Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75855
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.855, "Coca Cola FEMSA de Buenos Aires SA c/ Municipalidad de La Matanza s/ Pretensión Anulatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud, Borinsky, Kohan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la empresa actora y, en consecuencia, declaró la prescripción de los períodos 01/2007 al 10/2009 inclusive, correspondientes a los importes de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene reclamados por la Municipalidad de La Matanza y confirmó el resto de la sentencia impugnada. Impuso las costas de primera y segunda instancia en un sesenta por ciento a cargo de la parte actora y el restante cuarenta por ciento a cargo de la demandada (conf. arts. 51, CCA y 68, CPCC; v. sent., fs. 264/277 vta.).
Disconformes con dicho pronunciamiento, la Municipalidad demandada y la parte actora interpusieron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 23 de noviembre de 2018 de 10:58:58 hs. y 26 de noviembre de 2018 de 19:35:18 hs., respectivamente), los que fueron concedidos por la Cámara interviniente mediante resolución del día 25 de febrero de 2019.
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte actora?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por la Municipalidad demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín hizo lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, en consecuencia, declaró la prescripción de los períodos 01/2007 al 10/2009 inclusive, correspondientes a los importes de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) reclamados por la Municipalidad de La Matanza y confirmó el resto de la sentencia de grado impugnada. Impuso las costas de primera y segunda instancia en un sesenta por ciento (60%) a cargo de la parte actora y el restante cuarenta por ciento (40%) a cargo de la demandada (conf. arts. 51, CCA y 68, CPCC; v. sent., fs. 264/277 vta.).
I.1. En primer lugar, trató el agravio de la parte actora relativo a la alegada falta de configuración del hecho imponible.
Recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha caracterizado a las tasas como una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que sin bien posee una estructura jurídica análoga al impuesto, se diferencia de este por el presupuesto de hecho adoptado por la ley, que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado y que, por ello, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, este no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquel, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en miras el interés general.
Señaló que el mencionado Tribunal también ha dicho que constituye un requisito fundamental de validez de las tasas que su debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente.
Agregó que esta Suprema Corte, sobre este aspecto, mantiene un criterio que en alguna medida se diferencia del precedente reseñado. Ello, en tanto que reiteradamente ha considerado que el presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigir la tasa consiste en la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecte al obligado (conf. causa B. 51.937, "Nobleza Piccardo S.A.I.C.", sent. de 28-XI-1995; e.o.).
Expresó que la doctrina especializada ha destacado dos criterios relacionados con la prestación del servicio: uno que sostiene que debe ser efectiva como presupuesto para el cobro de la tasa y otro que admite que sea potencial, siendo suficiente la descripción del servicio y su ofrecimiento. La primera postura se la atribuyó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la segunda a esta Suprema Corte provincial.
Destacó que los servicios del Estado se organizan en función del interés público, y no del particular. El pago de la tasa constituye una obligación impuesta por la solidaridad con la existencia misma del servicio estatal incluso por parte de quienes no lo aprovechan rigurosamente, carecen de interés en recibirlo o se han resistido a su prestación.
Concordó con la doctrina respecto a que, en la Tasa por Seguridad e Higiene, la actividad de la comuna consiste en controlar que los comercios y locales industriales y profesionales se encuentren mantenidos en buena forma, lo cual deviene en un beneficio para toda la comunidad, y está relacionado con la salubridad. Y que es por ello que más allá de que a un comercio determinado no se le haya realizado la inspección correspondiente, basta con que la misma ocurra en otros establecimientos y que en cualquier momento pueda hacerse en el local de ese comerciante, para que sea exigible el pago del tributo. Lo importante, como fundamento del gravamen, es la existencia de una organización administrativa que esté en condiciones de prestar el servicio que da origen a la imposición de la tasa.
Bajo tales parámetros, y conforme la doctrina legal emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyó que el agravio de la actora apelante relativo a la alegada falta de configuración del hecho imponible, no podía prosperar, sin que obste a ello la circunstancia apuntada por ella, relativa a la ausencia de inspecciones durante el período reclamado (v. copia certificada del libro de inspecciones, fs. 49/53).
I.2. Luego trató el agravio de la actora relativo a la pretendida prescripción de los períodos 01/2007 a 10/2009.
Recordó que, en lo sustancial, la demandante sostuvo la aplicación de las normas del Código Civil por sobre lo dispuesto por las normas de carácter local.
Al respecto, apuntó que en anteriores oportunidades este Tribunal se ha referido a la cuestión debatida en autos, atinente a la constitucionalidad de las normas relativas a la prescripción de las obligaciones tributarias contenidas en el Código Fiscal, inclinándose por la validez de las disposiciones locales (v., a modo de ejemplo, causas 1.724, "Fisco de la Pcia. de Buenos Aires c/ Leroux, Sandra Eleonora s/ Apremio", sent. de 15-XII-2009; 5.201, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Mazzuz Patricia María s/ Apremio Provincial", sent. de 23-VI-2016; entre muchas otras).
Destacó que recientemente esta Suprema Corte se ha expedido en la causa A. 71.388, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Recuperación de Créditos SRL. Apremio. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", sentencia de 16-V-2018, resolviendo -por mayoría de fundamentos concordantes- que el art. 133 primer párrafo segunda parte del Código Fiscal (t.o. 2004) -actual art. 159- que establece el dies a quo para el cómputo de la prescripción, resulta inconstitucional.
En tal contexto, señaló el carácter vinculante de la doctrina legal de esta Suprema Corte para los órganos judiciales de la Provincia de Buenos Aires (cfr. causas B. 60.437, "Acevedo", sent. de 5-VIII-2009 y B. 56.824, "Brown", sent. de 14-VII-2010; e.o.).
Entendió que corresponde tener presente la obligatoriedad de los fallos del Superior para los de grado inferior, que impide apartarse de la doctrina sentada en los casos análogos por su naturaleza y circunstancias (SCBA en "Ac. y Sent.", 1959-IV-169), en tanto, la doctrina legal en el sentido del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, es la que emana de los fallos de la Suprema Corte provincial, no siendo necesario que esta sea producto de la reiteración de fallos, ni derivada de un pronunciamiento sin disidencias (cfr. SCBA causa Ac. 39.440, sent. de 27-II-1990 y esta Cámara in re causas 664, "Rabello, Fernando Adrián c/ Municipalidad de San Fernando s/ despido", sent. de 19-IX-2006; 823, "Zapata, Marta Cecilia c/ Municipalidad de San Fernando s/ despido", sent. de 15-II-2007; 800, "Libonati, Antonio César c/ Honorable Tribunal de Cuentas s/ Impugnación contra Resolución del Tribunal de Cuentas", sent. de 29-XII-2011; entre muchas otras).
Concluyó, sin perjuicio de los matices entre los distintos votos que conforman la mayoría, que la mencionada constituye doctrina legal y por lo tanto resulta de aplicación obligatoria para todos los órganos judiciales de la Provincia.
Con base en dicha doctrina, la Cámara analizó el recurso de apelación deducido por la parte actora. Así, consideró que deben aplicarse las reglas que en materia de prescripción contiene el derogado Código Civil de la Nación, en particular los arts. 4.027 inc. 3, 3.956 y 3.986.
Sentado ello, advirtió que el 16 de octubre de 2014 la actora fue notificada de la resolución determinativa 116/14, acto con virtualidad para suspender la prescripción por el término de un año conforme lo previsto por el art. 3.986 del Código Civil. Asimismo, señaló que el 20 de febrero de 2015 la actora interpuso recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio, el que fue resuelto mediante el decreto 821/16, notificado a la interesada el día 26 de abril de 2016.
Resaltó que la prescripción corre desde que la acción se halla expedita, que es cuando la obligación resulta exigible. En ese marco, observó que la acción intentada respecto de los períodos 01/2007 hasta 10/2009 inclusive, se encontraba prescripta. Explicó que para el período 10/2009, la prescripción comenzó a correr el día 25 de noviembre de 2009 (conforme el acta de verificación que obra a fs. 13/14), de modo que el plazo para reclamarlo operaría el día 25 de noviembre de 2014. Sin embargo, el día 16 de octubre de 2014 se le notificó a la actora la resolución determinativa 116/14, acto que suspendió por el término de un año el plazo prescriptivo, y contra el cual la actora articuló recurso de revocatoria con jerárquico en subsidio el día 20 de febrero de 2015, resuelto en definitiva por el decreto 821/16 y notificado a la interesada el día 26 de abril de 2016 (conf. fs. 106/107, expte. adm.), fecha, esta última, a partir de la cual el Tribunal entendió que se reanudó el plazo de prescripción.
Concluyó entonces que, encontrándose como se indicó, suspendido el curso de la prescripción desde el día 16 de octubre de 2014 por un año; que hasta entonces habían transcurrido cuatro años, diez meses y veintiún días; que este cómputo se reinició el día 26 de abril de 2016 -por ser la fecha en que se notificó el decreto 821/16-, desde entonces restaban un mes y siete días para alcanzar el plazo prescriptivo de cinco años. De modo que, al momento de interponerse la demanda, el día 5 de septiembre de 2016 -conforme el cargo de fs. 69-, transcurrieron cuatro meses y diez días desde la reanudación de aquel cómputo, por lo que señaló que era indudable que la acción respecto del período en tratamiento se encontraba prescripta.
Añadió que idéntica solución se imponía respecto de los períodos 01/2007 a 09/2009, atento a que sus vencimientos resultaban anteriores al del período analizado anteriormente (v. fs. 13/14).
Sobre el resto de los períodos reclamados por la comuna, señaló que como la actora planteó la prescripción exclusivamente respecto de los períodos 01/2007 a 10/2009, debía acotarse el análisis a dicho planteo (cfr. arg. causa C. 93.745, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires c/ Obra Social del Personal Marítimo s/ Apremio", sent. de 3-X-2012).
I.3. Con posterioridad, la Cámara se ocupó de la crítica dirigida a cuestionar la aplicación de la alícuota prevista en el régimen general.
Al respecto señaló que ambas partes fueron contestes en reconocer que desde el año 2002 no se llevaba a cabo, en el inmueble del caso, ninguna actividad productiva, con lo cual la variación del rubro "producción de bebidas carbonatadas" a "depósito y almacenamiento", era razón suficiente para justificar el encasillamiento de la actora dentro del régimen general, aplicando en definitiva la alícuota correspondiente a la actividad efectivamente desarrollada por la firma actora en el inmueble de la calle Matheu 3.060. Agregó que lo contrario resultaría violatorio del principio de verdad material, aplicable también en el ámbito del derecho tributario, conforme lo resuelto por este Tribunal en la causa que cita, B. 60.407, "Barraza", sentencia de 25-V-2007.
En virtud de ello concluyó que debía desecharse el agravio de la actora relacionado con la forma en que la Municipalidad de La Matanza había liquidado la tasa discutida.
I.4. Por último, impuso las costas de primera y segunda instancia en un sesenta por ciento (60%) a la actora y el restante cuarenta por ciento (40%) a la parte demandada (cfr. arts. 51, CCA y 68, CPCC y arg. de fallo de la propia Cámara, CCASM causa 2.051, sent. de 27-V-2010).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia que la sentencia dictada por la Cámara resulta arbitraria por contradecir la vasta doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de tasas como especie tributaria, según la cual constituye un requisito fundamental para su validez, que el cobro se corresponda siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a un bien o acto del contribuyente. Alega que el Tribunal se apartó de este criterio para enrolarse en la tesis de la prestación potencial del servicio, sin aportar argumentos que justifiquen un cambio respecto de la postura sentada por el Máximo Tribunal.
Añade que con la demanda adjuntó, como anexo 7, copia certificada del libro de inspecciones del inmueble, que acredita la falta total y absoluta de estas y, en consecuencia, la ausencia de prestación de servicios que legitime el cobro de la TISH.
Se agravia asimismo de que tanto el señor juez de grado como la Cámara no hubieren ponderado esta prueba y avalaran en definitiva el cobro de una tasa por un servicio que no ha sido prestado.
II.1. En segundo lugar, se queja de la alícuota aplicable sobre la base de lo que considera un erróneo encuadre de la actividad que desarrolla. Insiste en que en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se halla inscripta como industria dedicada a la elaboración de bebidas gaseosas y en el Convenio Multilateral como elaborador y vendedor de bebidas gasificadas sin alcohol y finalmente en el municipio como fabricante de bebidas carbonatadas y que es donde posee su local habilitado con ese fin. Por lo tanto, argumenta que no debe diferenciarse "elaboración" y "depósito", porque ambas actividades son parte de un todo inescindible, que es la "fabricación de bebidas carbonatadas", sobre la que, en definitiva, corresponde se le aplique la alícuota. Y no la dispuesta para "depósito y almacenamiento" de bebidas.
II.2. Por último, se agravia de la imposición de costas en un sesenta por ciento (60%) a su parte. Explica que el municipio, al momento de iniciar la demanda determinó las obligaciones frente a la TISH por los períodos 01/2007 a 10/2010 en la suma de $5.286.320,14. Y que teniendo en cuenta que la Cámara declaró prescripta la deuda de los períodos 01/2007 a 10/2009 inclusive, que asciende a $3.342.804,70, y que además esta suma equivale al sesenta y tres por ciento (63%) del monto discutido en la demanda, no resulta razonable la imposición de las costas a su parte en un sesenta por ciento (60%). Por lo que solicita sea el municipio quien cargue con el mayor porcentaje de la condena en costas.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Esta Suprema Corte, recientemente, tuvo oportunidad de pronunciarse en la causa B. 63.745, "Automóvil Club Argentino", sentencia de 29-XII-2020, de aristas muy semejantes a las de autos, donde amén de confirmar la doctrina legal imperante, precisó aún más sus alcances. Esta postura que fue reiterada en la causa A. 73.508, "Cappaccioni", sentencia de 24-II-2021.
Allí se afirmó que los tributos se diferencian en cuanto al presupuesto de hecho adoptado por la ley para poder exigirlos: en el caso de la tasa, la prestación efectiva o potencial de una actividad de interés público que afecta al obligado; en el caso del impuesto, el hallarse en una de las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible (conf. causas I. 1.270, "Casa Blanco S.C.A.", sent. de 18-IV-1989; I. 1.286, "Papelera Juan", sent. de 18-VI-1991; B. 51.937, "Nobleza Piccardo", sent. de 28-XI-1995; B. 56.454, "Pecom Energía S.A.", sent. de 17-XII-2003; e.o.).
Se sostuvo asimismo que la Corte federal tiene dicho que la imposición de las tasas presupone la existencia de un requisito fundamental, como es que al cobro de dicho tributo debe corresponder siempre la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado del contribuyente (CSJN Fallos: 234:663; 236:22; 251:222; 259:413; 312:1575; 325:1370; 329:792; 331:1942; 332:1503; e.o.).
Fue considerado que, en su recta interpretación, la doctrina que se desprende de los casos mencionados debe ser entendida del siguiente modo: cuando se alude a la potencialidad del servicio se hace referencia, por un lado, a que el sujeto al que se le exija el pago de la tasa debe encontrarse objetivamente en condiciones de recibir ese servicio potencial, es decir, debe contar en el ámbito del municipio respectivo con un asentamiento -por precario que fuera- capaz de ser inspeccionado (doctr. causas B. 59.516, "Bank Boston", sent. de 18-XII-2002 y B. 66.819, "Telefonía Móviles Argentina", sent. de 15-VIII-2012). Asimismo, la comuna debe estar en condiciones efectivas de prestar el servicio al que está obligada (doctr. causas B. 49.848, "Marina del Sur", sent. de 16-V-1989; I. 1.588, "Amacri", sent. de 7-III-2001; e.o.).
Específicamente se señaló que la potencialidad está vinculada con la negativa y aun con la resistencia del sujeto pasivo -en el caso particular que nos ocupa- a recibir el servicio de inspección, quien deberá abonar la tasa siempre que se encuentre comprendido en la descripción del hecho imponible, sin poder rehusarse bajo el argumento de que resigna los beneficios que tal prestación pudiera significarle, ya que el servicio tiene en miras el interés general (doctr. CSJN Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; e.o.).
De allí se desprendió que, verificados tales extremos, la tasa debía ser abonada aun cuando todavía no se hubiera llevado a cabo la actividad de inspección; afirmación esta última que no puede llegar al absurdo de convalidar la ilegitimidad de un obrar municipal que se limite a organizar el servicio y exija el pago de la tasa sin llevar adelante la actividad de contralor a su cargo en términos que, bajo estándares de razonabilidad, atiendan a la seguridad e higiene de la población.
En consonancia con tales pautas, este Tribunal ha valorado los aspectos relacionados con la prestación en concreto de los servicios de inspección a cargo de los municipios, sometiendo la carga de acreditación a la actividad probatoria de la parte que había negado la efectiva prestación (v. causas I. 1.243, B. 56.454 y B. 66.819, cits.; B. 56.600, "Loimar", sent. de 1-VI-2011; B. 66.027, "Antigua Farmacia Cravenna S.C.S.", sent. de 10-VII-2013; e.o.).
Sin embargo, esa exigencia ya no resulta predicable a partir del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación recaído en la causa Q.20.XLVII "Quilpe S.A.", sentencia de 9-X-2012 (Fallos: 335:1987), en el que, considerando que la Administración estaba indudab
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