Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76284
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.284, "Maldonado, Julio Alberto c/ Banco de la Provincia de Buenos Aires s/ pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, con nueva integración, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y confirmó la sentencia de grado que desestimó la demanda promovida por el señor Julio Alberto Maldonado, continuada por sus herederos, señores Gonzalo Martín y Juan Pablo Maldonado (v. fs. 519/531 vta.).
Contra dicho pronunciamiento, los actores interpusieron recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 22-VIII-2019), el que fue concedido a fs. 536/537.
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 26-VI-2021), agregada la memoria presentada por la parte demandada (de fecha 12-VII-2021, 4:10:12 p.m.) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata dictó un primer pronunciamiento, por el cual revocó la sentencia de primera instancia y, en consecuencia, anuló la resolución 1.304/98 del Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires que dispuso la exoneración del señor Julio Alberto Maldonado. Por mayoría, reconoció el derecho de sus herederos, señores Gonzalo Martín y Juan Pablo Maldonado, al cobro de una indemnización en concepto de daño material, solamente (v. fs. 450/456 vta.).
II. Contra dicho decisorio, la parte actora interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 460/469 vta.), mientras que la demandada articuló solo esa segunda vía (v. fs. 471/489 vta.).
Esta Corte, por resolución de fecha 5-XII-2018, hizo lugar al recurso de nulidad deducido por la parte actora por reputar que, efectivamente, se había omitido el tratamiento de una cuestión esencial, vinculada a la solicitud de daño moral. Anuló la sentencia de la Cámara y devolvió los autos al citado órgano para que, debidamente integrado, dicte un nuevo pronunciamiento (v. fs. 505/507 vta.). Por la forma de decidir, se tornó inoficioso el tratamiento de los recursos extraordinarios de inaplicabilidad.
III. La Cámara, integrada ahora por jueces del fuero civil y comercial (conf. art. 10, ley 12.074 -texto según ley 12.310-), dictó una nueva sentencia. En ella desestimó el recurso de apelación deducido por la parte actora en su totalidad y confirmó el fallo de primera instancia que había rechazado la demanda (v. fs. 519/531 vta.).
En tal sentido, expresó que esta Corte, en su temprana intervención de fs. 228/236 (v. causa A. 69.105, sent. de 13-XI-2012) cuando se cuestionó la declaración de inadmisibilidad formal de la demanda por haber sido promovida fuera del plazo de caducidad, decretó la invalidez de la notificación del acto que dispuso la exoneración del señor Maldonado por haber la demandada transgredido los arts. 63, 65 y concordantes del decreto ley 7.647/70.
Destacó que si bien allí este Tribunal censuró la forma en la que se habían instrumentado diversas notificaciones durante el sumario a un domicilio que -según alegaba el actor- no sería el correspondiente, tal reproche estuvo ceñido a lo que fuere de relevancia a los fines de establecer si había surtido efectos el acto de gravamen que concluyó el procedimiento interno ( i.e. , su fehaciente notificación) y, consecuentemente, establecer si la demanda contencioso administrativa había sido promovida en término legal. Mas sostuvo que lejos estuvo de hacerse un juicio acerca de la regularidad de las actuaciones como integralidad.
Remarcó que la errónea notificación se produjo por el accionar del mismo actor, quien a fs. 377 del legajo administrativo constituyó domicilio en la calle Tucumán 1658, piso 6, departamento 53 de la Capital Federal, lugar al que se enviaron todas las piezas postales. A esto adunó que el señor Maldonado pretendió justificar en la ampliación de demanda que "...ello se debió a un evidente e involuntario desliz, al efectuar una presentación a mano alzada en momentos en que consultaba el sumario..." y que no tuvo intención de modificar el domicilio anterior de la calle Larraya 4016 de la misma ciudad.
Consideró que, en tales condiciones, la defectuosa notificación de la resolución 1.304/98 no podía acarrear la nulidad de todo lo actuado antes, ni a considerar inválidas las comunicaciones efectuadas al domicilio constituido libremente por el mismo sumariado.
Sin perjuicio de lo expuesto, que entendió que era suficiente para desestimar la anulación pretendida, enfatizó que el actor no había expresado cuáles hubieran sido las defensas y pruebas que se vio impedido de incorporar al sumario, haciéndose en su lugar alegaciones genéricas.
Estimó que el impugnante no había controvertido eficazmente la validez de las escuchas telefónicas en que se fundó la imputación, omitiendo ofrecer prueba a los fines de su defensa, como así tampoco había aportado elementos para desvirtuar los hechos que se tuvieron por acreditados, siendo irrelevante lo resuelto en sede penal.
Aseguró que el principio de trascendencia no era ajeno al derecho administrativo y reiteró que, en definitiva, la nulidad de la notificación pretendida se debía a un acto voluntario del actor al constituir un domicilio que no era aquel en el que se iba a hallar, lo cual relativizaba -y mucho- la supuesta violación del contradictorio.
Volviendo sobre la prueba de cargo, apreció que de la lectura de las transcripciones -obrantes en diversos anexos- se desprendía que el señor Maldonado -ya sea con dolo o con negligencia- aportaba datos a terceros sobre transferencias bancarias internacionales, procedimientos y documentos de la oficina, las que conocía por ser agente del sector de comunicaciones donde se gerenciaba el sistema SWIFT.
Entendió que carecía de interés que en sede penal se les haya restado valor y no hubiese existido mérito para procesar o sobreseer al señor Maldonado de los mencionados delitos, con motivo de que una misma conducta puede no recibir reproche criminal y sí ser objeto de sanción administrativa, en razón de la diferente naturaleza de los bienes jurídicos amparados por uno y otro ámbito y de las distintas finalidades y enfoque de la responsabilidad disciplinaria y de la penal.
Añadió que, en el caso, tal como lo indicara la sentencia de primera instancia, los hechos por los cuales se recibiera declaración indagatoria eran disímiles a los imputados en el ámbito administrativo, que consistieron en la realización de un acto contrario a la ética bancaria (art. 22 inc. "n", Estatuto para el Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires) y haber cometido falta grave en perjuicio material o moral de la entidad (art. 25 inc. "c", Reglamento de Disciplina).
Consecuentemente, desestimó el agravio referido a la absurda valoración de la prueba rendida en el sumario.
IV. Contra dicho pronunciamiento la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. escrito electrónico de fecha 22-VIII-2019).
Denuncia la violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 31, 168 y 171 de su par provincial; 63, 65, 103 y concordantes del decreto ley 7.647/70; 34 incs. 4 y 5 apartado "c", 163 incs. 3, 5 y 6 y 164 del Código Procesal Civil y Comercial; 82 y 166 del Reglamento de Disciplina del Personal del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
También alega la transgresión al principio de congruencia, absurda valoración de la prueba y vulneración de la doctrina legal.
Sintéticamente, los herederos del actor formulan los siguientes agravios:
IV.1. En primer lugar, aducen una errónea apreciación fáctica y jurídica de las notificaciones cursadas durante el sumario.
Señalan que la Cámara, al detallar el envío de las piezas postales con anterioridad a la notificación del acto final, atribuyéndole responsabilidad al señor Maldonado por el frustrado diligenciamiento de aquellas, vulnera el derecho de igualdad de las partes previsto en los arts. 16 de la Constitución nacional y 34 inc. 5 apartado "c" del Código Procesal Civil y Comercial, por cuanto minimizó las graves anomalías consistentes en que no fueran recibidas conforme lo exige el art. 66 in fine del decreto ley 7.647/70, impidiendo de ese modo la defensa del agente.
Esgrimen que el fallo puesto en crisis soslayó una nota obrante a fs. 388 de las actuaciones sumariales, mediante la cual el patrocinante del señor Maldonado se refirió a la recepción de una notificación por el mencionado agente en su domicilio real, constituyendo domicilio en dicho lugar y minimizando, a su vez, el dictamen de fs. 599 del cual se inferiría la predeterminación de la demandada de impedir al interesado acceder a la instancia de revisión judicial a toda costa.
Asimismo, consideran que el Tribunal de Alzada incurrió en absurdo al entender que esta Suprema Corte, en el pronunciamiento de fecha 13 de noviembre de 2012, ciñó su declaración acerca de las irregularidades en las notificaciones al acto segregativo, cuando en realidad también proyectó sus críticas a todas las actuaciones que le precedieron.
Dicen que esas conclusiones tenían autoridad de "cosa juzgada", cuya prescindencia sin más vulnera el derecho de propiedad, de defensa y los principios de preclusión y seguridad jurídica.
IV.2. Manifiestan que en el transcurso del sumario se afectó su derecho de defensa consagrado en el art. 15 de la Constitución provincial, al apartarse la demandada de lo establecido por los arts. 62, 63, 65 y 67 del decreto ley 7.647/70.
Refieren que la Cámara sostuvo equivocadamente que para decretar la nulidad del procedimiento debió el demandante indicar las defensas de las que se vio privado de ejercer, acreditando un perjuicio concreto.
Mantienen, con cita de autores, que el acto administrativo padece una nulidad cuando, antes de su dictado, se coloca al sujeto en estado de indefensión. Postura que sería coincidente con lo expuesto por esta Corte en diversas causas que invocan, en las cuales se hablaría acerca de la imposibilidad de subsanar judicialmente irregularidades que representan un atentado irreparable al derecho de defensa. Denuncian, entonces, violación de la doctrina legal.
IV.3. Finalmente, aducen transgresión al principio de congruencia. Ello, a su modo de verlo, dado que el a quo habría valorado de forma absurda los fundamentos del acto impugnado, de los cuales surgiría que al señor Maldonado se le imputaba la comisión de delitos por lo que, al sustentarse la sanción exclusivamente en las constancias penales, correspondía haber postergado la resolución del sumario a las resultas de ese proceso, lo que no se hizo.
V. El recurso no prospera dada su insuficiencia (art. 279, CPCC).
V.1. Ante todo debo decir que los recurrentes no se dedican a atacar aquello que, a simple vista, podría presentarse como la mayor objeción contra la sentencia.
Esto es, que nulificada por esta Corte aquella estimatoria de la pretensión dictada por los camaristas en lo contencioso administrativo, al haber omitido abordar el resarcimiento del daño moral, los camaristas en lo civil y comercial que los sustituyeron decidieron de novo , rechazando la demanda en su totalidad.
Los peticionantes no critican tal cosa, sucesivamente enfatizada por los segundos judicantes. Con razón o no, fueron claros en cuanto a lo que hacían, diciendo que: "La nulidad del pronunciamiento, hace que el pronunciamiento de cámara caiga en su totalidad, lo que determina el examen de todas las cuestiones planteadas como si no hubiera un anterior pronunciamiento" ( sic , pto. 1.7., voto del juez Sosa Aubone).
En lugar de arremeter contra eso, cuando hablan de cuestiones que pasaron en autoridad de "cosa juzgada", de la "preclusión" o de la "seguridad jurídica", se refieren a la primerísima intervención que le cupo a este Tribunal, cuando conoció en la apelación dirigida contra el fallo que había hecho lugar a la excepción de inadmisibilidad formal de la demanda, en la inteligencia de que se había promovido una vez transcurrido el plazo de caducidad (conf. arts. 18 y 35 inc. 1 apdo. "i", CCA).
Entienden que lo que allí se dijo acerca de los vicios de la notificación del acto final, por implicancia, se expandía a todo el universo sumarial, tiñéndolo de ilegitimidad. Tesis que, en su hora, adoptare la Cámara con su primera integración a fin de acoger el reclamo.
Ahora bien, más allá de lo cuestionable de afirmar que este cuerpo pudo haber definido la suerte del pleito en el umbral, cuando intervino en su etapa liminar, lo cierto es que lo único que se critica es que los nuevos jueces no hayan usado una regla de decisión supuestamente preconfigurada respecto a la validez de las notificaciones. Pero no que en el reenvío hayan resuelto el asunto libremente, como si la nulificación no hubiese estado acotada y el acogimiento de la acción fuese un capítulo ya clausurado sobre el cual no podían volver, debiendo únicamente abordar el daño moral.
Por ende, la postura con la que vuelve el caso ante estos estrados es algo tácitamente consentido por los apelantes, cuyos esfuerzos recursivos transitan por un camino muy diferente. De allí que, a fin de preservar la congruencia en un asunto que a esta altura solo involucra intereses patrimoniales disponibles, no cabe indagar ni abrir juicio acerca de este extremo (arg. mi voto en causa A. 73.474, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Necotrans S.A.", sent. de 25-II-2021).
V.1.a. Siendo así, los reproches esbozados por los recurrentes, vinculados a la errónea apreciación por parte de la Cámara de las notificaciones practicadas en sede administrativa con anterioridad a la comunicación del acto definitivo, importan cuestiones atinentes a la fijación de los hechos litigiosos y a su valoración en función de las pruebas rendidas. Por regla general, tales cosas resultan ajenas a la competencia extraordinaria de esta Suprema Corte, salvo que se configure el supuesto excepcional del absurdo (doctr. causas A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009; A. 72.829, "Romero", sent. de 5-VII-2017; A. 71.872, "Gómez", sent. de 5-XII-2018; e.o.).
Vicio que ha sido definido como un error palmario, grave y manifiesto que conduce a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa. Pues no basta un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien impugna (doctr. causas A. 71.156, "D. P. G., N. C.", sent. de 12-IX-2012; A. 72.024, "Astori Estructuras S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.733, "Busse", sent. 5-X-2020; e.o.).
Adelanto que en la especie no se logra demostrar un yerro de semejantes características.
V.1.b. Las alegaciones efectuadas con sustento en actuaciones sumariales que se consideran soslayadas o menguadas, a la vez que se cuestiona lo interpretado por la Cámara respecto a lo decidido por esta Corte en torno a la regularidad de las notificaciones, omiten atacar de modo directo y eficaz las premisas y conclusiones allí vertidas, alterando el contenido del fallo sin formular un embate idóneo de los pilares que -más allá de su acierto u error- le dan sustento bastante a la solución puesta en crisis (doctr. causas A. 71.843, "Pelizzari", sent. de 3-XII-2014; A. 71.873, "Laprovittola", sent. de 16-III-2016; e.o.).
El órgano de segunda instancia tuvo presente que el señor Maldonado constituyó voluntariamente domicilio en calle Tucumán 1658, piso 6, departamento 53 de la Capital Federal y que allí fueron dirigidas todas las notificaciones con resultado negativo, incluida la resolución que decretara la exoneración, individualizando a tales fines las fojas donde obran las comunicaciones internas del Banco en las que consta la devolución de las piezas postales sin diligenciar.
Luego destacó que, emitido el acto segregativo, el actor por medio de telegrama manifestó que su domicilio real era Larraya 4016 de la Capital Federal y constituyó domicilio en Avenida Pueyrredón 1717, departamento 11 "E", de la misma ciudad, en el estudio del doctor Ferro (v. fs. 596 bis). Remarcó que, con posterioridad, solicitó vista de las actuaciones y peticionó que cualquier comunicación se envíe a la oficina del citado profesional (v. fs. 597).
En cuanto a la negativa para acceder al expediente una vez concluido el procedimiento, intentó racionalizar los motivos que pudieron haber llevado al Banco a adoptar esa conducta en primer lugar, la que luego fue revertida con el dictamen de la subgerencia de asuntos legales.
Y en lo tocante al reproche acerca de la validez de la notificación de la resolución 1.304/98 efectuado por esta Corte en su primigenia intervención, entendió que aquel se limitaba a ese solo evento procedimental y a los fines de la apertura de la instancia judicial. Mas no abarcaba los actos anteriores, máxime cuando el señor Maldonado había sido quien a fs. 377 consignare -según sus dichos, por error- que el domicilio a los efectos del sumario era en la calle Tucumán 1658, piso 6, departamento 53 de la Capital Federal.
V.1.c. Los apelantes no logran desarticular las conclusiones a las que arribó el Tribunal de Alzada, que en el marco de la pretensión deducida ponderó las actuaciones sumariales y judiciales, inclusive el pronunciamiento obrante a fs. 228/236, y desde allí estableció que las deficiencias en las notificaciones cursadas en el procedimiento con anterioridad a la comunicación del acto final se originaron en la negligencia del propio señor Maldonado, al asentar un domicilio que no era el correcto.
De modo tal que el juzgamiento de la Cámara llega incólume a esta sede extraordinaria, pues más allá de las genéricas referencias a la configuración del absurdo, la sentencia se sostiene. Las objeciones conforman meras discrepancias con lo resuelto, estrategia que no constituye base idónea para tal tipo de agravios.
En definitiva, lo esgrimido en el recurso no aporta una explicación que deje al desnudo una desinterpretación grosera de las constancias objetivas de la causa y de lo que fuera materia de debate en ella.
V.2. La infracción de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 10 y 11 de su par provincial; 66 in fine del decreto ley 7.647/70 y 34 inc. 5 apartado "c" del Código Procesal Civil y Comercial, no resulta atendible.
El art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial exige al impugnante la demostración de la manera en que el pronunciamiento atacado conculca las garantías y derechos que alega (doctr. causa A. 70.503, "García", sent. de 10-VII-2013; e.o.), función que no es debidamente cumplida con la sola invocación o pretendida subsunción de los hechos o elementos de la causa en determinadas normas legales, sin demostrarse la relación que tales preceptos guardan con el caso y la forma en que el decisorio cuestionado las violenta.
Por lo demás, no deviene adecuada la generalizada denuncia acerca de la inobservancia de preceptos constitucionales, cuando ella queda subordinada -como acá- a una no probada violación de normas procesales o de derecho público local (doctr. causa A. 75.034, "Gas Natural Ban S.A.", sent. de 17-IX-2021).
V.3. El agravio dirigido contra lo dicho por la Cámara en cuanto a que debieron indicarse las defensas de las que se vio privado de ejercer el señor Maldonado, acreditando el perjuicio concreto, tampoco es de recibo.
Más allá de aclarar que lo d
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