincial, en su calidad de superior tribunal de la causa, también goza de la atribución de efectuar un pronunciamiento sobre el tópico bajo controversia, incluso respecto de la constitucionalidad de las disposiciones legislativas o reglamentarias implicadas, si media, en principio, oposición a ellas por parte interesada (arg. arts. 161 inc. 1, 57 y concs., Const. prov.).
Aclarado ello, lo cual me permitirá dejar a salvo mi parecer en la causa A. 71.388 ya citada, en punto al alcance de la autonomía legislativa local, abordaré lo sustancial de esta cuestión replicando de aquí en adelante lo pertinente de mi voto en la causa A. 72.295, "Yell Argentina S.A.", sentencia de 23-II-2021.
V.2. El régimen de responsabilidad de los representantes legales y de los administradores de sociedades en materia de gravámenes e infracciones tributarias, en la Provincia de Buenos Aires, se estructura del siguiente modo:
A tenor de lo normado actualmente por el art. 21 del Código Fiscal (t.o. 2011), "Se encuentran obligados al pago de los gravámenes, recargos e intereses, como responsables del cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes -en la misma forma y oportunidad que rija para éstos- las siguientes personas: 1. Los que administren o dispongan de los bienes de los contribuyentes, en virtud de un mandato legal o convencional. 2. Los integrantes de los órganos de administración, o quienes sean representantes legales, de personas jurídicas, civiles o comerciales; asociaciones, entidades y empresas, con o sin personería jurídica; como asimismo los de patrimonios destinados a un fin determinado, cuando unas y otros sean consideradas por las leyes tributarias como unidades económicas para la atribución del hecho imponible".
El alcance de dicha obligación es precisado en el art. 24 del mismo cuerpo normativo (t.o. 2011), donde se prevé que "...los responsables indicados [...] responden en forma solidaria e ilimitada con el contribuyente por el pago de los gravámenes. Se eximirán de esta responsabilidad solidaria si acreditan haber exigido de los sujetos pasivos de los gravámenes los
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