Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77405
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.405, "Gutiérrez, Paula Marcela c/ Ministerio de Seguridad s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan , Torres , Genoud , Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda deducida por la actora, Paula Marcela Gutiérrez, anulando la resolución 1.359/17 que dispuso su baja y condenando a la demandada a que previa evaluación por la Junta Superior de Reconocimientos Médicos, vuelva a decidir la cuestión en el plazo de 60 días.
Asimismo, dispuso que la agente deberá continuar en el ejercicio de sus funciones, conforme a la reincorporación ordenada en la medida cautelar recaída en autos y, postergó el tratamiento del reclamo patrimonial, al resultado de la decisión que allí se ordenó adoptar. (v. resolución registrable de 13-IV-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 3-III-2021) el cual fue concedido por la Cámara interviniente mediante proveído de fecha 5 de octubre de 2021.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. auto de fecha 8-II-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó en su totalidad la sentencia dictada por la jueza de grado, que a su turno declaró la nulidad de la resolución 1.359/17, que dispuso la baja de distintos agentes, entre los que se encuentra la aquí actora, en los términos de los arts. 8, inc. "e"; 64, inc. "d" de la ley 13.982 y 148 del decreto reglamentario 1.050/09, por considerar que dichos efectivos no poseen el perfil psicológico adecuado para desempeñar las tareas propias de la función policial para la que ingresaron.
Para así decidir, expuso los antecedentes del caso y citó los fundamentos desarrollados por el propio Tribunal en otros precedentes de configuración semejante a este y, que resultan aplicables a la controversia planteada.
En ese orden, destacó que el dictamen elaborado por los médicos de la Dirección de Sanidad, División Junta Superior de Reconocimientos Médicos, suscripto por tres profesionales, el 15 de febrero de 2017, y sobre el cual se fundó la resolución, se limitó a señalar que la agente no se encuentra actualmente apta para desempeñar las tareas para las cuales ingresó por presentar un perfil psicológico inadecuado para el desempeño de dichas funciones (v. punto II.1. de la sentencia de Cámara).
Ponderó la situación de revista de la actora, quien ingresó el 23 de febrero de 2015, con destino en la Unidad Policial de Prevención Local de Necochea.
En ese marco expresó que la cuestión a dilucidar era si correspondía o no confirmar el pronunciamiento de grado que declaró la ilegitimidad de la resolución ya citada y ordenó la reincorporación de la actora hasta tanto el Ministerio de Seguridad vuelva a expedirse, previa evaluación por la Junta Médica Superior.
De tal modo analizó la normativa aplicable y destacó el art. 7 de la ley 13.982 que establece: "El personal adquirirá estabilidad en el empleo transcurridos doce (12) meses de servicio efectivo". El art. 8 en cuanto prescribe que: "La estabilidad en el empleo, luego de adquirida en la forma prevista en el artículo anterior se perderá: [...] e) Cuando se hubiere dispuesto la baja en las demás condiciones previstas en la presente". Y el art. 64 inc. "d" que dispone: "La baja obligatoria será dispuesta en los siguientes casos: [...] d) Cuando en los exámenes psicofísicos periódicos surgiera una disminución grave de las aptitudes profesionales y personales que le impidan el normal ejercicio de la función policial que le compete, y no pudiere ser asignado a otro destino policial, ni acogerse a los beneficios previsionales".
También invocó el art. 148 del decreto reglamentario 1.050/09, que dispone: "La baja por falta de aptitudes prevista en el art. 64 inc. d) de la Ley de Personal, será dispuesta por resolución de la Autoridad de Aplicación, previo dictamen de la subsecretaría con competencia en materia sanitaria...".
Concluyó que, con los antecedentes reseñados y el marco normativo aplicable, el acto que ordenó la baja -entre otros- de la aquí actora -motivado en la ausencia del perfil psicológico adecuado para desempeñar la función policial para la que ingresó-, cuando ya había adquirido estabilidad en el cargo y sin permitirle ejercer su derecho de defensa (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.), no resultaba ajustado a derecho.
Lo expuesto, en tanto faltó determinar si la ineptitud detectada era o no absoluta para las funciones que debía ejercer, así como el grado de incapacidad que portaba para el servicio, como exige expresamente la normativa aplicable (arts. 11 y 12, dec. regl. 1.050/09).
En otro orden, el Tribunal desestimó que el diagnóstico conforme la "codificación internacional de estilo", que invoca la Fiscalía, alcance para motivar el acto que dispone la baja de la agente, cuando no fue cuestionada la normativa aplicable que establece las especificaciones que debe tener el dictamen y en su caso, el procedimiento a seguir (art. 138 y concs., dec. regl. 1.050/09).
Por otra parte, la Cámara, rechazó que en autos no se hubiera afectado el derecho de defensa de la agente, con el argumento de que no se trata de un procedimiento disciplinario (conf. arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
De tal modo, consideró que frente a la estabilidad de la que gozaba la actora, como a los vicios acreditados en el acto de baja, los agravios de la demandada sobre la responsabilidad del estado que supone la reincorporación de la agente, no poseen mérito suficiente para progresar.
Al respecto señaló pertinente aplicar el criterio adoptado por esta Corte en un precedente de configuración estructural semejante al de autos, en el que se interpretó que la resolución que dispuso la baja del actor por no estar en condiciones de reintegrarse al servicio activo, aún frente a la imposibilidad de obtener el retiro por incapacidad, resultaba ilegítima (causa B. 62.043, "Karanicolas", sent. de 31-X-2016). Ello, en cuanto vulneraba la garantía de estabilidad en el empleo público que amparaba a la parte actora (arts. 14 bis, Const. nac. y 103 inc. 12, Const. prov.) y, al propio tiempo, les negaba el acceso a prestaciones de la seguridad social reconocidos por el art. 39 de la Constitución provincial.
Así, transcribió lo señalado en dicho precedente en el sentido que "Una vez declarada por la Junta Médica la imposibilidad del agente de reintegrarse al servicio activo en el agrupamiento comando, la autoridad administrativa debió, en resguardo de los derechos del agente, procurar asignarle tareas acordes a su disminuida capacidad laboral [...]. Esa reubicación procedía o bien en el agrupamiento en el que revistaba, mediante la adjudicación de funciones acordes, o en otro, si hubiese cuestiones relevantes referidas a exigencias físicas y psíquicas vinculadas al normal desempeño en el agrupamiento comando. Por esas variables transitaba la racionalidad y proporcionalidad (art. 28, C.N.) en el tratamiento de un problema como el señalado, dado el estado de salud del actor y su capacidad laboral..." (v. punto II.3. in fine ).
II. Contra dicho pronunciamiento la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación de los arts. 7, 8, 11, 12, 127 y concordantes del decreto reglamentario 1.050/09; 108 del decreto ley 7.647/70 y 14 bis de la Constitución nacional.
Esgrime que la decisión del Tribunal de Alzada confunde motivación discreta con motivación insuficiente, perdiendo de vista que el acto remite a un dictamen médico pericial, que a su vez remite a un diagnóstico cifrado de un protocolo general, autoexplicativo en la materia.
Afirma que la sentencia en crisis vulnera la doctrina legal de esta Corte, sobre la motivación de los actos por remisión de fundamentos bajo la modalidad integrativa, e incurre en absurdo en la valoración de la prueba al desconocer la validez y eficacia probatoria de un dictamen médico pericial emitido por la Junta Médica Superior sin haberse producido contraprueba que lo desmienta.
Cuestiona que la Cámara invocara la solución del precedente "Karanicolas", dictado por este Tribunal, para un caso de baja por incapacidad, cuando aquí lo es por ineptitud física. También sostiene que se viola la inteligencia de los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, al reputarse afectado el derecho de defensa de la actora, sin contemplar que en el caso se trató de un trámite no sumarial que no prevé el traslado previo del dictamen psicofísico (v. presentación electrónica de fecha 3-V-2021).
Expone el esquema normativo y las diversas posibilidades por las que se produce una "baja policial", señala que no todas requieren de un trámite administrativo de tipo bilateral con traslados y ejercicio de descargos, como en el caso en donde no fue por motivos disciplinarios ni de invalidez surgida durante el empleo. Refiere que en este supuesto la baja fue por latencia, a raíz del descubrimiento de una enfermedad preexistente no detectada al inicio del vínculo laboral conforme al art. 8 del decreto reglamentario 1.050/09, circunstancia que solo requiere un breve procedimiento de "información sumaria", acotado al examen del agente y al pronunciamiento del dictamen médico que certifica la situación del agente.
Sostiene que la Cámara vulneró el régimen normativo aplicable, al exigir trámites que son ajenos a la causal de baja por enfermedad preexistente como límite a la estabilidad, confundiendo tal situación de cese justificado con una situación diferente vinculada a la baja por invalidez o la baja disciplinaria.
Entiende que el reproche de la Cámara de falta de motivación del acto de cese, por no reflejar el dictamen de la Junta Médica los procedimientos y estudios teóricos llevados a cabo para declarar la falta de aptitud de la actora, resulta absurdo. Reitera que la Alzada desconoce la norma aplicable al exigir un patrón de fundamentación desmedido que excede el trámite de mera certificación médica.
Explica que el uso de una fórmula discreta para motivar el dictamen médico de los peritos que examinaron a la actora en nada impidió conocer a la interesada los fundamentos por los cuales se dispuso su baja por ineptitud psicofísica, desde que aquel se encuentra integrado con la remisión a un diagnóstico cifrado de un protocolo general sin que ello afecte su validez o suficiencia.
Afirma también, que el absurdo en el que incurrió el Tribunal de Alzada, se patentiza aún más cuando en la sentencia se admite que en este proceso no se ha producido prueba que permita desmentir las conclusiones de la Junta Superior de Reconocimientos Médicos.
En tercer orden, reprocha por absurda la exigencia de la Cámara que, con base en los arts. 18 de la Constitución nacional y 15 de la Constitución provincial, entendió necesario el traslado a la agente para permitirle ejercer un descargo defensivo, respecto al dictamen médico, previo al dictado del acto administrativo de la baja. Pues insiste en que la ley aplicable no impone la sustanciación de un sumario.
Finalmente se agravia por la reincorporación de la actora a la fuerza policial que ordena la sentencia, prescindiendo de la peligrosidad que conlleva y la eventual responsabilidad del estado al contar con una agente sin aptitud psicofísica para la función asignada. En este punto afirma, que la similitud que encuentra el Tribunal entre el precedente "Karanicolas" que cita, y el conflicto de autos resulta improcedente puesto que, en aquel, el actor se encontraba dado de "baja por invalidez", surgida durante la relación de empleo, en tanto en este caso, lo es por una causal diferente, "baja por latencia", a raíz de una enfermedad preexistente al ingreso laboral y no detectada al tiempo de su nombramiento.
Concluye, que esta confusión de causales se tradujo en el régimen legal aplicable para cada una, siendo en la baja por invalidez, el art. 138 del decreto reglamentario 1.050/09 y, en el caso de baja por enfermedad preexistente, se aplica el art. 8 de igual norma.
En definitiva, se queja por el error en el encuadramiento del hecho, que provocó una sentencia injusta que impone a la Administración reincorporar a una agente que carece de aptitud psicofísica para el desempeño de la función policial.
III. Adelanto que el recurso interpuesto no prospera atento la insuficiencia que porta.
III.1. Respecto a los agravios expuestos por la Fiscalía, vinculados con la legalidad de la resolución 1.359/17 que dispuso el cese del agente, por vicio en la motivación, cabe puntualizar que estos resultan insuficientes para obtener la revocación de lo decidido, en tanto la recurrente no se ha hecho cargo de los fundamentos principales por los cuales la Cámara resolvió como lo hizo.
En efecto, en lo que refiere a la normativa aplicable sobre la que la recurrente insiste en señalar la confusión en la que incurriera la Cámara, advierto que no ha sido controvertido el señalamiento que aquella formulara sobre las expresas exigencias que los arts. 11 y 12 del decreto reglamentario 1.050/09 le imponen al dictamen emitido por la junta médica, de determinar si la ineptitud es o no absoluta para las funciones que la agente debía ejercer, así como el grado de incapacidad que presenta para el servicio, extremo que no recibió adecuado embate. Pues el diagnóstico con remisión a una codificación internacional de estilo no alcanza para motivar suficientemente el acto, cuando no se cuestionó el régimen aplicable que regula las especificaciones que debe contener, valga la redundancia, el dictamen y el procedimiento a seguir (art. 138 y concs., dec. regl. 1.050/09).
A esta altura corresponde recordar que, en vía extraordinaria, la réplica concreta y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. Se desprende de ello, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume -más allá de su acierto o error- la decisión atacada (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 72.983, "Miranda", sent. de 29-XI-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.466, "Fernández Nogal", resol. de 10-X-2018; Ac. 90.421, "C.I.C.O.P.", sent. de 27-VI-2007; A. 70.224, "Arce", sent. de 6-IV-2011; A. 73.367, "Fuente", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
En su embate la recurrente propone como técnica de impugnación, argumentar en paralelo, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por la Cámara, lo que no constituye base idónea de agravios.
III.2. Igual suerte adversa corre el cuestionamiento que intenta la recurrente para justificar la efectiva motivación del acto segregativo, relativo a la equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba efectuada por la Cámara.
Ello en tanto dichos extremos constituyen cuestiones de hecho que solo pueden ser revisadas en esta instancia en caso de que la conclusión sea el producto de un razonamiento viciado por el absurdo, esto es, que esté afectado por un error grave y manifiesto que derive en afirmaciones contradictorias o incongruentes con las constancias objetivas de la causa, circunstancia que no se ha logrado evidenciar (conf. causas A. 73.859, "Alcaray", sent. de 31-VIII-2021; A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016 y A. 76.653, "Castellucci", resol. 9-IV-2021).
Por lo demás, la conclusión a la cual arribó el Tribunal, no obedeció a una valoración de esta en sí misma sino por considerar que el acto de cese carecía de una motivación suficiente para respaldar una ruptura de un vínculo de empleo que había alcanzado estabilidad.
III.3. Por otra parte, también luce insuficiente el planteo en punto a la vulneración del régimen legal de la baja policial por ineptitud psicofísica, previsto en los arts. 7, 8, 11, 12 y 127 del decreto reglamentario 1.050/09; 108 del decreto ley 7.647/70; 772 y 1.748 del Código Civil y Comercial y 14 bis de la Constitución nacional, que invoca la recurrente.
En forma reiterada esta Corte ha decidido que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 71.488, "Gras", sent. de 9-III-2016; A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017 y A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018) tal como acontece en la especie.
Dicho lo anterior, en punto a la vulneración del art. 14 bis de la Constitución nacional la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal tópico, sobre todo si se tiene en cuenta su posición en el litigio.
Es criterio constante de este Tribunal que la invocación de quebrantos de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la transgresión de otras normas legales, que tal como quedó expuesto no ha sido acreditada en el caso (doctr. causas A. 72.478, "Scarimbolo", sent. de 30-III-2016; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IV-2018 y A. 74.466, "Fernandez Nogal", resol. de 10-X-2018).
III.4. Por último, tampoco es de recibo la alegada vulneración de doctrina legal vinculada con la posibilidad de la motivación integrativa o la necesidad de rebatir los dictámenes de las juntas médicas con contrapruebas técnicas suficientes.
Al respecto tiene dicho esta Corte que es ineficaz la cita de la doctrina legal, si en los precedentes invocados mediaron presupuestos de hecho y de derecho diferentes a los del caso en juzgamiento, como asimismo cuando esta no sea acompañada de la explicación concreta sobre el modo en que se produjo la infracción (conf. causas A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016 y A. 77.112, "A.S.,S.J.y o", sent. de 15-X-2021), recaudos que no se verifican en la especie.
IV. Lo expuesto, alcanza para rechazar el recurso interpuesto (arts. 279 y 289 último párr., CPCC).
Costas de esta instancia a la vencida (arts. 60 inc. 1, CCA; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Genoud y Soria , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto (arts. 279 y 289
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