Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 72389
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 72.389, "Cervecería y Maltería Quilmes S.A.I.C.A. y G. c/ Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres, Violini, Maidana .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había desestimado la pretensión anulatoria promovida. Impuso las costas en el orden causado (conf. art. 51, CCA; v. fs. 434/450).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la firma actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 456/479), el que en su oportunidad fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 481/482).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 489), glosado el memorial de la demandada (v. fs. 492/505) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto había desestimado la pretensión anulatoria promovida por la actora contra la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación de la Provincia de Buenos Aires.
I.1. Para así decidir, sostuvo en primer lugar, en cuanto al modo de computar el plazo de prescripción, que tenía preeminencia el plazo liberatorio de cinco años establecido en el art. 4.027 inc. 3 del Código Civil, aplicable en materia tributaria local por sobre cualquier otra disposición normativa de carácter provincial o municipal, particularmente los arts. 157, siguientes y concordantes del Código Fiscal (ley 10.397, con las modificaciones introducidas por las leyes 14.301, 14.333 y 14.357 -t.o. por resol. 39/11-).
Señaló que, conforme a la doctrina legal de esta Corte, sobre todo el sistema de prescripción (incluidos los supuestos de suspensión e interrupción) tiene preeminencia la legislación de fondo, en la materia tributaria.
Indicó que en obligaciones como las verificadas en autos, cuya determinación se produce sobre la base de declaraciones juradas de período fiscal anual, el término de prescripción quinquenal comienza a correr desde el 1 de enero siguiente al año en que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la presentación de declaración jurada e ingresos de gravamen (conf. art. 159, Cód. Fiscal).
De este modo, concluyó que, para los períodos fiscales enero a noviembre de 1996, la obligación de presentar declaración jurada venció con la del último anticipo, es decir, en enero de 1997.
Consideró así que asistía razón a la Fiscalía de Estado, pues a su respecto no expiró el plazo prescriptivo con relación a los períodos 1 a 11 de 1996, en tanto no correspondería computar el plazo a partir del año siguiente (1997), sino a partir del 1 de enero de 1998.
Compartió lo resuelto por la jueza de grado, en cuanto consideró que "el término quinquenal habría vencido el 1º de enero de 2003 de no haber mediado la causal suspensiva finalmente acaecida con el dictado de la resolución determinativa y sumarial acontecida con fecha 2-12-2002, fecha a la cual no había fenecido entonces, el término de ley a fin de que la autoridad de aplicación determine el tributo dejado de oblar por la firma contribuyente y en consecuencia, la queja traída por los accionantes resulta inatendible".
Sostuvo que el término de prescripción tuvo una causal de suspensión computable desde la notificación de la resolución determinativa (18-XII-2002); y que con la interposición del recurso de apelación dicha suspensión se prolongó hasta noventa días después de la notificación de la sentencia que dictó el Tribunal Fiscal el día 3 de mayo de 2007 (v. fs. 1.803/1.821 y 1.941/1.962 y fecha de la cédula de notificación: 10-V-2007, fs. 1.822 y vta., act. adm.; 19 y 20/38, causa judicial). Consideró por ello que los períodos verificados 1/96 al 11/96 eran absolutamente reclamables y consecuentemente perseguibles, no asistiéndole al apelante razón en cuanto al acaecimiento del plazo de prescripción.
Por último, agregó que no obstante la forma en que resolvía, no correspondía dar tratamiento a la prescripción de los períodos 12/96 a 12/97, en tanto la actora recién en oportunidad de presentar la expresión de agravios "en atención a la necesidad de otorgarle el carácter de previo y especial pronunciamiento" planteó su extensión a esos períodos -ver fs. 394 vta. in fine -. Para su rechazo sostuvo que por aplicación de los principios iura novit curia , congruencia -alegado por la demandada en contestación del memorial-, preclusión y los derechos de defensa e igualdad, correspondía atenerse a los términos en que había sido entablada la demanda contra la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación, por lo que su marco de intervención se delimitaba solo en relación al período que va de enero a noviembre de 1996 (conf. arts. 16, 17 y 18, Const. nac.; 34 inc. 4 in fine , 163 incs. 4 y 6, 164, 272, CPCC; 77, CCA).
I.2. Respecto del agravio esbozado con relación a la delimitación de las ventas de productos realizados por la empresa al sector "servicios" y la consecuente calificación de las mismas como ventas a "consumidor final", consideró que asistía razón a la postura fiscal y por consiguiente que la sentencia de grado se ajustaba a derecho en este aspecto. Sostuvo para ello que la excepción a la exención tributaria al impuesto a los ingresos brutos que alega la actora, no comprende a la actividad que ella realiza.
Señaló que la correcta interpretación de los preceptos legales aplicables la convencía de dicha conclusión, en tanto del principio de la realidad económica se desprendía que las ventas efectuadas por la sociedad actora -en el período en cuestión-, fueron realizadas a diversas empresas del sector servicios, ya sea en forma directa o por consignación (como son los restaurantes, hoteles, pizzerías, bares, entre otros rubros afines) y que por ello correspondía catalogar esas ventas como hechas "a consumidores finales", en tanto las personas adquirentes -destinatarios de las ventas- realizan una actividad que no está incluida en la normativa citada como un supuesto de excepción del beneficio de exención tributaria, que pretende la actora para vincularla con una alícuota menor a la que corresponde.
Refirió a la alegada aplicación del decreto 4.002/00 (B.O. de 2-I-2001), que sustituye el decreto 3.354/95 (y su ampl. y modif. 2.782/96), al establecer en su art. 1 que "a los fines de lo dispuesto en el art. 179 del Código Fiscal (t.o. 1999 y sus modificaciones) y último párrafo del artículo 1º de la ley 11.518, se entiende que las industrias realizan ventas a consumidor final cuando los bienes sean adquiridos para uso o consumo, no incorporándolos al desarrollo de una actividad económica privada posterior". Consideró que, si bien tal precepto agrega nuevos supuestos de exenciones tributarias antes no incluidos, no resulta aplicable al caso de autos por tratarse de una verificación fiscal de los períodos 1996 a 1998, anteriores a la fecha en que comenzó a tener vigencia dicho decreto.
I.3. Con relación a la queja articulada por la contabilización de los ingresos provenientes de la venta de botellas y cajones plásticos en la base imponible del impuesto, consideró que debía ser rechazada.
Señaló que no se constataba en autos que el importe cobrado por la empresa en concepto de envases y cajones plásticos constituyera simplemente un fondo de garantía que alienta al negocio al buen uso y devolución de los mismos (conf. dichos de la actora en su recurso, v. fs. 402 y vta.).
Indicó que de la normativa aplicable se desprende que salvo disposición en contrario, el gravamen se determinará sobre la base de los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada y que se considera ingreso bruto al valor o monto total devengados en concepto de "venta de bienes" (art. 147, Cód. Fiscal -t.o. 1999-; art. 187 -t.o. 2011-).
Sostuvo que el inc. "c" del art. 149 del Código Fiscal (art. 189, Cód. Fiscal -t.o. 2011-) dispone qué conceptos se deducirán de la base imponible, enumerando los importes correspondientes a envases y mercaderías devueltas por el comprador, pero que de las constancias probatorias reunidas en la causa surgía que la empresa actora ha actuado con un grado de habitualidad en la reventa de los elementos en cuestión durante el período fiscal verificado, circunstancia que habilitó a considerar a los mismos como bienes de venta a los efectos de incluirlos en la base imponible del tributo, máxime cuando así lo ha denunciado la empresa contribuyente, tanto en sede administrativa como judicial (v. declaraciones juradas de fs. 1.317/1.322, expte. adm.; pto. VI.3. de la demanda -fs. 109/114- y pto. IV.3. de su recurso de apelación -fs. 399 vta. a 403-).
Afirmó que ello surgía claro también de la pericia contable realizada sobre el libro diario, en tanto los elementos en cuestión no fueron considerados bienes de uso; ni tampoco la actora acreditó fehacientemente sus dichos respecto del pago que realiza el cliente en concepto de indemnización por no haberlos devuelto.
Agregó que la pericia contable expresamente dictamina: "a pesar de la ayuda brindada en todo momento por personal profesional contable de la Cervecería Quilmes, no he visto en dichos libros de Bieckert, que se haya asentado una cuenta de tal denominación o que así se lo considerara en el Balance. Aunque así fuera y realmente se hayan tratado las cuentas como indemnización, no hay aclaración en las Notas a los Estados contables (o al menos no las he visto) de tal tratamiento" (fs. 305/308, causa judicial).
Con ello sostuvo que resultaban bienes de venta las botellas y canastos de plásticos y, por tanto, confirmó su inclusión en la base imponible del tributo en cuestión, por el período fiscalizado, tal como lo entendió la iudex al confirmar la legitimidad del ajuste practicado por la autoridad fiscal sobre la venta de esos elementos declarados por la firma accionante.
I.4. En cuanto a las deducciones de bonificaciones o descuentos, consideró que los dichos de la actora no expresaban más que un desacuerdo con la conclusión de la sentenciante, pues no justificaba ni tampoco corroboraba fehacientemente de qué manera la interpretación que propone deviene en la correcta (conf. arts. 56 inc. 3 y 77, CCA; 260 y 261, CPCC).
Agregó que la norma es clara al establecer en qué casos, por principio general, se deducirán de la base imponible los conceptos admitidos.
Indicó que los argumentos de la apelante para incluir conceptos en base a los usos y costumbres no alcanzaban para cumplimentar la exigencia legal que dispone: "las deducciones enumeradas precedentemente, sólo podrán efectuarse cuando los conceptos a que se refieren correspondan a operaciones o actividades de las que deriven los ingresos objeto de la imposición. Las mismas deberán efectuarse en el período fiscal en que la erogación, débito fiscal o detracción tenga lugar y siempre que sean respaldadas por las registraciones contables o comprobantes respectivos" (art. 149, Cód. Fiscal -t.o. 1999, modif. por ley 12.576-; art. 189, t.o. 2.011).
Señaló que ni de los dichos de la recurrente, ni de la documentación adjunta en autos, se desprende que las deducciones pretendidas respondan a rebajas por volúmenes de venta, épocas de pago u "otros conceptos similares", de modo tal que permita desvirtuar la interpretación de grado que se cuestionara (v. fs. 422, 1.649/1.681 y 1.741, act. adm.).
Advirtió así que la actora no acreditó la "similitud", en cuanto a la naturaleza de los supuestos de excepción habilitados expresamente por la norma, con los conceptos por ella declarados como notas de crédito tendientes a compensar el beneficio otorgado por los clientes respectivos por la publicidad y promoción de sus productos, gastos o inversión de comercialización ("bonificaciones varias por publicidad y promoción", v. fs. 1.052, 1.095/1.265 y 1.803, expte. adm.).
Agregó que tampoco explicitó la actora en qué consiste la práctica que hace a los usos y costumbres de declarar "bonificaciones varias por publicidad y promoción" como una causal que habilite el descuento pretendido de la base del cálculo del tributo en cuestión.
I.5. Respeto al reproche por la aplicación de una multa equivalente al 10% del monto dejado de oblar (prevista por el art. 52, Cód. Fiscal), manifestó que los argumentos expuestos por la recurrente denotaban una reiterada insistencia de su postura frente a la Administración, tanto en sede administrativa como judicial, no mediando razones que justificasen modificar lo resuelto en el pronunciamiento de grado.
Consideró que había quedado expuesto el correcto encuadramiento legal que corresponde a la actividad realizada por la empresa actora, a los efectos de determinar su obligación tributaria, y que conforme a ello se han confirmado los ajustes por diferencias en la suma ingresada, en relación con: a) la venta de envases y cajones plásticos y b) las bonificaciones y descuentos erróneamente conceptualizados por la firma (agravios 3° y 4°).
Congruentemente, establecida la confirmación respecto de la obligación principal, señaló que devenía procedente y conforme a derecho la confirmación de la sanción pecuniaria aplicada con motivo de su incumplimiento (incorrecto encuadre legal dado por la actora a su situación frente al Fisco y su consecuente pago -parcial- por una cuantía inferior a la debida, en concepto del tributo en cuestión).
Indicó que caían en este sentido los planteos de la quejosa en torno a la ausencia de los elementos objetivo y subjetivo del ilícito tributario, pues comprobada la infracción material -pago indebido, por ser inferior al que corresponde-, sin mediar causa de exculpación, resulta comprobado, al menos, una negligencia en el cumplimiento de la obligación tributaria, correspondiendo su sanción.
Finalmente, agregó que no surgía acreditada fehacientemente la figura del error excusable, planteo también reiterado en este aspecto como causal exculpatoria, porque, para ser tal, se requiere un comportamiento normal, razonable, prudente y adecuado a la situación, hallándose exento de pena solo quien demuestre que pese a su diligencia (y en razón de graves y atendibles circunstancias, que acompañen o precedan a la infracción) pudo y debió creer razonablemente que su acción no lesionaría el precepto legal ni el interés del erario.
A mayor abundamiento, señaló que la causal exonerativa del error excusable precisa, a efectos de su viabilidad, que el mismo sea esencial, decisivo e inculpable, extremos que deben ser analizados en consonancia con las circunstancias que rodearon el accionar del contribuyente. De esta forma, indicó que el error invocado resultará excusable en tanto y en cuanto la conducta del infractor provenga de la certeza y convicción de la obligatoria aplicación de normas tributarias de difícil interpretación, situación que no se ha acreditado en la presente causa.
En consecuencia, consideró que en el presente se encontraba acreditado el elemento objetivo requerido por la norma para que se configure la infracción, atento que la deficiente determinación del gravamen llevó a la apelante a omitir el ingreso del impuesto correspondiente en su justa medida, con la presentación de declaraciones juradas inexactas, circunstancia corroborada, a la postre, en el decurso del iter de verificación fiscal de los períodos involucrados por el tributo en cuestión.
I.6. Respecto al planteo subsidiario, referido a la responsabilidad solidaria e ilimitada atribuida a los representantes de la empresa contribuyente, advirtió que los argumentos expuestos por el apelante no eran más que una insistente reiteración de planteos efectuados en instancias anteriores, no mediando circunstancias que ameritasen adoptar una solución distinta de la de grado.
Reiteró que el art. 52 del Código Fiscal no exigía, para la aplicación de multa por incumplimiento total o parcial de obligaciones, de una intención dolosa por parte del incumplidor, sino solo de una conducta inexcusable que se manifestase, ora por un pago inferior al legalmente requerido, ora por falta del mismo.
Agregó que, toda vez que las actuaciones administrativas dan cuenta de la actividad ejercida por los directores como titulares de la empresa "Cervecería Bieckert S.A." durante los períodos verificados (conf. fs. 1.819, act. adm.), cuestión no controvertida por los apelantes, resultaban ellos quienes debían responder por su actividad o inactividad, respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, en el lapso de tiempo que duró su función.
Consecuentemente, consideró que devenía conforme a derecho la extensión de responsabilidad solidaria y directa hacia los directores de la empresa contribuyente, que la sentenciante de grado confirmó (conf. arts. 511, 512, 699, 705 y concs., Cód. Civ.).
En cuanto al planteo de inconstitucionalidad efectuado por la quejosa, señaló que no advertía la incompatibilidad alegada (art. 57, Const. prov.), debiendo estarse a la normativa aplicable en la especie (art. 17, Cód. Fiscal -t.o. 1999-; art. 21 -t.o. 2011-).
Agregó que conforme al art. 59 de la ley 19.550, "los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resultaren de su acción u omisión".
Asimismo, observó que el art. 274 de la Ley de Sociedades Comerciales prescribe que:
"los directores responden ilimitada y solidariamente hacia la sociedad, los accionistas y los terceros, por el mal desempeño de su cargo, según el criterio del artículo 59, así como por la violación de la ley, el estatuto o el reglamento y por cualquier otro daño producido por dolo, abuso de facultades o culpa grave.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la imputación de responsabilidad se hará atendiendo a la actuación individual cuando se hubieren asignado funciones en forma personal de acuerdo con lo establecido en el estatuto, el reglamento o decisión asamblearia. La decisión de la asamblea y la designación de las personas que han de desempeñar las funciones deben ser inscriptas el Registro Público de Comercio como requisito para la aplicación de lo dispuesto en este párrafo".
Consideró que al confirmarse la obligación principal debía convalidarse la sanción pecuniaria aplicada con motivo de su incumplimiento (incorrecto encuadre legal de la situación de la firma frente al Fisco y consecuente pago -parcial- por una cuantía inferior a la debida, en concepto del tributo en cuestión); y que se encontraban acreditadas las funciones de los directores como responsables directos e ilimitados de la empresa contribuyente en los períodos verificados, sin mediar causa de exculpación respecto de ellos.
De esta forma tuvo por comprobada la congruencia de los preceptos legales cuestionados, entre sí (Cód. Civ., Ley de Sociedades y Cód. Fiscal) y en relación con el bloque de juridicidad constitucional (nacional y provincial) que los hace plenamente aplicables en la materia; y confirmó el fallo en cuanto hace extensible, a los directores de la sociedad contribuyente, la responsabilidad por multa e intereses establecida por el indebido cumplimiento de la obligación tributaria determinada en la resolución 686/02 (conf. arts. 5, 31, 75 inc. 12, 121, 122, 123, 12
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