Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77516
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
A.77.516 “LEGUIZAMON MIRTA C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA - RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY”
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. La señora Mirta Leguizamón promovió pretensión anulatoria en los términos del art. 74 de la ley 12.008, contra la resolución dictada por el Tribunal de Disciplina del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Azul, de fecha 16 de abril de 2018, luego confirmada por el Consejo Superior del colegio provincial en el expediente 008-18, por la que se le aplicó la sanción de un año de suspensión en el ejercicio de la profesión al considerar que se habían transgredido las normas que rigen esa actividad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó la demanda deducida y confirmó la decisión impugnada (v. sent. de fecha 19-VIII-2021).
Para así decidir, señaló en primer término precedentes resueltos por ese Tribunal, de configuración análoga y de cuyo criterio decisorio no hallaba razón para apartarse.
Reseñó la normativa disciplinaria y ética que rige la controversia -art. 53 incs. "k" y "l" de la ley 10.973 y arts. 13 y 15 del Código de Ética Profesional- y sobre esa base resaltó que de las circunstancias fácticas expuestas se desprendía que los cuestionamientos de la actora no revestían la suficiencia necesaria para modificar la decisión adoptada por la demandada, en tanto se traducían en meras expresiones de disconformidad con la sanción impuesta, que no alcanzaban a demostrar su ilegitimidad o desacierto.
Agregó que el alcance limitado que invocaba la actora en su vinculación con la firma “Re/Max”, se desvirtuaba frente a la prueba producida que daba cuenta de la actuación de la colegiada bajo una denominación de fantasía y la incorporación de personas no autorizadas para el ejercicio del corretaje que, bajo su matrícula profesional, realizaban las labores de acercamiento y facilitación de la compraventa inmobiliaria inherente a esa actividad reglada, conductas que suponen la inobservancia de la prohibición de ejercicio profesional bajo otra denominación y de facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos que ejerzan la actividad profesional, conforme lo previsto por las normas mencionadas, con vigor operativo para el supuesto de autos.
Expuso que las actividades de los “agentes” que la actora describe como de “colaboración”, indicando que son de carácter “complementario y administrativo”, se vinculan con la intermediación inmobiliaria, cuyo desempeño la norma exige se realice en forma personal e indelegable por el corredor público y, por ende, se encuentra vedado a personas no matriculadas.
A igual conclusión arribó con respecto a la publicidad realizada por la matriculada de las propiedades cuya negociación llevaba adelante, la cual implicaba una clara violación a las pautas legales establecidas en el Código de Ética Profesional por lo que la decisión sancionatoria adoptada, no merecía reparos.
Expresó la a quo que, la consigna del nombre y matrícula de la agente en las distintas publicaciones y páginas web de las que se sirve no obsta la simultánea e indebida utilización de una marca comercial (Re/Max) y de la denominación de fantasía que la relaciona con la misma (Re/Max Sierras), en clara oposición con las previsiones establecidas por la ley.
Con respecto a los planteos de inconstitucionalidad formulados, señaló que no se advertía una crítica efectiva que habilitara su tratamiento en tanto se limitaba a una enunciación general de los derechos que consideraba afectados, pero sin realizar un análisis debidamente fundado que demostrara la incompatibilidad de la norma que impugnaba con los principios y garantías reconocidos en la Constitución nacional para el caso concreto.
Agregó que la disposición normativa cuestionada (art. 53 inc. "l" de la ley 10.973) no se mostraba por sí misma como una prohibición irrazonable a la actividad profesional que regula y que las argumentaciones de la demanda, en tal dirección, no eran más que un descontento general que no justificaban la descalificación pretendida.
Finalmente rechazó los embates vinculados a la desproporción de la sanción aplicada, en tanto los argumentos expuestos al respecto se mostraban dogmáticos y no se lograba acreditar la ausencia de necesidad, desproporcionalidad o adecuación entre las faltas cometidas, los intereses involucrados y la medida impuesta.
Para más, señaló que la autoridad colegial había optado por aplicar una sanción que corresponde a la mitad de tiempo del máximo legalmente previsto y que las manifestaciones de la actora tendientes a invalidarla no sólo carecían de sustento, sino que desconocían la afectación y gravedad de las faltas cometidas para el ejercicio de la profesión que realiza.
Añadió que, en punto a la razonabilidad de la sanción impuesta, las faltas endilgadas fueron múltiples, graves y concordantes, evidenciando un compromiso serio del desempeño de su función y en la realización de los intereses profesionales (individuales y públicos) involucrados.
Encontró que las críticas de la actora relativizaban la incidencia que tenían las conductas atribuidas y, de ese modo, los cuestionamientos formulados resultaban infundados para demostrar el desacierto interpretativo o la errónea valoración de las circunstancias fácticas, probatorias y jurídicas que derivaron en la sanción cuestionada.
Confirmó así la sanción impuesta.
II. Frente a lo resuelto, mediante presentación electrónica de fecha 7-IX-2021, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara interviniente con fecha 26-X-2021.
En su impugnación denuncia que el fallo cuestionado incurre en absurdo ante la inexistencia de prueba que tenga acreditada la transgresión al inc. "k" del art. 53 de la ley 10.973 (texto ordenado por ley 14.085); denuncia a su vez que aplica en forma errónea el inc. "l" de la mencionada norma, a la vez que vulnera los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. Este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por la recurrente no pasan de expresar un criterio divergente y reiteratorio respecto de la subsunción de su conducta en la norma del art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, sin desarrollar de manera adecuada una crítica a todos los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte que, sobre el punto, exige que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019).
III.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de quien impugna se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; A. 75.558, cit.).
El absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterio, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica de la impugnante, en cuanto expone que en las actuaciones no se ha logrado demostrar de qué manera habría cedido su matrícula para la facilitación del ejercicio de su profesión a personas no matriculadas, no exterioriza más que una simple discrepancia tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017) vicio -éste último- que no ha sido demostrado debidamente.
III.3. A su vez, en punto a la vulneración del art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, la recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal agravio. Sobre este expone que el fallo cuestionado aplica aquella norma en forma contraria a sus propios fundamentos estableciendo una prohibición que no está prevista en la ley que rige en la materia a nivel nacional ni en el Código Civil y Comercial, lo que la convierte en inconstitucional.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
Es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos. Esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto por la Cámara importa una vulneración a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 76.614, "Di Girolamo", resol. de 16-XII-2020), entre otras).
III.4. Por último, respecto al planteo de inconstitucionalidad de la misma norma con el que insiste la recurrente con el argumento de que la Cámara ha omitido abocarse a atenderlo, esta Corte tiene dicho que deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, tal como se expresó, no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC) debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:06 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:21:51 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:00 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:36:45 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:44 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:14 hs. bajo el número RR-601-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia