Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77884
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
A.77.884 “DI GIROLAMO PABLO C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION ANULATORIA -RECURSO EXTRAORDINARIO DE INAPLICABILIDAD DE LEY-“
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El señor Pablo Di Girolamo promovió pretensión anulatoria en los términos del art. 74 de la ley 12.008 contra la resolución 19/19 (Expte. 007-18), dictada por el Consejo Superior del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires, dictada el 30 de mayo de 2019, por la cual se le aplicó una sanción de un año de suspensión en el ejercicio de la profesión al considerar que se habían transgredido las normas que rigen esa actividad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata desestimó la demanda deducida y confirmó la decisión impugnada (v. sent. de fecha 7-X-2021).
Para así decidir, reseñó la normativa disciplinaria y ética que rige la controversia -arts. 15, 16, 17, 19, 22, 53 incs. "k" y "l" de la ley 10.973 y arts. 13 y 15 del Código de Ética Profesional- y señaló precedentes resueltos por ese Tribunal, de configuración análoga y de cuyo criterio decisorio no hallaba razón para apartarse.
Sobre esa base, consideró en primer término que no asistía razón al impugnante en cuanto invocaba una actividad persecutoria por parte de la demandada, ello en tanto resaltó la potestad de contralor del ejercicio legal y ético de la profesión, que le provee amplias facultades, de la cual ha sido instituida públicamente.
Destacó sobre el particular que el derecho de defensa del colegiado había quedado resguardado debidamente a partir de las distintas oportunidades que tuvo para brindar explicaciones y realizar el descargo sobre cada una de las imputaciones que se le efectuaron.
Por otra parte, rechazó la acusación de conculcación del principio “ in dubio pro reo ” en tanto indicó que el decisorio que se cuestionaba tenía origen en la razonable derivación de los hechos reconocidos y probados en la causa y su adecuada valoración y encuadre normativo por parte del organismo que impuso la sanción.
Apuntó que se encontraba reconocido por el actor en su escrito postulatorio que ejerce la profesión bajo su propio nombre, con la mención adjunta de la marca “Re/Max Impacto” cuyos servicios provee “Re/Max Argentina SRL”, agraviándose por cuanto de la circunstancia mencionada se desprendería que actúa bajo un nombre de fantasía, nombre ajeno u otra marca.
No obstante tales argumentaciones, sobre este punto la Cámara consideró acertada la decisión sancionatoria en cuanto se comprobó que el colegiado, en su actuación, incurrió en inobservancia de la prohibición de ejercicio bajo otro nombre que no era el propio, conforme lo previsto por el inc. “l” del art. 53 de la ley 10.973.
Asimismo, la a quo señaló que la prueba producida daba cuenta de la actuación del martillero con la incorporación de personas no autorizadas para el ejercicio del corretaje que, bajo su matrícula profesional, realizaban las labores de acercamiento y facilitación de la compraventa inmobiliaria inherente a esa actividad reglada, conductas que suponen la inobservancia de la prohibición de facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que ejerzan la actividad profesional, conforme lo previsto por las normas mencionadas, con vigor operativo para el supuesto de autos.
Expuso que las actividades de los “agentes” que la actora describe como de “muestra y exhibición de inmuebles, actividades de promoción”, se vinculan con la intermediación inmobiliaria, cuyo desempeño la norma exige se realice en forma personal e indelegable por el corredor público y, por ende, se encuentra prohibido a personas no matriculadas.
Destacó que la resolución atacada ha sido dictada en observancia de la legalidad del procedimiento que se prevé para su validez, toda vez que surgían explicitados en el acto los antecedentes fácticos y jurídicos que dieron lugar a la sanción y que fueron razonadamente apreciados dentro del encuadre del marco legal vigente.
Rechazó a su vez los embates vinculados a la graduación de la sanción aplicada en tanto los argumentos expuestos al respecto se mostraban dogmáticos y no se lograba demostrar la ausencia de necesidad, desproporcionalidad o adecuación entre las faltas cometidas, los intereses involucrados, los fines que se persiguen con el control de la disciplina y la sanción que se pretende imponer.
Para más, señaló que la autoridad colegial había optado por aplicar una sanción que corresponde a la mitad de tiempo del máximo legalmente previsto y que las manifestaciones del agente tendientes a invalidarla devenían insuficientes para acreditar un vicio por exceso de punición teniendo en cuenta la afectación y gravedad de las faltas múltiples cometidas.
Con respecto al planteo de inconstitucionalidad formulado en relación al art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, señaló que no se advertía una crítica efectiva que habilitara su tratamiento en tanto se limitaba a una enunciación general de los derechos que consideraba afectados, pero sin realizar un análisis debidamente fundado que demostrara la incompatibilidad de la norma que impugnaba con los principios y garantías reconocidos en la Constitución nacional para el caso concreto.
Confirmó así la sanción impuesta.
II. Frente a lo así resuelto, mediante presentación electrónica de fecha 29-X-2021 el actor interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara el 30-XII-2021.
En su impugnación denuncia básicamente que el fallo cuestionado incurre en absurdo ante la inexistencia de prueba que tenga acreditada la transgresión al inc. "k" del art. 53 de la ley 10.973 (texto ordenado por ley 14.085); denuncia a su vez que aplica en forma errónea el inc. "l" de la mencionada norma, a la vez que vulnera el art. 18 de la Constitución nacional.
III. El remedio no debe prosperar, atento a su manifiesta insuficiencia (arts. 279, CPCC y 31 bis de la ley 5827).
III.1. Este Tribunal ha dicho que, en materia de recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, se precisa la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte y esa deficiencia se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. doctr. causas A. 70.596, "González", sent. de 24-IX-2014; A. 70.977, "Rossi", sent. de 25-II-2015; A. 74.211, "Lunghi", resol. de 11-IX-2018; A. 75.558, "Lucero", resol. de 24-IV-2019).
En tal sentido, resulta claro que los argumentos esbozados por el recurrente no pasan de expresar un criterio divergente y reiteratorio en cuanto expone que tanto el órgano de control al decidir la sanción como la Cámara interviniente al confirmarla, no individualizaron hechos concretos en los que el actor hubiera permitido a terceros el ejercicio de su profesión o la ejerciera con otro nombre que no fuera el propio. Reclama que la a quo ha resuelto de manera vaga y dogmática, fundada en la voluntad de los juzgadores y cuestiona la magnitud de la sanción frente a otras impuestas por la misma autoridad por faltas que considera similares.
Se agravia también por cuanto considera que la diferencia entre la mención de servicios prestados por un tercero como Re/Max Argentina SRL y la mención de sistemas como SIOC y Ciba, que efectúan otros colegiados, es de carácter comercial, siendo él “el chivo expiatorio de una batalla que el Colegio de Martilleros da en defensa de los intereses económicos de algunos de sus matriculados mediante el cercenamiento del derecho a la libre concurrencia”.
Tales argumentos se muestran insuficientes para desarrollar de manera adecuada una crítica a todos los fundamentos dados por la Cámara para resolver la cuestión del modo en que lo hizo.
Por ello, resulta de aplicación la doctrina de esta Suprema Corte respecto a que el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (doctr. causas A. 70.225, "Tejerina", sent. de 1-VI-2011; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A", sent. de 28-XII-2016; A. 73.545, D'Aloisio, resol. de 27-XII-2017; A. 75.881, "Di Girolamo", resol. de 25-IX-2019).
III.2. Con mayor razón ello resulta de estricta aplicación cuando, como sucede en el caso, los argumentos de quien impugna se dirigen a enrostrarle a la Cámara una equívoca fijación de los hechos y valoración de la prueba agregada a la causa, todas circunstancias privativas de los jueces de las instancias ordinarias cuya impugnación, sabido es, sólo puede ser eficazmente esgrimida mediante la denuncia y demostración de absurdo en la respectiva apreciación del sentenciante (doctr. causas A. 70.683, "Sforza", sent. de 31-VIII-2011; A. 71.891, "Valentini", sent. de 3-XII-2014; A. 70.165, "García Urcola", sent. de 4-XII-2016; A. 75.558, cit.).
El absurdo no se configura con la mera discrepancia de criterios, sino cuando media una cabal demostración de su existencia, que implica acreditar un error palmario, grave y manifiesto que conduzca a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (doctr. causas A. 70.716, "Díaz", sent. de 4-XII-2013; C. 116.914, "Villamil", sent. de 19-III-2014; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016).
En tal marco, la crítica del impugnante, en cuanto expone que en todas las publicidades, publicaciones y avisos coloca su foto, nombre y datos de su matrícula, cerrando e instrumentando él mismo todas y cada una de las operaciones, subrayando que la autoridad colegial no ha aportado ni un solo caso que no haya sido así, no exterioriza más que una simple discrepancia tendiente a descalificar aspectos que son privativos de la labor axiológica de los jueces de grado, apoyándose en su propia versión sobre los hechos y de cómo -en su opinión- debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual -y conforme reiteradamente se ha declarado- configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del absurdo (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 73.265, "Vélez", sent. de 21-VI-2017) vicio -éste último- que no ha sido demostrado debidamente.
III.3. A su vez, en punto a la vulneración del art. 53 inc. "l" de la ley 10.973, el recurrente no se encarga de desarrollar adecuadamente tal agravio.
Expone que el fallo cuestionado afirma en forma dogmática, con un fundamento aparente que no se apoya en los hechos comprobados de la causa, cómo es que el actor actúa bajo una marca o nombre que no es el propio. Arguye que, aplicar la prohibición de la norma mencionada a un profesional que se identifica en todas sus actuaciones mencionando junto a su nombre el de la firma que le provee servicios (“Re/Max”), implica una interpretación errónea e inadecuada de tal normativa, fundamento disímil al sentado por la a quo e insuficiente para rebatirlo debidamente.
Ha decidido reiteradamente esta Corte que quien afirma que la sentencia viola determinados preceptos legales no hace otra cosa que anticipar una premisa cuya inmediata demostración debe hacer en el mismo escrito, no resultando suficiente a ese efecto la mera exposición de un criterio interpretativo distinto al del juzgador (doctr. causas A. 73.688, "Randello", sent. de 18-X-2017; A. 73.960, "González", resol. de 21-II-2018; A. 74.629, "Vázquez", resol. de 5-XII-2018), tal como acontece en la especie.
Es claro que el remedio en tratamiento no implica más que un juicio de disconformidad personal respecto del resultado de las pautas interpretativas propuestas por el Tribunal a quo , omitiendo señalar aquello que resulta esencial a los fines recursivos. Esto es, las razones tendientes a demostrar en qué medida lo resuelto importa una vulneración a la norma aplicada (doctr. causas A. 71.971, "Ciccone", sent. de 22-VI-2016; A. 72.682, "Biasetti", sent. de 16-V-201; A. 76.614, "Di Girolamo", resol. de 16-XII-2020), entre otras).
III.4. Por último, respecto al planteo de inconstitucionalidad con el que insiste el recurrente en el argumento de que la Cámara ha presumido ab initio la comisión de una falta para luego buscar los argumentos corroborantes, violentando así el principio de inocencia, esta Corte tiene dicho que deviene inidónea para mejorar la suerte adversa del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la denuncia de infracción de cláusulas constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse infringido preceptos legales de la materia de que se trata, si esto último, tal como se expresó, no es previamente demostrado (conf. causas A. 71.682, "Casado", sent. de 22-X-2014; A. 72.672, "Regner", sent. de 14-VI-2017; A. 72.052, "Benítez", sent. de 17-V-2017).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5827, texto según ley 13.812), con costas (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 289 in fine , CPCC).
El depósito previo queda perdido para la recurrente (art. 294, CPCC), debiendo la Cámara dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto según resol. 3135/13).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1. acápite 3 “c”, resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el actuario, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de su firma digital (Ac.SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 07/06/2022 16:43:22 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 07/06/2022 18:21:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/06/2022 08:58:04 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:37:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/06/2022 10:49:48 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 10/06/2022 11:03:21 hs. bajo el número RR-607-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia