Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77178
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.178, "Signorini, Juana Elisabet c/Instituto de Previsión Social (I.P.S.) S/Pretensión anulatoria - Recurso Extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, el 22-XII-2020, rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y confirmó de ese modo la sentencia de grado que hizo lugar a la pretensión deducida por la señora Signorini y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución revocatoria 820.909, de 2-IX-2015, del Instituto de Previsión Social.
Disconforme con dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 10-II-2021, 17:08:23, en el sistema Augusta).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. proveído de fecha 28-VIII-2021), agregado el memorial de la parte actora (v. presentación electrónica de fecha 27-VIII-2021, 11:55:15, en el sistema Augusta) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El juez a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata resolvió hacer lugar a la acción contencioso administrativa promovida por la señora Juana Elisabet Signorini contra el Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires (IPS) disponiendo dejar sin efecto la resolución 820.909 de fecha 2-IX-2015 restableciendo la vigencia total de la resolución 729.844 de fecha 3-X-2012 y ordenando que se liquide la jubilación de la actora en base al 75% del sueldo y bonificaciones del cargo de oficial principal 1° categoría 24, 40 horas semanales y 40 años de antigüedad, con retroactividad a la vigencia de la prestación ocurrida con fecha 1-III-2011 (arts. 12 incs. 1 y 2 y concs., CCA y 163, CPCC); con más los intereses que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a plazo fijo a treinta días (tasa pasiva/tasa pasiva digital) durante los diferentes períodos de aplicación y hasta el efectivo pago, debiendo abonarse dicho importe dentro de los sesenta días de quedar firme la sentencia.
Asimismo, dejó sin efecto el cargo deudor realizado y dispuso mantener la vigencia de la medida cautelar dictada en autos hasta tanto adquiera firmeza la resolución. Impuso las costas a la demandada vencida (v. sent. de fecha 28-XII-2018 obrante a fs. 132/142).
Disconforme con dicha decisión la parte demandada interpuso recurso de apelación.
I.2. A su turno, la Cámara actuante rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía de Estado, confirmando la sentencia de grado en cuanto fuera materia de agravio, con costas de la instancia a la demandada vencida (art. 51 inc. 1 primera parte, ley 12.008, texto según ley 14.437).
Para así decidir, por mayoría de fundamentos:
I.2.a. De forma preliminar, consideró aplicables al caso las normas del Código Civil (ley 340), vigentes al tiempo de consumarse el hecho que genera la pretensión deducida (art. 3, texto según ley 17.711, Cód. Civ. cit.; conc. art. 7, Cód. Civ. y Com., ley 26.994), lo cual no resultaba modificado por la sanción del nuevo Código Civil y Comercial (arts. 2.537, 2.532 y concs., ley 26.994). Ello, sin perjuicio de lo que correspondiese en torno a los accesorios de la condena.
I.2.b. Afirmó que la decisión del juez de primera instancia no era errónea en tanto el ente previsional no se hallaba en condiciones de revocar parcialmente los arts. 2, 4 y 5 del acto administrativo por el cual se le había reconocido el beneficio previsional a la actora, en lo referido a la carga horaria y, consecuentemente, tampoco estaba habilitado para formular cargo deudor.
Recordó que con fecha 6-V-2011 se iniciaron actuaciones administrativas que tramitaron bajo el n° 21557-191-568/11, mediante las cuales la actora solicitó acogerse al beneficio de jubilación, manifestó que se había desempeñado como agente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y aceptó un plan de pagos con descuentos mensuales durante diez meses; plazo equivalente al faltante de aportes hasta cumplir los tres años requeridos, exigencia que rigió desde enero de 2009 hasta la fecha del cese en el cargo.
I.2.c.i. Puntualizó que por resolución 729.844 de 3-X-2012, el IPS otorgó el beneficio de jubilación ordinaria en los términos del decreto ley 9.650/80 a la señora Signorini, y estableció que su haber iba a ser el equivalente al 75% del sueldo y bonificaciones en base al cargo de oficial principal 1° categoría 24 con régimen horario de 40 horas desempeñados en el Ministerio de Gobierno, todo ello en función de la ley 14.205 (v. fs. 61, copia del expte. adm.).
Agregó que mediante el art. 5 de dicha resolución se ordenó al Departamento de Recursos Entes Provinciales a tomar intervención a fin de arbitrar las medidas tendientes al recupero de la suma de $2.797,94 en concepto de aportes patronales no efectuados, debiéndose notificar previamente con copia al Ministerio de Gobierno.
Tuvo en cuenta la participación de la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Gobierno quien previa intervención de los organismos competentes, autorizó el pedido de fondos por la suma de $2.797,94 para hacer frente al pago de aportes no efectuados.
I.2.c.ii. Refirió posteriormente que a fs. 77 del expediente administrativo, lucía la vista del Fiscal de Estado de fecha de 4-IV-2014, en donde mediante un nuevo análisis sostuvo que la resolución 729.844 contenía un vicio que la tornaba anulable. Se ponderó que no le asistía a la actora el derecho a que se regule su beneficio en base al régimen de 40 horas por aplicación de la ley 14.025, y que de la compulsa de las actuaciones no surgía que la beneficiaria se haya desempeñado en el cargo de mayor jerarquía durante 36 meses consecutivos en el régimen de 40 horas. Conforme esto y a las disposiciones del art. 41 del decreto ley 9.650/80, texto ordenado 1994, la prestación debía liquidarse en base al régimen de 30 horas. Además, se evaluó en dicha vista que la situación previsional de la aquí actora no encuadraba en las previsiones de la ley 14.205 para supuestos donde se produjera una recategorización en los términos del decreto 3.283/07, y que solamente se verificaba el desempeño en un mayor régimen horario a partir del 1-I-2009 (conf. dec. 3.720/09) por lo cual resultaba improcedente e infundada la forma en que se liquidaron sus haberes.
I.2.c.iii. Analizó que, finalmente, por resolución 820.909 de 2-IX-2015 (v. fs. 90, expte. adm.), se revocaron los arts. 2, 4 y 5 de la resolución 729.844 de fecha 3-X-2012, ordenándose liquidar el beneficio jubilatorio correspondiente a la actora en base al 75% de sueldo y bonificaciones asignadas al cargo no jerárquico -categoría 24, 30 horas con 40 años de antigüedad, desempeñado en el Ministerio de Gobierno- a partir del 1-III-2011 (art. 1).
Refirió que por el art. 4 de dicha resolución se dispuso restituir a la beneficiaria las sumas descontadas indebidamente por la suma de $3.264,26 y por el art. 5 se declaró legítimo el cargo deudor que se practique por haberes percibidos indebidamente desde el 1-III-2011 y hasta la adecuación efectiva del haber, debiéndose compensar con las sumas a favor del art. 4, y, en caso de quedar saldo deudor, se debería afectar el 20% del haber hasta la cancelación total (art. 5).
I.2.d. Analizó el marco normativo, en especial el art. 114 del decreto ley 7.647/70 aplicable por conducto del art. 73 del decreto ley 9.650/80 que establece que "...La Administración no podrá revocar sus propias resoluciones notificadas a los interesados y que den lugar a la acción contencioso administrativa, cuando el acto sea formalmente perfecto y no adolezca de vicios que lo hagan anulable...".
Asimismo, transcribió el art. 117 del mismo cuerpo legal en cuanto dispone que: "...Las facultades de anulación y revocación no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido y otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes...".
En referencia a la prescripción dijo que había que aplicar analógicamente el plazo bienal previsto en el art. 4.030 del Cód. Civil, citando doctrina de esta Corte sobre el punto.
I.2.e. Apuntó que, conforme las pautas jurisprudenciales citadas y, con relación al transcurso del tiempo, se imponía el criterio del límite a la potestad anulatoria de la Administración (arts. 117, dec. ley 7.647/70 y 4.030, Cód. Civ.).
I.2.f. Sostuvo que, en función de lo expresado y de las constancias de la causa surgía que el Instituto demandado se encontraba en posición de conocer y detectar el error aducido (v. fs. 60, expte. adm.) y no obstante ello confirió la prestación sobre la base de la carga horaria de 40 horas (resol. 729.844 del IPS de 3-X-2012, fs. 61; notif. 22-I-2013, fs. 62; alta febrero de 2013, fs. 62 vta.). Tuvo en cuenta además que hasta el dictado del acto que anuló parcialmente dicha decisión y su notificación transcurrieron más de dos años (resol. 820.909 del IPS de fecha 2-IX-2015, fs. 80; notif. 24-IX-2015, fs. 91 vta.).
Dedujo de los antecedentes expuestos que la actora gozaba del beneficio de jubilación abonado por el Instituto de Previsión Social, desde febrero de 2013, con retroactividad al 1-III-2011, en base al 75% de sueldo y bonificaciones del cargo del oficial principal categoría 24, 40 horas semanales con 40 años de antigüedad y que la Fiscalía de Estado adujo que recién en el año 2014 habría tomado noticia del vicio que afectaba al acto.
I.2.g. Agregó que, aunque la demandada percibiera el error en esa época, lo cierto era que la circunstancia advertida no era extraordinaria, ni novedosa, ni incorporada con posterioridad al otorgamiento de la jubilación, sino que, por el contrario, la señora Signorini había acompañado todos los decretos y resoluciones que fundaban su pedido, tal como lo refirió el magistrado de primera instancia. Asimismo, que surgía de las actuaciones administrativas que la actora al momento de solicitar su beneficio acompañó todos los decretos y resoluciones que fundaban su pedido, por lo cual la Administración contaba con esa información.
I.2.h. Puntualizó que, no obstante ser una prestación conferida por el propio Instituto, se procedió a dejarla sin efecto en cuanto a la carga horaria tomada para el beneficio jubilatorio y modificarla, sin conocimiento ni audiencia previa de la interesada.
I.2.i. Constató que el acto por el que se revocó y modificó la carga horaria utilizada a fin de otorgar el beneficio jubilatorio que pasó de 40 a 30 horas se dictó en el año 2015 (resol. 829.909 de 2-IX-2015, notificada el 24-IX-2015, conf. expte. adm. cit.), cuando habían transcurrido más de dos años desde el momento en que la beneficiaria había entrado en el goce de la jubilación (febrero de 2013, fs. 91 vta.) y, más allá de la fecha en que el demandado admitió que advirtió el error, sin que el dato controvertido obedeciera a un hecho que hubiese sido desconocido dentro del procedimiento por no obrar entre los antecedentes (arts. 113, 117 y concs., dec. ley 7.647/70).
I.2.j. Reiteró que, en las indicadas condiciones, la revocación parcial de la jubilación y el consecuente cargo deudor devienen ilegítimos, toda vez que el ejercicio de esa potestad oficiosa se desplegó fuera de tiempo (citó causas CCALP n° 12.436, "Anselmino", sent. de 15-V-2012 y n° 16.039, "Mónaco", sent. de 24-XI-2015). Y también doctrina de esta Suprema Corte con relación al art. 117 del decreto ley 7.647/70 y al plazo bienal de prescripción por aplicación analógica al caso del art. 4.030 del Código de fondo (arts. 117, dec. ley 7.647/70; 171, Const. prov. y 16, Cód. Civ.). Y estimó, que conforme a tales pautas jurisprudenciales y en relación con el transcurso del tiempo, se impone el criterio del límite a la potestad anulatoria de la Administración (arts. 117, dec. ley 7.647 y 4.030, Cód. Civ.).
I.2.k. Afirmó que en el caso transcurrió el plazo prescriptivo de dos años (arts. 117, dec. ley 7.647/70 y 4.030, Cód. Civ.) que corresponde aplicar a la acción de nulidad de los actos jurídicos emitidos con violencia, intimidación o error, desde que la violencia o intimidación hubiese cesado y desde que el error, el dolo o falsa causa fuese conocida, tal como fuera expuesto por el magistrado en la sentencia y conforme doctrina de esta Suprema Corte. Por lo que entendió que el accionar del ente previsional fue contrario a lo normado por el art. 117 del decreto ley 7.647/70, tornando ilegítimo el acto revocatorio, por lo cual debía ser anulado.
I.2.l. Aseveró que un temperamento contrario resultaría despojado de los principios de equidad, justicia y solidaridad que deben primar en el sistema de previsión social, al conjuro de los superiores valores que sustentan su existencia (art. 39, Const. prov.).
Agregó que, tratándose de prestaciones de naturaleza alimentaria, debía cuidarse de no frustrar derechos de hondo contenido social, entendiendo que el rigor formal es incompatible con la interpretación que debe primar en los temas que hacen a la seguridad social, por lo que, debe preferirse una interpretación de las normas que tutele de manera más eficaz el reconocimiento del derecho previsional por aplicación del principio que tiende a una mayor justicia social (citó doctr. de este Tribunal en causa B. 66.109, "Toselli").
Concluyó que por lo expuesto se hacía innecesario el tratamiento de otros agravios sobre la cuestión principal.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 10-II-2021, 17:08:23, en el sistema Augusta).
Alega la incorrecta interpretación y aplicación de las normas que regulan la potestad revocatoria de la Administración (arts. 114 y 117, dec. ley 7.647/70) y su prescripción (art. 4.030, Cód. Civ. vigente al momento del dictado del acto cuestionado).
Asimismo, denuncia la violación de la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en casos análogos (causas B. 58.330, "Orfila", sent. de 18-II-2004; B. 57.577, "Polizza", sent. de 28-III-2012; B. 59.718, "Memoli", sent. de 4-VI-2014; entre muchas otras). Por último, plantea que existen cuestiones de gravedad institucional y de interés público comprometido en el caso y que se ha hecho una interpretación arbitraria de la ley aplicable en la especie.
II.1. Esgrime el recurrente que la Cámara ha realizado una incorrecta aplicación de la norma que regula la situación del caso al considerar que el IPS no estaba en condiciones temporales de revocar el acto que había otorgado con error el beneficio previsional a la actora y que se ha equivocado en la fecha que tomó para el inicio del cómputo de dicho plazo arribando a una conclusión desacertada y contraria a los criterios de esta Suprema Corte. Ello en razón de que, a su entender, el a quo confundió la mera posibilidad de conocimiento del error con su efectiva existencia y comprobación. Afirma que el art. 4.030 del antiguo Código Civil establecía que la acción de nulidad de los actos jurídicos prescribía a los dos años desde que el error fuese conocido y no desde que este pudo ser advertido y cuando es claro el texto de la norma no corresponde formular interpretaciones que alteren su alcance. Cita doctrina sobre la interpretación literal de la ley.
II.2. En ese sentido, apunta que la doctrina de esta Corte considera que el plazo de prescripción del art. 4.030 debe computarse desde que la Administración toma conocimiento del vicio y no desde que debió o pudo ser advertido. Cita doctrina de causas B. 58.330, "Orfila"; B. 57.577, "Polizza" y B. 59.718, "Memoli". Y en ese orden sostiene que la Cámara ha violado dicha doctrina legal sobre la potestad revocatoria, ya que es de toda lógica que si la Administración advirtió un vicio notorio al momento del dictado del acto, no habría actos viciados y consecuentemente sería innecesaria la revocación.
II.3. Sostiene que a diferencia de lo resuelto por el a quo , el inicio del cómputo del plazo bianual acaeció el 9-IV-2014 con motivo de la vista del Fiscal de Estado, ya que fue recién allí que fue advertido el error que portaba la resolución 729.844, y no como alega la Cámara desde el dictado de esta última con fecha 3-X-2012. Entiende que las condiciones alegadas por el Tribunal de Alzada referidas a que la situación no era extraordinaria, ni novedosa, ni incorporada con posterioridad como para no ser conocidas por la demandada al momento del otorgamiento de la jubilación, son condiciones que no están previstas por la norma y presuponen que la Administración conocía el error, cuando, a su entender, eso no era así.
Por otra parte, puntualiza que es erróneo el lapso temporal que intentó trazarse entre los diversos actos registrados en la causa en tanto que, aun cuando pudiera interpretarse que el plazo bianual previsto en el art. 4.030 del Código Civil comenzaba a correr desde el dictado del acto de otorgamiento, no puede dejar de observarse que, entre el mismo y el dictado del acto hoy cuestionado, existieron actuaciones previas que demostraban la intención revocatoria por parte de la Administración.
II.4. Entiende que entre el dictado del acto que otorgó la jubilación, la efectiva percepción de la prestación , el conocimiento del error y el posterior acto revocatorio, no ha acaecido un tiempo prolongado, sino todo lo contrario y no se advierte que el actuar administrativo pueda ser considerado violatorio de la seguridad jurídica y la equidad. Cita doctrina de esta Corte respecto a esos tópicos.
Destacó que la modificación del beneficio únicamente implicó una readecuación del haber conforme a la real situación de revista, fuera del cargo deudor practicado en consecuencia.
II.5. Plantea que hubo una indebida invocación de la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia provincial respecto del precedente "Paradiso de López Medrano", causa B. 59.548, sentencia de 10-IX-2008. Ya que contrariamente a lo resuelto por el tribunal a quo , no solo la doctrina allí establecida no resulta aplicable en la forma propuesta, sino que reafirma lo sostenido por su parte respecto de la correcta interpretación de la ley. Agrega que independientemente de las diferencias fácticas entre ambos casos existen puntos de contacto entre los mismos que hacen aplicable lo allí establecido para la resolución de los presentes actuados, aunque en un sentido diferente. Luego describe hechos y normas citadas en dicho precedente.
Aduce que en "Paradiso de López Medrano" la Suprema Corte, para efectuar el cómputo del plazo de prescripción, ha considerado como punto de partida el momento en que el organismo se anotició de la irregularidad (año 1994) habiendo pasado hasta el dictado del acto revocatorio (año 1997) más de dos años, lo que llevó a hacer lugar a la demanda anulando los actos atacados. Es decir, desde que el organismo tuvo el efectivo conocimiento de la incompatibilidad. Por eso considera que la Cámara interviniente en los presentes autos ha efectuado una incorrecta valoración del precedente citado por lo cual debe ser revocada.
III. El recurso no puede prosperar atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 279, CPCC).
III.1. Este Tribunal ha señalado que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el marco del cual el recurrente insiste en reiterar los planteos que ya fueran llevados co
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