Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76246
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.246, " Álvarez, Alicia Esther c/ Provincia de Buenos Aires s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la actora, Alicia Esther Álvarez, anulando las resoluciones 1.606/16 y 810/17 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, mediante las cuales se dispuso su baja obligatoria y condenó a la demandada a que, previa evaluación por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, vuelva a decidir la cuestión en un plazo de sesenta (60) días.
Por su parte postergó el tratamiento del reclamo patrimonial hasta el dictado de la nueva decisión y dispuso que hasta tanto ello ocurra deberá reincorporarse a la actora en una situación de revista similar a la que gozaba con las funciones que la Administración considere adecuadas a sus condiciones (v. fs. 171/177 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 26 de agosto de 2019) el cual fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 181/182.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó en su totalidad la sentencia dictada por la señora jueza de grado.
Para así decidir, luego de exponer los antecedentes del caso, sostuvo que la controversia giraba en torno a determinar la legitimidad de las resoluciones 1.606/16 y 810/17 mediante las cuales se dio de baja del servicio a distintos agentes, entre los que se encuentra la actora, por falta de aptitud para la función policial, ello al presentar una patología latente y previa no detectada al momento del ingreso.
Respecto a la normativa aplicable destacó lo dispuesto por los arts. 7 y 8 de la ley 13.982, los cuales establecen que "El personal adquirirá estabilidad en el empleo transcurridos doce (12) meses de servicio efectivo". Y el siguiente, en cuanto prescribe que: "La estabilidad en el empleo, luego de adquirida en la forma prevista en el artículo anterior se perderá: [...] d) Por resolución definitiva dictada en información sumaria, sustanciada por la comprobación de disminución de aptitudes físicas o mentales, que impidan el desempeño de las funciones inherentes a la jerarquía del causante. En este caso se procederá con las formalidades que establezca la reglamentación...".
También invocó el decreto reglamentario 1.050/09 que en su art. 11 dispone: "En los dictámenes médicos se pondrá de manifiesto si la ineptitud del personal policial es o no absoluta para las funciones del subescalafón, grado y cargo". Y el art. 12 que consagra: "El dictamen deberá especificar las siguientes circunstancias: 1) Diagnóstico. En caso de anormalidad, establecer afección o defecto físico que la produce 2) Etiopatogenia de la enfermedad o defecto, determinando fundadamente, si ha sido adquirida en ocasión o como consecuencia del servicio, 3) Grado de incapacidad para el servicio".
Resaltó el art. 127, que fuera invocado por la propia Administración al confeccionar el dictamen médico, el cual prescribe que: "En caso de enfermedad o lesiones ajenas al servicio de largo tratamiento el personal policial podrá ser pasado a disponibilidad por un término de hasta seis (6) meses, con goce íntegro de sueldo. Si transcurrido ese término no estuviere recuperado totalmente y se estimare que ello podría ocurrir dentro de un nuevo plazo, se podrá ampliar la disponibilidad hasta seis (6) meses más, con goce íntegro del sueldo. Si cumplido dicho término, el personal policial no se hubiere recuperado, se mantendrá la disponibilidad durante un (1) año más, percibiendo desde el dictado del acto administrativo, el cincuenta por ciento (50%) del sueldo".
Concluyó que, ante los antecedentes reseñados y el marco normativo aplicable, el acto segregativo de distintos agentes -entre ellos, la aquí actora- motivada en la presencia de patologías latentes y previas no detectadas al momento del ingreso, cuando ya había adquirido estabilidad en el cargo y sin que se le permitiera ejercer su derecho de defensa (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.), no resultaba ajustado a derecho, en tanto no se especificó si su ineptitud era o no absoluta para las funciones que debía ejercer, ni el grado de incapacidad que poseía para el servicio, conforme exige expresamente la normativa aplicable (conf. arts. 11 y 12, dec. regl. 1.050/09 cit.).
En otro orden, destacó que tampoco podían prosperar los argumentos de la Fiscalía de Estado vinculados con la utilización de la codificación internacional en el tema, pues la normativa aplicable establece las especificaciones que debe tener el dictamen y el procedimiento a seguir en caso de enfermedades de largo tratamiento (art. 127 y concs., dec. regl. 1.050/09).
Frente a la estabilidad de la que gozaba la actora, y la falta de adecuada motivación del acto de baja, concluyó que los agravios de la demandada relacionados con el peligro que supone la reincorporación de la agente, no poseían mérito suficiente para progresar.
En esa línea citó el criterio adoptado por esta Corte en un precedente de configuración estructural semejante al de autos, en el que se interpretó que la resolución que dispuso la baja del actor por no estar en condiciones de reintegrarse al servicio activo frente a la imposibilidad de obtener el retiro por incapacidad, resultaba ilegítima (causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016). Ello, básicamente, por vulnerar la garantía de estabilidad en el empleo público (arts. 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación de los arts. 7, 8, 11, 12, 127 y concordantes del decreto reglamentario 1.050/09; 108 del decreto ley 7.647/70 y 14 bis de la Constitución nacional.
Por su parte esgrime también el absurdo en la valoración de la prueba, y el desconocimiento de la doctrina legal de esta Corte sobre la necesidad de rebatir con contraprueba técnica suficiente los dictámenes de las juntas médicas superiores.
Asimismo, cuestiona que la Cámara invocara la solución del precedente "Karanicolas", dictado por esta Suprema Corte de Justicia para un caso de baja por incapacidad, cuando aquí lo es por ineptitud física. También sostiene que se viola la inteligencia de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial, al reputarse afectado el derecho de defensa de la actora sin contemplar que en el caso se trata de un trámite no sumarial que no prevé el traslado previo del dictamen psicofísico.
Expone el esquema normativo y las diversas posibilidades por las que se produce una "baja policial", al tiempo que señala que no todas requieren de un trámite administrativo de tipo bilateral con traslados y ejercicio de descargos, como en el caso en donde no fue por motivos disciplinarios ni de invalidez, sino por latencia, a raíz del descubrimiento de una enfermedad preexistente no detectada al inicio del vínculo laboral conforme al art. 8 del decreto reglamentario 1.050/09, circunstancia que solo requiere un breve procedimiento de "información sumaria", acotado al examen del agente y al pronunciamiento del dictamen médico que certifica la situación de este.
Afirma que la Cámara vulneró el régimen normativo aplicable, al exigir trámites que son ajenos a la causal de baja por latencia, y que responderían a la baja disciplinaria o por incapacidad laboral.
Denuncia absurdo en el reproche de la Cámara de falta de motivación del acto de cese, por no reflejar la pericia de la Junta Médica los procedimientos y estudios teóricos llevados a cabo para declarar la falta de aptitud de la actora. Reitera que la Cámara desconoce la norma aplicable al exigir un patrón de fundamentación desmedido que excede el trámite de mera certificación médica.
Insiste que el uso de una fórmula discreta para motivar el dictamen médico de los peritos que examinaron a la actora en nada impidió conocer a la interesada los fundamentos por los cuales se dispuso su baja por ineptitud psicofísica, hallándose integrado con la remisión al protocolo operativo sin que ello afecte su validez o suficiencia.
Entiende que el absurdo en el que incurrió el Tribunal de Alzada se patentiza aún más cuando en la sentencia se admite que en este proceso no se ha producido prueba que permita desmentir las conclusiones de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos.
En tercer orden, reprocha -también por absurdo- la exigencia de la Cámara que, con base en los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial, entendió necesario el traslado a la agente para permitirle ejercer un descargo defensivo previo al dictado del acto administrativo de la baja, pues la ley aplicable no impone la sustanciación de un sumario en este supuesto.
Finalmente se agravia por la reincorporación de la actora a la fuerza policial ordenada en la sentencia, prescindiendo de la peligrosidad que conlleva y la eventual responsabilidad del Estado al contar con una agente sin aptitud psicofísica para la función asignada. En este sentido afirma que la similitud que encuentra el Tribunal entre el precedente "Karanicolas", que cita, y el conflicto de autos, resulta improcedente puesto que en aquel el actor se encontraba dado de "baja por invalidez", surgida durante la relación de empleo, en tanto en este caso lo es por una causal diferente, "baja por latencia", a raíz de una enfermedad preexistente al ingreso laboral y no detectada al tiempo de su nombramiento.
Concluye, que esta confusión de causales se tradujo en el régimen legal aplicable para cada una, siendo en la baja por invalidez, el art. 138 del decreto reglamentario 1.050/09 y, en el caso de baja por enfermedad preexistente, el art. 8 de igual norma.
En definitiva, sostiene que este error en el encuadramiento del hecho, provocó una sentencia injusta que impone a la Administración reincorporar a una agente que carece de aptitud psicofísica para el desempeño policial.
III. Adelanto que el recurso interpuesto no prospera atento la insuficiencia que porta.
III.1. Al respecto, cabe destacar que la misma radica en la omisión por parte del recurrente de impugnar concretamente, y de manera fundada, los argumentos centrales de la sentencia del Tribunal de Alzada mediante los cuales resolviera -por interpretación de la totalidad de las normas aplicables: esto es la ley 13.982 y su decreto reglamentario 1.050/09, como así también de la doctrina emanada de esta Corte- que el cese de la agente dispuesto mediante las resoluciones 1.606/16 y 810/17 es nulo por vicio en la motivación.
En efecto, con relación a los agravios expuestos por la Fiscalía, vinculados con la legalidad de las resoluciones que dispusieran el cese del agente, cabe puntualizar que estos resultan insuficientes para obtener la revocación de lo decidido, en tanto no se ha hecho cargo de los fundamentos principales por los cuales la Cámara resolviera la nulidad de estas por falta de motivación suficiente.
Así, en lo que refiere a la normativa aplicable, sobre la cual la recurrente insiste en señalar la confusión en la que incurriera el Tribunal respecto a las causales de cese y el procedimiento a seguir en cada caso, advierto que no ha sido controvertido adecuadamente el señalamiento que aquella -y también la señora jueza de primera instancia- formulara sobre la propia invocación por parte de la Administración, en el dictamen médico, del art. 127 del decreto reglamentario 1.050/09, que precisamente ordena una conducta diferente a la asumida para los casos en los que el personal policial ya contara con estabilidad en el cargo.
Igual conclusión cabría realizar respecto al grado de incapacidad que ostentaba la agente para el servicio de conformidad con los arts. 11 y 12 del decreto reglamentario 1.050/09, extremo que tampoco recibió adecuado embate, ello en tanto el diagnóstico con remisión a una codificación internacional de estilo no alcanza para motivar suficientemente el acto, cuando el régimen aplicable regula las especificaciones que debe tener el dictamen o el procedimiento a seguir en caso de enfermedades de largo tratamiento cuando el agente ha adquirido estabilidad.
A esta altura corresponde recordar que, en vía extraordinaria, la réplica concreta y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Se desprende de ello, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume -más allá de su acierto o error- la decisión atacada (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; Ac. 90.421, "C.I.C.O.P", sent. de 27-VI-2007; A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011; A. 73.367, "Fuente", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
En su embate la recurrente propone, como técnica de impugnación, argumentar en paralelo sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por la Cámara, lo cual, como vimos, no constituye base idónea de agravios.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina de esta Corte que prescribe que si quien se agravia limita su labor impugnativa a expresar su mera disconformidad con lo decidido por el juzgador de grado, sin cumplir con las directivas que involucra el tránsito por la instancia extraordinaria, y en momento alguno de su desarrollo argumental propone una réplica concreta y directa a los fundamentos esenciales del fallo, se desprende de ello que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida (cfr. causas A. 73.545, "D'Aloisio", resol. de 27-XII-2017; A. 74.884, "Estrada", resol. de 19-XII-2018; e.o.).
III.2. Igual suerte adversa corre el cuestionamiento que intenta la recurrente para justificar la efectiva motivación del acto segregativo, relativo a la absurda valoración del dictamen de la Junta Médica Superior efectuada por la Cámara.
Ello en primer lugar pues dichos extremos constituyen cuestiones que solo pueden ser revisadas en esta instancia en caso de que la conclusión sea el producto de un razonamiento afectado por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa, circunstancia que no se ha logrado evidenciar (cfr. causas A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016 y A. 76.653, "Castellucci", resol. de 9-IV-2021).
Por lo demás, la conclusión a la cual arribó el Tribunal no obedeció a una valoración de esta en sí misma sino por considerar que el acto de cese carecía de una motivación suficiente para respaldar una ruptura de un vínculo de empleo que había alcanzado estabilidad.
III.3. Por otra parte, también luce insuficiente el planteo, en punto a la vulneración del régimen legal de la baja policial por ineptitud psicofísica, de los arts. 7, 8, 11, 12 y 127 del decreto reglamentario 1.050/09; 108 del decreto ley 7.647/70; 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial y 14 bis de la Constitución nacional que invoca la recurrente.
En forma reiterada esta Corte ha decidido que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017 y A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018) tal como acontece en la especie.
Dicho lo anterior, en punto a la vulneración del art. 14 bis de la Constitución nacional, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal tópico.
Es criterio constante de este Tribunal que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, que tal como quedó expuesto no ha sido acreditada en el caso (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018 y A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018).
III.4. Por último, tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal vinculada con la posibilidad de la motivación integrativa o la necesidad de rebatir los dictámenes de las Juntas Médicas con contrapruebas técnicas suficientes.
Al respecto tiene dicho esta Corte que es ineficaz la cita de la doctrina legal si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los del caso en juzgamiento, como asimismo cuando esta no sea acompañada de la explicación concreta sobre el modo en que se produjo la infracción (conf. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016 y A. 77.112, "A. S., S. J. y o.", sent. de 15-X-2021), recaudos que no se verifican en la especie.
IV. Lo expuesto alcanza para rechazar el recurso interpuesto (arts. 279 y 289 último párr., CPCC).
Voto por la negativa .
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289 in fine , CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/06/2022 22:31:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 15/06/2022 09:39:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 10:25:19 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 02:45:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/06/2022 08:46:01 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 16/06/2022 08:56:46 hs. bajo el número RS-45-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia