Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76499
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.499, "Cogliano, Laura Inés contra Ministerio de Gobierno. Pretensión anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia por la que se desestimó la pretensión deducida.
Disconforme con lo decidido, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín rechazó el recurso interpuesto por la actora y confirmó la sentencia de primera instancia.
Para decidir de ese modo, señaló que la presente acción fue iniciada por la señora Laura Inés Cogliano con el objeto de obtener la nulidad de la resolución 792/15 -de fecha 14-VIII-2015- dictada por el Ministro de Jefatura de Gabinete, solicitando que su situación laboral se retrotraiga al momento anterior a la sanción de dicho acto, con el reintegro de funciones y haberes descontados en concepto de adicional desde el cese de su pago, más los daños y perjuicios que dice haber sufrido.
Detalló que la cuestión a dirimir consistía en determinar si los actos mediante los cuales la Administración limitó sus funciones de delegada interina, resultaban legítimos.
Luego de describir las normas que conformaban el marco jurídico del caso, reseñó que de las constancias de la causa surgía que la actora ingresó al Registro de las Personas como pasante universitaria en el año 1995, para luego ser incorporada al plantel temporario. En el año 1999 fue designada en planta permanente de dicho organismo (resol. 3.061/99) y, a partir del 19 de mayo de 2003, se la nombró delegada interina del Registro Civil de las Personas de Ramos Mejía (disposición 290/03), siendo confirmada en dicha función el 1 de diciembre de 2005 por el Ministerio de Gobierno (resol. 891/05).
Indicó que, con posterioridad, la Directora provincial del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires dictó la disposición 3.082/14, en virtud de la cual, con fundamento en la necesidad de organizar el servicio, se dispuso limitar la función de delegada interina de la actora y poner en su reemplazo a la señora Claudia Analía Suárez, decisión confirmada por resolución 630/14 -de fecha 4-IX-2014- dictada por el Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros. Añadió que mediante resolución 792/15, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la actora, confirmándose el temperamento adoptado.
Sentado ello, destacó que más allá de que el juez de primera instancia hubiese justificado la inestabilidad del cargo que ocupaba aquella en el art. 6 del decreto 2.888/05, esta circunstancia surgía de la propia resolución de designación que específicamente la nombró delegada interina de la delegación del Registro en la localidad de Ramos Mejía (disposición 290/03 y resol. 891/05), interinato que -afirmó- no generaba estabilidad en la función.
Recordó que las designaciones interinas son aquellas que la Administración efectúa ante la ausencia pasajera del titular de un cargo y que recaen en agentes que pertenecen a la misma organización, tal como había acontecido en la especie.
Profundizó diciendo que el interinato, como la suplencia, tienen en común la nota distintiva de su transitoriedad. De allí que los empleados designados de tal modo carezcan de estabilidad en el cargo o función correspondiente a su desempeño circunstancial, precisamente, porque ello obedece a una necesidad temporaria y no genera sino una situación precaria.
Manifestó que la supuesta estabilidad en el cargo que, con evidente confusión conceptual, invocaba la recurrente, trataba en rigor de una situación de revista diversa, relativa a aquellos nombramientos en planta permanente de personal que, como tales, nacen con vocación de perdurar, aunque requieren del transcurso de un período de prueba para perfeccionar esa condición.
En tal sentido, notó que la señora Cogliano ya había transitado por aquella situación de provisionalidad y había adquirido el derecho a la estabilidad en su cargo de planta (conf. resol. 3.061/09), sólo que luego se le encomendó con carácter interino el desempeño de funciones superiores como delegada en Ramos Mejía, quedando reservado aquel del cual ella era titular, al que retornaría eventualmente (conf. disposición 290/03 y resol. 891/05).
Siendo ello así, concluyó que la limitación de funciones consumada por la disposición 3.082/14 y la resolución 630/14, lejos de contravenir el ordenamiento, se adecuaba a las normas estatutarias que rigen la relación de empleo público con la accionada.
Agregó que los actos administrativos impugnados, además, detallaron adecuada y suficientemente los antecedentes de hecho y de derecho justificantes de la limitación de la función.
En otro orden, consideró que la denunciada intención de la autoridad de perseguir y sancionar en forma encubierta a la actora mediante el acto impugnado, no se encontraba acreditada. Enfatizó que la recurrente sustentó tal denuncia en pruebas testimoniales que solo se refirieron de manera general a situaciones presuntamente acontecidas.
Sostuvo que, en la especie, tanto la disposición 3.082/14 como la resolución 630/14 expusieron abiertamente que la limitación de funciones de la actora era una cuestión de "...necesidad por razón organizativa del servicio...". Observó además que en el memorando 983 -de fecha 9 de mayo de 2014-, tanto la Coordinadora Zonal XVII, como la Directora de Delegaciones del Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, estuvieron contestes en la necesidad de reorganizar operativamente el servicio en la delegación de Ramos Mejía, limitando el desempeño allí de la actora y debiendo regresar a prestar servicios en su delegación de origen, en la localidad de Hurlingham.
Por último, dijo que tampoco el hecho de que se haya designado a otra agente de manera interina en su lugar denotaba un vicio en la motivación del acto, en tanto se trataba de aspectos discrecionales de la gestión.
II. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II.1. En primer lugar, habla de una absurda valoración de la prueba. En concreto, alega una grosera, parcializada y sesgada lectura y evaluación de los medios probatorios obrantes en autos, que se apartaría de toda regla de lógica y experiencia.
Aduce que el fallo, merced a la presunción de legitimidad del obrar estatal, ha posado sobre ella la carga de acreditar algo innecesario y extremadamente difícil, como es la desviación de poder, lesionando el debido proceso adjetivo.
Advierte que a fin de dejar al desnudo la finalidad persecutoria del acto impugnado, las pruebas testimoniales fueron concretadas por compañeros de trabajo, que en definitiva dependían jerárquicamente de la autoridad demandada en autos, cosa que debió ser tenida en cuenta. No obstante ello, asegura que los testigos fueron concluyentes y congruentes entre sí, habiéndose revelado las prácticas habituales del organismo en detrimento del derecho de los trabajadores en general y, en especial, en contra de ella.
Sostiene también que la sentencia no hace referencia alguna a la prueba informativa y documental producida en los obrados.
Al respecto, dice que con la primera se pudo demostrar que en la función de la cual fue despojada no había -ni hay- titular designado, como tampoco aspirante a desempeñarla en tal carácter, sino que en su lugar se sucedieron designaciones interinas sin convocar al concurso regulado en la normativa aplicable. Asegura que su designación sólo podía ceder de efectuarse el concurso previsto en esta última.
Apunta que tampoco hubo remisión alguna a la prueba pericial, en especial la contable, la cual daría cuenta de la gravosa modificación en las condiciones económicas que le trajo la supresión del pago del adicional por función.
II.2. Denuncia violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte en respaldo de sus planteos, particularmente, en lo atingente a los deberes de fundamentación de las sentencias, el análisis del material probatorio y el control judicial del ejercicio de facultades discrecionales.
II.3. Acusa errónea aplicación de la ley en lo tocante a los arts. 6 a 8 del decreto 2.888/05 y al alcance de la garantía de estabilidad en el empleo público, esto último con pie en los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 15, 39 y 103 inc. 12 de su par provincial.
II.4. Finalmente, alega también absurdo en el rechazo del pago de adicionales y de la indemnización oportunamente reclamada.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo cabe recordar que es doctrina consolidada de este Tribunal que la fijación de los hechos litigiosos y su valoración en función de las pruebas rendidas, constituye una labor privativa de los jueces de la causa y su examen, en principio, no integra el objeto del recurso de inaplicabilidad de ley, salvo cuando se violen las reglas que gobiernan la prueba o se incurra en decisiones absurdas (doctr. causa A. 69.199, "Rosl", sent. de 6-V-2009).
La presencia de absurdo supone un desvío grave, palmario y notorio de las leyes de la lógica, que lleve al juzgador a postular conclusiones contradictorias, incongruentes o abiertamente enfrentadas a las constancias de la causa, pues no basta con un error meramente opinable, ni es carril para la expresión de criterios discordantes por parte de quien recurre (doctr. causas A. 72.442, "Arteca", sent. de 6-XI-2013; A. 72.514, "Visa Argentina S.A.", sent. de 21-XII-2016; A. 75.652, "Maciel", sent. de 14-XII-2020; e.o.).
En todo esto debe tenerse presente que es facultad exclusiva de los tribunales de las instancias de mérito seleccionar el material probatorio, dando preeminencia a unas pruebas respecto de otras, sin que constituya dicho ejercicio, por sí solo, un supuesto de absurdo (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 73.250, "Olego", sent. de 26-X-2016; A. 73.076, "Cosentino", resol. de 7-VI-2017; A. 75.392, "Procosud S.A.", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
Si bien la actora le endilga al decisorio el mencionado vicio, no lo acredita.
Los argumentos esgrimidos en el recurso en tratamiento constituyen una mera disconformidad con la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Alzada de las constancias de autos, especialmente con relación al alegado desvío de poder, que no es suficiente para cumplir con las cargas técnicas que supone el remedio extraordinario.
En el caso, el órgano apelado tuvo en cuenta, en primer lugar, la nota distintiva de transitoriedad de las designaciones interinas, para luego ponderar que los actos administrativos impugnados detallaron adecuada y suficientemente los antecedentes de hecho y de derecho que dotaban de fundamento a la limitación de la función cuestionada, descartando de este modo que se trate de una sanción encubierta.
Esto último no es debidamente refutado por la quejosa, quien insiste en decir que la prueba rendida en autos -a su modo de ver, absurdamente valorada- efectivamente demuestra que el acto impugnado posee vicios en la motivación, causa y finalidad. Y así, lejos de confrontar los fundamentos esenciales de la sentencia, se circunscribe a contraponer una interpretación discordante con el pronunciamiento del Tribunal de Alzada, de forma tal que las objeciones formuladas no conforman sino meras discrepancias con lo resuelto, carril que no constituye base idónea para esta índole de agravios (doctr. causas A. 73.664, "Cisi", sent. de 17-V-2017; A. 73.881, "Gómez", sent. de 3-V-2018; A. 74.515, "Rojas", sent. de 20-III-2019; e.o.).
En efecto, a poco que se analiza el escrito impugnativo, se advierte que las argumentaciones invocadas no son más que la reiteración de los planteos expuestos en el recurso de apelación vinculados con la estabilidad del empleado público, la falta de llamado a concurso para cubrir las funciones que le habían sido oportunamente asignadas y la sanción encubierta como verdadera finalidad del acto.
Dichos agravios fueron seriamente tratados y expresamente rechazados por el órgano judicial.
Siendo así, ya se ha dicho que resulta insuficiente para lograr una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la mera reproducción de argumentos esgrimidos y fundadamente desestimados en la instancia anterior, no añadiendo nada nuevo (conf. causas L. 102.577, "Lanzavecchia", sent. de 8-IX-2010 y A. 71.506, "La Baskonia S.A.", sent. de 19-XII-2012). También, que la Casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 71.852, "Bitar", sent. de 20-V-2015; A. 73.163, "Negrelli", sent. de 30-III-2016 y A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016).
Por ende, lo avanzado en este tramo de la apelación no es de recibo.
III.2. Pasando ya al terreno de la inaplicabilidad de ley, el ataque dirigido contra la interpretación que se efectuare en la instancia anterior en torno a los arts. 6 a 8 del decreto 2.885/05, más allá de su acierto o error, deja incólume lo advertido por la Cámara en cuanto a que el acto de designación de la actora en el cargo de delegada había establecido, concretamente, el carácter interino de su nombramiento, aspecto que en tales condiciones reputó tácitamente consentido y revelador de su libre sometimiento al régimen legal al que accedía (conf. disposición 290/03 y resol. 891/05).
Para ese hallazgo, antes que encararlo frontalmente -contrastándolo con dicho marco legal-, la recurrente dedica argumentos que no exceden de lo dogmático, diciendo simplemente que se debe prescindir del nomen iuris de las cosas, volviendo sobre elaboraciones previas que, correctas o no, dejan en pie este pilar estructural de la sentencia y que logra abastecerla (doctr. causa A. 75.947, "Pedersen", sent. de 28-V-2021; e.o.).
III.3. Dicho todo lo anterior, que prácticamente deja vacío de contenido el intento recursivo, corresponde señalar que el alegado quebrantamiento de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían -como aquí- a consecuencia de la trasgresión de otras normas legales no acreditada en el caso (doctr. causa A. 72.788, "Pla", sent. de 18-X-2017).
III.4. Para concluir con la denuncia acerca de la violación de la doctrina legal emanada de esta Suprema Corte, cabe puntualizar que no basta con la mera individualización de precedentes y su trascripción para sustentar un planteo de ese tenor en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que pretende se le aplique a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa, señalándose en la respectiva denuncia la cita de la norma legal que, emanada de dicha doctrina, resulte conculcada por el tribunal de apelación (conf. doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; e.o.).
Nada de eso es realizado debidamente por la recurrente, quien invoca afirmaciones jurisprudenciales que, o bien operan en un nivel muy alto de abstracción, o son extremadamente casuísticas y sin depuración mediante la debida analogía fáctico-jurídica con la presente controversia (doctr. causa A. 75.194, "De Nicola", sent. de 8-VI-2020). Lo antedicho impone la desestimación de este agravio, también.
IV. Por las razones expuestas, suficientes a tenor de los puntos traídos a consideración de esta instancia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101- y 289 in fine, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 06/07/2022 14:57:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/07/2022 16:25:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/07/2022 08:49:09 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:39:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/07/2022 08:11:10 - MARTIARENA Juan José - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 12/07/2022 08:19:32 hs. bajo el número RS-56-2022 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia